LOS PARABENOS Y EL CÁNCER DE MAMA, YA
SIN LA MENOR DUDA
Si buscamos por internet nos
encontramos miles de opiniones, sobre todo las que defienden que los
“parabenos” son la garantía de un buen cosmético, que no tenga
bacterias, que sea efectivo, que no es peligroso y todo tipo de
“bondades” sobre OTRO gran descubrimiento del siglo XX
Lo bueno del paso del tiempo es que nos
permite valorar si realmente esos productos son tan beneficiosos como
nos quieren hacer creer o tienen un peligro oculto. Claro está que
para informarnos debemos de saber discernir todo lo que nos
cuentan, debemos de ver el engaño encubierto que mueve la
publicidad.
Buena forma de limpiar la conciencia,
pero en ningún caso manifiestan su intención de hacer desaparecer
los parabenos de sus cosméticos, ni sus perfumes tóxicos, ni ese
preparado químico que enferma, bien a la larga o bien inmediatamente
como a enfermas y enfermos de Sensibilidad Química Múltiple.
Tampoco retirar de su publicidad lo
“MARAVILLOSA QUE SE SIENTE UNA MUJER
USANDO SUS CREMAS Y PERFUMES”
No podemos olvidar que en las ultimas
décadas se han buscado potenciales clientes, y los han encontrado:
¡los hombres!
EL PODER DE LA PUBLICIDAD
Al margen de opiniones, criticas,
desmentir, mirar para otro lado, confundir y desinformar, tenemos los
datos científicos; hechos probados, análisis de tejidos que no
mienten, ratas de laboratorio que han usado su vida para que nos
enteremos que nos venden para poner en nuestro cuerpo y el de
nuestros hijos.
Repugnante ¿verdad?
Pues así queda nuestro organismo
40
Mujeres con Cáncer de Mama Tuvieron Este "Ingrediente
Cosmetológico" En sus Tejidos
Lo parabenos son sustancias químicas con propiedades similares al estrógeno, y el estrógeno es una de las hormonas involucradas en el
desarrollo de cáncer de mama.
Un estudio reciente de los tejidos
cancerosos de Mama encontraron “Parabenos” lo que indica la
tremenda importancia de los Cosméticos en la aparición de tal
Cáncer.
El estudio ofrecido
por Barr et al descubierto uno o más ésteres paraben en 99 por
ciento de las 160 muestras de tejido de 40 mastectomiesiii. En el 60
por ciento de las muestras, los cinco ésteres paraben estaban
presentes. No hubo correlación entre las concentraciones de paraben
y la edad, la duración de la lactancia materna, la ubicación del
tumor, o el contenido tumoral del receptor de estrógeno. Los valores
de la mediana en nanogramos por los tejidos de los cinco productos
químicos fueron los siguientes:
Mientras que los antitranspirantes son
una fuente común de los parabenos, los autores señalan que el
origen de los parabenos no se puede establecer, y que 7 de los 40
pacientes presuntamente nunca usaron desodorantes o antitranspirantes
en su vida. Lo que esto nos dice es que los parabenos,
independientemente de la fuente, pueden bioacumularse en el tejido
mamario.
Y las fuentes son
muchas. Los parabenos se pueden encontrar en una amplia variedad de
productos de cuidado personal, cosméticos, así como fármacos.
Dicho esto, parece que la vía cutánea es la forma más importante
de la exposición.
Entrada
de blog
por Mario
Rodríguez-
febrero 18, 2013
Estoy
a punto de partir hacia el Congreso de los Diputados junto con
Esteban, director de Amnistía Internacional y José María, Director
de Intermon Oxfam. Vamos a entregar al presidente
Rajoy y a los portavoces de los Grupos Parlamentarios undecálogo
frente a la crisis.
La
sociedad está ya cansada de ver cómo siempre son los mismos, los
más débiles, quienes pagan por las crisis que generan los más
poderosos.
Amnistía
Internacional, Intermon Oxfam y Greenpeace llevan
muchos años trabajando conjuntamente para denunciar y poner coto a
los desmanes que, con la excusa de la crisis, se están cometiendo y
de poner las bases para iniciar un nuevo ciclo donde los
derechos de las personas, la igualdad social y el medio ambiente sean
la piedra angular para ganar el futuro.
Vivimos
una situación política controvertida, una economía inestable, una
pérdida de derechos sociales y una degradación ambiental sin
precedentes, que están haciendo recaer en los sectores más
vulnerables el peso de una crisis que no han producido ellos.
