miércoles, 12 de junio de 2013

Nuevas denuncias sobre el alarmante número de suicidios en España por la brutal crisis económica y el paro descomunal

Martes, 11 Junio 2013 09:26 Publicado por Redaccion
Numerosos lectores están haciendo llegar nuevos testimonios y denuncias sobre el número de suicidios en España a causa de la crisis económica y el paro. Ante el silencio estadístico oficial y la complicidad de la mayor parte de la prensa, el testigo lo están tomando algunos medios y organismos que se atreven a dar cifras y porcentajes, aunque solo sean tentativos, porque es la única manera de sensibilizar a la opinión pública ante una tragedia de la que los políticos hacen oídos sordos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Española de Psiquiatría Privada (Asepp) o la European Job Movility Portal (EURES) se están tomando en serio este alarmante número de suicidios en el país de Europa con más desempleo (6,2 millones) y donde la crisis golpea de forma más brutal ante la insensible actitud de sus “representantes” en las instituciones públicas.

“La Estadística de suicidio se ha realizado ininterrumpidamente desde 1906 hasta 2006. Con periodicidad anual, ha recogido información tanto de los suicidios consumados como de las tentativas, estudiando el acto del suicidio con todas las circunstancias de tipo social que puedan tener interés”, reconoce el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero justamente cuando la crisis empezaba a golpear a España, el Gobierno de Zapatero silenció los datos: “Desde 2007, siguiendo los estándares internacionales en la materia, se ha adoptado la decisión de suprimir los boletines del suicidio, y obtener la información estadística relativa al suicidio a partir de la información que ofrece el boletín de defunción judicial que se utiliza para la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte”

El programa SUPRE (Suicide Prevention) de la OMS, dirigido a periodistas, recomienda no informar sobre los suicidios y atribuirlos a deficiencias mentales, nunca a la opresión económica o la asfixia laboral. Las asociaciones de la prensa en España también han recogido estas recomendaciones. El problema es que el “silencio estadístico y mediático” está previsto para épocas de “normalidad” económica, pero no de colapso social, pues si estos sucesos se esconden, jamás podrán ser analizados para poder evitarlos. Y no son las únicas censuras: las compañías aéreas recomiendan a los periódicos silenciar los accidentes de avión de otras latitudes si quieren acogerse a las compras masivas de ejemplares para su distribución en vuelos. Otras veces la censura es pura y dura, como ocurrió con el trágico accidente de metro en Valencia.Y es que en España, el debate se produce sobre las noticias que deben ser censuradas, no sobre el hecho arcaico y medieval de que la censura siga existiendo como en el siglo XIX, según reconocen los propios periodistas en encuestas que garantizan su anonimato y se realizan desde la universidad.

“La crisis arruina y mata. En España se producen a diario casos de suicidio ante los que los medios no informan. Se trata de no provocar alarma social y de atenuar la tragedia, se dice. De nuevo los efectos por encima de las causas. Y las causas tienen nombre y apellidos: casta política y financiera. Uno de los últimos casos ha sido el de una mujer minusválida en Málaga. La prensa ocultó el suceso, pese a la aparatosidad de su muerte, presenciada en vivo desde la calle por más de un centenar de personas“, denunciaba el diario “Alerta Digital”, que prosigue: “Son noticias que sacuden el país casi a diario y que no se mencionan. Ningún responsable político habla de la proliferación de suicidios en España. Pocas veces aparecen reflejados en las crónicas de sucesos. Aunque no hay cifras oficiales y muchos de estos casos se camuflan como accidentes, hay un suicidio diario a consecuencia de la precariedad económica, según EURES, la red creada por la Comisión Europea para facilitar la movilidad laboral. Es un presente duro el que está viviendo España. Tal vez el peor desde la guerra civil española. Y lo peor es que hay poco margen para la esperanza. ¿Cuántos más suicidios se seguirán ocultando en los próximos meses?“

La Asociación Española de Psiquiatría Privada (Asepp) también ha advertido de un repunte de la tasa de suicidios en España desde los 10 casos por 100.000 habitantes que se registraban hace tres décadas hasta los 15 casos actuales, un aumento del 50% que se ha producido de forma progresiva, y que se ha agravado como consecuencia de los efectos de la crisis económica. Incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) precisa en un informe que desde el inicio de la crisis económica se han efectuado 350.000 ejecuciones hipotecarias en España y las estadísticas indican que 34% de los suicidios que se producen son por los desahucios.

