viernes, 2 de octubre de 2015

¿Qué tiene que ver el escándalo de Volkswagen con el TTIP?

  • Ahora se comprenden las presiones de ciertos lobbies para que se reduzcan los controles de emisiones de CO2
01/10/2015

Una multinacional ha admitido que ha engañado a la agencia de Estados Unidos encargada de la protección del medio ambiente. Da igual si además es la mayor constructora de automóviles del mundo o si los 11 millones de vehículos sobre los que ha cometido el fraude ascienden a la misma cifra de coches que EE UU producen en un año. De fondo, tras el escándalo mediático, está la impunidad con la que operan las corporaciones en el mercado. La evidencia más clara de que quienes se encargan de generar la riqueza -que debería desembocar en bienestar- se dedican a anteponer sus beneficios delante de la salud humana y la protección del clima. Es también el fin del argumento liberal establecido, por el cual, hacer el bien para uno mismo sin que nadie intervenga en la economía es positivo para todos.

¿Hacia dónde conducimos nuestra sociedad si permitimos que los que la destruyen marquen las reglas de juego? Buena parte de los desmanes que cometen a diario nuestras empresas se pueden asociar sencillamente con el TTIP, porque ésta es la más nueva de las herramientas para hacer que las corporaciones sigan campando impunes a sus anchas.

La negociación del tratado de libre comercio (es la palabra que usa el capitalismo para definir la desigualdad) no es un fenómeno ad hoc que haya nacido de la nada. Es obvio, pero hace falta decirlo. El TTIP es la rama que se extiende aún más en un árbol cuyo tronco ha sido plantado, regado y consolidado por el poder de las grandes empresas desde hace tiempo.

Para tratar de alejar esta crítica de la demagogia habitual con la que se erigen las voces discordantes contra el TTIP, cabe señalar que aún no hay nada escrito. Todo son conjeturas y filtraciones. Por lo tanto, la única forma de desmontar este Tratado Neoliberal es exponer hacia dónde nos ha llevado hasta ahora el modelo que se quiere perpetuar.

Del fraude a la mesa de negociación del TTIP

Qué duda cabe de que los intereses de Volkswagen están bien representados en el TTIP. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en inglés), de la que VW forma parte, es una de las voces con más autoridad en la mesa de negociación. De hecho, es la cuarta asociación de lobby que más reuniones ha tenido con la Comisión Europea para tratar aspectos relacionados con el tratado: 16. La segunda, si excluimos a lobbies de carácter transnacional como Business Europe o el Transatlantic Business Council, en cuyas filas también se encuentra VW. Aquí ya se han expuesto algunas de las normativas sobre emisiones de CO2 que Business Europe ha tratado de bloquear, ahora sabemos que en beneficio de marcas como la alemana.

Volkswagen no es un caso aislado, a pesar de que la ACEA tratara de negarlo en una nota de prensa de septiembre. El lobby de la industria del automóvil forma parte de un entramado mucho grande de sectores que presionan en favor del TTIP. Como evidencian los datos del imprescindible Corporate Europe Observatory, por cada 100 reuniones que la Comisión tuvo con lobbies de la industria durante el 2014, sólo 10 se produjeron con grupos que representan a la sociedad civil.

Es preocupante que la Comisión Europea, encargada de negociar el TTIP con EE UU, pida consejo para cerrar un Tratado que involucra a 800 millones de consumidores a los representantes de las empresas que les venden coches de forma fraudulenta.

En 2014, la ACEA pidió a Estados Unidos y la Unión Europea “un acuerdo comprensible en relación al TTIP”. En el diccionario empresarial, esto se resume en no “poner más trabas” y hacer la vista gorda en emisiones de C02. La ACEA trató de demostrar la equivalencia en el nivel de seguridad de los vehículos a ambos lados del Atlántico. Algo que ya parecía difícil tras el escándalo de General Motors por el que la marca estadounidense tuvo que retirar del mercado 11 millones de coches tras un fallo en sus sistemas de seguridad que provocó la muerte de decenas de personas. Ahora, aún más.

El fraude de Volkswagen pone en jaque las negociaciones del TTIP

Los argumentos de la industria automovilística europea para defender el TTIP también carecen de validez desde que Estados Unidos identificó el fraude de Volkswagen, y no la Unión Europea. “Las normas de seguridad a ambos lados del atlántico han demostrado con sus resultados ser equivalentes.
Por ello debemos ser capaces de ponernos de acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y aspirar a la armonización”, decía la ACEA a principios de año.

En realidad dicha afirmación no es cierta. En la UE, la Comisión Europea establece las normas generales de emisión y los fabricantes de automóviles, a continuación, envían sus coches a un organismo de homologación nacional de su elección. Una vez certificado , el coche puede ser enviado al distribuidor y nunca se prueba de nuevo. En los EEUU, los coches son sometidos a tres pruebas más estrictas.

