miércoles, 19 de abril de 2017

El CCARS ningunea en su informe los miles de estudios científicos que constatan los riesgos de los campos electromagnéticos en la salud

La asociación de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud llama a la prudencia y el rigor entre los agentes sociales y medios de comunicación a la hora de difundir un informe sin consenso internacional y con incongruencias demostrables
  • El negacionismo y la banalización de los estudios científicos solventes sobre esta materia muestran la urgencia desmesurada del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) por zanjar un tema que sigue acumulando evidencias científicas
  • Para allanar el camino a la tecnología 5G, el informe del CCARS desinforma a la población ante la preocupación generalizada por los efectos de esta tecnología
  • El informe de los telecos hace propaganda a favor de los intereses de la industria mostrando conflicto de interés 
Ante la presentación del nuevo informe del Comité Científico Asesor en R adiofrecuencias y Salud (CCARS), que tanta difusión mediática ha tenido en los últimos días, la asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (compuesta por afectados de electrohipersensibilidad y sensibilidad química) denuncia el enfoque tendencioso de este informe y el conflicto de interés de la organización privada CCARS, que depende del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. Dada la inminencia de la tecnología 5G, la creciente tecnificación de la sociedad y la controversia que ésta presenta a nivel científico y social, el CCARS, autoproclamado comité asesor del Gobierno, ha presentado un informe sin consenso internacional que se apresura a garantizar y justificar la total inocuidad en la salud humana del gran despliegue tecnológico de wifis, antenas de telefonía móvil y dispositivos móviles que se está acometiendo en todos los ámbitos

Este informe desdeña advertencias como la llamada al Principio de Precaución, emitida en 2011 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Resolución 1815, en la que se alerta sobre los efectos biológicos para la salud humana de los campos electromagnéticos, y en especial del peligro sobre la salud de los niños y los adolescentes de los dispositivos inalámbricos que emiten microondas (móviles, WiFi, etc.). También con este estudio el CCARS minimiza la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluyó en 2011 a las ondas electromagnéticas en el grupo 2B de la clasificación de elementos cancerígenos, así como la actualización del macroestudio Bioinitiative de 2012.

Especialmente reseñable es el Llamamiento Científico Internacional del 11 de mayo de 2015, International EMF Scientist Appeal, que más de 200 científicos internacionales independientes y expertos en bioelectromagnetismo presentaron ante la ONU y la OMS para reclamar una legislación que proteja a la población internacional de los efectos de los campos electromagnéticos, amparándose en más de 2000 estudios -cifra muy superior a los 350 que dice haber revisado el CCARS-. Este llamamiento aún vigente alerta de que los campos electromagnéticos “afectan a los organismos vivos muy por debajo de las directrices internacionales y nacionales”, además del “aumento de riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, déficit en el aprendizaje y la memoria, trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar general de los seres humanos”.

Muy al contrario, el informe del CCARS no ha tenido en cuenta estas evidencias en sus conclusiones y minimiza todo ello como “mareos, vómitos y malestar general”, cuando los enfermos de electrohipersensibilidad padecen una sintomatología más amplia y discapacitante provocada por la exposición, que según investigaciones se debería a la apertura de la barrera hematoencefálica y conllevaría un riesgo adicional de desarrollar enfermedades crónicas neurodegenerativas. Sin embargo el informe del CCARS se sigue respaldando en el efecto nocebo, que la comunidad científica independiente ya no da por válido al haber sido totalmente descartado ante la evidencia de respuestas fisiológicas objetivadas, lo que queda de manifiesto en la Declaración Científica Internacional de Bruselas sobre EHS y SQM de mayo de 2015.

En su lugar, las técnicas de imagen médica y detección de marcadores biológicos en sangre proporcionan un método de diagnóstico más objetivo y estudian además la relación entre la electrosensibilidad y la sensibilidad química múltiple, enfermedad provocada por los tóxicos ambientales presentes en aire, agua, alimentos etc. Estos marcadores biológicos pueden consultarse en Reliable diseasebiomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity andmultiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of aunique pathological disorder (Belpomme, Campagnac e Irigaray, 2015Review of Enviromental Health.

