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Jesús
Bazan pidiendo justicia por la muerte de su mujer, Soledad Torricos,
en Valencia. BIEL ALIÑO.
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VALENCIA/ Jesús Bazán lleva casi una
década en España, adonde llegó procedente de Bolivia. Aquí tenía
una esposa, Soledad Torrico, y una hija de 20 años. Su vida en común
se truncó el 19 de febrero cuando Soledad falleció tras pasar por
varios centros de salud y servicios de urgencias de hospitales de la
ciudad de Valencia. Ella tenía derecho a la tarjeta sanitaria, pero
no lo sabía. Con el miedo en el cuerpo, Soledad fue a dos centros de
salud, uno de especialidades, dos veces a un hospital e incluso buscó
un médico privado. El relato del marido muestra a dos personas
angustiadas, sin rumbo y con total desconocimiento de sus derechos.
El miedo a ser rechazados por el sistema sanitario tuvo mucho que
ver.
El Real Decreto 16/2012 del 20 de abril
del año pasado significó todo un cambio de modelo en el sistema
nacional de salud. A partir de ese momento, los pacientes pasaron a
ser “asegurados”, y se cambió un modelo asistencial por otro que
depende exclusivamente de tener un trabajo. Así, los inmigrantes que
no cotizan a la Seguridad Social quedan excluidos del sistema y dejan
de tener derecho a la atención médica, excepto en caso de estar
embarazada, ser menor de edad o tener alguna enfermedad que requiera
una atención urgente. Y ello a pesar de que la Sanidad se financia
también con los impuestos que gravan al consumo, por lo que todos,
sin excepción, la pagamos.
Soledad Torrico no entendía de “reales
decretos”. Había sido despedida de su trabajo, pero estaba
inscrita como demandante de empleo y su marido trabajaba. Estaba
cubierta, pero no lo sabía. Por eso, al acudir a su centro de salud
por una tos acompañada de fiebre, no se sorprendió de que le
dijesen que su tarjeta no funcionaba. Estaba estropeada, pero ella lo
interpretó como un rechazo. Fue al hospital hasta dos veces, pero a
la tercera le dijeron que le iban a cobrar si volvía. El motivo: que
no era su hospital de zona, pero ella y su marido dedujeron que no
tenían derecho a la atención. Soledad falleció a los pocos días.
La autopsia determinará los motivos.
El caso de esta ciudadana boliviana se
ha hecho público, pero es muy difícil acceder a testimonios de
personas que han tenido problemas con la atención sanitaria. “El
miedo mata”, explica Rafael Sotoca, de la ONG Médicos del Mundo,
“hay miedo a ser expulsados, a que les facturen, a ser tratados de
forma diferente; miedo a perder los pocos derechos que les quedan”.
Ese miedo hace que muchas personas se queden en casa, el efecto
disuasorio del Decreto 16/2012 es muy grande.
Leyes
disuasorias
El miedo también hizo a Carmen (nombre
ficticio) coger la tarjeta sanitaria de su compañera de piso y
acudir al hospital. Nacida en Filipinas, se había quedado sin
cobertura sanitaria y desconocía que por estar embarazada sí tenía
derecho a la asistencia. Esta mujer dio a luz a su hijo en un
hospital madrileño el pasado septiembre, justo después de entrar en
vigor la norma. Cuando el niño nació, lo abrazó, y él le dedicó
su primera sonrisa, pero los papeles decían que no era suyo.
A efectos legales, el niño es de su
compañera de piso. El bebé aparece registrado con otro apellido y
ella está inmersa en un complicado proceso judicial: la
administración la acusa de usurpación de identidad y de utilización
indebida de documento público, entre otros delitos. Puede ir a la
cárcel. Además, deberá hacerse pruebas de ADN para demostrar que,
efectivamente, el hijo es suyo. La defensa utilizará el argumento de
“miedo insuperable”, algo que hace que se tomen decisiones
equivocadas por el temor a tener que pagar, a no ser atendido o a
tener problemas de salud.
En todo caso, cuando se habla de
atención sanitaria, no se contempla la prescripción farmacéutica,
ni las pruebas diagnósticas. Ese es otro tema. El paciente, ahora ya
el “asegurado”, que no tenga tarjeta sanitaria recibirá un
consentimiento de pago que deberá firmar tras la atención. Días
después se supone que recibirá una factura. Si no paga… no se
sabe qué pasará, pero el efecto disuasorio ya se ha conseguido.
Esta situación ha hecho que muchos
inmigrantes rechacen acudir al centro de salud para evitar tener una
deuda con la Administración. Hay pavor a que el impago sea usado
como un nuevo obstáculo para regularizar su situación en España.
De nuevo, el miedo asoma.
