miércoles, 18 de enero de 2017

La Antártida, un lienzo en blanco para estudiar la “élite” de los contaminantes

Fecha:16-01-2017
Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son “la élite” de los contaminantes químicos que se liberan al medio ambiente. Pueden viajar por aire y agua y pasar de un medio a otro, convirtiéndose en una amenaza global. Ahora, un grupo de investigadores españoles analizará su presencia en la Antártida.

La primera evidencia de COP en la región antártica data de los 60, cuando se comprobó la presencia del pesticida DDT (dicloro difenil tricloroetano) en sus ecosistemas, detalla a Efe José Luis Roscales, del departamento de Química Ambiental del Instituto de Química Orgánica General del CSIC, quien estudiará la presencia de estos compuestos en la Antártida dentro del proyecto Sentinel.

Después, han sido varios los estudios que han constatado la presencia de COP en la Antártida, como el publicado en noviembre pasado en la revista Atmosferic Environment por científicos del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (CSIC).

Restos de bifenilos policlorados en la Antártida

En el artículo, los investigadores aseguraban que la atmósfera antártica almacena, entre otros, restos de bifenilos policlorados, que se usaron en el pasado como revestimiento en muchos aparatos eléctricos y que fueron prohibidos hace décadas.
Muchas de las sustancias consideradas hoy COP fueron sintetizadas para ser utilizadas en la agricultura, como el pesticida DDT, o por sus aplicaciones industriales o para productos de consumo.

Estos se caracterizan por una gran persistencia en el medio, una alta toxicidad para el hombre y ecosistemas, incluyendo su carácter carcinogénico y su capacidad para imitar nuestras hormonas (disrupción endocrina); además, los procesos de bioacumulación y biomagnificación les permiten acumularse en organismos a lo largo de su vida y amplificar su presencia a través de la cadena trófica (si un animal come plancton con COP, lo acumulará en su organismo).

Regulados por el Convenio de Estocolmo

El Convenio de Estocolmo, ratificado por 180 países, entre ellos España, aunque no EEUU ni Italia, reguló inicialmente 12 productos químicos, que llamó la “docena sucia“, entre los que estaba el DDT. En 2009 incorporó otros nueve, muchos como familias de compuestos.

El convenio está vivo y ha seguido metiendo sustancias en la lista de COP, como endosulfán en 2011 o hexabromociclododecano en 2013.

Algunos de estos contaminantes orgánicos están totalmente prohibidos, como la aldrina (plaguicida) pero en otros se establecen excepciones en su uso, como en el caso del sulfonato de perfluorooctano, utilizado en determinados dispositivos médicos, o del DDT, usado como insecticida para el control de la malaria.

También se recogerán muestras de sangre de 
pingüinos. Imagen del CSIC.  
Además, el convenio establece las medidas a tomar para minimizar el impacto de aquellas sustancias que no se generan intencionadamente, como las dioxinas y furanos derivados de la combustión a altas temperaturas, detalla el investigador del CSIC.

Precisamente Roscales, junto a Elena Cerro y Mariana Pizarro del CSIC, estudiará la presencia de los COP en el ecosistema antártico.

Mañana parten a la Antártida y estudiarán los COP en el marco de Sentinel, un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad que se desarrolla entre el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) de Barcelona y el Instituto de Química Orgánica General (IQOG) de Madrid. Los investigadores principales son Jordi Dachs (IDAEA) y Begoña Jiménez (IQOG).
El objetivo es mejorar el conocimiento de los mecanismos por los que estos nocivos contaminantes viajan y se acumulan en los ecosistemas polares.

La campaña de muestreo se desarrollará del 19 de enero al 23 de febrero desde la Base Antártica Española Gabriel de Castilla del ejército de tierra, situada en la isla Decepción, y se enmarca en la XXX Campaña Antártica (2016-2017), informa el CSIC en una nota.

Roscales indica a Efe que se recogerán muestras de aire, suelos, sedimentos, de restos de excrementos de aves, plancton o nieve.

