miércoles, 6 de marzo de 2013

Piden a los europarlamentarios españoles que apoyen un mayor control de los disruptores endocrinos

Enviado por carlosadmin el Mié, 03/06/2013 – 18:56. Campañas Disruptores endocrinos

Estamos en un momento crucial para proteger la salud pública 
frente a esta amenaza

Diferentes organizaciones españolas, entre las que figura el Fodesam, han remitido una carta a los representantes españoles en el Parlamento Europeo para que apoyen el informe sobre la protección de la salud pública frente a los disruptores endocrinos que recientemente aprobó Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y que se votará en el plenario del próximo 13 de marzo

La Propuesta de Resolución del 30 de enero 2013 sobre la protección de la salud pública de los disruptores endocrinos de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, pretende un avance importante en el control de estas sustancias contaminantes a los que todos estamos expuestos a través de la alimentación, el agua, los productos de uso cotidiano, etc. Por ello es importante que el plenario la apruebe.

(Ver la propuesta en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.dopubRef=//EP//TEXT+REPORT+A7-20130027+0+DOC+XML+V0//EN)

Nos encontramos en unos momentos cruciales para proteger la salud y el medio ambiente frente a estas sustancias tan preocupantes, ya que la Comisión está revisando la Estrategia Europea sobre disruptores endocrinos y elaborando los criterios para identificar estas sustancias que se aplicarán en la normativa europea.

Los efectos de los disruptores endocrinos (EDC) sobre la salud pública y el medio ambiente han sido una de las prioridades de los programas de investigación financiados por la Unión Europea en los últimos 15 años. Como resultado de este esfuerzo, se ha incrementado el conocimiento sobre las sustancias con estas propiedades, sus modos de acción y efectos sobre la salud. Investigadores españoles han participado en estos programas, poniendo de relieve los daños sobre el sistema reproductor de niños expuestos en útero a EDC (malformaciones y no descenso testicular), su relación con el cáncer de mama, la obesidad y la diabetes, enfermedades que están alcanzando cifras epidémicas en Europa.

Informes y declaraciones recientes de científicos, como
  • Evaluación del conocimiento científico sobre disruptores endocrinos. Organización Mundial de la Salud, 2013.
  • Impacto de los disruptores endocrinos sobre las personas y la fauna silvestre y su medio ambiente. Informe Weybridge+15 (1996-2011). AgenciaEuropea de Medio Ambiente, 2012.
urgen a los decisores políticos a tomar medidas para evitar o reducir la exposición de la población y el medio ambiente a EDC).

De hecho, el informe publicado recientemente por la OMS, coincide en gran medida con el informe de compromiso del Comité de Medio Ambiente, aprobado por una amplia mayoría de los grupos políticos del Parlamento Europeo presentes en este Comité.

Por todo ello, las entidades que han enviado la carta (UGT, CCOO, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Fodesam, Fundación Vivo Sano, Asquifyde,…) piden a los europarlamentarios españoles que apoyen el informe de la Comisión de Medio Ambiente, en especial, una serie de párrafos que no deben ser enmendados a fin de procurar realmente una protección de la salud pública frente a esta amenaza. Entre ellos los que se refieren a aspectos clave como:

La aplicación del Principio de Precaución

Que se tenga en cuenta el conocimiento científico existente sobre la cuestión en temas importantes como los efectos de la exposición a estas sustancias a largo plazo y durante periodos críticos del desarrollo en los que la persona es más sensible

Que se apliquen criterios serios, que tengan en cuenta aspectos diferentes, para determinar qué es un disruptor endocrino, así como para evaluar todos los posibles efectos que pueden causar, teniendo en cuenta aspectos claves como los efectos a niveles bajos de concentración o el efecto cóctel

Es mucho lo que está en juego. Esperemos que los europarlamentarios españoles estén a la altura de las circunstancias

Indígenas que defienden sus árboles

Una comunidad indígena de Brasil decidió hacer cumplir la ley por su propia mano al enfrentar a taladores ilegales que penetran en sus tierras en busca de valiosas maderas.

