Por
Luisa Lores Agüin | El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha
aprobado la privatización de la gestión de las donaciones de
sangre, que ceden a la Cruz Roja a cambio de 9,3 millones de euros
(67 euros por donación).
nuevatribuna.es
| Luisa Lores Agüin
Realizar
cualquier crítica a la gestión de la donación y del uso de la
sangre humana conlleva gran responsabilidad, ya que la sangre es un
bien imprescindible y gracias a su donación altruista muchas
personas logran recuperar su salud y salvar su vida, pero
precisamente por eso debemos exigir la mayor transparencia y evitar
cualquier suspicacia.
A
finales de la década de los 80 y principios de los 90 las empresas
privadas que comerciaban con sangre humana contrataron a donantes de
alto riesgo en EEUU, incluyendo presos y consumidores de drogas
inyectables y trataron con productos derivados de estas donaciones a
personas afectadas de hemofilia en muchos países, entre ellos
España, sin realizar los controles pertinentes, provocando miles de
contagios de hepatitis y VIH.
La crisis económica disparará la afluencia de personas sin trabajo, que necesitarán vender su sangre como último recurso
Las
compañías farmacéuticas implicadas lograron acuerdos
extrajudiciales para evitar la mayor parte de las demandas, pero la
alarma creada impulsó la prohibición de comerciar con sangre humana
y la generalización de las donaciones voluntarias y no remuneradas.
A
pesar de estos graves hechos y de que la OMS sigue alertando sobre la
inseguridad asociada a la mercantilización de la sangre y se ha
marcado el objetivo de que todos los países obtengan sus suministros
de sangre de donantes voluntarios no remunerados entre 2014 y 2020,
Ignacio González y Javier Fernández-Lasquetty caminan en dirección
opuesta y acaban de aprobar la privatización de la gestión de las
donaciones de sangre en la comunidad madrileña, que ceden a la Cruz
Roja a cambio de 9,3 millones de euros (67 euros por donación)
La
Cruz Roja es una institución privada patrocinada por grandes
empresas españolas y aunque las personas voluntarias son merecedoras
de gran respeto no sucede lo mismo con su presidente, Juan Manuel
Suárez del Toro Rivero, un banquero que compatibilizaba hasta hace
unos meses su cargo retribuido en esta ONG con la presidencia de Caja
Canarias y con su pertenencia al Consejo de Administración de
BFA/Bankia.
Por
otra parte, al contrario de lo que sucede en otros países de nuestro
entorno como Francia y Holanda, donde la fabricación de
hemoderivados corre a cargo del sistema público, en España este
proceso está en manos de la compañía farmacéutica (CF) Grifols,
Multinacional catalana vinculada a fondos de inversión, que además
de recibir gratuitamente el plasma donado por la población española,
importa plasma de USA para elaborar hemoderivados para el mercado
Europeo.
Esta
CF tiene gran interés en disponer de cantidades suficientes de
plasma sin necesidad de importarlo desde el otro lado del atlántico,
así que su presidente Victor Grifols ha solicitado al gobierno de
España la legalización del comercio de la sangre “me comprometo a
pagar 60 o 70 euros por donante a la semana, lo que sumado al paro es
una forma de vivir”.
La
privatización iniciada en Madrid abre las puertas a este mercado y
facilita el acuerdo comercial entre Grifols y la Cruz Roja. Tanto el
gobierno madrileño como las empresas privadas saben que estos hechos
pueden generar desconfianza entre los donantes y disminuir su número,
pero las nuevas tecnologías permiten incrementar la producción por
donante, ya que la reintroducción de los hematíes tras la
extracción de la sangre evita la anemia y posibilita realizar dos
donaciones semanales y hasta 24 anuales, frente a las 3 ó 4
permitidas con el método convencional. Además, la crisis económica
disparará la afluencia de personas sin trabajo, que necesitarán
vender su sangre como último recurso, como ya ocurrió en épocas a
las que creímos no regresar, posibilitando una gran oportunidad de
negocio para la industria privada, a costa de desgajar otro servicio
esencial del SNS y de una enorme pérdida para la credibilidad y la
seguridad de la gestión de la sangre en España, que costará mucho
recuperar.
Se
da la circunstancia de que el presidente de Cruz Roja no ha dimitido
ni tampoco ha sido destituido por la cúpula de su organización a
pesar de su imputación en el caso Bankia, el mismo banco que ha
hecho perder sus casas y sus ahorros a los mismos madrileños a los
que ahora se les conmina a vender su sangre para sobrevivir.
Hay
que exigir el cumplimiento de las recomendaciones de la OMS, la
paralización del convenio de la Comunidad de Madrid con la Cruz Roja
y la gestión pública de la totalidad de las donaciones de sangre.
Por
Luisa Lores Agüin | Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública.
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