martes, 8 de enero de 2013

La mitad de responsables de centros de salud de Madrid dimiten en protesta contra la privatización

Europa Press | Publicado: 08/01/2013 10:08 CET

La Plataforma de Centros de Salud de la Comunidad de Madrid presenta este martes en el Registro de la Consejería de Sanidad a las 14.00 horas la anunciada dimisión en bloque de aproximadamente la mitad de los equipos directivos de los centros de salud de la región, ha explicado el portavoz de la citada plataforma, Paulino Cubero.

Asimismo, ha concretado que de los 260 centros de salud que tienen registrados, esperan que presenten la dimisión más del 50 por ciento de ellos, lo que sería un número "absolutamente contundente" para la Consejería de Sanidad.

Por otra, varios equipos directivos indicaron la semana pasada en un comunicado que 139 equipos se habían adherido a esta iniciativa, mientras que 78 no se habían pronunciado y 38 habían renunciado a dimitir, después de la aprobación el 27 de diciembre de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que permite que la Comunidad de Madrid amplíe la externalización sanitaria.

"En total son 375 responsables de centros de salud los que ya han presentado su dimisión y casi 3.000 responsables de las comisiones de los centros de salud", señalaron los sanitarios, que especificaron que habían presentado su posible dimisión 120 directores, 118 responsables de Enfermería y 98 responsables administrativos.

Asimismo, los profesionales concretaron que ya habían presentado las firmas para la dimisión, en caso de que se llevara a cabo la externalización, los responsables de las comisiones de 158 centros de salud, incluidos 35 centros en lo que no había dimitido el equipo directivo.

Ante estos datos, y a juicio de los sanitarios, "resulta clara la determinación de los profesionales a no colaborar en el desmantelamiento del modelo de Atención Primaria".

Anteriormente, la plataforma manifestó su voluntad de apostar por la Gestión Clínica, que significaría desarrollar el Plan de Autonomía de Gestión para los 260 Centros de Salud de la Comunidad "frente a la politización actual de la gestión o la creación de guetos asistenciales que se ha propuesto".

Así, consideraron que "esas son las medidas que precisa la Atención Primaria madrileña", pero que, en caso de que la Consejería continuase adelante y decidiera sacar el pliego con las condiciones del concurso de privatización de la gestión, esperaban que "se hubieran tomado todas las medidas necesarios para organizar la asistencia en la mayoría de los centros son la colaboración de los profesionales que habrían renunciado".

Estas dimisiones se presentarán un día después de que haya tenido lugar en Madrid --desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol-- otra nueva manifestación de los profesionales sanitarios en defensa de la Sanidad pública y en contra de las recientes reformas promovidas por la Comunidad de Madrid.

Los recortes en la sanidad pública, otra vez

8 enero 2013

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Este artículo critica los recortes en el sector sanitario público de España que afectan muy negativamente la universalidad y la calidad de tal sector.

La sanidad pública española es la menos financiada de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea que tienen un desarrollo económico similar al de nuestro país). En 2008 (cuando se inició la crisis), se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. El bajo gasto sanitario en España explica que tenga también un gasto privado elevado, el más alto de la UE-15. De todo el gasto sanitario español en 2008, el 71,6% era público y el 28,4% era privado (el público era el porcentaje más bajo, y el privado el más elevado de la UE-15). Los recortes en la sanidad pública conllevarán un incremento notable del peso del sector privado cuyo tamaño ya es muy elevado.

Tales datos muestran claramente la falsedad de la postura sostenida por los economistas y políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) que justifican los enormes recortes de gasto público sanitario que están ocurriendo en España y en Cataluña con el argumento de que el sector sanitario público está hipertrofiado y necesita una reducción para sanearlo. Los datos señalan lo opuesto. La sanidad pública en España y en sus CCAA está profundamente subfinanciada.

En realidad, España se gasta en sanidad una cantidad menor de lo que debiera gastarse por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita ya es el 94% del PIB per capital promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% fuera el 94%, España se gastaría 13.500 millones de euros más de los que se gasta. No es, pues, tampoco cierto, que España se gaste demasiado o que se gaste más de lo que España puede pagar. En realidad, los recursos existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y esto es de lo que no se habla ni en los forums mediáticos ni políticos del país. La postura, claramente ideológica, surgida del dogma neoliberal, y reproducida en los medios de mayor difusión, es que la sanidad debe adelgazarse, añadiéndose además (con cierto cinismo) que se necesita reducir tal gasto para “salvarla”. Tales recortes están afectando seriamente la calidad de la atención pública sanitaria, generando una mayor demanda por la sanidad privada (objetivo clave pero no explícito en gran parte de estos recortes).