06.03.2013 · IPS · Fabíola Ortíz (Río de Janeiro)
Integrantes del pueblo pukobjê-gavião en su tierra indígena Governador. 
(Gilderlan Rodrigues/CIMI)  
El choque entre taladores y los indígenas amazónicos que capturaron un cargamento de madera ilegal puede escalar. Los nativos aseguran que ya tiene precio la cabeza de uno de sus líderes.

Una nueva modalidad de tala se concentra en tierras indígenas, ricas en especies madereras y cuya población se vuelve blanco de madereros ilegales que apelan tanto al soborno como a la amenaza.

El episodio más reciente se registró a fines de enero en la tierra indígena Governador, en el sudoeste del estado de Maranhão, cerca de la ciudad de Amarante y a 900 kilómetros de la capital estadual, São Luís.

En ese rincón que marca el límite de la Amazonia oriental, nativos del pueblo pukobjê-gavião confiscaron cuatro camiones y un tractor con casi 20 metros cúbicos de troncos de ipê (Tabebuia chrysotricha), una especie de lapacho de madera excepcional, y sapucaia (árbol del género Lecythis).

“Nos cansamos de denunciar y entonces resolvimos tomar nuestras providencias. Veíamos los camiones dentro de la reserva. ¿Qué iba a pasar si no hacíamos nada?”, explicó el cacique Evandro Gavião, de la aldea Governador, una de las seis tribus pukobjê-gavião de esa tierra indígena.

El joven líder de 24 años dialogó por teléfono con Tierramérica mientras se encontraba reunido con jefes de otras aldeas para discutir un plan de monitoreo y protección de la reserva.

Según Gavião, la comunidad había denunciado en 2009 la tala en sus tierras, que abarcan un área de transición entre la Amazonia y el bioma Cerrado (sabana) y, por eso, son ricas en especies como el ipê y la sapucaia, la aroeira (Schinus terebinthifolius), la copaíba (Copaifera sp.), y la cerejeira (género Amburana).

“Pero los árboles se están acabando”, se lamentó Gavião.

Según el capítulo brasileño del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la extracción ilegal de madera está íntimamente ligada a la construcción de carreteras y a los movimientos migratorios. El acceso vial facilita el ingreso al bosque.

Entre septiembre y noviembre de 2012, Interpol arrestó a 200 personas en 12 países de América Latina, en la primera operación internacional contra la tala y el comercio ilegal de madera. El operativo tuvo lugar en Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela, y se confiscaron 50.000 metros cúbicos de madera por valor de ocho millones de dólares.

En la tierra indígena de Governador, sus habitantes reclaman la presencia de la Fundación Nacional del Indio, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de la Policía Federal para garantizar la seguridad de unas 1.000 personas distribuidas en las seis aldeas.

“Lo que hicimos fue peligroso, pero fue la única forma de llamar la atención de los órganos responsables”, dijo Gavião.

Desde la confiscación de los camiones, el retiro ilegal de madera no cesó, sino que cambió de ruta.

“La sensación es que puede empeorar y que las amenazas que sufrimos continuarán… Sabemos que ya están negociando la cabeza del cacique de la aldea Nova en 30.000 reales (más de 15.000 dólares) para matarlo. Pero el pueblo gavião no va a parar”, advirtió el cacique.

Los indígenas atribuyen el aumento de amenazas y presiones a la redefinición de los límites de la reserva. La tierra indígena Governador está en proceso de una nueva demarcación desde 1999, tras ser homologada en 1980.

Los límites de usufructo tradicional de los indígenas no se respetaron, y estos necesitaban salir de su territorio para acceder a recursos naturales para alimentarse y cumplir con sus rituales, explicó a Tierramérica Rosimeire Diniz, del católico Consejo Indigenista Misionero (CIMI) de Maranhão.

Partes del territorio antes utilizado por los pukobjê-gavião quedaron fuera de la demarcación y fueron ocupadas por hacendados. Durante años, los indígenas tuvieron “una relación más o menos amistosa” con esos ganaderos, pero cuando pidieron una revisión de los límites, los conflictos y la violencia se exacerbaron, describió Diniz.

La tierra indígena Governador tiene 42.000 hectáreas y la nueva demarcación podría ampliarla hasta 80.000. Según Evandro Gavião, el área actual no es “suficiente” pues la determinó el régimen militar de la época “a las apuradas”.