Mientras, el mantra de la austeridad se ceba con los más débiles.
Se está limitado la sanidad universal, mermado la calidad de la
educación, recortando la solidaridad internacional, produciendo una
regresión
de las políticas sociales y medioambientales sin precedentes.
Nos
encontramos ante una encrucijada histórica. Y esta vez, el medio
ambiente no debe pagar los platos rotos porque no tenga ni madre ni
padre que cuide de él. Con la excusa de la crisis, vemos cómo se
pone a disposición de unos pocos el patrimonio natural de todos;
como
ex-presidentes de gobierno, ministros, secretarios de estado y un
largo etcétera de cargos públicos acaban en compañías eléctricas,
petroleras o constructoras; cómo
el tsunami de la corrupción urbanística se lleva por delante
bosques y playas; como el oligopolio eléctrico pone en jaque a uno
de los pocos sectores de futuro en este país como son las energías
renovables.
Con
una intensidad y rapidez sin precedentes el Gobierno esta procediendo
a desmantelar toda ley de protección ambiental que se encuentre por
el camino y que suponga un obstáculo para la inversión. Su avidez
por privatizar todo aquello que se ponga a tiro es insaciable, ya sea
el agua, el litoral o los montes de utilidad pública. Frivolizan
sobre la lucha contra el cambio climático, uno de los grandes
desafíos a los que se enfrenta la humanidad, y apuestan, si el más
mínimo rubor, por un modelo pesquero y agrícola condenado al
colapso. Apuestan
por energías sucias, caras y peligrosas como la nuclear, el carbón
y el petróleo.
El
medio ambiente es la gran oportunidad para salir de la crisis y quien
no lo quiera ver debería hacerse mirar la vista de cerca y sobre
todo de lejos. Apostar
por la sostenibilidad es apostar por la mejora de la calidad de vida
de las personas, es apostar por la generación de empleo estable y de
calidad. Movilidad sostenible, energías renovables, ahorro y
eficiencia energética para ganar la batalla al cambio climático,
porque nos la jugamos en los próximos años; pesca y agricultura
sostenibles para unos océanos y bosques con futuro; rehabilitación
de viviendas bajo criterios ecológicos para ofrecer un futuro a un
sector de la construcción que vomita miles de parados cada día;
gestión forestal próxima a la naturaleza para evitar que los
incendios forestales arruinen nuestros bosques.
Un
país que se acerca a los 6.000.000 de parados no puede dar la
espalda a sectores económicos altamente generadores de empleo y en
los que está la clave para una transición hacia un nuevo modelo
económico, una transición que ha de ser justa, teniendo siempre en
cuenta a los sectores más desfavorecidos.
A
lo largo de sus 40 años de historia, Greenpeace ha podido constatar
cómo, en cuanto asoma una crisis económica, el medio ambiente se
convierte en una presa fácil y codiciada por “los mercados” que,
ante la pasividad de los gobiernos, hacen caja, y obligan a empezar
el ciclo perverso y demoledor.
Por
eso vamos al Parlamento a entregar al Gobierno y a los Grupos
Parlamentarios un decálogo de medidas frente a la crisis. En él
pedimos que se adopten las políticas necesarias para garantizar,
ante todo, los derechos de las personas, reorientar la gestión de
los recursos naturales y el modelo energético a favor del empleo y
la sostenibilidad, y apostar por una política fiscal y económica
equitativa y justa. La
ciudadanía está diciendo alto y claro: ¡Así, NO!
Mario
Rodríguez (@mario_rod_var), director ejecutivo de Greenpeace
España
(Imagen cedida por el blog Mis raíces en tus aguas)
Llamadas
de teléfono, cartas y amenazas con listas de espera interminables,
las armas de la Consejería de Salud de Madrid para trasvasar a los
enfermos a los centros semi-privados
Marina
García-Rico,
@MarinaGRico. 18/02/2013
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Carta del centro de citas de la Comunidad de Madrid.
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"Cuando
pedí cita con mi neurólogo para una revisión me llamaron del
centro
de citas de la Comunidad de Madrid.
Insistieron bastante en decirme que había mucha lista de espera en
mi hospital y que por qué no me iba a otro de gestión privada como
el de Móstoles". Así lo cuenta Ana Sanz una paciente madrileña
que padece migraña crónica y acude una vez al año a revisiones en
el Hospital de Alcorcón, su centro de referencia.