Precisamente en el marco del TTIP, el Pew Research Center hizo una encuesta sobre la posibilidad de armonizar regulaciones. El resultado genera más división aún. Sólo 2% de los alemanes afirma confiar en los estándares ambientales americanos y el 96% se opone también a las normas de seguridad de sus coches.

Regulaciones ambientales a la baja

No sólo en lo que respecta a la seguridad de los vehículos hay división, también en la armonización de regulaciones ambientales que proponen Estados Unidos y la Unión Europea en el marco del TTIP. La UE dice que no cederá y que su posición en relación al clima es “ambiciosa”, pero el país encabezado por Obama tiene otra idea de lo que significa esa palabra.

Por ejemplo, en el marco de las negociaciones sobre la conferencia mundial del clima que se celebrará en París en noviembre, el choque entre la UE y EEUU es abrumador.

La Unión Europea se ha comprometido para 2030 a reducir sus emisiones en un 40 por ciento en comparación con los niveles de 1990. Además, quiere reflejar su ambición con un acuerdo que sea jurídicamente vinculante. No obstante, EEUU no ha podido prometer nada más que una reducción de sus emisiones en un 26 por ciento, pero en relación a los niveles de 2005, cuando sus emisiones eran un 40% superiores a 1990.

Parte de legislación europea en relación al clima, a Estados Unidos le parece una “barrera comercial” que abolir; lo dijo en un informe de 2014.

La justicia no es igual para todos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría llevar a cabo una investigación criminal sobre Volkswagen por su fraude. También Alemania y otros países estudian abrir una investigación contra la marca. Los juicios, por supuesto, se desarrollarían en cortes nacionales o europeas. Algo muy distinto a lo que ocurriría si Volkswagen o cualquier otro inversor decidiera demandar a un Estado a través del mecanismo de ISDS que quiere incluir el TTIP.

El ISDS, por muchos cambios de nombre que haga la Comisión, plantea tribunales de arbitraje internacionales paralelos a los juzgados nacionales o europeos. Se trata de dotar a las corporaciones de mayores ventajas a la hora de reclamar daños sobre sus inversiones que a los ciudadanos a la hora de denunciar, por ejemplo, el escándalo de Volkswagen.

¿Hay algún tribunal específico que permita a los ciudadanos afectados por el fraude de VW demandar a la compañía en una instancia judicial privada sin posibilidad de recurso y sin hacer público el proceso judicial? No, en cambio, una compañía que esquiva los controles medioambientales en 11 millones de vehículos diésel de todo el mundo, si podría utilizar el arbitraje privado para demandar a un Estado si cree que ha legislado en contra de sus beneficios.

El escándalo de Volkswagen, como señalaba el portavoz de los verdes Florent Marcellesi, muestra que las corporaciones no dudan en saltarse la ley si es necesario. La salud de los ciudadanos y la protección del medio ambiente no puede ser una barrera comercial que abolir.

ACCESO A LA SENTENCIA DEL JUZGADO SOCIAL Nº 12 DE BARCELONA: LAS PENSIONES DEBEN REVALORIZARSE SEGÚN EL IPC.

Fuente: Simon Cunningham  
viernes, 25 de septiembre de 2015

Excelente noticia la publicada en lo smedios!!! Por fín, dejando de banda la retroactividad del RD Ley 28/2102 y la "fantástica" sentencia del TC que negó a los pensionistas su derecho a revalorizar las pensiones, ya que entendía que era una mera "expectativa de derecho", una recientesentencia de la Magistrada Amaya Olivas Díaz, titular del Juzgado delo Social nº 12 de Barcelona, que adjunto en este post para poder descargarla, ha señalado que aquella norma vulnera la normativa internacional -ojo, que no comunitaria como dice algún medio de comunicación de forma errónea-, y especialmente la Carta Social Europea, el Convenio OIT nº 102 y el Código Europeo de Seguridad Social. Como dice mi amigo Domiciano Sandoval, "si España no va a respetar los tratados internacionales, que no los firme". Pero estos están firmados, y ratificados. Y en esta sentencia se nos recuerda que sus mandatos son de obligado cumplimiento por todas las autoridades......

En una muy breve aproximación a la sentencia -es magnífica y hay que leerla- se señala:

- Para resolver el debate el Juez nacional está obligado a aplicar la normativa internacional invocada, que forma parte del ordenamiento jurídico nacional. Así lo entiende la doctrina científica y diversas resoluciones judiciales, incluso del TC y de la TJUE. Cabe destacar, como muy cualificado, el estudio al respecto del magistrado del Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona, Xavier Gonzàlez de la Rivera. Y me permito recordar los estudios al respecto de la profesora Carmen Salcedo.

- La doctrina científica ha sido muy contundente, no ya solo contra la congelación de las pensiones del RD Ley 28/2012, sino también contra el factor de revalorización de la Ley 23/2013 que desvincula definitivamente la adecuación de las pensiones a la fluctuación del IPC. Aquí se hace mención del interesante artículo de la profesora de la UV Mireia Llobera, "La Ley 23/2013 en el marco del procedimiento de déficit excesivo y de rescate de la banca", Revista de Derecho Social nº 70. Se afirma en dicho artículo que "desvincular el incremento de las pensiones del IPC es negar el derecho a la seguridad social....".

