sábado, 4 de febrero de 2012

Grecia: Crisis humanitaria sin precedentes

Sonia Mitralia Σόνια Μητραλιά
Intervención del 24 de enero de 2012 ante la Comisión Social de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de Estrasburgo en torno a "Medidas de austeridad: Un peligro para la democracia y los derechos sociales".

Cuando se van a cumplir dos años de la terapia de choque impuesta a Grecia por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, el balance es catastrófico, indignante e inhumano. De entrada, hay que señalar que incluso los impulsores de estas políticas reconocen su fracaso. Másaún, reconocen que sus planteamientos fueron erróneos, irrealistas, ineficaces e, incluso, contraproducentes. Tomemos como ejemplo un tema que concierne no a un problema secundario, sino al meollo del problema: el de la deuda pública griega.

Según los responsables del desastre griego, si sus políticas de austeridad draconiana hubieran resultado eficaces al 100%, lo que no deja de ser una ilusión, la deuda pública griega se situaría en el 120% del PIB en el 2020; es decir… ¡al mismo nivel que en 2009, cuando empezaron con este juego macabro!

Así pues, ahora reconocen que han diezmado una sociedad entera… ¡absolutamente para nada!

Y como si lo hecho hasta aquí no fuera suficiente, continúan imponiendo a los griegos y griegas –y en realidad a todo el mundo– las mismas políticas que consideran fracasadas. Es lo que está ocurriendo con el séptimo "Memorándum" de austeridad y destrucción de servicios públicos después que los seis precedentes hayan dado muestra de una ineficacia total. Al igual que en Portugal, España, Irlanda, Italia… y en toda Europa, donde la aplicación de estos planes de austeridad draconianos conducen al mismo resultado: hundimiento de las economías y de la población en una recesión y un marasmo cada vez más grande.

De hecho, expresiones como "austeridad draconiana" resultan totalmente insuficientes para describir lo que está ocurriendo en Grecia. No sólo se trata de que los salarios y las pensiones del sector público hayan sido reducidas entre el 50 y el 70%, y un poco menos en el sector privado. La malnutrición hace estragos entre los niños de la escuela primaria y el hambre empieza a manifestarse en las grandes ciudades del país, cuyos puntos neurálgicos se encuentran ocupados por decenas de miles de personas sin techo, hambrientas y en harapos. Se trata de que el paro alcanza al 20% de la población y al 45% de la juventud (49,5% para las mujeres jóvenes).

Los servicios públicos han sido liquidados o privatizados y esta decisión gubernamental ha traído consigo la reducción del 40% de las camas hospitalarias, que haya que pagar muy mucho dinero para parir y que en los hospitales públicos no haya vendas o medicamentos básicos como la aspirina.

En enero de 2012, el Estado griego aún no ha logrado entregar a los alumnos de las escuelas los libros que debían estar distribuido en setiembre de 2011.

Foto Αngelos Kalodouka
Decenas de miles de ciudadanos inválidos, enfermos o con enfermedades raras se ven condenados a una muerte segura y a corto plazo debido a la supresión de los subsidios a los medicamentos.

Las tentativas de suicidio (logradas o no) crecen a una velocidad impresionante, al igual que la gente seropositiva y toxicómana, abandonadas a su suerte por las autoridades.

Actualmente, debido a la supresión o privatización de los servicios públicos, millones de mujeres griegas han de cargar con tareas que anteriormente estaban cubiertas por dichos servicios. Una situación que se ha convertido en un verdadero calvario para las mujeres: son las primeras en ser despedidas y están obligadas a realizar de forma gratuita tareas que corresponden a los servicios públicos; además, son víctimas del incremento de la opresión patriarcal que sirve como coartada ideológica para hacer volver a las mujeres al hogar familiar.

Podríamos continuar con la descripción de este horror hasta el infinito; pero lo que acabamos de describir es más que suficiente para constatar que nos encontramos ante una situación social que se corresponde perfectamente con la definición de estado de necesidad o de riesgo, reconocido desde hace tiempo por el derecho internacional. Un derecho que permite e incluso obliga expresamente a los Estados a priorizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población frente al reembolso de la deuda.