Stop Desahucios ha explicado que los suicidios son asesinatos de los que “son responsables todas las entidades e instituciones que los han provocado. Este ‘terrorismo de Estado’ está siendo protagonizado por las autoridades judiciales, por los banqueros, por los políticos y las administraciones públicas. ¿Cuántos muertos, esta vez no en fosas comunes sino en sus propias viviendas, necesita este Estado criminal para impedir los desahucios”, denuncia en una nota de prensa. Y es que según un reciente estudio de la revista científica “The Lancet”, que vincula la recesión económica de 2008 con el aumento de suicidios en la Unión Europea, el aumento del desempleo entre 2007 y 2009 (un 35% más en toda la UE) está relacionado con el incremento de las muertes voluntarias y esa es la razón por la que, al igual que en España, el suicidio termina liderando las causas externas de muerte en toda la UE.


¿Ropa sin sustancias tóxicas? Sí, se puede

 Desde que Greenpeace denunció el uso de sustancias tóxicas en prendas de vestir, cada vez más marcas están dejando de utilizarlas. La meta de Greenpeace es que se fabrique ropa sin esas sustancias en todo el mundo.

“Las marcas de moda convierten los ríos del mundo en desagües privados”, dice Manfred Santen, de Greenpeace. Algunas de las sustancias químicas utilizadas pueden producir trastornos hormonales y hasta cáncer. “En el país de fabricación de las prendas textiles, esas sustancias desembocan en los ríos a través de las aguas de desecho”, explica Santen. Pero también más tarde, cuando la ropa se vende en otros países, sigue despidiendo sustancias químicas al ser lavada, afectando así el agua potable y el espacio vital de los peces de todo el planeta.

Campaña Detox, de Greenpeace, fue 
un éxito.
Todas las marcas líderes de la industria textil emplean productos tóxicos, según pudo comprobar Greenpeace a mitades de 2012. La organización ecologista analizo 141 prendas de 29 países, en laboratorios independientes: jeans, vestidos, camisetas y ropa interior de marcas como Armani, Benetton, Calvin Klein, Diesel, Esprit, Gap, H&M, Jack&Jones, Levi's Mango, Metersbonwe, Only, Tommy Hilfiger, Vero Moda, Victoria's Secret y Zara. El resultado aterró a Santen: “No hallamos sustancias peligrosas en todas las prendas, pero sí en cada una de las marcas”, dijo.

Por ejemplo, en la marca de moda Zara, del grupo español Inditex, el laboratorio detectó en un jean la sustancia cancerígena NPE (Etoxilato de nonilfenol), que se degrada y produce una sustancia que, además de ser venenosa para los peces, actúa como disruptor hormonal. Esta sustancia se podría remplazar por otras no tóxicas. Las compañías alemanas dejaron de usar NPE en 1986 voluntariamente. En la Unión Europea, el uso de NPE está regulado estrictamente y desde 2005 solo puede usarse si no se vierte en los desagües. Pero la situación en otros países del mundo es muy distinta.

Exitosa campaña Detox, de Greenpeace

Luego de la campaña Detox, de Greenpeace, algunas marcas, como Adidas, Nike y H&M se comprometieron a abandonar el uso de sustancias perjudiciales para la salud y para el medio ambiente hasta el 2020. Zara incluso anunció que dejaría de usar por completo NPE a partir de mayo de 2013. Es por eso que Greenpeace exige que las compañías cumplan con lo prometido. “Queremos saber exactamente cuándo dejan de utilizar esos productos por completo”, dice Santen, y añade que Greenpeace planea controlar la puesta en práctica de esa medida.

