Jueces
de lo Social declaran improcedentes ocho despidos en empresas
públicas
La justicia ha tumbado ocho despidos en empresas de la Generalitat. Cuatro sentencias dictadas en los últimos meses (una de ellas agrupa a cuatro trabajadores) han declarado improcedentes un despido en el Servicio Meteorológico, tres en el Instituto Cartográfico y cuatro en Forestal Catalana. Las sentencias, de juzgados de lo Social de Barcelona, obligan a las empresas a readmitirles o a pagarles 45 días por año trabajado, más del doble de los 20 que les pagaron.
En
todos los casos se trata de laborales fijos y que fueron despedidos
entre abril y julio de este año, en el marco de las primeras medidas
de austeridad que emprendió el actual Gobierno catalán. En todos
los casos, las empresas justificaron los despidos por causas
económicas y productivas. Y también en todos los casos, para
declararlos improcedentes, los jueces argumentan que las empresas
públicas no se rigen por la lógica del mercado, por lo que no
pueden despedir apoyándose en los artículos 51 y 52 del Estatuto de
los Trabajadores, que justifican los despidos colectivos o
individuales si las empresas tienen pérdidas o una disminución
persistente del nivel de ingresos.
Además
de estas sentencias, que excepto una (firme) pueden ser recurridas,
hay pendientes otros 14 casos de Forestal y 22 del Incasol, que
despidió a laborales en abril. Los departamentos afectados,
Agricultura y Territorio y Sostenibilidad, no respondieron ayer si
recurrirán.
Aunque
se trata de empresas distintas, el contexto de los despidos es el
mismo: la
instrucción de enero de 2011 de
la Secretaría de Función Pública y de la Intervención General que
instaba a “las entidades del sector público” a reducir antes del
30 de junio “el gasto de personal en un 6% y en un 5% la de
efectivos de personal”. En el Instituto Cartográfico, por ejemplo,
la instrucción se cumplió a rajatabla: en abril fueron despedidos 8
de sus 240 empleados y se comunicó a cuatro temporales que no serían
renovados: 12, el 5% justo. En
Forestal Catalana, en julio se prescindió de 22 de 326 laborales.
El
abogado Jaume Garcia, del Col.lectiu Ronda, ha representado a los
cuatro empleados de Forestal y a una a de las del Cartográfico. De
las sentencias destaca que los jueces, los titulares de los números
20 y 9 de lo social de Barcelona, argumentan que los artículos 51 y
52 “no son aplicables a empresas públicas porque están pensados
para empresas privadas”. “Los magistrados dicen que las empresas
públicas no se rigen por la lógica de beneficios o pérdidas, ni
por los precios de mercado, por lo que la situación deficitaria de
la Generalitat no es un argumento para despedir”, subraya Garcia,
que también recuerda que los jueces aluden al hecho de que los
respectivos comités de empresa ofrecieron alternativas a la
reducción de plantillas como rebajas salariales, reducciones
horarias o prejubilaciones.
“Son
sentencias importantes porque hay muchas empresas públicas que están
intentando despedir empleados con el argumento de las razones
económicas”, concluye el abogado. Garcia recuerda que incluso hay
sentencias del Contencioso Administrativo que dan la razón al Inem y
“ven que antes de despedir habría que aplicar reducciones de
salario o jornada”. El presidente del comité de empresa del
Instituto Cartográfico, Diego Duran (CATAC), entiende que “la
empresa se precipitó, aprovecharon una instrucción que no les
obligaba a despedir, otras empresas no lo han hecho, y además no
escucharon nuestras alternativas”. Su homólogo en Forestal
Catalana, Jaume Grau (CC OO), celebra que el juez tenga en cuenta que
no se escucharon las medidas alternativas que proponían los
trabajadores y revela que “le saldrán más caros los despidos que
el importe que pretendía ahorrar: 300.000 euros y llevan gastados
325.000 en indemnizaciones, sin contar los abogados”.