El equipo de Andrés Barbosa, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, recopilará muestras de sangre de pingüinos y un equipo de la Universidad de Barcelona (proyecto Distantcom) lo hará de invertebrados de los fondos marinos.

Fotografía de archivo unos tubos de ensayo. 
EFE/Alberto Jiménez
Todas las muestras serán luego analizadas en los laboratorios de IQOG y del IDAEA.

Sentinel, que también estudiará la influencia de los COP en las comunidades bacterianas marinas, parte de la hipótesis de que la Antártida, y específicamente la parte norte de la Península Antártica, es una región centinela para la identificación de los contaminantes químicos que tienen el potencial de ser dispersados a nivel mundial.

“La Antártida ofrece una oportunidad muy interesante para identificar qué sustancias químicas tienen ese comportamiento de ser transportadas globalmente“, según el investigador del CSIC, quien afirma: “el continente ártico es un lienzo en blanco para estudiar estos componentes, élite de los contaminantes químicos, ya que refleja la huella química que dejamos a escala global”.

En la Antártida, continúa, no hay fuentes directas destacables de COP, aunque recientemente algunos estudios han identificado las bases científicas y la actividad turística como fuentes locales de algunos COP, por eso los investigadores también van a tratar de evaluar su propia huella allí.

La supuesta ‘alergia’ al wifi, en el banquillo

Un tribunal de Lleida decide si otorga la invalidez permanente a una mujer que alega electrosensibilidad, enfermedad no reconocida de gran discusión científica

IÑIGO DOMÍNGUEZ Lleida 14 ENE 2017
Rosa C.T., de espaldas, afectada por electrosensibilidad, conversa con la doctora Carmen 
Valls, ante el tribunal de Lleida, donde ha testificado como perito a su favor en el juicio celebrado este 
jueves. JAVIER MARTÍN  
Alergia’ al Wi-fi es una expresión coloquial para la denominada electrohipersensibilidad, con las siglas EHS, la presunta intolerancia a las ondas electromagnéticas de las conexiones inalámbricas y otros aparatos. La cuestión exige aún más matización porque ni siquiera hay acuerdo en que esta ‘alergia’ exista, que esas ondas produzcan ese efecto. La gran mayoría de la comunidad científica, la Organización Mundial de la Salud y el comité de expertos de la UE lo niegan, dicen que no está probado. Lo tratan directamente como un cuento chino. Por el contrario, algunos científicos creen que no es así y manejan una creciente documentación, si bien desdeñada por el resto de sus colegas. Es un asunto de enorme hostilidad mutua. Lo que es indudable es que hay gente a la que le pasa algo, sufre síntomas que algunos médicos atribuyen a esa razón y, esta es la realidad, acaba llegando a los tribunales. Como la mañana de este jueves en el Juzgado de lo Social número 1 de Lleida, donde Rosa C.T., una funcionaria administrativa de la Generalitat solicita una pensión por incapacidad permanente, después de tres años de baja. La Seguridad Social, que ya ganó un primer juicio, se opone a su reclamación.

La sala está vacía, solo hay dos familiares y un conocido, pero es un caso con más trascendencia de lo que parece. Ya hubo una sentencia el año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, por primera vez en España, reconoció una incapacidad total por electrosensibilidad a un empleado de una empresa de telecomunicaciones. Este es el segundo caso, que lleva el mismo abogado, Jaume Cortés, del Colectivo Ronda, y una nueva sentencia reforzaría las razones de estos afectados. Y también haría poner el grito en el cielo a casi toda la comunidad científica.
SENTENCIAS A FAVOR DE ELECTROSENSIBLES DESDE 2011

