viernes, 9 de enero de 2015

El derecho a la salud y las patentes de medicamentos

Las patentes se tornan en un obstáculo para el ejercicio del Derecho a la Salud y para el acceso a medicamentos por parte de sus potenciales beneficiarios: los pacientes.

nuevatribuna.es | Por Oscar Lanza | AIS-CODEDCO-IBFAN-FUNAVI (Bolivia) | 08 Enero 2015
Foto: Revista Polémica.  
Las patentes dificultan actualmente la libre difusión de las innovaciones frenando el desarrollo tecnológico

Todos reconocen la necesidad de introducir nuevos conceptos y estrategias en el debate global que se da actualmente sobre el ejercicio del Derecho a la Salud y el acceso a los medicamentos esenciales a nivel mundial.

Lamentablemente, este Derecho Humano fundamental todavía se ve obstaculizado por el actual sistema de patentes. Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un estado al inventor de un nuevo producto o tecnología susceptibles de ser explotados comercialmente por un período limitado de tiempo, a cambio de la divulgación posterior de la invención. La patente se enmarca dentro de la propiedad industrial que a su vez forma parte del llamado régimen de propiedad intelectual.

Los medicamentos son ciertamente el resultado de investigación, usualmente de un laboratorio. Luego estos, se comercializan sujetos a la protección comercial que brindan las agencias internacionales de patentes a ese producto que contiene un principio activo nuevo, derivado de años de investigación y que es comercializado por el dueño de la patente, bajo un nombre comercial de marca registrada. Las normativas establecen que todo medicamento que tenga un nombre específico, debe ser usado solamente por esa determinada firma comercial o industrial que lo ofrece a la venta.

La patente, sin embargo, no se limita a la molécula, sino también a la formulación, mecanismo de producción, o asociación con otras moléculas. Mediante sucesión de patentes las industrias farmacéuticas buscan y consiguen prolongar el periodo de exclusividad de sus presentaciones comerciales, aun cuando presentaciones anteriores de la misma molécula hayan quedado libres.

Las patentes sin embargo, ahora se tornan en un obstáculo para el ejercicio del Derecho a la Salud y para el acceso a medicamentos por parte de sus potenciales beneficiarios: los pacientes.

Esta situación afecta a todos y en particular a las poblaciones de los Países en Vías de Desarrollo (PVD) donde las patentes ya no responden al fin para las que fueron establecidas, ya que inicialmente se buscaba con ellas, como ventajas posibles, motivar la creatividad del inventor, otorgarle la garantía de que su actividad inventiva estará protegida por 20 años y será el único autorizado en explotarla. Si la patente tiene éxito comercial o industrial, el inventor se beneficia por tanto con la o las licencias de explotación que decida otorgar a terceras personas. Con la patente se trata también de evitar el plagio de inventos. Por su parte, el Gobierno, a través de la patente, promueve la creación de invenciones de aplicación industrial, fomenta el desarrollo y explotación de la industria y el comercio, así como la transferencia de tecnología.

Hoy en día, sin embargo, las desventajas son evidentes, pues las patentes dificultan actualmente la libre difusión de las innovaciones frenando el desarrollo tecnológico, se constituyen en obstáculos monopolistas opuestos a la libre competencia, dificultan el acceso de los países en vías de desarrollo a las nuevas tecnologías e información, desincentivan la investigación al establecer un período de utilización exclusiva de una tecnología sin necesidad de mejorarla.

Así, se plantea la necesidad de re-definir con mayor claridad, qué se considera innovación en materia de medicamentos, establecer el grado de respeto con ellas a la auto determinación de los países y/o estados, para que éstos estados puedan cuidar apropiadamente de la salud de sus poblaciones y mantener al mismo tiempo una racionalidad en el uso de patentes de acuerdo a sus características propias, teniendo en cuenta no solo los aspectos económicos y sus presiones, si no la perspectiva de justicia social, y respeto a derechos humanos.

