viernes, 30 de diciembre de 2011

El juez investiga el enterramiento de residuos sanitarios

Caso Brugal

Trata de conocer el origen y las fechas aproximadas en que se sepultó en La Murada

Una imagen de las tareas realizadas por la Policía Judicial sobre el terreno donde aparecieron los enterramientos de basuras.
Una imagen de las tareas realizadas por la 
Policía Judicial sobre el terreno donde 
aparecieron los enterramientos de basuras. 
información 
ALARCÓN/E. G. BROTONS Dos meses después de que este periódico destapara la existencia de, al menos, dos parcelas en la partida oriolana de La Murada de 100 y 80 hectáreas, donde a simple vista existía entre limoneros todo tipo de basuras, desde jeringuillas a móviles, vidrios, papeles, teléfonos y aparatos electrónicos destrozados y, debajo de tierra, todo lo que usted se pudiera imaginar, el procedimiento por un supuesto delito ecológico está ya en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y del juzgado en el que se investiga el caso Brugal que, entre otras piezas, instruye como causas principales dos supuestos casos de corrupción política en la adjudicación de la contrata de las basuras por parte del Ayuntamiento Orihuela y del Plan Zonal para la Vega Baja por la Diputación.

Las catas se realizaron la semana pasada, el día 21, con apoyo de una máquina cedida por el propio Ayuntamiento y en presencia de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que asistieron al reconocimiento judicial, con asistencia del secretario, para dar fe de todo lo que se podían encontrar. Según diversas fuentes de la investigación consultadas por el periódico, la pala encontró basuras enterradas bajo tierra a lo largo de más de 7 metros de profundidad lo que, unido a la extensión del terreno, hace pensar a los investigadores que están ante uno de los delitos ecológicos más importantes que se pueden haber cometido en la provincia. De hecho, en otra de las catas se observó que había basuras enterradas en una capa de unos 5 metros de profundidad. Otras fuentes aseguran que en algunos puntos la misma puede alcanzar los 12 metros.

Los investigadores se llevaron muestras de aquellos productos que pueden ser fácilmente identificables y conocer su origen; principalmente envases sanitarios que, por ley, desde el momento que se utilizan en cualquier centro sanitario dejan un rastro que es el que los policías quieren conocer. Desde el Hospital en el que se suministraron, hasta cuándo se utilizaron y cómo es posible que haya cientos de kilos de material que, en muchos casos, precisa de una eliminación especial puede haber acabado sirviendo como abono a cientos de limoneros en una gran extensión. El asunto está aún en manos de la Policía Judicial que deberán realizar un informe y citar a los supuestos responsables. De entrada, el propietario del terreno a quien según diversas fuentes ya se habría interrogado.

Los investigadores no se explican cómo es posible que se haya podido esconder tal cantidad de basuras bajo tierra sin haber despertado sospechas porque se trata de un trabajo de varios años, según los datos que han recabado. Al parecer, la Policía Judicial cuenta con el testimonio de vecinos del lugar y otras personas que, al parecer, podrían haber trabajado en esta finca. Una de ellas, al menos, habría facilitado a los agentes el lugar exacto donde se tendrían que realizar las catas.

Ayuntamiento
En otro orden de cosas, señalar que el Ayuntamiento de Orihuela, que ha preferido no realizar valoraciones en referencia a este asunto, al encontrarse bajo secreto de actuaciones judiciales, sí está estudiando la posibilidad de ser parte en este procedimiento a tenor del grave daño ecológico que habría sufrido toda la zona.

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Culiáñez, ya presentó antes del verano una denuncia por supuestos enterramientos de la que no se ha sabido nada, precisamente, hasta esta operación.

A la Conselleria no le constaban "posibles enterramientos"
Hace tres años, en 2008, y tras denuncia de vecinos de La Murada, agentes de la Policía Local de Orihuela levantaron unos informes sobre supuestos enterramientos de basura en la citada partida, documentos de los que nunca más se supo, según diversas fuentes consultadas por este periódico. Más grave parece la actuación de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ante la cual presentó el Ayuntamiento de Orihuela una petición este otoño para que se investigara si existían enterramientos ilegales y qué se podía hacer. El informe municipal señalaban dos puntos como susceptible de existir vertidos: Los Randeros y Los Ruviras, precisamente, en el mismo lugar donde se han realizado las catas por parte de la Policía Judicial. Curiosamente, hace pocos días contestó a este requerimiento la Conselleria de Medio Ambiente negando que la Policía de la Generalitat hubiera encontrado nada en la citada pedanía -algo insólito si se tiene en cuenta que la visita de los agentes se realizó el 4 de octubre, 11 días antes de que este periódico constatara la existencia de los enterramientos de basura-. En cualquier caso, la Administración valenciana facultaba al propio ayuntamiento para que realizara aquellos informes de carácter geotécnico que considerara conveniente si, realmente, consideraba que había basuras enterradas. De risa.