La presión de los mercados financieros como causa de los recortes de gasto sanitario. La falsedad de este argumento

Conscientes de la gran impopularidad de tales recortes, las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales que las están imponiendo los justifican con los argumentos de que tienen que realizarse debido a la presión de los mercados financieros y/o de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) y/o del gobierno Merkel que lidera las propuestas de austeridad de gasto público social en la Eurozona. Por mucho que parezca sorprendente, tal aseveración es errónea y, a la luz de los datos existentes, poco creíble. Un cálculo del tamaño que el Estado (central y autonómico) quiere ahorrarse con tales recortes nos lleva a una cifra de alrededor de 6.000 millones de euros. Pero tal reducción del déficit podría haberse conseguido, no a través de los recortes sanitarios, sino mediante el aumento de impuestos que afectan primordialmente a las rentas superiores, tal como el impuesto de patrimonio (2.100 millones), manteniéndolo en lugar de eliminarlo tal como se ha hecho; el impuesto de sucesiones (2.552 millones), eliminando su reducción aprobada, por cierto, por los partidos que están apoyando los recortes; y el impuesto de las grandes empresas (5.300 millones) que facturan más de 150 millones de euros al año (0,12% de todas las empresas), anulando la bajada de tales impuestos, también aprobada por tales partidos. El hecho de que tales alternativas –la subida de impuestos- hubieran recaído primordialmente en sectores de la población (las clases pudientes), que, aún cuando sean minoritarios, tienen una enorme influencia política, habiendo gozado históricamente de grandes privilegios fiscales, explica que ni siquiera se considere, optando, en cambio, por la reducción del déficit público del Estado mediante recortes del gasto público social que financia el Estado del Bienestar utilizado por la mayoría de la población. Ello señala el poder diferencial que las distintas clases sociales tienen sobre el aparado del Estado, tanto central como autonómico.

Las CCAA no pueden excusar tales recortes en su teórica imposibilidad para generar recursos. Las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos. Así, la Generalitat de Catalunya tiene la potestad para elevar la mayoría de impuestos, incluyendo el IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos finalistas, impuestos sobre el patrimonio, y tributos sobre el juego, entre otros, potestad que no ha utilizado para reducir su déficit. En realidad, todos los recortes del déficit de la Generalitat se han basado en recortar los gastos públicos sanitarios (entre otros) sin intentar paliar este efecto, incrementando los impuestos. Ha sido la región de la UE-15 que ha sido más dura, motivo de orgullo de la opción gobernante de la Generalitat, según su portavoz parlamentario Oriol Pujol “En el sur de Europa no hay ninguna institución pública que actúe como lo estamos haciendo en Cataluña. Lo que estamos haciendo desde Cataluña es actuar de faro para todo el sur del Mediterráneo, porque no hay nadie del sur de Europa, ni Grecia, ni Portugal, ni tan siquiera en España, que se esté comportando con el coraje de CiU”. (El País, 09.11.11). Una situación un tanto semejante se está produciendo en la comunidad de Madrid.

Aunque la protesta popular ha sido muy intensiva, tal propuesta ha tenido poca repercusión en los medios, incluyendo los medios públicos, siendo un caso claro los medios públicos de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio, donde es frecuente ver moderadores de tertulias que cobran 900.000 euros al año, defender la necesidad de que las clases populares se aprieten el cinturón.

Las causas de la subfinanciación de la sanidad pública y de sus recortes

Una causa de este bajo gasto público sanitario es la concentración del poder político y mediático en el 25% de la población española que se resiste a pagar el mismo nivel de impuestos que el promedio de la UE-15 y cree erróneamente que no queda afectada por la pobreza de la sanidad pública al utilizar la privada. Tal visión, sin embargo, es profundamente errónea. La pobreza de la pública les afecta, pues en caso de enfermedad crónica y/o grave, la privada no podrá atenderles y terminarán en la pública. La privada discriminará a favor de los casos leves. Y de ahí el error de creerse que no les afecta. Sí lo hace, y mucho.

