jueves, 4 de octubre de 2012

Benito Muros: "Me persiguen por crear una bombilla que no se funde"

Maite Cabrerizo 12:22 – 2/10/2012

Benito Muros, presidente de 
SOP. Imágen: Elisa Senra.
La batería del móvil se muere a los dos años, un ordenador a los cuatro, para la nevera ya no hay repuestos pasados los ocho años y de repente, un buen día, la televisión dice adiós, así por las buenas. "Nada que hacer, le sale mejor comprar otra". ¿Les suena el diagnóstico? A Benito Muros, presidente de la SOP (Sin Obsolescencia Programada), sí le suena. Y por eso está amenazado de muerte.

Eso de la SOP da miedo.

¡No! Se trata de un movimiento que denuncia la obsolescencia programada. Luchamos para que las cosas duren lo que tengan que durar, pero los fabricantes de aparatos electrónicos los programan para que duren un tiempo determinado y obligan así a los usuarios a comprar otros nuevos. ¡Y la ley lo permite!

¿Se mueren así, de repente?

El consumo de nuestra sociedad se basa en productos con fecha de caducidad. Cambiar esto supondría cambiar nuestro modelo de producción y optar por un sistema más sostenible. Los fabricantes deben ser conscientes de que las crisis de endeudamiento como la que vivimos son evitables, y que podemos detener el crimen ecológico.

¡Uff! La lavadora de mi madre duró 35 años, por lo menos.

Y ahora a los seis ya da problemas y mejor tirarla. También antes había unas medias de nailon irrompibles
.
¿No se hacían carreras? ¿Dónde se venden?

[La pregunta, en este caso, es de la fotógrafa]. Se dejaron de fabricar, por eso, porque duraban demasiado. Pero hoy todavía queda una bombilla que lleva encendida 111 años en un parque de bomberos en Livermore (California). De ahí me surgió la idea de crear, junto con otros ingenieros, una línea de iluminación que dure toda la vida.

¿No se funde nunca?

¡Nunca! Dura más de cien años, pero como no lo veremos, ofrecemos una garantía de 25.

No se ve en los lineales de los grandes almacenes...

No, porque las distribuidoras nos dicen que viven de las que se funden. Incluso hemos tenido ofertas millonarias para no sacarla al mercado.

¿Y cuánto cuesta su bombilla?

Comprada online, unos 37 euros. A los fabricantes no les interesa.

¿Un genio o un loco?

Ni lo uno ni lo otro. Sólo buscamos una sociedad más justa. Aunque eso suponga estar amenazado de muerte.

Parece una película de ciencia ficción.

(Nos muestra la denuncia): "Señor Muros, usted no puede poner en el mercado sus sistemas de iluminación. Usted y su familia serán aniquilados".

¿Merece la pena ser un héroe por una bombilla?

Merece la pena luchar por una sociedad donde no se viva del usar y tirar, aunque se pase miedo.

La Audiencia Nacional archiva la causa contra los ocho imputados por organizar el 25-S


  • Se les imputaba un delito contra altos organismos de la nación por instar a rodear el Congreso de los Diputados, pero el magistrado estima que "no hay delito"
  • Siete de los ocho han prestado declaración este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
  • El octavo, Antonio López, no ha acudido a la cita alegando "objeción de conciencia" porque no reconoce los delitos que se le imputan.
  • Decenas de personas se han concentrado en el entorno de la Audiencia Nacional en apoyo a los acusados.
  • PDF del auto judicial, en el que se señalan "excesos" en la actuación policial.
VICTORIA LUNA / MIRENTXU MARIÑO. 04.10.2012 - 14.15h

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado este jueves la causa contra los ocho imputados por promover las protestas celebradas en pasado 25 de septiembre en los alrededores del Congreso de los Diputados. A todos se les acusaba de un delito contra altos organismos de la Nación por instar a rodear el edificio parlamentario.

En el auto por el que el juez ha decretado el archivo de las diligencias, el magistrado estima que "de lo actuado no puede decirse que los hechos sean constitutivos de delito, ni siquiera de los previstos en el Código Penal contra las Instituciones del Estado".

En el atestado policial no aparece atribuido el delito contra las Instituciones del Estado" En el atestado policial no aparece atribuido el delito contra las Instituciones del Estado"

Asimismo, Pedraz ha hecho constar en el texto que el 28 de septiembre se recibió en ese juzgado "copia, que no original", del atestado policial en el que se describía lo acontecido el 25-S y en el que se calificaban los hechos denunciados como "resistencia, desobediencia, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos". "No aparece atribuido, pues, el delito contra las Instituciones del Estado", detalla el juez.