El desafío es incentivar la investigación de manera que se estimulen y premien los nuevos descubrimientos farmacológicos y la innovación terapéutica y una recuperación de inversiones efectuadas para la Investigación y Desarrollo (I+D), pero sin abusos que afecten en exceso los derechos de los pacientes.

LAS PATENTES Y SUS FLEXIBILIDADES

Si bien se admite que el sistema de patentes, con las desventajas señaladas, entre muchas otras, cumplen en algo su función de incentivo en el descubrimiento de nuevos productos, buena parte de estos descubrimientos no resultan accesibles a las personas que verdaderamente los necesitan, por sus precios prohibitivos, identificándose así un serio problema estructural pendiente de resolver.

Algunos investigadores señalan que la innovación y la investigación médica, es posibles gracias a fondos públicos destinados por los gobiernos a apoyar la educación superior. En otras palabras son los impuestos de los ciudadanos que contribuyen, hasta en un 41% en algunos países, para la formación de recursos humanos y profesionales y por tanto para investigación que ellos realizan. Pero cuando estos investigadores descubren un principio activo, el fruto de de su labor no beneficia al conjunto de la sociedad que costeo su formación, si no los beneficios de su descubrimiento benefician a las empresas para las cuales trabajan y que usualmente promueven la investigación, no precisamente de enfermedades prevalentes y prioritarias que afectan a gran parte de la población mundial, si no a problemas de salud que afectan a los ciudadanos del mundo desarrollado, con aceptables o altos ingresos y algunos de los cuales son más bien problemas que pueden ser catalogados como mas banales que reales.

Ante esta situación, en noviembre del 2001, los gobiernos Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), adoptaron por consenso una Declaración relativa a los Acuerdos de Propiedad Intelectual ADPICs y la Salud Pública, conocida como la Declaración de Doha, buscando así responder a las preocupaciones manifestadas por buena parte de los estados, sobre el hecho que los ADPIC continúen dificultando el acceso a medicamentos a los pacientes.

Esta declaración, señala que “los ADPICs no impiden ni debe impedir que los gobiernos Miembros de la OMC adopten medidas para proteger la salud pública, reafirmando el derecho de los estados miembros, de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto”. Esta declaración subraya que “los ADPICs deberán ser interpretados y aplicados de manera que apoyen el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos”.

En cuanto a la concesión de licencias obligatorias, la Declaración establece con claridad que “todo miembro de la OMC es libre de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias”, estipulando que en situaciones de emergencias nacionales y otras circunstancias de extrema urgencia, no será la licencia requisito previo para el otorgamiento de una licencia obligatoria. La Declaración establece que cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional o circunstancias de extrema urgencia, y que crisis que afectan a la salud pública, como el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden considerarse situaciones de esa naturaleza.

La Declaración también se refiere al “agotamiento” de los derechos de propiedad intelectual y, por tanto, al derecho de los Miembros a autorizar importaciones paralelas. Así, cada país debe adoptar, a escala nacional, las medidas necesarias para recurrir a esta flexibilidad, cuando sea preciso, si desea garantizar la disponibilidad de medicamentos a precios asequibles.

Los costos inaccesibles de muchos de los nuevos medicamentos siguen afectando el derecho a la salud de los ciudadanos

MÁS ALLA DE LAS BUENAS INTENCIONES

Si bien la Declaración de Doha significó un avance significativo para favorecer el acceso a medicamentos, muchos estados miembros de la OMS, después de más de 12 años de ese acuerdo, expresaron durante la última Asamblea Mundial de la Salud 2014 (67ava. AMS/WHA), sus preocupaciones sobre el grado de implementación de este acuerdo para favorecer un real acceso a medicamentos.

Algunos estados expresaron que los costos inaccesibles de muchos de los nuevos medicamentos, siguen afectando el derecho a la salud de sus ciudadanos, citando como ejemplo los altos costos de medicamentos contra el cáncer y la hepatitis C, llamando la atención de los delegados sobre la evidente contradicción entre proponer avances "hacia la cobertura universal de salud y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud", con lo que ocurre en la práctica con el acceso a medicamentos, proponiendo la necesidad urgente de respuestas coherentes y coordinadas para hacer frente a las "determinantes del acceso a los medicamentos esenciales para mejorar su disponibilidad, accesibilidad, calidad y racional utilización".