La sanidad privada es, en general, mejor que la pública en aspectos importantes para el usuario, tales como el confort (una cama por habitación), menor tiempo de espera, y un tiempo promedio de visita más largo que en la medicina pública. Pero la pública es mejor que la privada en la calidad del personal profesional y asistencial, y en la riqueza de la infraestructura técnica, lo cual explica que en casos que requieran mayor nivel de atención tecnológica, la privada deriva los pacientes a la pública. En realidad, la evidencia de que la calidad de la atención sanitaria en las instituciones públicas o en instituciones sin afán de lucro es mayor que en las instituciones con afán de lucro (es decir, sociedades limitadas que tienen por objetivo maximizar los beneficios) es robusta y abrumadora. En el conflicto calidad de atención versus beneficios, los últimos siempre ganan. De ahí que la mortalidad sea mayor en estos últimos. Esta polarización pública/privada por clase social es perjudicial para todas las clases, incluyendo las pudientes, que creen erróneamente ver satisfechas sus necesidades en la sanidad privada.

El error de la polarización social que se reproduce en la dicotomía pública versus privada

Lo que el país necesita es una sanidad multiclasista que tenga los atributos de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Pero ello requiere un gasto público mayor, obtenido de una mayor recaudación de las rentas superiores. En lugar de seguir este camino, las fuerzas conservadoras y neoliberales están promoviendo políticas que polarizarán todavía más la sanidad española. Mediante la desgravación del aseguramiento sanitario privado están facilitando la privatización de la sanidad y su polarización por clase social. Esta privatización, sin embargo, no sigue la línea tradicional de desarrollo de instituciones privadas como alternativa a las públicas. Hoy, la complejidad y carestía de la medicina no permite establecer centros de financiación privada que alcancen niveles de alta calidad y excelencia. De ahí que la vía a seguir por la privada sea el desarrollar privilegios dentro de la pública. De ello se deduce que se intente dar autonomía financiera a los centros públicos sanitarios para que estos contraten con aseguradoras privadas para el goce de privilegios dentro de la pública. Esta es la estrategia neoliberal que se presenta bajo el argumento de que se necesita dinero, mientras que la alternativa de incrementar los impuestos ni siquiera es tenida en cuenta.

El copago no es la solución

El gran debate en el sistema sanitario se ha centrado en si hay que tener copago o no. La justificación de que es importante hacer el copago de un euro para evitar el abuso del sistema no tiene evidencia que apoye tal argumentación. En primer lugar, pese a que se repite machaconamente que el ciudadano español abusa del sistema público, los datos no lo confirman. El indicador de 9 visitas por año (que contrasta con las 6 visitas del promedio de la UE-15) tiene poco valor para demostrar tal supuesto abuso. En realidad, estas 3 visitas extra son debidas más a la pobre organización del sistema (las necesidades que los médicos firmen partes y documentos que en otros países firman personal administrativo) o a la sub-utilización de la enfermería en España, forzando al médico a realizar tareas que en otros países hacen otros profesionales. El hecho de que el médico tenga que ver muchos pacientes no es tampoco un indicador de tal abuso. Referente a desalentar el supuesto abuso (que no existe), el euro a abonar tendría muy poco impacto desincentivador y únicamente podría tenerlo para los sectores de bajos ingresos que son los que serían más vulnerables a caer enfermos.

¿Cuál es el objetivo del copago? Me parecería lógico que fuera ingresar más dinero al sector sanitario, una necesidad clara en el subfinanciado sistema sanitario español. Pero ahí el punto clave es cómo conseguir este dinero y cuánto, temas que no se discuten. Implementar el copago en el momento del servicio (mientras que se mantienen unos bajos ingresos al Estado a través de impuestos), es hacer recaer la carga en los usuarios en lugar de en todos los ciudadanos. Puesto que las clases populares tienen más posibilidad de enfermar y utilizar los servicios que las clases pudientes, incrementar el gasto en los usuarios es aumentar todavía más la regresividad en la financiación. De ahí que sería mucho más justo (y con mayor capacidad recaudatoria) que se aumentaran los impuestos, incrementando los impuestos finalistas y/o creando otros nuevos. Es sorprendente que se haya tardado tanto en aumentar los impuestos del tabaco y del alcohol. Pero hay otros impuestos finalistas, como el aprobado en varias provincias en Canadá, en que todos los ciudadanos pagan según su nivel de renta a la sanidad; o sancionar las intervenciones sancionables según su nivel de renta, tal como ocurre en Finlandia, en que las multas de tráfico se pagan según el nivel de renta, pudiéndose dedicar tales recursos a la sanidad; o pedir tres euros por cada vuelo que salga de aeropuertos del país dedicándolo a sanidad, medidas todas ellas que serían altamente populares. El hecho de que no se discutan y en su lugar se centre todo el debate en el copago, es comenzar la casa por el tejado. El mayor incremento de recursos a la sanidad debería proceder de la vía impositiva, impuestos generales y finalistas. Y sólo cuando se hubiera alcanzado un nivel mucho mayor, recurrir al copago. Pero hacerlo al revés, es injusto y una manera de continuar protegiendo a los que no pagan impuestos suficientemente, recargando en el usuario tal déficit fiscal. Todo esto los economistas neoliberales –de los cuales hay una elevada densidad en el área sanitaria- ni siquiera lo entienden y no quieren considerarlo.