El negacionismo sobre la electrosensibilidad como afección orgánica está generando en las personas damnificadas un nuevo tipo de exclusión que supone una vulneración de sus derechos fundamentales, además de la pérdida de la salud. Sin embargo, la realidad cotidiana de nuestra asociación es que cada vez nos llegan más personas afectadas cuyos síntomas disminuyen cuando reducen su exposición.

Por tanto, cuando países europeos como Francia ya han tomado medidas con respecto a la aplicación del principio de precaución protegiendo principalmente a la infancia, prohibiendo el uso de wifi y tecnologías inalámbricas en escuelas infantiles y con algunas iniciativas en marcha de reducir niveles de emisión en hospitales con sistemas inalámbricos no peligrosos (LIFI), consideramos que negar la evidencia en pro de los conflictos de interés no es el camino a seguir. Por eso denunciamos que el informe de CCARS puede poner en peligro la salud de la población al ningunear información científica rigurosa y múltiples estudios actuales sobre esta materia.


 http://electrosensiblesderechosalud.org/

¿Para quien trabaja el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS)?

(En la imagen Francisco Vargas, que se presenta como experto en la materia)

Estos días aparece en diversos medios de comunicación nacionales, regionales y locales una noticia relativa a un Informe del autodenominado “Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud”, cuyo director científico (el doctor Francisco Vargas) es un viejo conocido en España de las asociaciones que luchamos desde hace muchos años por prevenir los daños que las antenas de telefonía y los móviles provocan en las personas. Viejo conocido por su completa falta de independencia en el tema que nos ocupa.

Según las noticias que se han divulgado, el estudio ha sido presentado en sociedad por el actual Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, lo que supone un aval de la Administración para el citado estudio y para el señor Francisco Vargas.

El lenguaje utilizado en la presentación, según las noticias difundidas por los medios, es el habitual al que nos tienen acostumbrados en el sentido de que “No se han encontrado” o “No hay evidencias” de que los campos electromagnéticos puedan incidir en la salud de los humanos…”. Evidentemente, no se atreven a decirlo de otra forma porque saben que hay muchos científicos en España y en el extranjero, con un currículum científico en la materia mucho mayor que el del profesor Francisco Vargas, que opinan lo contrario.

Según la noticia difundida por los medios «La evidencia es sólida y contundente, llevamos entre 15 y 20 años con un uso tan masivo de estos dispositivos y, de haber alguna relación, ya se tendría que haber observado de alguna forma», conforme ha destacado el director «científico» de esta entidad, Francisco Vargas, durante la presentación de este trabajo, que ha recogido y analizado las últimas evidencias científicas sobre la materia entre 2013 y 2016.

Desde AVAATE nos preguntamos cómo es posible hacer estas declaraciones con la proliferación de cáncer y enfermedades que se están produciendo en los últimos 20 años, de forma absolutamente inusual y sin precedentes.

Por supuesto se echa la culpa del nerviosismo de la sociedad sobre este tema, únicamente a la labor que asociaciones como la nuestra realiza para divulgar en España, a pesar de las dificultades que existen para ello, los graves daños que para muchos científicos puede provocar esta tecnología. Tarea que debería precisamente ser realizada y financiada desde la propia Administración.

En cuanto a la independencia que “dicen” tiene el citado Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud, solo hace falta señalar que en Marzo de 2016, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) asumió la gestión del Comité, que renovó su estructura y composición. Es por tanto un órgano dependiente directamente de un Colegio Oficial directamente implicado por el interés de desarrollar todas estas nuevas tecnologías. No se trata de ningún organismo, como la Organización Mundial de la Salud, que deba velar por la salud de las personas.

Es desgraciadamente frecuente en el ámbito del tema que nos ocupa, que numerosos expertos que opinan sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas, hayan participado en investigaciones o programas financiados por la industria, lo que, aparte de ser muy discutible desde el punto de vista ético, puede cuestionar seriamente las conclusiones de los mismos.