La rama textil en el mundo aún no 
cuenta con suficientes controles.  
El problema, sin embargo, reside en que detrás de esas promesas hay enormes desafíos. “Muchas veces las empresas desconocen qué talleres producen los componentes de su vestimenta”, algo que sucede a menudo en las llamadas marcas defast fashion”, señala el experto, como H&M y Zara. Para poder seguir el ritmo acelerado de las nuevas tendencias, dichas compañías deben diseñar, producir y exportar prendas a otros países en muy pocas semanas. En ese marco de gran esfuerzo logístico “es difícil no perder el control sobre quién fabrica cada producto textil”, subraya Santen. “Un fabricante tiene cerca de 100 o 200 proveedores en China, Pakistán o Bangladesh, y éstos, a su vez, compran las sustancias necesarias para tratar hilos y telas de diferentes compañías, algunas de ellas, pequeñas empresas familiares, señala, por su parte, Alex Föller, director ejecutivo de la asociación TEGEWA, que representa a compañías que fabrican productos químicos para la elaboración o lavado de telas.

Ropa con sustancias no tóxicas no es más cara

Según experto, también se debería 
controlara proveedores de la industria 
textil.  
Si las compañías desistieran del uso de NPE, eso no encarecería el precio de la vestimenta, asegura Föller. La diferencia sería de apenas unos céntimos. Pero los controles, en cambio, sí podrían generar mayores costos. “Al menos en pruebas por muestra, las marcas deben verificar si sus proveedores cumplen con las normas”, explica. Pero Föller sugiere que “a los proveedores también se les debería advertir que corren peligro de que no se los contrate más si no respetan las reglas”.

Eso funciona muy bien en la industria automotriz. Desde hace varios años, las proveedoras de autopartes deben garantizar con su firma que los productos que utilizan son atóxicos. Hans Pfeil dirige el departamento de toxicología en la filial de Ford de la ciudad de Colonia. “Si detectamos que no se cumple con nuestras exigencias, aclaramos el caso en detalle”, explica. Si un proveedor de partes no deja de usar sustancias peligrosas, ya no se le permite trabajar con la empresa, dice Pfeil. El objetivo de Greenpeace es que también en los ríos de Bangladesh, China y Vietnam se dejen de volcar aguas de desecho que contienen sustancias tóxicas. El ejemplo de la industria del automóvil lo demuestra claramente: también las cadenas complejas de distribución pueden ser controladas eficientemente.

Autor: Ralph-Heinrich Ahrens / CP
Editor: Claudia Herrera Pahl

Comemos veneno: "El cáncer, la infertilidad y la diabetes son por la comida"

''EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS SE DISPARARÁ''

Marie-Monique Robin, autora de 'Las cosechas del futuro' (Península)

“El aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y el cáncer está directamente relacionado con los alimentos que comemos. Las hormonas sintéticas presentes en los fertilizantes y pesticidas que entran en contacto con la comida son muy peligrosas para la salud y no suelen detectarse en los análisis toxicológicos, por lo que se invalida el principio de que la ‘dosis hace el veneno’”. Con esta advertencia a modo de carta de presentación, la galardonada documentalista y periodista Marie-Monique Robin nos introduce en el mundo de la agroindustria, su campo de investigación desde hace más de una década, y sobre el que versa su último ensayo: Las cosechas del futuro. Cómo la agroecología puede alimentar al mundo (Península).

Una obra fruto del análisis comparativo de diversos sistemas de producción alimentaria que, en sintonía con otras anteriores como Nuestro veneno cotidiano y El mundo según Monsanto, cuestiona el mito de que la bajada del precio de los alimentos o de que el fin del hambre en el mundo solo son posibles mediante la producción industrial de alimentos. La principal novedad que aporta la autora gala con este último libro es que existe una alternativa demostrable, “más sobresaliente de lo que creía antes de iniciar la investigación”, y que se llama agroecología.