A los ocho se les imputaba un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que se refiere a "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".

En el acta no consta alteración alguna del normal funcionamiento en la sesión del Congreso de los Diputados"

Antes de tomarles declaración, Pedraz revisó el diario de sesiones del Congreso de los Diputados para comprobar si se alteró el orden del pleno el pasado día 25 por la convocatoria Rodea del Congreso. A este respecto, el auto concluye que "en el acta no consta alteración alguna del normal funcionamiento en la sesión". "La larga sesión se desarrolló normalmente. Por tanto, el delito no pudo cometerse", añade.

Defensa de la libertad de expresión

"Exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura v del Estado o abolición de la actual Constitución [...] en modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no existe tal delito en nuestra legislación penal, sino porque de existir atentaría claramente al derecho fundamental de libertad de expresión", explica el magistrado.

"No cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política", agrega el auto.

A este respecto y tras declarar, Chema Ruiz, uno de los imputados, perteneciente a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha asegurado que van a seguir manifestándose en los alrededores del Congreso, porque es su "derecho".

Críticas y reproches a la policía

Las referencias a los "excesos" en la actuación policial" son constantes en el texto, empezando por una aclaración: "En ningún modo" el juzgado central de instrucción número uno de la Audiencia Nacional, del que el juez  es titular, "acordó" aceptar o rechazar competencia alguna respecto a los 35 detenidos por los incidentes ocurridos en la manifestación, "sencillamente porque nadie se lo ha planteado".

Es la Policía, dice el juez, la que tiene que poner a los detenidos a disposición del juzgado que corresponda, teniendo en cuenta el delito cometido."Lógicamente, si a ninguno se le imputaba un delito competencia de la Audiencia Nacional habría de ponerlo a disposición del juzgado del lugar en que se hubiere cometido", reitera. Pedraz usa expresiones como "la gravedad aventurada por la Policía no era tal (ocupar realmente el Congreso)".


Por otro lado, el juez critica la actuación posterior de la Brigada Provincial de la Policía, que —según dice— no puede ahora —"sorprendentemente"— imputar a cinco de los detenidos delito alguno o hacer nuevas valoraciones de los hechos ante la Audiencia Nacional, ya que los arrestados dependen exclusivamente del juzgado de instrucción de Madrid, que debe ser quien decida sobre la competencia.

"De ninguna forma, la unidad policial puede 'sustraer' unos hechos concretos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado
para que otro juzgado conozca de ellos, pues constituye claramente un exceso en las funciones propias de la policía judicial", afirma. Pedraz ha sido informado este mismo jueves de esto y lo hace constar en el auto.

"Objeción de conciencia"

De los ocho acusados, siete han prestado declaración ante el juez en la sede de la Audiencia Nacional desde las 11 de la mañana. El octavo, Antonio López, no ha acudido a la cita con el magistrado alegando "objeción de conciencia" y porque no reconoce los delitos que se le imputan, aunque sí que ha ido a las puertas del tribunal. Es miembro de la plataforma En Pie! —una de las convocantes del 25-S— y del sindicato SAT.

López, jornalero de Granada que fue identificado también el pasado 15-S, ha explicado a los periodistas congregados en la calle Prim de Madrid que asumiría una posible detención, si así lo decretaba el juez, pero que si era multado no pagaría la sanción. Por otro lado, habló de la querella que ha presentado contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes: "Ahora los que imputamos somos nosotros", ha añadido.

Por su parte, Doris Benegas, otra de las imputadas, ha dicho al salir de la Audiencia Nacional que deberían ser los parlamentarios los que "escuchen a los ciudadanos" y que la causa contra ella y los otros ocho manifestantes no tenía mucho sentido. Uno de los presentes en la sala donde han declarado los siete imputados ha relatado que Benegas "ha dejado sin palabras en dos ocasiones" al fiscal.

Los imputados han contestado, uno a uno, al juez que ellos no pretendían alterar el funcionamiento del Congreso de los Diputados ni impedir el paso a sus instalaciones de los diputados, han explicado a la salida.

Pancartas y consignas de apoyo

Mientras se producían las declaraciones, en el entorno de la Audiencia se concentraron varias decenas de ciudadanos que intentaron acompañar hasta allí a los acusados para mostrarles su solidaridad. No obstante, agentes de policía los retuvieron a la altura del paseo de Recoletos, una manzana más abajo, y no los dejaron acercarse a las puertas, en la calle Prim.