La derrota del capital financiero por el pueblo islandés

Artículo publicado por Vicenç Navarro, 20 de diciembre de 2011

Este artículo describe como la población en Islandia se reveló exitosamente frente a las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea.

Islandia es un país de poco más de 300.000 habitantes. No tiene Ejército. Y, sin embargo, derrotó a los centros financieros más importantes del mundo a base de su firmeza y voluntad popular. En las ligas de riqueza que periódicamente se publican, Islandia aparecía como uno de los países más ricos del mundo, ya que su PIB per cápita era de los más elevados. Y todo ello se atribuía a la enorme desregulación de la banca, permitiéndole a ésta lo que quisiera, sin ningún tipo de regulaciones, frenos o inhibiciones. Islandia era el paraíso del neoliberalismo. Las políticas del gobierno islandés estaban orientadas a facilitar y dar la bienvenida al capital financiero de otros países, como Gran Bretaña y Holanda. Ello condujo a una situación en que todo el mundo se endeudó, incluyendo el Estado. La deuda pública pasó de ser 200 veces el PIB del país en 2003 a 900 veces en 2008. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que estalló la crisis financiera europea. Entonces, la economía islandesa colapsó. Los tres bancos más importantes de Islandia, Landbanski, Kaupthing y Glitnir fueron nacionalizados. Y su moneda se desmoronó. Su valor descendió un 85% respecto al euro.

Este desastre financiero fue el origen de una revolución popular que cambió el rumbo del país, hasta entonces gobernadas por élites familiares que habían controlado el poder financiero y político del país. Tal revolución popular recuperó su soberanía perdida. El gobierno, respondiendo al colapso, había negociado un préstamo de 3.500 millones de euros de varias fuentes y países. Pero como condición, tanto el FMI como la Unión Europea quisieron imponer unas condiciones draconianas a la población islandesa, tal como está ocurriendo en Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Entre estas condiciones estaba una que exigía que cada ciudadano en Islandia pagara el equivalente a 100 euros al mes durante los próximos quince años a fin de pagar la deuda debida a tales bancos. Esta demanda fue la que sacó a la población a la calle, y así se comenzó la revolución islandesa. La idea de que la ciudadanía tenía que pagar el desastre creado como consecuencia del comportamiento irresponsable de la banca, que contó con la complicidad del Estado, fue más de lo que la gente podía tolerar. La presión de la calle –elemento clave en la revolución popular- hizo que el jefe del Estado, Ólafur Ragnar Grímsson, rehusara firmar la ley que exigía que la ciudadanía pagara las deudas privadas y públicas y que aceptara la petición popular de que se convocara un referéndum en el que la población expresara su opinión sobre la citada ley.

Los gobiernos británico y holandés, en nombre de sus bancos, así como el FMI y la Unión Europea, amenazaron por todos los medios con convertir a Islandia en la Cuba del Norte de Europa, aislándola completamente, como había ocurrido después de la revolución cubana. Pero la población respondió que “si aceptaban la ley propuesta por las élites gobernantes, Islandia se convertiría en el Haití del Norte”. En Marzo de 2010 la población votó en el referéndum y nada menos que el 93% rechazó aquella ley. El enfado de la población se tradujo en un movimiento que exigió responsabilidades civiles y criminales a los responsables de la crisis financiera en Islandia, incluyendo el que había sido el Primer Ministro de Islandia, así como los presidentes de los tres bancos que tuvieron que ser nacionalizados. Todos ellos han terminado en los tribunales, y no se excluye que terminen en la cárcel.

Fruto de la indignación popular, también se exigió que se hiciera una Nueva Constitución escrita, no por el Parlamento, sino por una Comisión Popular, formada por 25 ciudadanos sin filiación política entre 522 adultos que habían sido elegidos por la población. Se está elaborando el borrador, y la comisión está recibiendo comentarios por Internet. Cuando el proceso termine, será sujeto al Parlamento para su aprobación.

Varias consecuencias pueden deducirse de lo dicho hasta ahora. Una de ellas es que todas las previsiones de “catástrofe” que ocurriría si el referéndum fuera rechazado –como lo fue-, provenientes de los centros financieros, FMI y de los gobiernos de la UE, fueron ignorados, pues eran motivados para crear una cultura del miedo que servía a sus intereses. La otra conclusión es que cualquier solución al enorme problema creado por los bancos extranjeros y nacionales pasa por recuperar la soberanía por parte de la población. Islandia demuestra la necesidad de no delegar el poder popular a otras instituciones que claramente han mostrado que no representan los intereses de la mayoría de la población.