sábado, 30 de julio de 2016

El 95% de los inmuebles españoles requiere medidas para mejorar su eficiencia energética

  • La instalación masiva de contadores inteligentes desata la polémica entre asociaciones vecinales, que piden su paralización
La gran dificultad para ahorrar energía en el hogar radica en que los edificios son ineficientes. Por eso, un cambio de hábitos o la renovación de equipos electrodomésticos no siempre basta para reducir de manera significativa el consumo. El 95% de los edificios residenciales y de servicios existentes tienen una certificación energética por debajo del nivel C, lo que significa que deben incorporar medidas para mejorar su eficiencia, según datos del Ministerio de Industria. Las nuevas certificaciones energéticas de los edificios son obligatorias desde el 2013, y establecen una escala de la A a la G, de mayor a menor eficiencia. Los últimos datos en Catalunya (con edificios certificados a partir del 2014) indican que el 20% tienen categoría A o B, informa el Institut Català d’Energia.


“Tenemos un parque derrochador de energía. Los edificios se han hecho sin contar con sus costes energéticos”, dice Javier García Breva, experto en energía. García Breva destaca que el 50% del ahorro potencial se da en los elementos envolventes de la casas (puertas y ventanas, elementos de protección y aislantes…), mientras que otro 20% se puede conseguir con un buen uso de los equipos y un cambio de hábitos (cerrar luces, manejo del agua caliente, termostatos, stand by…).

“Estas son medidas de coste cero”, destaca. Otros ahorros complementarios se pueden lograr con dispositivos inteligentes (sensores y aplicaciones para supervisar los consumos de casa) y soluciones adicionales (radiadores de bajo consumo, calderas y luces de bajo consumo…).

Directiva comunitaria

Los expertos piden al gobierno que cumpla la directiva de la UE de eficiencia energética del 2010, cuya finalidad es lograr edificios de consumo energético casi nulo y capaces de generar electricidad in situ con fuentes renovables –su entrada en vigor es a partir del 2018 para los edificios públicos y a partir del 2020 para los nuevos edificios y las rehabilitaciones–.

Barreras al ahorro

También piden eliminar las barreras que impiden el ahorro de energía. La subida de la luz del 2013 elevó un 100% el término fijo de potencia en el recibo de la luz. “Se paga más por la potencia contratada que por la energía que realmente se consume, todo lo cual desincentiva el ahorro”, añade García Breva. Al subir la parte fija del término de potencia, la capacidad del usuario de incidir en el ahorro con su comportamiento es mucho menor. “¿Por qué tomar medidas para ahorrar electricidad si al final me siguen cobrando el término fijo de potencia a un precio caro?” es el razonamiento que se instala en el usuario.

Autoconsumo, asignatura pendiente

García Breva reclama anular las medidas que impiden el despegue del autoconsumo con energía fotovoltaica (incluido el ‘impuesto al sol’ para ciertas instalaciones) y que los contadores inteligentes sean un instrumento útil para los consumidores, que le ayuden a saber dónde se gasta la energía y cómo puede evitarlo, ya que “ahora, sólo son un instrumentos al servicio de las compañías eléctricas”.

Paralizar la instalación de contadores

Mientras tanto, la instalación de contadores telegestionables está resultando polémica entre los movimientos sociales y asociaciones vecinales que piden a la Generalitat y al Gobierno que paralicen el despliegue, al juzgar que el proceso actual no beneficia a los consumidores y no les ayuda a ahorrar energía, entre otras críticas; incluso apuntan que no están demostrada que no puedan causar daños en la salud.

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) y la Plataforma Stop contadores Telegestionables han animado a los ayuntamientos catalanes a seguir el ejemplo del de Barcelona, que aprobó en un pleno el pasado viernes la paralización de la instalación a propuesta de la CUP, con la única oposición de Ciudadanos, que apuntaba la falta de pruebas científicas que constaten este supuesto perjuicio en la salud (radiación electromagnética).

Los partidos que votaron a favor de la paralización se mostraron a favor de instalar contadores inteligentes pero también señalaron el riesgo del uso indiscriminado de la información que éstos proporcionan a las comercializadoras eléctricas. “Este despliegue de contadores inteligentes debe garantizar que no haya perjuicios ni desde el punto de vista de la salud ni desde el punto de vista de la privacidad, y ha de asegurar que se cumple la ley de protección de datos”, instó Eloi Badia, concejal de Agua y Energia de Barcelona en Comú. Asimismo, Daniel Mòdol (PSC) recordó que la directiva comunitaria “persigue que el contador refleje el coste diario de la electricidad” y que “la bajada de precios, con la entrada de las energías renovables, no está siendo apreciada por el consumidor”.

Las entidades reclaman el derecho de los vecinos a solicitar la restitución de los contadores hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa europea, la libre competencia, la interoperabilidad en la red eléctrica y la protección de datos.