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José Manuel Soria, ministro de
Industria, Energía y Turismo. FERNANDO SÁNCHEZ
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Laia
Ortiz⎮La
Marea⎮19 de junio de 2014
Hace
unos días, el Gobierno del PP aprobó un nuevo Real Decreto con el
objetivo de recortar retribuciones a las energías limpias. Esta
regulación llega un año más tarde de ser anunciada y regulada en
decretos leyes que han entrado en vigor sin que se conociera la letra
pequeña, y ha mantenido en la completa incertidumbre a todo el
sector de las renovables a las que, desde julio del 2013, se les está
aplicando un recorte del cual hasta ahora no se sabrá su importe
real.
La
justificación del Gobierno es, una vez más, el mantra que viene
repitiendo toda la legislatura: las renovables son caras y hay que
recortar las primas que perciben para su funcionamiento. Un discurso
idéntico al que oímos al lobby nuclear, a Iberdrola, Endesa o Gas
Natural, precisamente para tapar
todas las aberraciones sobre el funcionamiento del mercado eléctrico,
las retribuciones que ellos perciben por varios conceptos o la
necesidad que las eléctricas tienen de quemar el gas que tienen
comprado y que la entrada de renovables, mucho más baratas, no les
permite vender.
En
lo que llevamos de legislatura, más de una decena de reales decretos
y varias leyes han cambiado la regulación del sector eléctrico. En
teoría, todos ellos tenían como objetivo reducir el llamado déficit
tarifario, o sea la diferencia entre los ingresos del sistema y los
costes reconocidos – no siempre reales – a las eléctricas. Este
déficit ha provocado una
deuda
del conjunto de la ciudadanía con las eléctricas, por la que
pagamos intereses.
Estos
costes han sido reconocidos muchas veces de forma arbitraria y
artificialmente exagerados por gobiernos de PP y PSOE, los cuales se
han negado a auditar y a cuestionar los dudosos conceptos por los que
pagamos en nuestra factura de la luz. Y así nuestra factura de la
luz continua subiendo. También nuestra deuda con las eléctricas.
Esto
demuestra que el
Gobierno siempre ha decidido en base a los intereses de las grandes
empresas y es incapaz de valorar los costes reales de sus decisiones
y
de asumir que el verdadero problema está en dejar en manos de un
oligopolio eléctrico las decisiones energéticas del país y el
acceso a un servicio esencial.
El
motivo por el que los grandes lobbies eléctricos atacan a las
renovables con la complicidad del Gobierno es que las energías
limpias son la única oportunidad que tiene este país para reducir
su dependencia energética del exterior, pero también de que los
ciudadanos recuperemos soberanía en las decisiones de producción y
consumo de energía. Las energías renovables no dependen de un
combustible controlado por pocas manos sino que es un producto
autóctono, que se puede generar de forma distribuida y con modelos
de gestión más democráticos. Un
modelo productivo más repartido y democrático que compite
directamente con las grandes eléctricas que
basan su negocio en controlar la oferta y la demanda de todo el
mercado.
Los
motivos para los cuales el Gobierno justifica el decreto requieren
como mínimo que hagamos un apunte sobre cuáles son los costes
reales de no apostar por un cambio de modelo energético basado en el
ahorro, la eficiencia y las renovables.
Las
primas a las renovables son ayudas que hemos aportado para impulsar
el desarrollo tecnológico de energías renovables y que compensan el
ahorro económico, social y ambiental que representan estas
tecnologías frente al resto. No
se trata de subvenciones sino de beneficios al sistema en términos
económicos, ambientales y sociales.
Si hacemos un balance global entre las primas a las renovables y el
ahorro que suponen es claramente positivo, calculado en unos 50.000M
de euros a lo largo de la vida útil de las instalaciones. Las
energías renovables nos ahorran miles de millones en el precio del
mercado eléctrico. Los periodos en qué más ha bajado el precio del
mercado es precisamente cuanto más viento, sol o lluvia ha habido.
Otro
ahorro económico es en términos de importación de combustibles
fósiles, ya que son la única energía autóctona de que disponemos.
Es evidente el beneficio medio ambiental que representan las
renovables en la lucha contra el cambio climático y la reducción de
emisiones:
entre
2008 y 2012 las renovables evitaron la emisión de 155 Millones de
toneladas de CO2 valoradas
en más de 2000M de euros. Igual que en términos de empleo: este
sector es fuente de generación de empleo y riqueza que se queda en
el territorio.
Pero
el PP no quiere abordar los auténticos retos que tenemos como país
y como planeta. Y decide en la misma semana hundir a las renovables
mientras autoriza prospecciones en el mediterráneo, promueve el
fracking como alternativa o amenaza con alargar la vida útil de las
centrales nucleares. Tecnologías todas ellas peligrosas, sucias y
mucho menos rentables en todos los sentidos.
El
papel de los gobiernos españoles (esto ya empezó con el PSOE en
2010) con las renovables nos ha llevado a ser el país con más
denuncias internacionales por inseguridad jurídica. Y está
provocando que pasemos
de ser líderes en tecnología a que las empresas y los puestos de
trabajo huyan de España en
busca de marcos regulados y de sentido común.
Desde
mi punto de vista sería acertado reformular todo el sistema
eléctrico reconociendo el fracaso económico y social que supuso la
liberalización del sector y plantear una regulación y retribución
estable en función de los costes reales de producir electricidad,
garantizando el acceso a un servicio básico como es la luz o el gas.
Pero el Gobierno pretende aplicar economía planificada a las
renovables, y de manera retroactiva, mientras mantiene un mercado
hecho a medida de las grandes tecnologías.
Lo
que supone el decreto va más allá de una reducción de la primas.
Lo que persigue es reducir la competencia a las grandes eléctricas.
Muchos pequeños productores no podrán hacer frente a la deuda o no
tendrán fuerza para renegociar con los bancos. Muchos pequeños
inversores perderán el capital y la planta – unas 50.000 familias
perderán sus ahorros- , para que queden en manos de entidades
financieras o de grandes eléctricas.
Este
decreto tiene mucha letra pequeña que favorece esas consecuencias
perversas desde el punto de vista económico y democrático, ya que
desincentiva las horas de funcionamiento de muchas instalaciones y
sobre todo, tal y como la propia CNMV ha reconocido, no habrá nueva
inversión renovables en muchos años. Durante el 2013, cada día se
han perdido 3 puestos de trabajo en el sector eólico. Desde
el 2010 se han destruido más de 30.000 empleos en el conjunto del
sector renovable.
Lo
más paradójico es que mientras la principal riqueza energética de
España radica en nuestro sol y viento, el Gobierno se empecina en
poner trabas a su futuro mientras pone una alfombra roja a los
lobbies como Repsol o Shale gas para que perforen nuestro subsuelo
marino y terrestre en busca de los últimos resquicios de
combustibles fósiles.
Esta
es la expresión de cómo funciona todo según Rajoy. España va bien
si a los grandes les va bien, aunque la mayoría seamos más pobres,
vivamos sin luz o en un entorno irrespirable.
Nadie
cuestiona en el s.XXI que el futuro es renovable. Incluso China y
EEUU lo reconocen en sus estrategias. Es la energía barata,
ilimitada, sostenible y disponible. La cuestión es en manos de quién
está y cuánto tiempo aplazamos este escenario de dominio de
energías limpias para que las eléctricas y la industria extractiva
continúen enriqueciéndose apropiándose de los últimos
combustibles del planeta.
*Laia
Ortiz es Portavoz de Energía ICV- Izquierda Plural