Como indica la Comisión del Derecho Internacional de Naciones Unidas a propósito del estado de necesidad: "No es admisible que un Estado cierre las escuelas, las universidades ni los tribunales, que desmantele los servicios públicos hasta el punto de abandonar la población al caos y a la anarquía, por la simple razón de disponer de fondos para reembolsas a los acreedores extranjeros o nacionales. El Estado, al igual que los individuos, no puede sobrepasar determinados límites."

Por ello, nuestra posición, compartida por millones de griegos, es clara y neta y está recogida en el derecho internacional: el pueblo griego no tiene que pagar una deuda que, además, no es suya. Por diversas razones.

La primera, que la ONU y las convenciones internacionales firmadas por Grecia y, también, por los países acreedores, dejan claro que el Estado griego debe atender prioritariamente las necesidades de su población (nacionales y extranjeros bajo su jurisdicción) antes que a los acreedores.

La segunda, que esta deuda o, al menos, una parte muy importante de ella parece reunir todos los atributos de una deuda odiosa (en todo caso ilegítima) que el derecho internacional da por sentado que no hay que reembolsar. Esta es una razón de más para que el estado griego facilite, en lugar de impedir, el desarrollo de la Campaña por la Auditoría Ciudadana de esta deuda a fin de identificar su parte ilegítima, de anularla y no pagarla.

Nuestra conclusión es clara: la tragedia griega no es ni fatal ni irresoluble. Existe una solución: el repudio, la anulación y el no pago de la deuda constituyen el primer paso en la buena dirección, hacia la salvación de un pueblo europeo amenazado por una catástrofe humanitaria en tiempos de paz.

Gracias a: Viento Sur
Fecha de publicación del artículo original: 04/02/2012URL de esta página en Tlaxcala: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=6762

Rechazo unánime a limitar la asistencia a crónicos en Madrid

 Pacientes, médicos, partidos y sindicatos tildan de «irresponsable» a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de Madrid, Patricia Flores, por plantear si tiene sentido que un enfermo crónico "viva gratis del sistema"

VANESSA PI MADRID 4/02/2012 12:00 Actualizado: 04/02/2012 12:1

La mayoría de enfermos crónicos son personas mayores polimedicadas, que sufren varias patologías y requieren supervisión médica.
La mayoría de enfermos crónicos son personas mayores
polimedicadas, que sufren varias patologías y requieren
supervisión médica.- Reyes Sedano (PÚBLICO)
La pregunta lanzada al aire hace unos días por la vice-consejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, cuestionando que el Sistema Nacional de Salud (SNS) atienda gratis a los enfermos crónicos, ha provocado las críticas de pacientes, médicos, partidos políticos y sindicatos. Unos y otros se mostraban ayer perplejos por la pregunta que lanzó al aire Flores. "¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva del sistema?", planteó en un acto público.

En el ámbito político, Izquier-da Unida (IU) anunció ayer que preguntará en la Asamblea de Madrid al Gobierno de Esperanza Aguirre, si comparte la afirmación de la viceconsejera de Asistencia Sanitaria. El artífice de esta iniciativa, el diputado Rubén Bejarano, acusa a Flores de "trasladar la imagen falsa del gratis total para los ciudadanos en atención sanitaria" y rechaza que "los efectos de la crisis recaigan sobre los ciudadanos recortando sus derechos socia-les básicos".

IU preguntará en la Asamblea regional si Aguirre comparte la idea

Por su parte, el portavoz del PSOE en materia sanitaria en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, califica de "barbaridad" las palabras de Flores. "Es una burrada, no tiene ninguna explicación excepto una enorme falta de sensibilidad social", insiste. Freire recuerda que "cuando uno tiene responsabilidades políticas tiene que ser muy cuidadoso. Los pacientes crónicos no son parásitos de los servicios públicos, al revés. La base de la sociedad civilizada es la solidaridad. Otra cosa es cómo se organiza eso", insiste.