Las cifras de personas afectadas por la
nueva normativa son muy variables. Entre 150.000 y 900.000 se han
quedado fuera de la cobertura sanitaria universal, según las ONG. En
Madrid, se calcula que cerca de 50.000 personas “han desaparecido
de repente”, como asegura Juan Luis Ruiz-Giménez, de la campaña
Yo Sí, sanidad universal. El médico explica que “están ocultas,
vienen poco a los centros de salud, por temor y por rechazo”.
Ruiz-Giménez califica el Real Decreto
de “nefasto, ilegítimo, alegal, y que produce un efecto maligno”.
El facultativo alerta de que “las enfermedades se han agravado y su
incidencia empieza a ser muy preocupante”.
Pero, ¿quién es el responsable de
esta medida que rechazan usuarios, ONG, partidos políticos y
responsables autonómicos de variados colores políticos? No hay
respuesta. Sólo una pista, la decisión de otorgar las tarjetas
sanitarias ha pasado de las consejerías de Salud al Instituto
Nacional de la Seguridad Social; es decir, al Ministerio de Trabajo.
Una demostración más del cambio de modelo que vincula derechos a
cotización social.
Sin
medicamentos
Otra consecuencia del RD 16/2012 es que
la pérdida de la tarjeta sanitaria viene asociada a que los
pacientes deben pagar el 100% de los medicamentos. Se acabó la
financiación. Rafael Sotoca critica esta política de la receta en
blanco que hace que se deba pagar el importe total del medicamento:
“No se distingue entre un canadiense de fin de semana en nuestro
país y un subsahariano que lleva diez años en España, y no se
diferencia pudiéndose hacer, porque hay datos para saber si eres un
canadiense forrado o un subsahariano pelado”.
Esta situación hace que los pacientes
con VIH deban desembolsar cada mes una cantidad de dinero
prohibitiva, algo que podría llevarles a dejar el tratamiento,
aunque los mismos médicos reconocen que no sucede porque “se están
encontrando los medicamentos en los hospitales, para evitar que se
monte mucho lío o se genere una alarma social o un problema de salud
pública”. La Administración, en este caso, mira hacia otro lado.
A un diabético, el tratamiento le
supone alrededor de 100 euros mensuales. Si no se toma la insulina,
en 3 o 4 días acabará en el hospital con una descompensación.
Pensando de forma únicamente mercantilista, le supondrá al Estado
un gasto mayor, ya que recuperar su estado normal será un
procedimiento muy caro para el que hará falta un tratamiento
intensivo y numerosos profesionales.
Para Carlos Fluixá, miembro de la
Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria, “la realidad es que es una cuestión política y no
económica, porque del número de personas que estamos hablando y el
gasto que supone es absurdo; al revés, nos cuesta más un
tratamiento de urgencias que uno preventivo”. Y recuerda que la
mayoría de afectados son “jóvenes que han venido a buscar
trabajo, pero que se han quedado sin él y sin dinero por la
situación económica del país”.
Otro de los puntos más conflictivos a
la hora de aplicar la ordenanza gubernamental es el caso de las
enfermedades de transmisión sexual (ETS). “La mayoría de mujeres
que sufren explotación sexual”, recuerdan desde Médicos del
Mundo, “están en situación irregular, ¿qué hacemos con ellas?
Si aplicamos la norma, perdemos una oportunidad de controlar lo que
puede llegar a ser un problema de salud pública que necesita
políticas de prevención y atención que ahora se acaban”.
Entre los casos más preocupantes de
desatención aparecen los trasplantados. En lo que atañe a los
trasplantes renales, la medicación supone 300 euros al mes, pero si
se deja de tomar, en sólo una semana el paciente ingresaría por
insuficiencia renal. La medicación para trasplante tiene un objetivo
fundamental que es el de evitar el rechazo. Dejar de tomar la
medicación, equivale a que el órgano se deteriore en muy pocos
días. Además, esta medicación es cara y se tienen que tomar varias
pastillas todos los días.
“Imagínate que por eso perdemos un
riñón, ¿cómo se lo explicas a la familia del donante? ¿Cómo le
explicas que ha sido porque el sistema no ha sido capaz de cuidar el
órgano?”, se preguntan desde las asociaciones de pacientes.
Infecciosos, diabéticos,
trasplantados, simples gripes que acaban en muerte. El impacto del
Real Decreto, seis meses después de su aprobación, va en aumento.
La rumorología y el temor hacen de caja de resonancia. El miedo que
mata es la ley del nuevo sistema que priva de atención a los
inmigrantes en situación administrativa irregular.
Ante
el plan privatizador de la sanidad pública madrileña que está
llevando a cabo el Ejecutivo de la Comunidad, los colectivos,
asociaciones, ciudadanos particulares y profesonales sanitarios -que
conforman la marea blanca- no se rinden y han impulsado una
iniciativa
ciudadana
para
que la sociedad se pronuncie sobre el plan gubernamental sanitario:
La Consulta por la Sanidad Pública (@ConsultaSanidad).