"Me
presionaron varias veces en esa misma llamada para que me fuese a
otro hospital"
"Me
presionaron varias veces en esa misma llamada para que me fuese a
otro hospital con
la excusa de que aquí había mucha lista de espera". Pero Ana
se negó alegando que no le corría prisa al tratarse de una revisión
y que además ella es trabajadora del hospital. ESTRELLA
DIGITAL ha
hablado con la directora general de atención al paciente, Elena
Juárez, y niega que se llame a los pacientes para ofrecerles el
cambio a otro hospital con la premisa de que hay mucha lista de
espera. Sin embargo, Ana Sanz asegura lo contrario. "Insistieron
e insistieron y ya les dije que aparte de ser ciudadana de Alcorcón
trabajo en el Hospital de Alcorcón. Se quedaron cortados y me
dijeron 'prepárate para la lista de espera', pero
ni lista de espera ni nada, en 20 días estaba pasando consulta".
Según
las fuentes consultadas por ESTRELLA
DIGITAL,
el funcionamiento en estos casos de la sanidad madrileña es el
siguiente. Se indica una intervención quirúrgica, una revisión o
una prueba médica, el paciente pasa a una lista de espera y a
continuación recibe una llamada telefónica de un call-center
dependiente de la Comunidad de Madrid que le incita a trasladarse a
un hospital de gestión privada para evitar una supuesta lista de
espera muy grande. Pero la presión no termina ahí. Si
el paciente no accede a cambiar de hospital, recibe una carta que
afirma que queda fuera de la lista quirúrgica.
Según esta información, así funciona el Gobierno regional, que
desde la inauguración de los siete hospitales de gestión privada
parece que pone en marcha el trasvase de pacientes procedentes de
centros públicos con la excusa de largas listas de espera.
"Existen
esas llamadas y existe esa coacción",
afirma Miguel Ángel Martínez, paciente del Hospital
Gregorio Marañón.
Miguel Ángel Martínez vive en Madrid y sufre diabetes. Hace poco
más de un mes contrajo una bacteria denominada 'Elicobácter
pílori'. Tenía cita para realizarse una endoscopia en su hospital y
al igual que le ocurrió a Ana Sanz recibió una llamada. "Me
ofrecieron hacerme la prueba en la clínica privada San Camilo. Yo me
negué, a favor y en defensa de la sanidad pública. Entonces me
dijeron que dejaba de estar en la lista preferente y que no me harían
la prueba hasta junio en mi hospital".
Al
padecer diabetes y no poder alimentarse correctamente debido a la
bacteria, los bajones de azúcar pueden llegar a ser muy fuertes y
pueden poner en riesgo su vida, por eso decidió acudir a urgencias.
"Tuve que recurrir a la urgencia hospitalaria.Existe
sobresaturación, como en el hospital Gregorio Marañón que está
llegando al colapso absoluto".
La
CAM juega con la falta de aclaraciones, la confusión y la ignorancia
del paciente para lograr su propósito de trasladarlos al sistema de
gestión privado
Una doctora del hospital Gregorio
Marañón que prefiere ocultar su identidad para evitar represalias
explica que recientemente acompañó a una familiar al ginecólogo
porque tenía que ser intervenida de una patología benigna. "La
paciente y el ginecólogo acordaron una fecha para realizar la
intervención y a pesar de eso recibió una llamada de un call-center
diciendo que no podía realizarse la cirugía en el centro previsto.
Le ofrecieron otros centros alternativos, uno de ellos la fundación
Jiménez Díaz" (también privada). La paciente rechazó la
oferta y fue operada en la fecha que pactó con su especialista.
Según
explica esta doctora, la
Comunidad de Madrid juega con la falta de aclaraciones, la confusión
y la ignorancia del paciente para lograr su propósito de
trasladarlos al sistema de gestión privado y
expone como ejemplo el caso de su familiar. "Ella asume que su
sistema la está protegiendo. La paciente no sabe por qué la llaman
y cree que hay un problema cuando en realidad no es así. Va a
tratarla un ginecólogo que la conoce, que la ha valorado
cuidadosamente y con el que ha pactado la fecha de la cirugía".
Una
práctica que se ha intensificado en los últimos meses
Desde
el sindicato de médicos AMYTS
y
la plataforma en defensa de la sanidad pública PATUSALUD,
denuncian que esta práctica lleva en marcha desde hace más de un
año pero que estos últimos meses se ha intensificado.