Las primeras recomendaciones del Parlamento europeo sobre exposición a ondas electromagnéticas son de 1999 y en 2011 el Consejo de Europa pidió reducirlas con especial atención a niños y jóvenes, así como prestar “particular atención a las personas electrosensibles”, creando áreas libres de Wi-fi. En Suecia está reconocida la discapacidad por este motivo y países como Suiza e Israel tienen legislación mucho más estricta que la UE. La primera sentencia europea al respecto fue en 2015, enFrancia: con polémica en el mundo científico, un tribunal reconoció una pensión de 800 euros a una mujer que decía padecer electrosensibilidad. Años antes, el Tribunal Superior de Justicia Europeo no concedió la incapacidad a un funcionario español de la UE en Bruselas, porque la enfermedad no estaba reconocida oficialmente, pero sí consideró los síntomas y le otorgó una indemnización.
En España la primera resolución fue en 2011, a favor de Minerva Palomar, la actual presidenta de la asociación española de afectados, Asociación Electrosensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS). Luego siguieron otros fallos, media decena, aunque la electrosensibilidad no era nunca la única dolencia, estaba combinada con otras. En julio de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la primera sentencia que reconocía la pensión a un trabajador de una empresa de telecomunicaciones debido exclusivamente a esta causa. El juicio de Lleida, a la espera de sentencia, debe decidir si hará realidad la segunda. Pero de todas maneras ya hay más casos en los tribunales.

En Lleida la interesada no está en el juicio porque, asegura su esposo, se pondría mal enseguida en este lugar lleno de Wi-fi: “Dolor de cabeza, sensación de ahogo, confusión mental y dificultad para concentrarse, boca seca, fatiga…”. Además vive el juicio con mucho nerviosismo. Lleva seis años con esto. “Todo empezó en 2011 cuando cambió de oficina y comenzó a sentirse mal, sin saber por qué”, explica. Rosa alega que no puede ni coger el autobús, pues tiene Wi-fi, ni entrar casi en ningún sitio y ha acabado durmiendo en el comedor, el lugar más aislado de la casa.“Busqué el piso con ella, casi usándola casi como un sensor, viendo si se ponía mal o no, porque basta con que llegue el Wi-fi del vecino”, comenta su marido.

La Generalitat ha hecho de todo para ayudar a la empleada, admite su abogado. Haciendo reformas, cambiándola de puesto, pero no hay manera. “Fuera de áreas con ondas está bien, esa es la cuestión, por la razón que sea. Para hacer un estudio bueno necesitas mucho dinero y los afectados son cuatro, a nadie le interesa. Yo solo pido que al menos les comprendan y les reconozcan la incapacidad”, resume Cortés. "Hace años el amianto no era malo, hasta que después de unas décadas empezó a morir gente".

El médico le decía a esta mujer que lo suyo no era nada y, al final, que padecía ansiedad, la conclusión más frecuente en estos casos, que a menudo acaban derivados a psicólogos y psiquiatras. Es algo que desespera a los interesados, porque se sienten incomprendidos, como si se lo inventaran o, en el mundo laboral, como si solo quisieran la baja. El mundo científico no disimula su incomprensión, aun reconociendo el drama humano. “Hay que decir las cosas con claridad: todos los estudios bien hechos, que son los que valen, coinciden en que la probabilidad de efectos adversos es muy pequeña”, afirma Francisco Vargas, médico epidemiológico y director científico del Comité Científico Asesoren Radiofrecuencias y Salud (CCARS), entidad de referencia en asesoramiento sobre los posibles efectos de las radiofrecuencias en la salud. El Ministerio de Sanidad ha concluido que la exposición a ondas por debajo de los niveles establecidos “aunque pudiera inducir alguna respuesta biológica en condiciones experimentales, no está demostrado que pueda implicar efectos nocivos para la salud”.

Vargas opina que la primera sentencia española del año pasado está “muy mal fundamentada” y que el juez “no se molestó en investigar mucho”. En aquella ocasión el reclamante contó con un informe de un especialista del hospital de Guadalajara. Vargas cree que una nueva sentencia en esa línea en Lleida “sería un gran error, un fracaso del conocimiento científico y de la capacidad de valorar pruebas”, pues a partir de ahora podría bastar con cualquier experto que presente un informe favorable. Corrobora que, por su experiencia, en muchos casos el origen de los síntomas es un trastorno psicológico, a veces diagnosticado.

