El colectivo asegura que la Consejería
de Sanidad se contradice a sí misma al publicar datos discordantes
sobre el coste de los hospitales antes y después de la
externalización.
- Comparativa de la AFEM sobre el costede la privatización de hospitales (pdf)
- El PSM amplía su recusación contra eljuez que decidirá sobre la privatización de hospitales
V,M / 02-12-2013
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Javier
Fernández-Lasquetty, consejero de
Sanidadde
la Comunidad de Madrid
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El colectivo ha indicado en una nota que los propios datos del Ejecutivo autonómico “contradicen su modus operandi desde que comenzó con su obstinación por la privatización a toda costa y a cualquier precio”. Tal y como explica la AFEM, la Comunidad de Madrid ha hecho público recientemente el proyecto de Presupuestos de para el año 2014, en el que se detalla el coste de los hospitales -cuyo proceso de privatización se encuentra suspendido cautelarmente por la justicia- sin privatizar.
Tomando estos datos, y comparándolos con los publicados por el Gobierno regional en el Pliego de Cláusulas Administrativas para la privatización de la gestión de seis hospitales (el Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, el del Henares, del Sureste y del Tajo), queda de manifiesto que la privatización “costará a los madrileños 114 millones de euros más -un 25% más- que si la gestión continuara siendo pública durante el primer año, aumentando hasta los 190 millones de euros a partir del segundo año”.
Algo que, según los médicos, contrasta con la premisa esgrimida por Consejería de Sanidad, que “postulaba el ahorro” como la razón para privatizar los centros hospitalarios. Era, según recuerda el colectivo, “lo primero y más importante” que quería conseguir la Comunidad de Madrid con su Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la región.
De esta forma, y tras un año de protestas de la Marea Blanca en los que se ha defendido no sólo que la privatización no garantiza el ahorro, sino que además compromete seriamente la calidad y la universalidad de la atención sanitaria e introduce una falta de equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias, “los propios datos de la Comunidad de Madrid dan la razón a los profesionales y a los miles de ciudadanos” que han salido a la calle contra los planes de Lasquetty.
“Es la propia Comunidad de Madrid la que pone en evidencia con sus datos que privatizar es más caro. Sabemos además que la privatización sanitaria puede poner en riesgo la calidad de la atención sanitaria y sin duda genera desigualdades entre los ciudadanos. La Justicia ha paralizado cautelarmente el proceso de privatización por prudencia jurídica y sentido común…¿Qué más hace falta?”, se ha preguntado Fátima Brañas, portavoz de la AFEM.
En su opinión, “si nuestros gobernantes fueran realmente responsables trabajarían por mejorar la Sanidad pública que tenemos y por hacerla realmente eficiente, y no por privatizarla a toda costa”.