El Dr. Francisco Vargas, exsubdirector de Salud Ambiental y Laboral del Ministerio de Sanidad y Ciencia, ha sido durante muchos años responsable del Área Biomédica del SATI (Servicio de Asesoramiento Técnico e Información de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre implantación de infraestructuras de radiocomunicación). El 14 de junio de 2005 se firmó entre los entonces Presidentes de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España, respectivamente, un Acuerdo de Colaboración para “el establecimiento consensuado de criterios técnicos, medioambientales y urbanísticos que favorezcan el desarrollo armónico de las infraestructuras de redes de radiocomunicación”. En dicho Acuerdo se reflejaba que el citado Servicio (SATI), entre otras cuestiones, elaboraría y publicaría “material informativo para la atención tanto de los Ayuntamientos como del público en general”. Además, daría respuesta, “a través de la asistencia de un experto de reconocido prestigio, de las consultas sobre los aspectos biomédicos para contestar” a lo que denomina “alarma social”. El responsable durante muchos años del Área Biomédica del SATI ha sido el señor Francisco Vargas Marcos, que, además de haber sido Subdirector General del Ministerio de Sanidad, fue coordinador del “Comité de Expertos” que elaboró el documento “Campos Electromagnéticos y Salud Pública (2001-2004)” y promotor y redactor de la Recomendación del Consejo de Ministros de sanidad de la Unión Europea y del Real Decreto 1066/2001 por el que se establecen límites de exposición del público en general a campos electromagnéticos.

A pesar de todo lo anterior, es importante señalar que el señor Francisco Vargas no es un auténtico experto y su principal dedicación ha sido la de escribir artículos divulgativos sobre la materia (sus artículos opinan sobre el trabajo realizado por otros investigadores).

Desde el año 2001 una parte importante de la comunidad científica internacional viene pronunciándose sobre la conveniencia de que no se sobrepase el nivel de densidad de potencia de 0,1μW/cm2, es decir, 4.500 veces menos que lo establecido en la Recomendación de 12 de julio de 1999, porque han llegado al convencimiento de que puede haber efectos biológicos a dosis superiores a ese umbral.

En 2007, la Agencia Europea de Medio Ambiente demanda la aplicación del “Principio de Precaución” ante las amenazas futuras sobre la salud plausibles y potencialmente serias derivadas de los campos CEM, basándose en pruebas suficientemente sólidas. Documento “Evaluación de los riesgos de radiación de los dispositivos en la vida diaria”.

Mediante Resolución de 4 de septiembre de 2008, el Parlamento Europeo constata también que los límites de exposición a los campos electromagnéticos establecidos para el público son obsoletos, ya que al no haber sido adaptados desde la Recomendación de 12 de julio de 1999, no tienen en cuenta la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente o las normas de emisión más exigentes adoptadas, por ejemplo, por Bélgica, Italia o Austria, y no abordan la cuestión de los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños; el Parlamento solicita así al Consejo que modifique su Recomendación 1999/519/CE, con el fin de tener en cuenta las mejores prácticas nacionales y fijar así valores límite de exposición más exigentes para todos los equipos emisores de ondas electromagnéticas en las frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz y 300 GHz.

En 2009, Jacquie McGlade, Directora de la Agencia Europea del Medio Ambiente, demanda en la Conferencia “Teléfonos Móviles y Salud, Ciencia y Cuestiones de Políticas Públicas” reducir la exposición a los CEM de los móviles por el riesgo de tumores en la cabeza.

La Resolución del Parlamento Europeo de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos, instó a la Comisión a que revisase el fundamento científico y la adecuación de los límites a los campos electromagnéticos fijados en la Recomendación 1999/519/CE. También solicitó a la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes y a la Organización Mundial de la Salud que se mostrasen más transparentes y abiertas al diálogo con todas las partes interesadas a la hora de fijar normas y, entre otras cosas, manifiestó su profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros tiendan a excluir la cobertura de los riesgos vinculados a los campos electromagnéticos de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa claramente que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del principio de cautela.