Sud África, enfatizo que "el alto precio de los medicamentos, en particular en el sector privado, representa una barrera clave para el acceso a los medicamentos esenciales, derivando en una cuestión de la vida y muerte", sugiriendo estrategias claves a adoptar por los estados miembros, como ser: el control del precio de compra, el pleno uso de las flexibilidades de los ADPICs, mayor seguimiento a los sistemas de disponibilidad de medicamentos; sistemas regulatorios mas transparentes para la producción de genéricos; políticas de sustitución de genéricos, fomento de la competencia para incrementar la producción de genéricos, enfatizando que ”las patentes aun tienen un impacto dramático en el acceso a los medicamentos”.

Brasil señalaba que "la propiedad intelectual no debe ser un obstáculo para las políticas nacionales en materia de acceso a los medicamentos y por tanto, los países deberían ser capaces de utilizarlos de una manera que sea propicia a sus circunstancias nacionales". Malasia apoyaba plenamente el uso de flexibilidades en cuanto a los de los ADPICs. Bolivia expresaba su preocupación por el impacto negativo de los acuerdos bilaterales, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), actualmente en fase de negociación, que tiene impacto negativo sobre el acceso a los medicamentos.

La industria farmacéutica, continúa siendo una de las industrias con mayores beneficios en la economía mundial

ALGUNOS DATOS

A pesar de más de 20 años de debate y de innumerables propuestas, es innegable que la industria farmacéutica, continúa siendo una de las industrias con mayores beneficios en la economía mundial.

Muchísimas personas mueren, especialmente en los países en vías de desarrollo de enfermedades que son prevenibles y/o curables. La malaria, la tuberculosis, las infecciones -respiratorias agudas cobran, entre otras, un promedio de 6,1 millones de vidas anuales. La gente aun muere debido a que los medicamentos para tratar esas enfermedades resultan inexistentes o bien ya no son eficaces. Mueren porque sus dolencias no resultan rentables y por tanto lo pagan con su vida.

En EEUU, mientras las 500 empresas más grandes tienen un promedio de tasa de beneficio del 5%, las 10 empresas farmacéuticas más grandes de ese país, registran un promedio del 17% de beneficios.

Estos enormes beneficios resultan de la protección que les ofrece el estado, para imponer o dictar el precio de los productos farmacéuticos al nivel que deseen, a través de las patentes. Otros países garantizan que el laboratorio que produce un medicamento defina el precio del mismo, gracias al monopolio de patentes, impidiendo así, por varios años, que otros laboratorios produzcan el mismo fármaco o uno semejante. El mercado funciona en el sector farmacéutico muy rentablemente gracias las patentes, que permiten se impongan precio de los productos. Así, las patentes aseguran a las empresas el poder de controlar la producción y distribución, con un comportamiento claramente monopolístico.

Por ejemplo, un nuevo tratamiento para hepatitis C, cuesta 25.000 euros por paciente en Europa, mientras en EEUU cuesta USD 84.000 dólares (unos 63.000 euros) por paciente. Egipto, sin embargo, por citar un ejemplo, produce el mismo fármaco genérico por 900 dólares (unos 675 euros) y la India dispone de un producto idéntico por 200 dólares (unos 150 euros). Es claro que resultaría más económico que los Estados fuesen quienes investigaran y desarrollaran los productos que necesitan.

Por ello, los países más pobres alientan a sus compañías farmacéuticas para que produzcan alternativas genéricas más baratas, y que los productos de marca resultan muy caros, instándolos a utilizar otras herramientas disponibles para intentar bajar el precio de los medicamentos a niveles más asequibles.