Los manifestantes portaban pancartas en las que podían leerse lemas como: "Los de dentro del Congreso sí atentan contra el Estado" o "Dejar impunes a banqueros y corruptos es atentar contra el Estado", a la vez que coreaban consignas como "No estáis solos" o "No tenemos miedo". Cuando los imputados abandonaron la Audiencia, los congregados estallaron en aplausos.

El auto concluye con que la resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de reforma y apelación. El juez tiene pendiente además responder a la inhibición cursada por la juez de instrucción de Madrid Rosario Espinosa relativa a los desórdenes provocados por los 35 detenidos en las inmediaciones del Congreso el día de la protesta.

"Todas las reformas que se están haciendo son para que los ricos vivan mejor"

Una paga incondicional para todos es lo que defiende en un libro el profesor de la UB Daniel Raventós
Libros | 03/10/2012 - 00:53h

Daniel Raventós nació en Barcelona en 1958 R.Q
De todos los derechos, el primero es el de existir. Por tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir”, dijo el político francés Maximilien Robespierre en 1792. De las raíces de este pensamiento nace la propuesta de renta básica que defiende Daniel Raventós, Doctor en Ciencias Económicas y profesor titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. La renta básica es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente acreditado, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre. Desde hace años la idea ha empezado a calar en diversos movimientos sociales hasta el punto que se ha convertido en una de las principales reivindicaciones del 15-M. De hecho, esta propuesta u otras similares se ha discutido en diversas ocasiones en el parlamento español y en el catalán. Raventós, que forma parte del Consejo Científico de ATTAC, explica este concepto en ¿Qué es la Renta Básica? Y Las condiciones materiales de la Libertad (El Viejo Topo).

- ¿Qué necesidades debería cubrir la renta básica?
- El criterio es el umbral de la pobreza, que lo define la Unión Europea. Pobre es aquella persona que recibe entre el 50% y el 60% de la renta por cápita de la zona. Esto significa que una persona que vive sola y perciba en Catalunya menos de 650 euros al mes es pobre. La renta básica tiene que ser al menos igual al lindar de la pobreza.

- En este contexto económico puede parecer un poco utópico defender la renta básica…
- Cualquier medida que favorezca a la población más débil se considera ir contra corriente, porque parece que se asuma que lo único que tiene sentido económico es quitar derechos de la población más perjudicada, la inmensa mayoría, y que los más ricos se queden igual o, incluso, ganen dinero.

- Pero la renta básica sería contraria a la actual política económica…
- Toda política económica está muy bien descrita por las dos palabras que la conforman - política y económica-. “Política” hace referencia a qué grupos beneficiamos y a cuáles perjudicamos, y en función de esto se hace la economía adecuada a los objetivos que políticamente se han dibujado. No existe ninguna medida de política económica que beneficie o perjudique a toda la población por igual.

- ¿En qué grado en una situación como la actual sería viable la medida que usted propone?
- En una situación de crisis quien sale perjudicado de manera mayoritaria es la parte más débil de la población, gente a la que ni siquiera hace un año se le había pasado por la cabeza que podría ser pobre. Esta es una de las razones por la cual una parte importante de la población saldría beneficiada con la renta básica. Además, garantizas que haya demanda y, por tanto, habría más actividad económica y se recaudarían más impuestos.

- ¿Por qué considera que es importante incluir el concepto de universalidad en la renta básica?
- Todo lo que sea condicional cuesta mucho porque hay que controlarlo. Por ejemplo, la gente que está parada tiene que demostrar que tiene derecho a percibir una prestación por desempleo, por lo que debe haber trabajadores públicos que lo comprueben. Las condicionalidades tienen unos costes de administración; la universalidad, no. Cuando el primer gobierno del PSOE estuvo discutiendo la universalidad de la seguridad social, se planteó la posibilidad de excluir al 15% de la población más rica. Al final, concluyeron que excluir tiene más costes.

- ¿Cómo podría costearse esta medida?
- Profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la Universidad de Barcelona (UB) elaboramos un estudio entre los años 2003 y 2004 en que se concluía que mediante una reforma del IRPF se podía financiar una renta básica equivalente a 5.400 euros anuales para cada adulto y 2.700 euros para los menores de 18 años. Obviamente, los ciudadanos ganarían o perderían en función del nivel de renta. Los que perderían bastante sería el 2% de la población catalana, aunque continuaría siendo rica. En el estudio nos basamos en los datos oficiales del IRPF, pero no eran reales puesto que los profesores universitarios que hacíamos el estudio aparecíamos como el 10% de la población más rica de Catalunya, lo cual demuestra el terrible fraude fiscal que existe.