El día 27 de mayo de 2011, la Comisión Permanente del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la Recomendación número 1815, sobre Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente, por la que entre otras cosas se acuerda “8.2.1. Establecer umbrales de prevención para los niveles de exposición a largo plazo a las microondas en todas las zonas interiores, de conformidad con el Principio de Precaución, que no superen 0,6 voltios por metro, y a medio plazo reducirlo a 0,2 voltios por metro”. Este umbral para la actualidad es equivalente a 0,1μW/cm2, 4.500 veces menor, y para medio plazo 45.000 veces menor que los permitidos en el Estado español. Es esta una Recomendación que aprobaron todos los Estados miembros del Consejo de Europa (entre ellos por supuesto España), y a la que no se ha dado cumplimiento en España desde entonces.

La legislación estatal española actualmente aplicable (Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre), que se basa en la Recomendación de 12 de julio de 1999, no llega a discernir entre exposición interior/exterior de los edificios o viviendas, y no contempla los efectos no térmicos y a largo plazo.

La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, clasificó en el año 2011 los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (móviles, teléfonos inalámbricos, Wifi, Wimax,…) “como posiblemente carcinógeno para los humanos (Grupo 2B), basado en un mayor riesgo de glioma, un tipo maligno de cáncer cerebral”.

En 2013 la Agencia Europea del Medio Ambiente publica el estudio "Lecciones tardías de alertas tempranas” Volumen 2, que incluye un capítulo dedicado a los riesgos de la telefonía móvil (capitulo 21).

Durante los últimos años se ha producido un avance científico notorio en la comprensión de los efectos de las radiaciones de telefonía sobre los seres vivos y en los mecanismos biológicos subyacentes a dichos efectos. Como puedeverificarse en la web de AVAATE, los estudios de los últimos años demuestran clara y objetivamente los riesgos de la exposición a las radiaciones de telefonía móvil.

Desde la Asociación AVAATE, el 17 de diciembre de 2014 se presentó un escrito dirigido al entonces Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso Aranegui, en el que se solicitaba la revisión de la actual normativa española en esta materia, sin que desgraciadamente hasta la fecha nadie desde el Ministerio de Sanidad español se haya dignado contestar al mismo. En dicho escrito, entre otras cuestiones, se presentaba sin ánimo exhaustivo una lista de diversos catedráticos e investigadores españoles que habían trabajado en la investigación de los efectos de los campos y radiaciones electromagnéticas sobre la salud de las personas, y que habían demostrado a través de sus propios trabajos publicados y de sus manifestaciones en foros públicos la insuficiencia de la normativa actual para proteger a las personas:
  • Dr. Darío Acuña Castroviejo, Catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada.
  • Dra. María Jesús Azanza Ruiz, Catedrática de Biología Celular y Magnetobiología. Departamento de Anatomía e Histología Humanas, Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza.
  • Dr. D. José Luís Bardasano Rubio, Catedrático de la Universidad de Alcalá y Director del Departamento de Especialidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares.
  • Dr. D. Agustín del Moral, Catedrático de Física de la Materia Condensada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
  • Dr. D. Ceferino Maestu Unturbe, Director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo, Centro de Tecnología Biomédica, Universidad Politécnica de Madrid y Director de la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud de Madrid.
  • Dr. D. Claudio Gómez-Perretta, Jefe de Sección de Investigación en Salud Pública en el Hospital Universitario La Fe de Valencia.
  • Dr. D. Manuel Portolés, investigador científico del Centro de Investigación del Hospital Universitario. La Fe de Valencia.
  • Dr. D. Enrique A. Navarro, investigador del Departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo de la Universidad de Valencia.
  • Dr. D. Josep Ferrís i Tortajada,Pediatra especialista en Oncología infantil del Hospital Infantil Universitario La Fe. Subespecialidad en Salud Ambiental Pediátrica. Coordinador del Grupo de Trabaja de Salud Ambiental Pedíatrica de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Responsable de PEHSU Valencia en la Coalición Internacional Health Care Without Harm. Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) de la OMS.
Señalar por último que por parte del Consejo de Ministros, que está siendo muy diligente a la hora de desarrollar la Ley General de Telecomunicaciones actualmente vigente, se sigue sin aprobar la Comisión prevista en dicha Ley relativa precisamente a la salud y las radiofrecuencias, lo que indica en qué orden de prioridades se desenvuelve en esta materia el Gobierno español.