Estos países sin embargo, se enfrentan a una enorme presión de las instituciones internacionales y de las empresas farmacéuticas multinacionales, aun cuando la producción de medicamentos genéricos y otras opciones son legítimas según las normas internacionales. Las multinacionales del medicamento se ven beneficiadas por el actual sistema de patentes que protege, en forma por demás dominante sus inversiones, extendiendo la protección de patentes por el mayor tiempo posible.

No es un secreto que las compañías farmacéuticas gastan más en publicidad y marketing que en investigación. Su investigación sin embargo esta sesgada, como antes señalamos, al ser dirigida a investigación de medicamentos que respondan a estilos de vida, antes que a los medicamentos que salvan vidas.

¿Quién está detrás de la empresa que comercializa el fármaco contra la hepatitis C?

El laboratorio, con algunos de los directivos mejor pagados del sector, tiene fuertes conexiones con la administración norteamericana.

nuevatribuna.es | 08 Enero 2015
Medicamento Olysio (Sovaldi©)  
GILEAD es una multinacional farmacéutica en manos de los principales fondos de inversión globales, con ramificaciones en la banca y las principales empresas multinacionales. Así se refleja en un estudio realizado por Pablo Martínez Romero bajo el título ‘Gilead, Sovaldi y Hepatitis C: la bolsa o la vida’, al que ha tenido acceso Nuevatribuna.

La empresa, con algunos de los directivos mejor pagados del sector, tiene fuertes conexiones con la administración norteamericana, y los principales think-tank y grupos de presión internacionales, entre los que se encuentran Donald Rumsfeld y George Schultz, secretarios de estado de tres administraciones republicanas norteamericanas.

Las expectativas de ventas de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C a altos precios, ha generado una importante revalorización de acciones en una nueva burbuja especulativa que está beneficiando a inversores y directivos a costa del acceso a los tratamientos por los afectados.

El motivo no es otro que el alto precio con el que GILEAD, la multinacional farmacéutica propietaria de la patente, pretende comercializar el medicamento, denominado sofosbuvir, y comercializado por GILEAD como SOVALDI. Un nuevo tratamiento que permite tratar la Hepatitis C con un porcentaje de éxito mayor, superior al 90% en algunos casos, según los ensayos clínicos, que dura menos tiempo y con menos efectos secundarios que los tratamientos anteriores.

El gobierno español se opuso a buscar un instrumento específico para abaratar ese medicamento  

Un precio abusivo y desproporcionado

GILEAD comenzó ofreciendo el tratamiento, de 12 semanas, a algo más de 60.000 €, y finalmente, parece haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para suministrarlo a 25.000 €/tratamiento, aunque es difícil encontrar información transparente al respecto por parte del Ministerio de Sanidad.

A pesar de esto, el precio continúa siendo abusivo y desproporcionado, si tenemos en cuenta que el tratamiento tiene un precio que es un 1100 % más alto que el medicamento más caro de la misma empresa contra el VIH, STRIBILD. Los cálculos de coste real de producción del medicamento oscilan entre los 50 y 100 € por paciente según estudios publicados.

Llama también la atención, la variación del precio que GILEAD aplica en distintos países, oscilando entre los 69.000 € por tratamiento en EEUU, el país dónde el producto es más caro, a los 750 € en India y Egipto. En Europa, distintos gobiernos están negociando precios por debajo de los 60.000 €, aunque de forma descoordinada y poco transparente, después de que se viera rechazada, en julio de 2014, la propuesta del gobierno francés para que la UE creara una plataforma específica para combatir el elevado precio de estos medicamentos. El gobierno español se opuso por entender que no es necesario un instrumento específico para abaratar ese medicamento.

Hasta el momento, el gobierno español ha anunciado la aprobación de un techo de gasto de este medicamento de 125 millones para 2015, lo que supone, al precio que dicen haber negociado (25.000 €) el suministro del medicamento, tratamientos para unas 5000 personas como máximo.

30.000 enfermos graves en España

Sin embargo, la Asociación Española de Estudios del Hígado (AEEH), ya ha establecido, que deberían ser tratados con los nuevos tratamientos y de manera inmediata unos 30.000 enfermos, lo que supondría un gasto mínimo de 750-800 millones de €, más de 6 veces lo presupuestado inicialmente por el Gobierno.