Fuentes
de AMYTS
confirman
aESTRELLA
DIGITAL que
desde hace una semana han
comenzado a distribuir entre los médicos y las consultas dos documentos:
"Uno para informar y avisar a los pacientes de que si reciben una llamada de la Comunidad de Madrid diciéndoles que se trasladen
de hospital, antes de tomar ninguna decisión se pongan en contacto
con su centro para informarse. El otro papel es para ayudar a los
pacientes que vienen muy enfadados porque incluso les han amenazado,
a poner una reclamación que llegue al gerente del hospital".
Por
su parte, la plataforma PATUSALUD
asesora
a los usuarios en los hospitales sobre este "mareo institucional
que no persigue otro objetivo que el de desviar a la privada los
pacientes para que la Comunidad de Madrid consiga su plan de
deteriorar la calidad del sistema público". Gracias a su labor
como plataforma en la defensa de la sanidad pública, conocen muchas de las historias que han sufrido los pacientes madrileños a lo largo
de los últimos años en la región. Está
previsto que para el próximo mes de abril, en la Feria del Libro de
Madrid, 'Marea Blanca' vea la luz.
Un escrito con historias reales que denuncia la escasa ayuda de la
clase política a la sanidad pública.
NOTA
DE PRENSA DE LA PLATAFORMA DE ASOCIACIONES CONTRA LA LINEA DE ALTA
TENSIÓN “COSTA VERDE”
HEMOS
GANADO LA BATALLA
Las asociaciones que configuran la plataforma contra la línea de
alta tensión “Costa Verde” manifiestan su enorme satisfacción
ante la suspensión del proyecto según consta en la decisión del
Consejo de Ministros publicada en el BOE el pasado martes 22 de
enero, aunque se mantienen alerta y con argumentos reforzados ante la
posibilidad de que dicho proyecto fuera recuperado en el futuro.
En
el BOE aparecen publicados un listado de 88 proyectos que se
consideran imprescindibles y se salvan de la actual suspensión de la
planificación energética. El 40% de las inversiones previstas en
este programa extraordinario se destina a proyectos en la Península,
mientras que el 60% restante se repartirá entre los sistemas
eléctricos de Baleares y Canarias.
Estos proyectos representan el 15
% de las inversiones pendientes previstas en la última planificación
2008/2016 que quedó suspendida en el Real Decreto Ley 13/2012 y ha
debido ser justificada su utilidad de manera individual con la
elaboración de nuevos informes. En este listado no aparece ningún
proyecto vinculado con el Principado de Asturias. Por lo tanto
entendemos que quedan paralizados, además del “Costa Verde”,
Sama-Velilla y Boimonte-Pesoz.
La línea de alta tensión “Costa
Verde” estaba diseñada atravesando el centro de la región con un
trazado imposible afectando a parroquias y vecinos de los concejos de
Avilés, Gozón, Carreño, Gijón, Siero, Nava, Bimenes y San Martín
del Rey Aurelio. Según el proyecto proporcionado por Red Eléctrica
Española, esta línea de alta tensión de 400kV de doble circuito
resultaba ser una instalación estructural indispensable para la
seguridad del suministro eléctrico. Ahora queda demostrado que no
era cierto puesto que, según consta en el BOE, la razón fundamental
para eliminar instalaciones ya proyectadas anteriormente ha sido la
desestimación de su utilidad.
La acusada caída de la demanda de
electricidad producida en los últimos años, además de los cambios
en las previsiones de la evolución del PIB a medio plazo y la
necesidad de ahorrar gastos generales por la crisis, ha obligado a
una profunda revisión de la Planificación de los Sectores de
Electricidad y Gas 2012-2020. Solamente se han mantenido aquellos
proyectos vinculados con la “seguridad del suministro” o si
supone “un impacto económico negativo en el sistema eléctrico”
o si resultan ser proyectos estratégicos para el conjunto del
Estado. El anillo de alta tensión “Costa Verde” defendido por
Red Eléctrica parece que no cumple ninguno de estos requisitos y su
construcción queda por tanto paralizada puesto que el Real Decreto
13/2012 suspende nuevas autorizaciones.