Por último, la consideración de que hay que recortar para aumentar la eficiencia del sistema me parece una incoherencia. Si hay despilfarro en el sistema, debe corregirse. Pero asumir que este despilfarro es generalizado es reproducir el sesgo anti público neoliberal que lleva el debate a discusiones talmúdicas, irrelevantes en lugar de análisis rigurosos y serios basados en evidencia. No hay –repito, no hay- ninguna evidencia de que el sector público sea más ineficiente que el privado, o que tenga más despilfarro. La evidencia existente muestra precisamente lo contrario. Uno de los sistemas sanitarios más ineficientes es el estadounidense, donde la mayoría de la financiación es privada. Es el sistema más caro del mundo, representa ni más ni menos que el 16,7% del PIB norteamericano, y en cambio el 68% de la población está enormemente insatisfecha. ¿Quieren aplicar aquel sistema a España? Cuando estuve trabajando en la Casa Blanca, en el grupo de trabajo liderado por la Sra. Clinton para hacer la reforma del sistema sanitario, pude ver que EEUU, que tiene algunos de los centros sanitarios mejores y más importantes del mundo, tiene en cambio uno de los sistemas sanitarios más ineficientes e insatisfactorios para la población, mostrando el dicho de Max Webber de que la totalidad de un sistema no es la mera suma de sus componentes. Los componentes pueden ser muy buenos y el sistema puede ser muy malo. Y al revés. De ahí que el problema que tenga España no es del sistema (como constantemente se señala), sino de su financiación, además de la necesidad de mejorar sus componentes. Creerse que los recortes mejorarán la situación es un profundo error. Es el triunfo del dogma y de la fe sobre la razón y la evidencia.

La sanidad española es buena (aunque se exagera la valoración positiva que la población hace de ella). No es cierto que es la mejor sanidad del mundo. Las encuestas señalan que la ciudadanía le da un 6,2 en una escala de 0 a 10, lo que quiere decir un aprobado, no un notable y todavía menos un sobresaliente. Es el servicio público mejor valorado. Pero ello no es suficiente. Pero la parte donde está menos valorada por el usuario y el ciudadano, es precisamente en las partes (tales como tiempo de visita y lista de espera) que puedan resolverse más rápidamente con la corrección del enorme déficit del gasto público. Y es en estos sectores donde los recortes están afectando la calidad más rápidamente. El indicador más importante para medir la calidad de un sistema sanitario no son los indicadores de mortalidad (los servicios sanitarios tienen poco que ver con la mortalidad de un país) sino los indicadores de satisfacción y confort del usuario y del profesional. Y ahí estamos todavía muy lejos de donde debiéramos estar. Y las medidas que se están aplicando empeorarán todavía más la situación actual. Los gobiernos socialistas a nivel de España y el gobierno tripartito en Catalunya habían incrementado notablemente los recursos financieros para la sanidad pública, reduciendo el enorme déficit de gasto público sanitario que tiene España. Los recortes actuales aumentaran enormemente este déficit, afectando negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares de nuestro país, tanto en Catalunya como en el resto de España.

(Este artículo es una versión modificada de un artículo publicado en El Plural, el día 14 de noviembre de 2011)

Artículo publicado en Público.es



Modelos de gestión sanitaria, ¿hay motivos para el cambio?

  • Incrementos de 100€ per capita en gasto de gestión pública se tradujeron en disminuciones de la mortalidad evitable, mientras que incrementos similares en el gasto de gestión privada no consiguieron dicho logro
  • La gestión pública consigue mejores resultados en relación con la disminución de la mortalidad evitable que la gestión privada
  • Los sistemas de salud privados no solo no son más equitativos, sino que ni siquiera confirmarían la supuesta superioridad de la gestión de la que siempre han hecho gala
07/01/2013

La reciente decisión de la Comunidad de Madrid de privatizar la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud ha hecho que cobre relevancia el interés por la organización de los sistemas sanitarios.

