Vicenç
Navarro
vnavarro.org
dom, 23 oct 2011 14:41 CDT
Este
artículo critica la falta de cobertura de temas de fraude fiscal por
parte de los medios de mayor difusión del país (España), resultado
de la enorme influencia que la banca tiene sobre tales medios, siendo
la banca y los banqueros algunos de los que contribuyen más a tal
fraude.
El New York Times ha ido publicando una serie de
artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el
banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de
Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil,
en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU
el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.
Lo que
le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el
comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el
de su familia, así como su enorme influencia política y mediática
en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco
rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios
sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y
uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se
escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente
Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio
Botín.
Una discusión importante de tales artículos es el
ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas
cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza
HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones
de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias
del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado
por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres
de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin
nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada
menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia,
con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos,
por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur
Mas).
Según el New York Times, esta práctica es muy común
entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El
fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia
Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos
grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado
español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta
cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto
público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000
millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse
en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de
infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel
de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado
no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es
precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados
en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado
no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de
investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra
en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal
representa - según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado
español- sólo el 8% del fraude fiscal total.
Es también
conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al
Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria.
El caso más conocido es la gestión realizada por la ex
Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para
interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el
único. Como señala el New York Times, hace dos años, César
Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado,
dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía,
"el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque,
según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de
los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que juega
a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su
temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente
del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de
franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en
España".
Tal tolerancia por parte del Estado con el
fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de
que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son
limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos
de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que
práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento,
sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad.
Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad
existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las
desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del
Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se
recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado
los enormes recortes de gasto público social que el Estado español
está hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New
York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que
existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal
rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas
financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que
señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco
Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca
uno de los sectores más importantes en la financiación de los
medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino
también proveyendo créditos - aclara el Sr. Salvador Arancibia-
"....medidas de enorme importancia en un momento como el actual,
donde los medios están en una situación financiera muy delicada".
De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo,
porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el
mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo
que llaman "libertad de prensa".