La plataforma contra la
línea de alta tensión “Costa Verde” está constituida por los
siguientes grupos: la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE EL REMEDIU, la
PLATAFORMA BIMENES CONTRA LA ALTA TENSIÓN, la ASOCIACIÓN DE VECINOS
EL PEÑON DE FANO, la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VALDORNÓN, la
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SERÍN, la ASOCIACIÓN DE VECINOS “SAN
JUAN BAUTISTA” DE CELLES, la ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LA LINEA
DE ALTA TENSIÓN A 400KW DENOMINADA COSTA VERDE DEL ALTO LA MADERA,
la ASOCIACIÓN DE VECINOS “LA MAGADALENA DE RUEDES ", la
ASOCIACIÓN DE VECINOS VEGA -LA CAMOCHA, CENTRO SOCIAL LA SEMIENTE,
la COORDINADORA ECOLOXISTA D’ASTURIES, la ASOCIACIÓN ASTURIANA DE
AMIGOS DE LA NATURALEZA y la AGRUPACIÓN DE COLECTIVOS
ASTURIANOS.
Varios
expertos desmontan la teoría de Lasquetty y González sobre el
ahorro que supone "externalizar" servicios sanitarios. El
modelo "público de gestión privada" ya implantado en
Madrid por Aguirre tuvo que ser rescatado en 2010.
PAULA
DÍAZ
Madrid
17/02/2013
De
600 a 441 euros por habitante. Esa es la cifra de ahorro ofrecida por
el Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar sus planes de
privatización en seis hospitales madrileños. Pero lo cierto es que
ni la Consejería de Sanidad que preside Javier
Fernández Lasquetty ni
otros expertos en gestión sanitaria ofrecen datos que avalen dicha
afirmación. Más bien, al contrario.
Según
las cifras manejadas por asociaciones como la Coordinadora
Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) o la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(Fadsp) "externalizar"
los servicios sanitarios sólo sale más caro.
Además, otras instituciones como la Asociación de Facultativos y
Especialistas de Madrid (Afem) y sindicatos como CSIT-UP denuncian la
falta de informes que avalen los datos de la Consejería y, aun así,
aseguran que la privatización "es más cara y menos eficiente".
La historia de los centros semiprivados que ya existen en la
comunidad habla por sí misma.
Los
seis hospitales que el Ejecutivo de Ignacio González quiere
privatizar ya son, en realidad, "públicos de gestión privada".
Este modelo lo creó la expresidenta Esperanza
Aguirre,
tras prometer en las elecciones de 2003 que crearía seis hospitales
nuevos. En 2005 se celebró el concurso de concesiones y, finalmente,
fueron inaugurados en 2008. Pero no se trataba de centros públicos.
El
Hospital Infanta
Sofía o
del Norte (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del
Sureste(Arganda),
el Hospital del Henares
(Coslada),
el Infanta
Leonor (Vallecas),
el Infanta
Cristina(Parla)
y el del Tajo
(Aranjuez)
fueron cedidos a empresas constructoras a las que se les paga un
canon durante 30 años sólo por la amortización de la construcción
de los edificios y el mantenimiento de los mismos. [Ver gráfico
inferior,elaborado
por CAS-Madrid].
Dichas entidades se constituyeron en UTEs (uniones temporales de
empresas) encargadas de los servicios
no sanitarios de
dichos centros (lavandería, cocina, celadores, administración...) a
las que la Comunidad también paga por ello.
Y,
además, como apuntó ayer el director del Máster de Evaluación
Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid,
Félix
Lobo,
en laI
Jornada de Gestión Sanitariaorganizada
por Afem, el gasto público en estos hospitales semiprivatizados no
computan como deuda pública, según las normas de la UE. "No
computa en el déficit, pero los madrileños y nuestros hijos los
seguiremos pagando en el futuro", apuntó el catedrático. "Para
un político, aquí había una oportunidad estupenda",
añadió.
CAS-Madrid
denuncia en su informe que las empresas propietarias "no sólo
han recuperado ya el 100% de la inversión [en construcción y
equipamiento de los hospitales], sino que en 2012 ya sumaron "150
millones de euros de ganancias", asegura la plataforma
antiprivatización. Por tanto, añaden, "a partir de 2012 y
hasta 3037 (30 años de concesión, prorrogable otros 30),
prácticamente todo
serán beneficios".
"Si algún día queremos rescatar esas concesiones [en el
supuesto caso de que entrara otro partido a gobernar y quisiera
volver a la gestión directa en esos hospitales], hay
que pagarlas igual,
porque el contrato ya está firmado por 30 años", denunció,
además, Lobo.