El cáncer de cerebro y la leucemia están creciendo a un ritmo anual del uno al tres por ciento entre los niños, según la OMS”

La transición de la agroindustria a la agroecología todavía es posible, explica Robin, pero aun existiendo la voluntad política necesaria para propiciar los cambios legislativos que la permitan, “llevará muchos años descontaminar las tierras y las aguas subterráneas hasta poder producir alimentos sanos”. Es por ello que urge, en primer lugar, limitar el uso de pesticidas y transgénicos. “España es el país más permisivo de la UE con el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y la comercialización de otras sustancias tóxicas, como el bisfenol A que en otros lugares como Francia está prohibido”.

Una permisividad, alerta la autora gala, con unas consecuencias más que visibles: “Las parejas españolas son las que más problemas tienen de infertilidad en toda Europa, al afectar a una de cada cuatro”. Al mismo tiempo, los cánceres de cerebro y la leucemia están creciendo a un ritmo anual del uno al tres por ciento entre los niños, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ponen también de relieve el auge del origen fetal de las enfermedades en la edad adulta (presuntamente por el tipo de alimentación de la gestante). “La propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ya se está dando cuenta de estas consecuencias y reconociendo las deficiencias del principio toxicológico de que 'la dosis hace el veneno’ debido a las indetectables hormonas sintéticas, como demuestra la mayoría de literatura científica sobre esta cuestión”, apunta Robin.

El cenit del petróleo lo será también de la comida barata

Tradicionalmente se ha relacionado el bajo coste de los alimentos con los monocultivos, el uso de pesticidas y fertilizantes para reducir las plagas, así como otras técnicas modernas de producción a gran escala. Sin embargo, Robin afirma que “los precios de los alimentos que compramos en el supermercado son completamente falsos porque no incluyen los costes directos ni los indirectos”.

Los gastos derivados del tratamiento de las aguas contaminadas, del pago de las tasas por los gases de efecto invernadero, de las subvenciones (para el gasóleo, para exportar o directamente de la Política Agraria Común de la UE), así como de los sistemas públicos de salud, por el aumento de enfermos crónicos, son algunos de los costes asociados a la agroindustria que no se incluyen el precio de origen. “Si sumamos todos estos costes a los productos en origen, su precio subiría y serían más caros que los ecológicos”. Además, añade Robin, más de la mitad del precio está engordado por los intermediarios y finalistas.

Tendrán que pasar muchos años para descontaminar las tierras y las aguas subterráneas hasta poder producir alimentos sanos”

Una realidad de la que no estamos muy lejos, según la autora gala, para quien antes o después tendrá que dispararse el precio de la comida, ya sea por el fin de las subvenciones (como se prevé con la PAC), por la creciente especulación bursátil con las materias primas en los mercados de futuro, o por el no menos inminente encarecimiento de los combustibles fósiles como el petróleo y el gas, debido a su cenit.

Los productos químicos utilizados en la agroindustria se elaboran a partir de petróleo y gas, por lo que un aumento en el precio de estos recursos, junto a la escasez de agua, pondría a la agroindustria en la encrucijada. “Esta es la gran debilidad de las industrias alimentarias. Se sustentan sobre un modelo que depende de los combustibles fósiles, y está claro que el precio de éstos será cada vez mayor, por lo que el de los alimentos será parejo. No tiene sentido que la alimentación en el mundo dependa de la producción de petróleo en una región tan convulsa como es Oriente Medio”, lamenta Robin.

Alimentos saludables en un mundo sostenible

Las perniciosas consecuencias para la salud y el medio ambiente de la agricultura industrial, así como la crónica de una muerte anunciada que Robin comenzó a describir antes incluso de que se produjesen las primeras crisis alimentarias en Latinoamérica (relacionadas con los biocarburantes) han llevado a la francesa a recorrerse el mundo en busca de alternativas ecológicas. Después de estudiar diferentes técnicas agroecológicas pudo comprobar que su rendimiento puede ser mayor que con técnicas propias de la agroindustria.