Julio Carmona, de la Plataforma Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), creada en 2009 y que incluye asociaciones de afectados, considera que como mínimo “con el conocimiento actual habría que aplicar el principio de precaución”, ante el riesgo de futuros casos por una exposición durante años que ahora es imposible de comprobar. Sin datos oficiales, Carmona cita la estimación de la Sociedad Española de Síndrome de Sensibilidad Central (SESSEC), creada recientemente por expertos que defienden la electrosensibilidad: calcula, tomando como referencia estudios de otros países, que la prevalencia en España sería nada menos que de un 5% de la población. Datos que para Vargas son absurdos, no tienen ninguna validez y son meras extrapolaciones sin base científica.

Desde esta plataforma recuerdan que el Parlamento europeo y la Agencia Europea de Medio Ambiente ya se han expresado a favor de tomar precauciones con móviles y Wi-fi y esgrimen más de una veintena de manifiestos de científicos que llaman la atención sobre el asunto a contracorriente. El último en Bruselas, en 2015, con 120 expertos.También impulsan una iniciativa ciudadana europea para pedir una reglamentación proteccionista en este campo, que en España han firmado docentes de las universidades de Alcalá de Henares, Autónoma y Pompeu Fabra de Barcelona, Politécnica de Cataluña y de Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia y Reus. Pero para el resto de la comunidad científica no tienen relevancia. Antonio Hernando, prestigioso catedrático de la Complutense, director del Instituto de Magnetismo Aplicado y miembro de la Real Academia de Ciencias, sentencia: “Yo me fío de quien me fío, no vale cualquier experimento y hay organismos muy respetados reconocidos por todos que son los que cuentan”.

Naturalmente todos los expertos coinciden en que hay que seguir investigando, sobre todo para verificar los efectos a largo plazo, que aún no se pueden saber. Difieren en lo que se debe hacer hasta entonces: esperar porque no hay nada que motive la alarma o tomar medidas ya. Ángeles Trillo, investigadora de Bioelectromagnetismo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, participó en el primer estudio de la UE sobre los efectos de los móviles en células aisladas, llamado Reflex, en 2004. "Fue muy criticado, pero ahora los nuevos multiproyectos de la UE lo están confirmando en parte. El riesgo del móvil es muy relativo y pequeño, pero a largo plazo no se sabe, tiene que pasar tiempo y que haya más estudios", explica. En cuanto a la electrosensibilidad señala que generalmente quien padece esos síntomas "suele presentar sensibilidad múltiple a otros agentes químicos". Afirma que cada vez hay más casos, pero no se sabe a qué médicos dirigirles.

Carmen Valls, doctora de Medicina Interna y Endocrinología, ha participado en esos congresos que dan la alarma sobre la cuestión, y ha testificado este jueves en Lleida como perito del abogado de la afectada. Ante la juez y el abogado de la Seguridad Social ha afirmado que la paciente sufre “electrosensibilidad severa”, que no puede trabajar "en ningún sitio" y aporta una prueba, “novedosa en España”, un estudio que muestra cómo su hormona del sueño, la melatonina, se altera con las ondas electromagnéticas. Valls cree que ya sería un primer paso que el Ministerio de Sanidad se interese por la electrosensibilidad y convoque un comité de expertos, como hizo para la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) en 2011.

Un argumento muy utilizado por los afectados es el de los intereses que tendrían las grandes compañías de telecomunicaciones en ocultar el problema. Sin caer en teorías de la conspiración, la experiencia de Bernardo Hernández Bataller, jurista y miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) que intentó aprobar en este foro un dictamen sobre electrosensibilidad, es que “hay grandes presiones”. El informe no fue aprobado por la oposición de un experto británico. Luego salió a la luz que era asesor de compañías eléctricas. Las asociaciones de afectados lo denunciaron ante el Defensor del Pueblo europeo, que les acaba de dar la razón. Es un asunto complejo. El juicio en Lleida dura media hora. Queda visto para sentencia.