“Los lugares donde nuestros antepasados pescaban y cazaban están fuera de la tierra indígena. No consultaron a los indígenas para saber dónde pescaban, dónde cazaban, dónde cosechaban. Por eso pedimos la revisión. Estamos al tanto de que puede llevar mucho tiempo, pero tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo. Por eso estamos luchando”, explicó.

Al menos desde la década de 1980 se desarrolla la tala ilegal en tierras originarias, pero antes se daba sin conocimiento de sus habitantes.

“Ahora es mucho más visible. A través del soborno, los madereros transfieren la autoría del delito ambiental a los indígenas. La situación era insostenible, los nativos resolvieron llevar a cabo una acción para protegerse. La tala era tan visible que los camiones pasaban por dentro de las aldeas”, señaló Diniz.
Fábio Teixeira, delegado de la Policía Federal de la ciudad de Imperatriz, la segunda más grande de Maranhão y a unos 100 kilómetros de Governador, dijo a Tierramérica que, a lo largo de los años, los taladores migraron hacia esa parte de la reserva y actualmente existen allí al menos siete grandes aserraderos.

“Deforestación hubo siempre, pero era puntual. Después de una gran operación de combate en otras localidades, muchos madereros se mudaron hacia Governador”, señaló.

Teixeira también admitió que la situación es “muy conflictiva” entre los indígenas y los hacendados y madereros que se están uniendo contra ellos.

Teixeira relató que en el incidente de los camiones, la propia población del pequeño municipio de Amarante, situado apenas a 20 minutos de automóvil de Governador, hizo una barricada con fuego y piedras en la carretera para bloquear el acceso de los indígenas a la ciudad, y la seguridad se reforzó con 20 agentes federales y 30 policías militares.

“No sabía que la ciudad estaba tan comprometida con la explotación ilegal”, reconoció el policía. “Su economía se sustenta en la madera y la actividad pecuaria. El propio poder municipal está implicado. No puedo dar detalles sobre nuestras operaciones, pero se intensificará la fiscalización”, aseguró.

Para Teixeira, la acción de los indígenas fue “un acto de desesperación” que pudo terminar en “un baño de sangre”. A partir de entonces, “los orientamos para que registren con fotos lo que vean como acciones ilegales dentro de la reserva, pues servirán como material de investigación”, aseguró.

Listas de espera a medida de Boi Ruiz


El consejero de Salud Boi Ruiz. 
JOAN SÁNCHEZ
El consejero de Salud, Boi Ruiz, compareció ante el Parlamento a principios de febrero para hacer algo poco frecuente en estos tiempos: dar una buena noticia. Según Ruiz, el número de personas que esperaban para ser operadas de alguna de las 14 intervenciones garantizadas había descendido un 12%. También lo había hecho el tiempo medio de espera, según explicó el consejero, en un anuncio que dejó a la oposición perpleja. ¿Cómo es posible mejorar las listas de espera al tiempo que se aplican unos durísimos recortes? La respuesta es: con trucos contables, presentando solo los datos más favorables y olvidando los peores.

Y algunos datos son negros. El tiempo medio de espera de las personas operadas aumentó un 35,7% en un solo año, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, según la información publicada por Salud días después de la intervención del consejero. En 7 de las 14 operaciones cuyo tiempo de espera máximo está garantizado por ley (seis meses), Salud ha incumplido ese límite. Es el caso de las intervenciones de prótesis de rodillas y cadera, con un efecto muy importante sobre la calidad de vida de los pacientes, el tiempo medio de espera ha sido de 9,7 y 7,6 meses, respectivamente. La espera para la operación de varices ha aumentado un 50%... 

La publicación de estos datos ha estado rodeada de polémica. El aumento de las listas de espera desde la aplicación de los recortes es un quebradero de cabeza para el departamento, al tratarse de uno de los efectos más visibles del tijeretazo. Quizás por ello Salud decidió en la última actualización semestral dar un dato nuevo. En lugar de publicar el tiempo medio de espera de los pacientes ya operados —que ha aumentado para las 14 intervenciones—, hizo público otro parámetro: el tiempo medio de espera de las personas pendientes de ser operadas, este mucho más favorable, ya que en diciembre había descendido para todas las operaciones una media del 15,9%.