La gran debilidad de la agroindustria es que se sustenta sobre un modelo dependiente de los combustibles fósiles”

“Muchas veces, cuando hablamos de agroecología pensamos que se trata de volver a las técnicas empleadas por nuestros abuelos. No es así, se trata de prácticas mucho más complejas que dependerán de la zona geográfica donde se desarrollen, del tipo de cultivo o del tipo de tierra”, explica la autora. Sin embargo, Robin sí pudo comprobar que todos ellos coincidían en un principio básico: la complementariedad. “Se trata de un principio común mediante el que se busca complementar la biodiversidad del medio, mediante rotación de cultivos o interfiriendo en los ciclos biológicos de los insectos, para prevenir plagas y aumentar la producción”.

La demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores ha aumentado proporcionalmente al deterioro de la cadena alimentaria, “pero la oferta todavía no llega para abastecerlos a todos”, apunta Robin. Para hacerla extensiva a todo el mundo no llega con la concienciación del consumidor, que al fin y al cabo es el que más poder detenta con sus decisiones de compra, sino que se necesitan medidas políticas concretas.

Entre las propuestas más urgentes para facilitar el cambio, la periodista cita “la prohibición de la especulación con alimentos, el fomento de la soberanía alimentaria mediante una férrea protección de los mercados y agricultores locales, y el acortamiento de las cadenas de distribución buscando conexiones directas entre consumidores y productores”. Solo mediante la eliminación de los intermediarios y finalistas, explica la francesa, el precio de los alimentos orgánicos se reduciría hasta en un 90%”.

Las bases para posibilitar un cambio de modelo están puestas “desde hace muchos años”, pero de no iniciarse una pronta transición, advierte Robin, “no podremos anticiparnos a las crisis alimentarias que resurgirán en cualquier momento”.

El culebrón de la central nuclear de Garoña

Entrada de blog por Raquel Montón - junio 11, 2013

En menos de un año el Gobierno de España, Iberdrola y Endesa, y el CSN han abierto y cerrado Garoña tres veces, ignorando completamente las lecciones aprendidas en Fukushima.

En julio del año pasado el Gobierno emitía una orden para su posible continuidad, Iberdrola y Endesa declinaban la oferta y pedían una prórroga para solicitarlo más adelante cuando las condiciones económicas le fueran más favorables, el CSN se lo denegaba por motivos de seguridad.

En diciembre Iberdrola y Endesa se adelantaban y paraban la nuclear, el Gobierno les llamaba chantajistas, y el CSN seguía la tramitación del cierre. En febrero el Gobierno se hacía el remolón en la entrega de los papeles para la tramitación del cierre.

En mayo el Gobierno le pedía al CSN que le deje abrir Garoña pero parada. El CSN que nueve meses antes había dicho que no, ahora dice que si. Pero el Gobierno después de todo el jaleo, va y dice que ahora no le da la gana. El CSN agacha las orejas y sigue con el plan de cierre. Iberdrola y Endesa siguen diciendo que necesitan los favores económicos del Gobierno para poner en marcha su nuclear.

Todo este desatino se quedaría en burla si no fuera porque estamos hablando de un reactor nuclear de más de 40 años, gemelo al de Fukushima, y resulta estremecedor leer en el informe publicado por el Parlamento de Japón, que el accidente nuclear fue consecuencia de la trama entre el gobierno, el regulador y la compañía eléctrica, exactamente lo mismo que está sucediendo en España.

Hoy estamos denunciando en la II Conferencia Europea de Seguridad Nuclear, que las pruebas de resistencia que puso en marcha la Comisión europea tras el accidente de Fukushima han sido evadidas por Garoña, porque este Garoñagate ha generando una indefinición jurídica y normativa que avala tanto el incuplimiento de las pruebas de resistencia en caso de cierre, como en caso de reapertura de Garoña.