Por
otro lado, este modelo, el modelo PFI (iniciativa de gestión
privada, por sus siglas en inglés), fue importado de Reino
Unido,
donde el sistema sanitarioha
demostrado tener graves deficiencias.
Además, estos seis hospitales ya fueron
rescatados en 2010,
según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que reveló que
el Gobierno de la Comunidad modificó al alza el canon que recibían
ante el aviso de las empresas concesionarias del "colapso"
que se produciría si no recibían 80
millones más de
lo establecido en el contrato inicial, según informóel
diario El
País.
Ello supone, asegura la Fadsp, un sobrecoste
de 1,9 millones de euros anuales para la Comunidad.
Los
seis hospitales semiprivados ya suponen un sobrecoste de 1,9 millones
de euros anuales
Además,
las empresas que reciben dichas cantidades de dinero público están
en la actualidad en
el punto de mira,
ya que tanto el PSOE como Equo han pedido que investiguensi
están relacionadas con "los papeles de Bárcenas"que
implican al PP conpagos
en negroque
podrían haber recibido de los empresarios que obtuvieron las
concesiones de estos hospitales semiprivados. Según la formación
ecosocialista -que ha lanzado la campaña #AuditoríaSanitaria-
algunas de ellas (Begar-Ploder, Hispánica y Sufi) tienen también
"vinculaciones
variadas" con la trama Gürtel.
Por
si ello no fuera suficiente, otro escándalo ha salpicado
recientemente a estos hospitales. Ninguno de ellos tenía en su sede
un laboratorio de análisis clínico ni servicio de radiología.Ambos
servicios fueron centralizados a través de una empresa pública
situada en San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, esta empresa fue
concedida, a través de un concurso público, a una empresa privada
y, finalmente, terminó en manos dela
empresa en la que actualmente trabajaba quien privatizó dichos
servicios:
el exconsejero de Sanidad Juan
José Güemes,
quese
vio obligado a dimitir tras destaparse la polémica de Unilabs.
Madrid
se gastó 4 millones en una empresa que controla a las concesionarias
Asimismo,
según la Fadsp, la Comunidad realizó otro concurso público para
contratar a una empresa externa que controlase el correcto
funcionamiento de estos seis hospitales. A dicha entidad "le
pagaron 4 millones de euros para que vigilase que se cumplían las
condiciones de los contratos con la concesionaria, como el número de
personal mínimo contratado, entre otras cuestiones", explica
Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Fadsp.
Probando
'Alzira'
Además
de los seis hospitales PFI, Aguirre creó otros cuatro bajo el modelo
PPP (partenariado público-privado) o "Alzira", es decir,
de gestión
privada casi al completo. La
titularidad sigue siendo pública, pero las empresas concesionarias
contratan también al personal sanitario (médicos, enfermeros,
especialistas...). La Comunidad les paga una cantidad por cada
persona que vive en el área de influencia del hospital, aunque no
sean, necesariamente, pacientes del mismo.
Este
pago per cápita se actualiza cada año, en función del IPC (Índice
de Precios de Consumo). Sin embargo, "este año los presupuestos
del hospital de Valdemoro se
han incrementado en una cantidad equivalente al IPC+2",
destapó ayer Félix Lobo en la jornada de Afem. "Yo aún no he
encontrado explicación para ello", añadió el experto, que
también denunció la falta de transparencia de la Administración.
[Mañana, en Público,
el tema "Privatizar perjudica la salud (II)"]
Se
trata de los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado Villalba
(todos en manos de Capio;este
último aún cerrado por decisión de la Comunidad,
que a pesar de todo sigue pagando 900.000 euros al mes a la
empresa privada), así como el de Torrejón (en manos de Ribera Salud
querecientemente
se lo ha vendido a Sanitas).
Según la Fadsp, algunos de ellos, como el de Torrejón, por ejemplo,
han visto incrementado su presupuesto un 9% para 2013, mientras los
de gestión directa (los 100% públicos) han recibido una reducción
de casi el 20% de media en dichas partidas.
CAS-Madrid
denuncia la derivación de pacientes rentables de la pública a la
privada
Las
empresas que gestionan dichos centrosestán
en
manos de bancos (Bancaja
-ahora Bankia- y la CAM -ahora Sabadell-, en el caso de Ribera salud)
y
de fondos de capital riesgo (CVC
Partners, en el caso de Capio), con los consecuentes peligros de
cierre en caso de quiebra de dichas entidades.