Recursos solapados

En su intervención, que recogió Diario Médico el pasado 23 de enero, Patricia Flores también aseguró que "lo sanitario tiene un fin" y apuntó que "hay muchos recursos públicos sola-pados en la atención a crónicos". En la Consejería de Sanidad quitan hierro al asunto y mantienen que Flores, con la frase que ha motivado las críticas, se refería a que hay pacientes crónicos que pueden estar mejor atendidos en una residencia de mayores que en un hospital de agudos.

Los sindicatos reivindican la gratuidad de la sanidad pública

Declaración "irresponsable"

Por otra parte, el presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, califica las declaraciones de Flores de "irresponsables". A su juicio, la viceconsejera ha demostrado "ser muy poco sensible con los pacientes" y tener muy poca capacidad de ponerse en su lugar, "que es lo mínimo que se le pide a un responsable político". Jovell recuerda "que todos, de una forma u otra, seremos enfermos crónicos en algún momento".

La mayoría de enfermos crónicos son ancianos que reúnen varias patologías, como alzheimer y enfermedad pulmonar, o diabetes e hipertensión, y tienen algún tipo de limitación en el movimiento. Su situación no suele ser de vida o muerte pero necesitan estar ingresados durante semanas o meses o, en el mejor de los casos, necesitan supervisión médica.

El Foro de Pacientes: "Todos seremos enfermos crónicos en algún momento"

Para el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, cuestionar que la sanidad pública atienda de forma gratuita a los enfermos crónicos "es un debate falso. Nadie ha puesto en duda esta asistencia", insiste. Otra cosa, explica, es que se aborde la mejora de la atención a estos pacientes. "Son necesarios cambios, pero la atención universal es obligatoria", insistió.

Cabrera destaca el compromiso que adquirió el miércoles pasado en el Congreso la ministra de Sanidad, Ana Mato, de crear un nuevo modelo de gestión clínica "que garantice la continuidad asistencial a pacientes crónicos". Cabrera recuerda que CCOO lleva reclamando "una política integral e integrada de atención a los pacientes crónicos". Para conseguirlo, el sindicato aplaude la propuesta de Sanidad de integrar los servicios sanitarios y los sociales. Por su parte, el responsable de Sanidad en Madrid de UGT, Ignacio Hernández, considera una "barbaridad" las palabras de Flores, así como "un ataque al Estado del bienestar en Madrid. Demuestran que su interés es privatizar todos los servicios públicos", denuncia.

Hernández critica la gestión que ha llevado a cabo en los últimos años el Gobierno de Esperanza Aguirre. "Hay un déficit de recursos para atender a los enfermos crónicos", asegura. Según recuerda, la Comunidad de Madrid ha abierto siete hospitales y otros dos están a punto de ser inaugurados, pero dedicados al enfermo agudo, aquel que sólo permanece ingresado unos días.

En la misma línea se pronuncia el portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marciano Sánchez Bayle. Recuerda que Aguirre pudo haber aprovechado las camas de los hospitales que ha cerrado al abrir otros nuevos y reivindica hospitales o plantas completas específicas para estos pacientes. Sánchez Bayle considera que las declaraciones de Flores "no corresponden a una supuesta defensora de la vida".

Más médicos en residencias

De hecho, esta es una vieja reivindicación de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (Semer). Su presidente, Alberto López Rocha, lleva años defendiendo la idea de que si los médicos que trabajan en las residencias adquirieran más responsabilidad en su salud, se evitarían gastos absurdos.

Por ejemplo, cuando un anciano sufre una crisis, se le suele llevar a un hospital para que le atiendan en urgencias. López Rocha aboga por que las residencias tengan más recursos materiales y humanos y se hagan cargo también de estos episodios. Sacar al anciano de la residencia para llevarle a urgencias no sólo cuesta el trayecto en la ambulancia y el coste de la atención médica que recibe. Su salud se ve resentida por un trasiego evitable, destaca López Rocha.

Además, destaca que muchos ancianos que permanecen ingresados en un hospital podrían ser perfectamente atendidos en una residencia, cuyo coste diario de la cama es mucho más barato que en el hospital. Para conseguirlo, López Rocha reconoce que hay que superar numerosas trabas burocráticas. La pelota está en el tejado de los políticos.