Existen cuatro aspectos, al menos, susceptibles de ser analizados en virtud de su titularidad pública o privada: 1) financiación del sistema sanitario, 2) propiedad de las infraestructuras, 3) control de la prestación de servicios y 4) gestión de la provisión de servicios.

En este artículo (dividido en dos partes) vamos a tratar de analizar cómo se comportan la gestión pública directa frente a la gestión privada mediante concesiones en relación a dos aspectos: los resultados en salud y los costes derivados de la asistencia.

Resultados en salud y titularidad de la provisión sanitaria.

La variable principal que deberíamos estudiar y de la que menos datos tenemos es qué resultados producen los diferentes modelos de gestión sobre la salud de la población. En un artículo recientemente publicado en el European Journal of Epidemiology and Community Health (1) se analizó la influencia de la provisión (pública o privada) sobre la reducción de la mortalidad evitable en Italia cuando se incrementaba el gasto sanitario per capita; como se observa en la tabla (con datos extraídos de dicho estudio), incrementos de 100€ per capita en gasto de gestión pública se tradujeron en disminuciones de la mortalidad evitable, mientras que incrementos similares en el gasto de gestión privada no consiguieron dicho logro.

Éste es el único estudio disponible sobre resultados en salud según el modelo de gestión; sin embargo, sí existen múltiples estudios que analizan una de las variables que podrían explicar el porqué de esta diferencia sobre la mortalidad evitable que situaría a los modelos de gestión pública por encima de los de gestión privada: el ánimo de lucro (es recomendable la lectura del artículo “La salud de las naciones” de Victor Lapuente en Piedras de papel).

La gestión sanitaria privada se puede llevar a cabo por empresas con ánimo de lucro o sin él; en el caso de España, los casos más conocidos de modelos de gestión privada (Modelo Alzira –grupo Ribera Salud- o concesiones gestionadas por Capio o Sanitas) se tratan de empresas con ánimo de lucro.

Según varios estudios publicados sobre la influencia del ánimo de lucro en la mortalidad general (2) y específica para ciertos procesos (3) (4), aquellos centros gestionados por empresas con ánimo de lucro tendrían una mayor mortalidad que aquellos centros sin ánimo de lucro. El ejemplo mejor estudiado a este respecto es el relacionado con la mortalidad asociada a hemodiálisis. Como se observa en la gráfica, tomada de un estudio de Devereaux et al publicado en JAMA en 2002 (3), existe un incremento de mortalidad en los centros con ánimo de lucro frente a los que carecen de él. Según explican los autores en el artículo, observaron que estas diferencias podrían deberse a que los centros con ánimo de lucro disponían de personal sanitario más escaso y con menor formación, y además los tiempos de duración de la diálisis fueron menores, factor descrito en la literatura como posible causa de incrementos de mortalidad en estos pacientes.

En resumen, podríamos decir que la evidencia de la influencia de la titularidad de la gestión sanitaria sobre los resultados en salud es limitada y no tenemos datos de nuestro país que analicen rigurosamente este aspecto, pero la literatura internacional existente indica que: 1) la gestión pública consigue mejores resultados en relación con la disminución de la mortalidad evitable que la gestión privada y 2) el ánimo de lucro se ha relacionado con incrementos en la mortalidad general y específica con respecto a los centros sin ánimo de lucro.

La equidad y la eficiencia de los sistemas sanitarios: ¿son compatibles?

Cuando se habla de los diferentes modelos sanitarios siempre se mencionan los costes y la eficiencia, pero rara vez se oye hablar de los resultados en salud y de la equidad. En la economía clásica, la equidad quedaría representada como un aspecto que detraer a la parte de resultados, de modo que un sistema más equitativo resultaría menos eficiente; como explican Reidpath et al. en la revista BMC (5), en el ámbito sanitario la equidad ha de ser considerada como un resultado más en salud, logrando su consecución un incremento de la eficiencia de los sistemas sanitarios.

