jueves, 20 de octubre de 2011

Dos policías municipales que fueron la pieza clave del caso 4F son condenados por torturas graves


Patricia Heras, condenada y encarcelada en el caso 4F en base a las declaraciones de estos policías, se suicidó el 26 de abril del 2011

Semanario Directa.- Con el cruzamiento de los números de placa que aparecen a los expedientes judiciales del caso 4F y de la sentencia condenatoria por torturas graves a un ciudadano de Trinidad y Tobago hemos podido saber que los mismos agentes de la policía municipal de Barcelona son los protagonistas en ambos casos.

En el caso 4F estos dos policías, con número de placa 24.751 y 24.738, fueron la pieza clave testimonial que llevó a la prisión a Rodrigo Lanza, Patricia Heras y otros dos jóvenes, así como la condena sin ingreso a prisión para otras 6 personas. Aquel proceso no contaba con ninguna otra prueba documental que no fuese el testimonio de esos policías.

Ahora, seis años después, los mismos agentes han sido condenados por torturas graves a un joven estudiante residente en Barcelona. En la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona a la que hemos tenido acceso se detalla que los agentes además de protagonizar gravísimos maltratos durante el traslado y sobre todo en el interior de la comisaría de la Zona franca, falsificaron documentos, inventaron falsas acusaciones y generaron una falsa coartada para explicar las heridas del joven torturado.

Hay que recordar que los procesados por el caso 4F también habían denunciado torturas durante la detención, pero en aquel caso el tribunal creyó la versión de los policías y archivó las denuncias. Todos los documentos y las pruebas del caso los encontraréis con detalle a la edición en papel del semanario Directa.


Los hechos considerados probados se iniciaron la noche del 7 de septiembre de 2006 en la discoteca Bikini de Barcelona, cuando, según el fallo, Yuri Sarran, para proteger a una amiga suya, agredió al agente Víctor Bayona y a otros policías, que estaban fuera de servicio. El joven fue detenido y posteriormente torturado por los dos agentes condenados, que le sometieron a "actos vejatorios y humillantes", ya que le agredieron físicamente varias veces, tanto en el furgón policial como en las dependencias policiales, donde le golpearon repetidamente en la cara, le dieron patadas, le quemaron con un cigarrillo encendido, le restregaron la cara con un mocho de fregar y simularon que emplearían una pistola para hacer un juego contra él.



Patricia Heras. Se quitó la vida tras seis meses de prisión en base a las declaraciones de estos policías.

Ver también:


El Tribunal de Cuentas abre diligencias por la rebaja del transporte durante la JMJ

Peregrinos en la JMJ
Varios peregrinos en la JMJ de Madrid. (Manuel H. de León / EFE)

  • La denuncia es contra el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por rebajar el precio del metro y los autobuses a los peregrinos de la JMJ.
  • Fue presentada en agosto por la Asociación Preeminencia del Derecho.
El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias por la denuncia presentada contra el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por rebajar el precio del metro y los autobuses a los peregrinosque acudieron a Madrid en agosto durante la Jornada Mundial de la Juventud.

El pasado mes de agosto la Asociación Preeminencia del Derecho presentó una denuncia ante el Tribunal del Cuentas por "la oferta de precios públicos por debajo de coste o a pérdida" en favor de los peregrinos que visitaron la ciudad para ver al papa Benedicto XVI. "Tanto Ayuntamiento como Comunidad se han comportando como simples apéndices del PP de Madrid, partido confesional católico, que se vale de fondos públicos para aplicarlos a fines diferentes de las necesidades públicas", sostiene la denuncia.


Los políticos deben devolver el dinero malversadoDe acuerdo con la asociación denunciante, la política de promoción de la visita del papa "enfrenta no solo el principio de uso correcto de fondos públicos, sino el principio de separación entre religión y Estado del artículo 16.3 de la Constitución". Por ello, la denuncia pide que sean aplicadas "las consecuencias legales" al Ayuntamiento y la Comunidad y que sus altos gestores "devuelvan el dinero malversado".

Ante esta denuncia, el Tribunal de Cuentas ha ordenado la apertura de diligencias preliminares, y ha enviado la documentación al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado, y a los Servicios Jurídicos de la Comunidad y del Ayuntamiento, para que presenten las alegaciones oportunas.