- ¿Considera que las últimas medidas introducidas por el Gobierno español en este sentido luchan contra el fraude fiscal?

- Ni mucho menos. Todas las reformas que se están haciendo son para que los ricos vivan mejor. Según algunos estudios, con la crisis los únicos que están ganando de manera desproporcionada son los más acaudalados, especialmente, el 0,1% más rico.

- Vaya.
- Que hay crisis es evidente, pero todas las medidas de política económica que se están tomando son para pagar a los bancos franceses y alemanes en detrimento de toda la población. La siguiente decisión será recortar las jubilaciones y que los funcionarios sigan perdiendo poder adquisitivo, pese a que hay trabajadores públicos que cobran solo unos 800 euros al mes.

- ¿Por qué la renta básica es diferente de cualquier otra ayuda social?
- La diferencia es que prestaciones como la Renta Mínima de Inserción (RMI) o el seguro por desempleo son condicionadas y la renta básica, no. Solo por vivir en un sitio tú tendrías el derecho de percibirla.

- Usted habla de que esto tendría un efecto psicológico positivo para la población pobre. 
- Es lo que muchos trabajadores sociales han puesto en evidencia y que recibe el nombre de estigma. Cuando el paro es minoritario o la pobreza no está tan extendida como ahora, para muchas personas los subsidios de pobreza son su certificado de fracaso social. Algunos estudios hechos hace años en Estados Unidos demuestran que gente que sabía que tenía derecho a recibir determinados subsidios no los pedía porque hacerlo era reconocer que era una fracasada social.

- ¿La introducción de la renta básica significaría la eliminación de otras prestaciones?
- Nuestra propuesta de financiación dice que todos los subsidios monetarios inferiores a la renta básica quedarían suprimidos. Y en el caso de las personas que recibieran prestaciones de cantidad superior, no perderían ni ganarían nada. La renta básica no es acumulativa.

- ¿También incluiría la eliminación de las pensiones?
- Una pensión inferior a la renta básica quedaría suprimida y la superior se mantendría. Actualmente ocurre que con una pensión viven tres o cuatro personas de la misma familia. Con una renta básica no solo el pensionista cobraría, sino también su mujer y sus hijos.

- Pero si garantizáramos a todo el mundo un sueldo, quizá mucha gente dejaría de trabajar.
- Esto es absurdo. La gente sería más libre que ahora para dedicarse a lo que le gustara, mientras que ahora se ve obligada a trabajar en cualquier cosa al precio que sea. Hay un pequeño estudio que se hizo hace diez años en Bruselas sobre unas setenta personas a las que les había tocado una asignación mensual de 1000 euros hasta la muerte. A los dos años de cobrarla la mayoría no había dejado su empleo y la minoría que había abandonado su trabajo, lo hizo para tener más tiempo y buscar otra cosa más adecuada a su competencia técnica y a sus gustos.

- Sorprendente.
- Esto enlaza con una de las propiedades de la renta básica: la medida aumentaría la libertad real de buena parte de la ciudadanía, porque permitiría una existencia material más o menos asegurada. Eso de que la gente se conforme con 500 euros al mes independientemente de su formación y ambición personal es tener una concepción muy pobre de la psicología media de nuestra especie. Ya estoy dispuesto a que una pequeña parte de la gente dejara de trabajar a cambio de que la inmensa mayoría de los ciudadanos pudiera vivir de forma más digna de lo que se vive ahora.

- ¿Pero qué ocurriría con los puestos de trabajo mal remunerados?
- Deberían pagar más o bien introducir un incentivo a la invención técnica. Por ejemplo, hay trabajos que cuando era muy joven no pensaba que se podrían mecanizar demasiado y que, luego, ha resultado ser todo lo contrario, como ha ocurrido con la limpieza de las calles. Esto quiere decir que hay muchas labores que se podrían automatizar y estaría muy bien que se hiciera. Una de las cosas interesantes de la productividad es que podemos hacer lo mismo en menos horas, lo que es malo es que solo beneficie a una pequeña parte de la población. Las horas de trabajo en una situación de crisis como la actual están aumentando, la jubilación se está alargando. Es completamente absurdo.

- Por tanto, ¿seríamos igual de productivos con una renta básica?
- O más. Sobre todo si se acepta la idea – que los empresarios acostumbran a no aceptar- de que una persona que trabaja en algo que le gusta es más productiva, y no lo es cuando está descontenta y ve que sus esfuerzos no le sirven de nada, cuando el trabajo es poco estimulante. Son cosas que desde hace muchos años están estudiadas. La renta básica te da la posibilidad de sentirte más realizado.