No existen datos que muestren si la gestión sanitaria privada es más o menos eficiente que la gestión sanitaria pública directa; los datos que podemos encontrar sobre titularidad pública o privada en relación a la equidad y la eficiencia son los que se publicaron recientemente en la revista PLoS medicine (6), donde analizaban la influencia de los sistemas de salud sobre la equidad y la eficiencia en países de renta media y baja según se tratara de sistemas públicos o privados, concluyendo que no existen datos que afirmen que los sistemas privados de salud sean más eficientes que los públicos. Estos datos, unidos a otros estudios que muestran mayores inequidades en la asistencia sanitaria en sistemas privados de salud (7), señalarían que los sistemas de salud privados no solo no son más equitativos, sino que ni siquiera confirmarían la supuesta superioridad de la gestión de la que siempre han hecho gala.

(1) Quercioli C, Messina G, Basu S, et al. The effect of healthcare delivery privatisation on avoidable mortality: longitudinal cross-regional results from Italy: 1993-2003. J of Epidemiol & Comm Health. 2012

(2) Devereaux PJ, Choi PTL, Lacchetti C, Weaver B, Schünemann HJ, Haines T, et al. A systematic review and metaanalysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals. CMAJ. 2002;166: 1399-406.

(3) Devereaux PJ, Schunemann HJ, Ravindran N, Bhandari M, Garg AX, Choi PTL, et al. Comparison of mortality between private for-profit and private not-for-profit hemodialysis centers: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2002;288:2449-57.


(5) Reidpath D, Olafsdottir A, Pokhrel S, Allotey P. The fallacy of the equity-efficiency trade off: rethinking the efficient health system. BMC public health, 12 Suppl 1(Suppl 1), S3. doi:10.1186/1471-2458-12-S1-S3

(6) Basu, S., Andrews, J., Kishore, S., Panjabi, R., & Stuckler, D. (2012). Comparative performance of private and public healthcare systems in low- and middle-income countries: a systematic review. PLoS medicine, 9(6), e1001244. doi:10.1371/journal.pmed.1001244


Cepsa y los barcos, más peligrosos que el tráfico

HUELVA | CONTAMINACIÓN

Cepsa y los barcos, más peligrosos que el tráfico
REFINERÍA DE CEPSA EN PALOS · VH
Efe / Redacción 07/01/2013 20:50

Las emisiones de barcos y refinerías dan lugar a episodios “severos” de contaminación del aire urbano con partículas ultrafinas, según una serie de estudios en los que ha participado el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña y en los que se han analizado muestras en diversas ciudades europeas.
Los estudios sobre el impacto de las emisiones de partículas ultrafinas en la calidad del aire urbano están financiados por los ministerios de Economía y Competitividad, y de Medio Ambiente. En ellos han participado también la Universidad de Huelva, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Birmingham y otros tres organismos de investigación del Reino Unido y Suiza.

Estas investigaciones también se han comprobado en las ciudades españolas de Huelva, Sevilla y Barcelona, así como en Londres, Milán (Italia), Lugano y Berna (Suiza).

Durante la última década se ha pensado que las emisiones del tráfico son la principal fuente de partículas ultrafinas, pero los estudios han puesto de manifiesto que otros focos contaminantes dan lugar a episodios de contaminación por partículas ultrafinas más intensos.

Las partículas ultrafinas tienen un tamaño inferior a 0,1 micra (una micra es la millonésima parte de un metro), por lo que son mucho más pequeñas que un cabello humano, que mide unas 70 micras.

Están constituidas por una mezcla de hollín, ácido sulfúrico, sulfato y compuestos orgánicos, y se cree que están detrás de parte de las afecciones cardiovasculares atribuidas a la exposición de la contaminación urbana.

80.000 partículas


Los barcos aportan unas 40.000 partículas por centímetro cúbico de aire, mientras que la aportación de la refinería es de unas 80.000 partículas, y la de los automóviles de unas 30.000 partículas.

Las mayores concentraciones de partículas ultrafinas se registran en áreas afectadas por emisiones de barcos, refinerías y otras industrias que emiten el gas dióxido de azufre.

Se sabía que estos focos emiten partículas de sulfato, vanadio y níquel, cuyo tamaño generalmente es de 0,5 a 2 micras, y los nuevos estudios han demostrado que también dan lugar a partículas con tamaño inferior a 0,1 micra.

Las mayores concentraciones de partículas ultrafinas se registraron en Huelva y Santa Cruz de Tenerife (por ese orden), debido al impacto de las emisiones de dióxido de azufre en barcos e industria, y las más bajas se obtuvieron en Lugano y Londres, donde dominan las emisiones del tráfico.

En el caso de Huelva, es Cepsa la titular la de la mayor refinería que opera en la provincia, que además ha acometido una reciente ampliación de sus instalaciones.