Raquel Montón (@RaquelMonton), responsable de la campaña Anti-Nuclear de Greenpeace


El Gobierno no quiere comparativas de alimentos

La OCU denuncia que una disposición en la Ley de Cadena Alimentaria pone trabas a análisis como los que descubrieron carne de caballo en las hamburguesas
La OCU detecta carne de caballo en hamburguesas de Eroski y Ahorramás.
Carlos de Prada, Madrid. 11/06/2013

Carne de caballo en las hamburguesas. Fletán por lenguado. Coliformes fecales en las tartas de chocolate. Todo esto no podrá ser descubierto, o será mucho más complicado de descubrir después de que el Gobierno haya introducido una disposición adicional en la Ley de Cadena Alimentaria que, según la OCU, "va a hacer prácticamente imposible que se realicen análisis comparativos de alimentos en España".

Si el Gobierno no da marcha atrás, podría ser un grave atentado a la libertad de expresión y al derecho de los consumidores a ser informados adecuadamente de la seguridad y la calidad de los productos, algo que inquieta mucho a la población española, en especial tras la sucesión de informes que han desvelado los más diversos fraudes alimentarios.

La disposición adicional introducida por el Grupo Popular se incluyó como una enmienda de última hora y por lo tanto sin margen para su debido debate en el Congreso, quedando ya solo la esperanza de que se corrija en el Senado, y establece toda suerte de requisitos y trabas para los análisis y estudios que puedan revelar problemas en la cadena alimentaria, tales como, por ejemplo, los que tengan que ver con la posible contaminación de los alimentos o con fraudes.

Entre otras cosas, la disposición fija que "cualquier estudio que vaya a publicarse basado en análisis de productos alimentarios tenga que ser presentado antes a la industria que puede resultar afectada, para que esta pueda contradecirlo". De modo que, antes de que el estudio haya llegado siquiera a finalizarse y publicarse, las entidades que lo estén realizando, como puedan ser centros científicos y/o asociaciones de consumidores, por ejemplo, se verán sometidos al escrutinio de las empresas interesadas cuyos productos sean analizados. Y esperando, quien sabe cuánto tiempo, a que estas realicen un contraanálisis que presumiblemente desmonte sus resultados. Después, habrán de volver a esperar a que alguien (que no se detalla en la enmienda introducida por el Grupo Popular) haga un tercer informe que dirima el resultado, que habrá que ver cuál es.

Como ha comentado la OCU en una nota, "los últimos escándalos en materia de alimentación destapados en España no han gustado nada a Agricultura y esta disposición es la respuesta. La calidad de la leche, el fraude del aceite de oliva virgen extra o las hamburguesas con carne de caballo no han concluido en expedientes sancionadores sino todo lo contrario. El Gobierno pretende que este tipo de análisis no se vuelva a realizar y los consumidores adquieran los productos con la información, interesada, que les da la propia industria"

La libre realización de informes que critiquen deficiencias en productos alimentarios, tal y como la hemos conocido hasta ahora, y que ha alertardo de numerosos fraudes a la sociedad, podría llegar a su fin o verse tremendamente dificultada. No solo por la posibilidad de vetarlos, de facto, durante un tiempo aún indeterminado, sino también por el previsible encarecimiento de su realización y otras dificultades, así como por la posible pérdida de interés de sus resultados con las demoras que podrían producirse en algún caso, y eso si los informes llegasen a publicarse y no se viesen frenados durante años en un mar de pleitos con la Administración y empresas que podrían bloquearlos alegando las más diversas razones.