Si además tenemos en cuenta que se calcula una población infectada por el VHC en España que puede llegar a las 900.000 personas, el 2% de la población, de los cuales alrededor de 650.000 desarrollarán en algún momento una hepatitis crónica, se hace evidente que la política de precios de GILEAD, unida al sistema internacional de patentes, impide abordar la erradicación de la hepatitis C en la población afectada, sino es a costa de un enorme atraco a los fondos públicos a favor de GILEAD y otras multinacionales del sector.

A nivel mundial, con alrededor de 150 millones de personas infectadas por VHC, con los precios marcados por GILEAD, tratar a toda la población afectada por hepatitis C necesitaría de cerca de 9 billones de €, o lo que es lo mismo del PIB conjunto de Alemania, Francia, España, Reino Unido e Italia.

Gilead adquirió la patente en 2011

Esta política de precios no es comprensible sin tener en cuenta que desde que GILEAD adquirió la empresa que poseía la patente del Sofosbuvir en 2011, por 11.000 millones de $, es una de las empresas que mayor revalorización en bolsa ha experimentado, debido en buena medida a las expectativas de venta de SOVALDI, con una revalorización en bolsa desde 2013 del 185%.

Los analistas bursátiles esperan que los beneficios de GILEAD suban un 457% en los próximos años en base a los beneficios de la venta de SOVALDI y HARVONI, otro medicamento contra la Hepatitis C de la compañía y aún más caro que SOVALDI.

GILEAD espera unas ventas de 21-23 mil millones de $ en 2014, doblando sus expectativas iniciales en buena medida debido a los 11 mil millones de $ en ventas de SOVALDI que GILEAD espera para 2014.

¿Quién es Gilead?

Pero, ¿quién es GILEAD, quién está al frente de la farmacéutica que pretende extorsionar a los afectados por Hepatitis C y a toda la sociedad? ¿Quienes son los que están ganando miles de millones de € con la enfermedad, sufrimiento y la muerte de millones de personas en todo el mundo?

GILEAD Sciences Inc. es una multinacional farmacéutica estadounidense que ha se ha dedicado principalmente a la comercialización de antivirales contra el VIH, la gripe o la Hepatitis B y C, entre otros. Así, a través de sucesivas ofertas públicas de acciones en los años 90, GILEAD fue consiguiendo cada vez mayores recursos para financiar su desarrollo. Es en esta década cuando comienza la incorporación de directivos con fuertes relaciones con el gobierno de los EEUU, cuyo máximo exponente es Donald Rumsfeld, quien se puso al frente de la empresa en 1996.

A partir del año 1999, GILEAD comenzará una carrera de adquisiciones de empresas del sector para adquirir derechos y patentes que le permitan el dominio de determinados sectores de la industria farmacéutica. Nexstar Pharmaceuticals, Triangle Pharmaceuticals, Corus Pharma, Myogen, Raylo Chemicals, Nycomed, CV Therapeutics, CGI Pharmaceuticals, Arresto Biosciences, Pharmasset o YM Bioscience son algunas de las empresas adquiridas por GILEAD desde 1999 hasta la actualidad, en lo que ha invertido más de 17.400 millones de dólares 20

GILEAD, la gripe aviar y el TAMIFLU

La polémica ha acompañado a GILEAD en los últimos años por algunos de sus medicamentos y por sus vinculaciones con el gobierno de los EEUU. Así, uno de los productos desarrollados por GILEAD en los últimos años es el Oseltamivir, comercializado como TAMIFLU, un antiviral contra la gripe A y B, por el que consiguió enormes ingresos debido a las grandes compras realizadas por distintos gobiernos a raíz de la alarma generada por la supuesta posibilidad de una epidemia mundial de gripe aviar. El medicamento fue desarrollado por GILEAD y vendido a ROCHE en 1996, llegando a una acuerdo conjunto en noviembre de 2005 para su comercialización, en el que GILEAD recibía un porcentaje de las ventas.