Por
otra parte, Capio posee también la Fundación Jiménez Díaz, un
caso especial de privatización, que tiene concesión desde hace más
de 60 años, y, según
publicó recientemente el diario El
Mundo,
en 2011 también recibió de la Comunidad 94 millones más de lo
reflejado inicialmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. La Coordinadora Antiprivatización de Madrid asegura, además,
que hoy en día saben que este centro ha factuardo 380 millones de
euros a 31 de diciembre de 2012, aunque su presupuesto inicial, según
la Comunidad, era de 200 millones de euros. ¿A qué se debe? "A
esa Fundación se
le deriva gente de la públicadesde
uncall center centralizado y privado -pertenece a la empresa Indra-
quedirige
a los pacientes rentables hacia la privada",
detalla Antonio Gómez, portavoz de CAS-Madrid, que también explica
que si han accedido a estos datos ha sido "gracias a las
filtraciones" de algunas personas que tenían acceso a ellos, ya
que los
datos de la Consejería no son fiables",
denuncia.
Es
posible que con la nueva "externalización" sean dos
empresas las que gestionen los centros
Ahora,
la Consejería de Lasquetty pretende cambiar de modelo a los seis
hospitales PFI y pasarlos a PPP. Una (re)privatización que "saldrá
finalmente más cara y empobrecerá
los servicios que prestan:
menos personal, menos capacidad resolutiva...", denuncia la
Fadsp, basándose en el
Alzirainicial
(nacido en la localidad alicantina del mismo nombre en 1991 y que hoy
en día incluye la privatización de los centros de atención
primaria del área de influencia de los hospitales), que también
tuvo que ser rescatado y mejorado.
Además,
"lo que no se sabe todavía es si las UTEs [que ya gestionan los
servicios no sanitarios de estos centros ] se van a incluir en este
proceso o habrá
dos empresas privadas gestionando el hospital:
una para los servicios no sanitarios y otra para los sanitarios",
advierte Sánchez Bayle.
El
sistema público no es caro. ¿Miente Lasquetty?
A
pesar de toda la historia de los hospitales semiprivados de Madrid,
el consejero de Sanidad continúa afirmando que "externalizar"
servicios abarata costes y sale más barato. Sin embargo,Lasquettyno
justifica con datossu
estimaciónde
441 euros por habitante frente a los 600 actuales.
Quienes
sí han analizado al detalle dichas cantidades son las organizaciones
pro sanidad pública y los sindicatos que mueven la marea
blanca.
CSIT-UP,
por ejemplo, asegura que "la cama en un hospital de gestión
privada cuesta 1.660 euros al día, mientras en la gestión pública,
sólo cuesta 955 euros, un 74% más barata". "Ninguno de
los hospitales inaugurados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid
desde 2008 puede ser comparado en términos de calidad, eficiencia y
eficacia con los hospitales tradicionales de gestión pública, por
razón de la notable
diferencia en complejidad hospitalaria instalada",
detalla el sindicato. En cualquier caso, resume, "entrando en la
lógica de la Consejería el análisis de distintos datos muestra
sorprendentemente lo contrario: los nuevos centros hospitalarios de
gestión privada son
más caros y menos eficientesque
los de gestión pública". Y muestran, para justificarlo, los
gráficos siguientes:
En
esta misma línea se ha manifestado también la Asociación de
Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem),
que enuno
de sus informesasegura
que las cuentas de Lasquetty salen si no se tiene en cuenta el gasto
adicional del canon anual que hay que pagar a las concesionarias por
la construcción y equipamiento del edificio. "El coste de la
asistencia sanitaria especializada gestionada por empresas privadas
es
entre un 16 y un 27% más caraque
si es gestionada por las administraciones públicas", asegura la
asociación. De hecho, Afem asegura que aún externalizando los
hospitales a los 441 euros por habitante que pretende Lasquetty, el
Gobierno regional estaría "regalando a las empresas privadas
118 millones de euros al año" [ver gráfico inferior]. Y se
preguntan: ¿"De dónde procede la cifra de 600 euros por
habitante que la Consejería de Sanidad presenta como coste de la
asistencia en hospitales de gestión mixta (PFI)?". "La
Consejería de Sanidad no ha presentado ni
un sólo documentoque
avale esa cifra, lo que la convierte en una cifra arbitraria y sin
fundamento empírico alguno", concluyen.