- Se relacionan las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales, que resolvió sobre las reclamaciones de diferentes asociaciones de pensionistas y sindicatos en Grecia, por los recortes en materia de pensiones, llegando aquel organismo a entender vulnerado el derecho a "un nivel satisfactorio de seguridad social" previsto en el art. 12 CSE, ya que la crisis no es justificación suficiente para reducir el derecho allí consagrado. Y, especialmemte, no debe conducir ni debe permitir la precarización o pauperización de la población protegida......

- Además, con mención expresa a la doctrina científica más especializada en seguridad social (entre otros, los catedráticos Juan López Gandía y Joaquín Aparicio), e incluso a informes de la OCDE, se llega a una triste conclusión: nuestras pensiones son mínimas -en consonancia con la precariedad salarial que vivimos- y ya no solo insuficientes, es que un porcentaje altísimo de nuestros pensionistas son POBRES. Y la desvinculación del IPC redunda aún más en esa situación de precarización y pauperización de las pensiones.

En fin, sentencias como ésta y estudios específicos como los enumerados en el cuerpo de la resolución reflejan la situación real de nuestro sistema de pensiones....Y, no nos olvidemos, los efectos más perversos de la Ley 27/2011 y el factor de sostenibilidad están por llegar....o lo detenemos, o será imposible revertir el deterioro progresivo de las pensiones.

Por eso, el trabajo de la Marea Pensionista, de compañeros como Domiciano Sandoval, y de la profesora Carmen Salcedo y el catedrático Carlos Luís Alfonso Mellado son los pilares de la defensa de los derechos sociales consagrados en la Carta Social Europea. Y esta sentencia puede ser la punta de lanza.


Fuente: http://miguelonarenas.blogspot.com.es/2015/09/acceso-la-sentencia-del-juzgado-social.html

Vitoria se 'cura en salud' frente al wifi

Unos niños usan sus teléfonos móviles. EL MUNDO  
  • El Ayuntamiento de la capital alavesa aprueba limitar las zonas wifi en los espacios públicos
  • Restringirá la red completamente, de forma paulatina, en aquellos lugares en los que son los niños los principales usuarios
Bilbao 26/09/2015
BELÉN FERRERAS - @belenferreras

Vivimos literalmente sumergidos en ondas electromagnéticas, en un mundo cada vez más tecnológico cuyas consecuencias para la salud están todavía por determinar. Sólo el tiempo dirá si el uso de aparatos tan cotidianos como el microondas, el móvil o las redes wifi de hoy son los culpables de las enfermedades del mañana y son muchos los que consideran que los males de la tecnología que propugnan algunos no son más que leyendas urbanas. Pero, ante la duda, Vitoria ha decidido curarse en salud.

El Ayuntamiento de la capital alavesa ha aprobado por unanimidad de todos los grupos limitar las zonas wifi en los espacios públicos y restringirla completamente en aquellos lugares en los que son los niños los principales usuarios.

El consistorio se agarra al principio de "precaución" y señala que cuando una actividad "representa una amenaza o un daño para la salud humana, hay que tomar medidas incluso cuando la relación causa.-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente".

La decisión del Ayuntamiento de Vitoria parece ir contracorriente a la tendencia del resto de los ayuntamientos vascos, que abren cada vez más espacios al wifi libre en un intento de que las posibilidades que otorga internet estén al alcance de todos los vecinos, e incluso de los colegios, donde ya es habitual que los niños tengan acceso a internet. También compañías telefónicas, como es en Euskadi el caso de Euskaltel, inundan las calles vascas de puntos de wifi para sus clientes.

Frente a esto, el consistorio alavés, ha decidido pasar del wifi libre al 'libre de wifi' y secundando una moción de Sumado-Hemen Gaude, la marca local de Podemos, ha optado por delimitar la señal wifi en centros cívicos y edificios municipales, señalizando las zonas en las que exista para que los ciudadanos estén debidamente informados de los potenciales peligros a los que se exponen.

Los espacios propiamente infantiles, como ludotecas y bibliotecas familiares, quedarán libres de wifi y se procurará la disminución de su incidencia o se establecerá zonas libres de wifi en canchas de juego y sus entradas.

Los pasos para proteger a los ciudadanos más vulnerables de las radiaciones electromagnéticas se dará, eso sí de forma "paulatina y de acuerdo con las posibilidades técnicas".

La moción presentada por Sumando, que en Vitoria asumió y modificó el PNV y que ha sido secundada por todos los grupos, forma parte de la campaña iniciada por Podemos para que se reconozca la hipersensibilidad electromagnética como enfermedad y se proteja a los ciudadanos de los males de las radiaciones.