Las ventas de TAMIFLU habían sido pequeñas hasta que la crisis generada por la alarma por gripe aviar a partir de 2005 disparó las ventas 23. La administración Bush jugó un importante papel en la generación de esta alarma con las compras masivas de TAMIFLU para el ejército de EEUU. Donald Rumsfeld, Secretario de Estado de los EEUU, además de ex-directivo y accionista de GILEAD jugó un papel decisivo en el proceso. Al gobierno de EEUU le siguieron distintos gobiernos en las compras masivas del medicamento (Reino Unido, Australia,...), provocando el aumento de precio del producto y con ello el de las acciones de GILEAD. Distintos estudios pondrían de manifiesto la inefectividad del TAMIFLU contra la gripe aviar, además de revelar mayores efectos secundarios de los anunciados.

GILEAD, SOVALDI y la política de patentes internacional

GILEAD comercializa SOVALDI en base a una patente obtenida a través de la adquisición de Pharmasset Inc. en 2011 por 11.000 millones de $. El intento de patente del medicamento ha sido impugnado en la India por diversas organizaciones y empresas. La legislación india sobre patentes permite a terceras partes impugnar la validez de una patente pendiente de validación.

La organización Initiative for Medicines, Access & Knowledge (I-MAK), con sede en Nueva York y que agrupa a abogados y científicos, impugnó en noviembre de 2013, ante el gobierno de la India, la validez de la patente, alegando “Old science, existing compound” es decir, cuestionando el carácter innovador de la patente frente a patentes anteriores, alegando que sofosbuvir es similar en peso molecular, complejidad y estructura a antiretrovirales ya utilizados en el tratamiento del VIH.

Médicos Sin Fronteras ha apoyado la impugnación de la patente por I-MAK, defendiendo que un tratamiento de 12 semanas no debe tener un coste superior a 500 $ si no se quiere excluir del tratamiento al 90% de la población afectada a nivel mundial.

Poco después la empresa farmacéutica india, Natco Pharma ltd, ha presentado una nueva impugnación de la patente por los mismos motivos. El caso está pendiente de resolución.

En Egipto, que tiene el mayor porcentaje de población infectada por VHC, en torno al 10-14%, con 8-10 millones de afectados, GILEAD ha visto también obstaculizada su estrategia comercial, al ver rechazada su intento de patentar sofosbuvir en este país, lo que permitiría a farmacéuticas locales producirlo como genérico sin acuerdo con GILEAD.

En Europa, IDENIX Pharmaceuticals Inc. demandó en marzo de 2014 a GILEAD por infracción de patentes en EEUU 39, Canada, Australia, Reino Unido, Francia y Alemania, alegando que supone una violación de su patente europea. EL pasado 1 de diciembre la justicia de Reino Unido desestimo las alegaciones de Idenix, estando pendientes los demás procesos con fechas previstas de resolución en 2015.

Además de la posible impugnación de las patentes, los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio sobre patentes de medicamentos, los Acuerdos sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual (ADPIC) permiten la autorización de uso por terceros, licencias obligatorias, o con fines públicos no comerciales, uso por el gobierno, sin autorización del titular de la patente. La única condición que los acuerdos establecen para ambos casos es que se haya intentado obtener una licencia voluntaria en términos y condiciones comerciales razonables y que el titular de los derechos reciba una remuneración adecuada.

Es necesario remarcar que estos acuerdos ADPIC, firmados en 1994, contaron con una fuerte oposición por parte del llamado Grupo de los Diez (India, Brasil, Argentina, Cuba, Egipto, Nicaragua, Nigeria, Perú, Tanzania y Yugoslavia) que solo fue vencida por las fuertes amenazas de represalias comerciales de EEUU.

Posteriormente en la Ronda De Doha, tras fuertes movilizaciones y denuncias a nivel internacional, la OMC se vio forzada a posicionarse sobre los efectos que los acuerdos sobre patentes estaban provocando sobre la capacidad de acceso de los países más pobres a los nuevos medicamentos.

