martes, 17 de junio de 2014

3.800 médicos exigen a la ministra de Sanidad que detenga el daño sanitario de los pesticidas

20 Febrero 2014
Piden una regulación más estricta de los disruptores endocrinos

Los Ministerios de Sanidad, Agricultura e Industria, bajo cualquier color político, se despreocupan de la salud de la población. Su pasividad ha llevado a la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que reúne a 12 sociedades científicas y 3.800  médicos y científicos, a exigir  a la ministra de Sanidad, Ana Mato, y a las autoridades de la Unión Europea que actúen contra el daño de los pesticidas en la población. “Estamos viviendo las consecuencias de la pérdida de calidad democrática, lo que se traduce en la inactividad de las sociedades (cómplices de intereses) que tienen que defender la salud de la población”, señala Idelfonso Ramírez, presidente de SESPAS. Esto explica, a su juicio, la pasividad de las agencias europeas que, en lugar de velar por los ciudadanos, se someten a las presiones del lobby químico que frena la regulación y la implantación de políticas para reducir riesgos.

SESPAS pide a la ministra Ana Mato y a la Comisión Europea una regulación más estricta de los disruptores endocrinos por la amenaza que suponen para la salud de la población. Los disruptores endocrinos son productos químicos componentes de multitud de productos de uso diario. Su incorporación al organismo humano puede producir problemas de salud reproductiva (infertilidad, malformaciones congénitas), tumores y otras enfermedades en órganos hormono-dependientes (mama, próstata, testículo, tiroides), enfermedades metabólicas (diabetes, obesidad), enfermedades inmunológicas y alteraciones en el desarrollo del sistema neurológico, entre otras. Además de los efectos directos en la salud humana estos contaminantes tienen efectos negativos en el medio ambiente.

“La defensa de la salud de la población no está entre las preocupaciones de los ministerios. Únicamente se puede hacer una excepción con el Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona que firmó el Convenio con Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Pero una vez aprobado en Consejo de Ministros nunca salió del cajón”, denuncia Miquel Porta, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona y portavoz de SESPAS. Porta hace extensiva su denuncia a las consejerías de las comunidades autónomas a las que también acusa de pasividad. “Tras largos debates en la UE parece que por fin hemos conseguido que los toxicólogos dejen de despreciar a los expertos en epidemiología clínica. Se impone la obligación de realizar análisis por la exposición ambiental de los trabajadores”, señala Nicolás Olea, catedrático de Radiología de la Universidad de Granada.

“Aunque los pesticidas no son la única causa, queremos manifestar públicamente nuestra voluntad de hacer frente a los peligros de estos productos. Parece que hay una asociación positiva entre la exposición ocupacional a los pesticidas y ciertas enfermedades en adultos: Parkinson, cáncer de próstata y algunos cánceres hematopoyéticos (linfoma no Hodgkin, mieloma múltiple)”, advierten  1.200 médicos de Francia y el Caribe que alertan del daño de los pesticidas en la salud de los ciudadanos en una declaración efectuada el 31 de enero. En el manifiesto que suscriben solicitan el reconocimiento de nuevos cuadros de enfermedades profesionales agrícolas cuya aparición está relacionada con la exposición a los pesticidas. Además exigen al Estado francés y a la Unión Europea que demuestren que han tomado las medidas de seguridad pertinentes.

Un juez reconoce por primera vez una incapacidad absoluta por fibromialgia

La mujer cobrará una pensión acorde a su estado Existen otros casos, pero los demandantes tenían además otras dolencias

Y. HUERTAS GRANADA | ACTUALIZADO 17.06.2014

Miguel Garrido Belmonte,abogado 
de la afectada, cree que esta 
resoluciónabre la puerta a otros 
enfermos. 
Los jueces no son médicos, pero impartiendo justicia pueden aliviar el desasosiego y la desesperanza de muchas personas que por culpa de sus dolencias no pueden llevar una vida normal. A C.M.M., una vecina de Armilla de 59 años que padece fibromialgia desde hace cinco, la Justicia le ha reconocido una incapacidad permanente absoluta derivada de su enfermedad, que le permitirá cobrar una pensión acorde a su situación.

La resolución, que según su abogado es la primera dictada en la provincia en estos términos de la que se tiene constancia, fue emitida en octubre de 2013 por el Juzgado de lo Social 1 de la capital y ha sido confirmada recientemente por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA).

La demandante ha estado representada en el proceso por el letrado y graduado social Miguel Garrido Belmonte, que ha realizado un concienzudo rastreo en la jurisprudencia en busca de procesos judiciales por casos similares al de su cliente, encontrando sólo uno muy parecido en Cataluña. "Existen otras sentencias en las que se les concede al actor o actora la incapacidad permanente absoluta, pero no por el simple hecho de padecer fibromialgia, sino también otras enfermedades que redundaban en el empeoramiento de esa dolencia", aclara el abogado.

En el caso de la vecina de Armilla, el juzgador, que fue el magistrado Jesús Rodríguez Alcázar, ha declarado su "derecho a percibir una pensión mensual equivalente al 100 % de su base reguladora, con los incrementos, actualizaciones y revalorizaciones que fueran oportunas y desde la fecha reglamentaria establecida, condenando al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a estar y pasar por dicha declaración".

Se trata, por tanto, de una sentencia que abre la puerta a otras pacientes que sufren junto a sus familiares esta 'enfermedad silenciosa' para luchar por una pensión acorde a su situación y limitaciones. 

En el caso de C.M.M., a veces no puede ni levantarse de la cama. Los intensos dolores que tiene y la depresión generada por la enfermedad se lo impiden. Su débil estado de salud hace que muchos días transcurran sin que pueda pisar la calle.

C.M.M. era antes de caer enferma una persona muy activa. Casada y con dos hijos, era representante comercial de puertas, pero la fibromialgia fue acabando con sus fuerzas para seguir desarrollando su labor profesional.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Granada Hoy, el juez destaca que la principal patología que presenta la granadina "es la fibromialgia", una enfermedad crónica y compleja, con presencia calculada en entre un 2-3 % de la población española, que provoca dolores que afectan a la esfera biológica, sociológica y social del paciente, "con un alto índice de frecuentación y elevado consumo de recursos sanitarios".

Su gravedad se mide en puntos y la granadina presentaba "18 puntos en gatillo doloroso sobre 18 puntos posibles de fibromialgia", lo que supone un cuadro clínico acreedor de una incapacidad permanente absoluta. "Es cierto -advierte el fallo- que el simple diagnóstico de esta enfermedad no puede convertirse en un seguro para la obtención de la declaración de incapacidad permanente absoluta, debiendo valorarse el estado global del trabajador afectado, evolución, etc". Y en el caso de C.M.M., además de tener la máxima puntuación en la medición del alcance de su dolencia, "existen reiterados informes de la sanidad pública en los que se recoge el alto efecto incapacitante que la enfermedad tiene en este supuesto concreto para la demandante, con un historial de dolor generalizado y síndrome depresivo".

Uno de esos informes fue emitido por un médico forense, que indicó que la mujer "no" podía desarrollar un trabajo con profesionalidad, dedicación, eficacia y rendimiento de forma continua y estable, "lo que conduce -concluye el juez- a estimar que no es factible el que desarrolle una actividad laboral aún de tipo liviano o sedentario". Lo mismo ha opinado el TSJA, que desestimó en abril el recurso del INSS.