Pero es que, además, la disposición establece, remitiendo al desarrollo de reglamentos que lo detallen, cómo habrán de realizarse los análisis y estudios, inclusive la toma de muestras, quiénes estarán autorizados, y quiénes no, a realizar los análisis, con qué criterios deberán evaluarse los resultados y de qué forma deberán interpretarse y comunicarse a la sociedad. De fondo, además, se amenaza a quienes quieran realizar los informes ya que de no someterse a lo estipulado, se les aplicaría, sorprendentemente, la normativa de Competencia Desleal, que permite una serie de acciones represivas que aún servirán más de advertencia.

Ocho de los 12 expertos, a sueldo de banca y aseguradoras

Solamente ha habido una mujer en el grupo. El presidente ha estado vinculado a FAES

JORGE OTERO Madrid 07/06/2013 16:38 Actualizado: 07/06/2013

Ocho de los 12 expertos que han formado el comité de expertos para la reforma de las pensiones han trabajado o han estado a sueldo de la banca o las aseguradoras, sectores ambos con importantes intereses en esta materia. 

Estos son sus perfiles:

Víctor Pérez-Díaz. Presidente del comité de expertos impulsado por el Gobierno. Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, es conocido en los círculos de la derecha como el sociólogo liberal. Además de su actividad docente, ha formado parte de los consejos asesores de empresas como del despacho de abogados Uría Menéndez, Repsol, Fundación Caixa Galicia y Unespa, la patronal del seguro. Ha colaborado con FAES.

Rafael Doménech. Es el actual Jefe de Estudios del BBVA, y pertenece, como Pérez-Díaz, al Grupo de Reflexión de la patronal Unespa, que aboga por ampliar la edad de jubilación. Además, es miembro del Foro de Expertos del Instituto de la aseguradora Aviva sobre Pensiones y Ahorro, que defiende incrementar los planes de pensiones privados. Fue subdirector de la Oficina Económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Manuel Lagares Calvo. Un clásico. Fue subsecretario de Estado de Economía en el primer Gobierno democrático de Adolfo Suárez, cuando Enrique Fuentes Quintana era vicepresidente económico. Asesoró a los entonces presidentes Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. También fue consejero independiente de la aseguradora Mapfre y director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Miembro del consejo editorial de El Mundo. Es catedrático de Hacienda Pública en excedencia en la Universidad de Alcalá de Henares.

Mercedes Ayuso. Catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona, es miembro del Grupo de Investigación de Riesgo en Finanzas y Seguros (Riskcenter, IREA-UB). Su especialidad es la economía actuarial y se ha centrado en la modelización estadística y en la econometría de funciones biométricas, como por ejemplo la esperanza de vida. Ha publicado Una propuesta de reforma del sistema de pensiones español. Es la única mujer del comité.

Francisco Castellano Real. Catedrático de Hacienda Pública en la Uned, es jefe de la asesoría fiscal de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA).

José Ignacio Conde-Ruiz. Es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), vinculada a los grandes bancos y empresas españolas (Santander y La Caixa, Iberdrola, Repsol o la Fundación Ramón Areces). Compatibiliza su labor en Fedea con la de profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor libroLa economía política de las pensiones en España, editado por la Fundación BBVA.

José María Marín Vigueras. Es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid y un auténtico especialista en mercados financieros.

José Enrique Devesa Carpio. Profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia, ha colaborado habitualmente con la Fundación Edad y Vida, que reúne en su patronato a las mayores aseguradores del país –DKV, Caser, VidaCaixa…–.

Miguel Ángel Vázquez Burgos. Periodista. Ha desarrollado casi toda su carrera en Unespa, la patronal del seguro, donde Actualmente es director de Análisis y Estudios. Antes fue responsable de comunicación.

Miguel Ángel García Díaz. Director del gabinete de estudios de CCOO, es de los pocos que defiende un sistema público al 100% de las pensiones. Es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

José Luis Tortuero. Catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense y autor de un estudio sobre la reforma del sistema de pensiones para el anterior Gobierno socialista.

Santos M. Ruesga. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en relaciones laborales. Forma parte del comité a propuesta del PSOE. Representó a UGT en el consejo de administración de RTVE. Autor del informe Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social en España.