El indicador informa de cuánto llevaban esperado en diciembre de 2012, cuando se hace esa foto fija, los pacientes pendientes de operación, en comparación con los pacientes que esperaban una operación en diciembre de 2011. Es una medida cuestionable para valorar las listas de espera. “Ese parámetro es un futurible, que en todo caso te indica cómo puede evolucionar el problema. Es el otro parámetro el que refleja la realidad, lo que ha sucedido de verdad”, argumenta Marian Rodríguez, de la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS), el grupo que descubrió la estratagema. Solo después de la denuncia de la PARS en un blog, Salud modificó la primera versión del documento e incluyó el segundo parámetro. 

Un 2011 “anómalo”

La consejería defiende que ha priorizado la intervención de las personas que llevaban más tiempo en la lista y que ha conseguido disminuir la cantidad de pacientes que esperan una operación. Después de un 2011 “anómalo”, el número de pacientes que esperan una operación es de 70.800, unos 9.700 menos que el año anterior, defendió el departamento. Para Josep Vendrell, portavoz de Sanidad de ICV, la situación sigue siendo “muy grave”. “Exigimos al consejero que comparezca de forma inmediata para explicar si hubo voluntad de maquillar esos datos”, declaró Vendrell. La exconsejera de Salud, Marina Geli, mostró su sorpresa por la utilización de ese nuevo parámetro y pidió “claridad” al departamento en las informaciones que publica. “Han quitado de la página web el histórico de las listas de espera”, denunciaron tanto Geli como los miembros de la PARS.

Madrid perderá 1.200 médicos especialistas en cinco años

  • El Gobierno de la Comunidad planea reducir la plantilla mediante jubilaciones forzosas más tempranas
  • Sanidad calcula que así ahorrá 60 millones de euros
  • Los sindicatos piensan que abona el terreno para privatizar más servicios al cubrirlos con empresas contratadas

La sanidad madrileña perderá unos 1.200 médicos especialistas en los próximos cinco años. El Plan de Recursos Humanos del Gobierno regional (PP) prevé que esas plazas se vayan extinguiendo a lo largo de un lustro y con ellas "unos 60 millones de euros" de gasto, según los cálculos de la consejería. La fórmula para adelgazar la plantilla es la jubiliación forzosa a los 65 años -hasta ahora se podía ampliar la vida laboral de forma casi automática hasta los 70 años- La dirección de Recursos Humanos sólo permitirá que se prolongue la actividad del 30% de los médicos. Esta reordenación de efectivos sanitarios era una de las medidas que el Ejecutivo de Ignacio González y su consejero Javier Fernández Lasquetty anunciaron en noviembre de 2012 com "clave" para mantener la viabilidad del sistema sanitario.

El consejero Javier Fernández Lasquetty
En los hospitales de la Comunidad de Madrid trabajan unos 15.500 facultativos, según los datos de Sanidad, (más los 5.200 residentes) por lo que la reducción afectará a un 7,7% de la plantilla general, sin contar los hospitales gestionados directamente por empresas como son los de las localidades de Torrejón de Ardoz, MSóstoles, Valdemoro o la Fundación Jiménez Díaz en Madrid capital. Sin embargo, los sindicatos del sector puntualizan que si se aplica la fórmula al resto del personal sanitario como son las enfermeras o los auxiliares de enfermería la pérdida de efectivos en los centros "puede ser más del doble". Según esa dinámica, los servicios que estén prestando esos trabajadores "serán susceptibles de privatizarse para mantenerlo de cara a los ciudadanos", calculan.

"En semanas" saldrán los documentos privatizadores

Además de presentar el plan de la consejería para forzar la salida de médicos de los hospitales (y por tanto de sus nóminas de los presupuestos), Javier Fernández Lasquetty ha reiterado que aunque, según sus palabras, sigue "negociando" medidas de ahorro, el núcleo del proyecto del PP madrileño que pasa por la privatización de la gestión de seis hospitales sigue su ritmo. Los pliegos que diseñarán el concurso para que las empresas se hagan con el control de los centros estarán cerrados "en las próximas semanas", ha dicho Lasquetty. También siguen ese procedimiento 12 centros de salud de Atención Primaria madrileños contra la que los directivos han presentado una dimisión preventiva en caso de que se lleve a cabo.