GILEAD, consejo de administración y accionariado

Es difícil entender la sumisión de los poderes políticos a los intereses de multinacionales de la farmacia, de las que GILEAD es sólo un ejemplo, sin las fuertes conexiones de estas empresas con el poder político y económico.

Una empresa como GILEAD ha contado entre su principales directivos con quienes han ejercido como Secretarios de Estado de tres administraciones norteaméricanas, Donald Rumsfeld y George Shultz, además de contar con directivos fuertemente vinculados a los distintos think-tank que diseñan las estrategias políticas en EEUU, y también en Europa y a grupos de poder como el Club Bildelberg y la Comisión Trilateral.

De igual forma la política de precios y comercial de GILEAD, no se puede entender sin comprobar como su accionariado y el de las principales farmacéuticas, está en manos de los principales grupos financieros y de inversión, para los que esta industria se ha convertido en los últimos años en la base para una nueva burbuja especulativa nota, esta vez biotecnológica, dónde, como sucedió con la burbuja inmobiliaria, la salud y la vida de millones de personas es lo último que importa.

Los directivos mejor pagados del sector

La política de remuneraciones de directivos de GILEAD es enormemente generosa, sus directivos y responsables de desarrollo se ven muy beneficiados con las fuertes subidas en las cotizaciones de las acciones de la empresa en los últimos años, que tienen como base fundamental las expectativas generadas por medicamentos como SOVALDI y HARVONI y los altos precios que pretenden cobrar por el mismo.

Esta revalorización depende de una política de patentes que le permite tener el monopolio de determinados medicamentos, privatizando el esfuerzo común de investigación básica y que en el caso de enfermedades como el SIDA y la Hepatitis C, que pueden causar la muerte de los afectados, acaba suponiendo un chantaje de GILEAD sobre ciudadanos y gobiernos.

Los altos precios, y la política comercial de GILEAD, es fundamental para sostener la revalorización de acciones y las fuertes inversiones de los principales empresas de gestión de activos globales que son quienes controlan el accionariado de GILEAD, y quienes se benefician, junto a sus inversores de los precios abusivos de GILEAD.

La mayor parte de las acciones de la empresa, un 85%, está en manos de inversores institucionales y en concreto de los cuatro mayores empresas de gestión de inversiones globales: Vanguard Group, Fidelity Investment, State Street Corporation y Capital Group, esta última a través de su división Capital Research Global Investors.

Estos grupos controlan el accionariado de las principales multinacionales globales y manejan los principales fondos de inversión, fondos de pensiones, etc. lo que les permite controlar la economía mundial y disponer de un poder de decisión que puede hacer sombra al de muchos gobiernos.

Capital Group tiene participaciones en las principales empresas mundiales, entre ellas: Amazon, Amcor, Telekom, Baye, Deutsche Bank, SAP, Siemens, Volkswagen, KPN Telecom, Bankia, Royal Dutch Shell, Ryanair.

En España es accionista de Bankia, BBVA y Santander, dónde llego a ser el primer accionista. También tiene participaciones en Inditex y Griffols. Y ha adquirido recientemente el 5.5% de Endesa.

Gilead, en manos de fondos de inversión

Por todo ello, GILEAD queda en manos de los gestores de los principales fondos de inversión cuyos intereses confluyen con los de los directivos de GILEAD y sus principales investigadores, en una dinámica que prima la especulación sobre la investigación, la salud pública.

Esto sólo es posible por la política de patentes que se aplica a nivel mundial, una política que ni siquiera cumple con los supuestos objetivos que justificarían las patentes, promover la investigación y la innovación. La innovación no necesita de patentes. Por contra, es evidente que beneficia el monopolio de las grandes empresas que en connivencia con los grandes grupos de inversión global son capaces de aprovechar el acervo científico común y la investigación básica, producida en buena medida en instituciones y universidades pública, para convertirse en rentistas a costa, en el caso de la farmacia, de la enfermedad y la muerte de millones de personas.