domingo, 1 de junio de 2014

La mayor montaña tóxica de Europa asfixia a Huelva

En el centro de la imagen, las dos balsas de fosfoyesos junto a la ciudad de Huelva. 
JUNTA DE ANDALUCIA 
01 de junio de 2014 Daniel Salado

Desde su balcón, Luisa López Albendi veía hace diez años los pueblos de Moguer y Palos de la Frontera. Hoy, desde el piso de la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Pérez Cubillos, en un extremo de Huelva capital, sólo se ve un macizo de color entre pardo y blancuzco, una especie de meseta que se interpone entre su barrio y el horizonte. Es como si una montaña hubiese ido creciendo allí a una velocidad geológicamente imposible, a la vista de los vecinos.

En realidad no es una montaña lo que oculta el paisaje. A 200 metros del barrio y de los hipermercados, sólo separados por la ronda de circunvalación H-30, se han ido amontonando durante al menos dos décadas 120 millones de toneladas de fosfoyesos, unos residuos químicos formados por aguas ácidas, metales pesados, fluoruros, fosfatos, arsénico y otros elementos contaminantes, que conforman la mole principal del vertido. Esos fosfoyesos los ha ido depositando la empresa de fertilizantes Fertiberia desde la mitad de la década de los 90, hasta que en 2010 una sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Supremo, le condenó a paralizar definitivamente los vertidos y proceder a la regeneración de los terrenos contaminados. La sentencia venía a dar la razón a la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que ya había anunciado a la empresa el fin de la concesión al no estar cumpliendo las condiciones de la misma. El de Huelva es el mayor vertedero de materiales tóxicos de Europa y tiene efectos nocivos para la salud de la población, que lleva años pidiendo una solución, hasta hoy sin éxito.

La empresa paralizó los vertidos ya desde la primera sentencia, pero la regeneración está por acatar. Ninguna administración parece considerarse capaz de hacer respetar la ley. Es más, la Junta de Andalucía y el Gobierno central se pasan la pelota el uno al otro, aunque está fuera de duda que le corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente imponer una solución. En este sentido, todas las miradas están puestas en la sucesora de Miguel Arias Cañete al frente del Departamento, Isabel García Tejerina, porque la ministra fue asesora y directora de Planificación Estratégica de Fertiberia desde septiembre de 2004 hasta febrero de 2012, según consta en su currículum publicado por el Ministerio de la Presidencia. Para la oposición y grupos ecologistas hay un evidente conflicto de intereses. Durante su primera visita oficial a la provincia, hace unas semanas, no respondió a una sola pregunta sobre el mayor problema medioambiental de Huelva y de España. Sí lo hizo su secretario de Estado, Federico Ramos, que prometió en mayo ante los medios locales que el Gobierno “va a hacer que se ejecute la sentencia en la parte que le corresponde”. Además, aseguró que la empresa “ha mostrado interés en cumplir su obligación”.

Fertiberia está presidida por Juan Miguel Villar Mir, ministro de Hacienda y vicepresidente de Asuntos Económicos en el primer gobierno postfranquista, entre el 12 de diciembre de 1975 y el 5 de julio de 1976, bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro. El rey le concedió el título de Marqués de Villar Mir en 2011. Su grupo de empresas incluye también la constructora OHL.

La reticencia de Fertiberia a cumplir la condena se explica por el coste de la operación de regeneración de los terrenos contaminados, que puede alcanzar cifras estratosféricas, aunque no ha sido cuantificado aún oficialmente. El científico Jesús de la Rosa, exvicerrector de Investigación de la Universidad de Huelva y actualmente investigador principal de las unidades asociadas a contaminación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se atreve a aventurar una cifra. Si no se trata de dejar la montaña sellada como un sarcófago, sino de desmontar todos los residuos y llevárselos a otro sitio, podrían ser “más de 1.200 millones de euros”, calcula. Y eso no acabaría del todo con el problema, que seguiría siendo qué hacer son los residuos que se extraen, añade.

La Junta de Andalucía hace hincapié en la obligación del Gobierno central de solucionar el problema. La secretaria general de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, Carmen Lloret, asegura que están haciendo todo lo que pueden dentro de sus competencias como Administración responsable de que la empresa cumpla sus obligaciones medioambientales, pero que no es “parte” en la sentencia, como lo es el Gobierno, que dio la concesión a la compañía y se la quitó con ayuda judicial. “La sentencia”, señala, “no se está cumpliendo”.

Multa de 240.000 euros

Finalmente, el pasado 24 de mayo se supo que la Consejería de Medio Ambiente había impuesto a Fertiberia una multa de 240.000 euros. Se trata de la máxima cantidad posible en el marco de una falta grave por incumplimiento de sus obligaciones medioambientales, concretamente por no presentar a tiempo el plan de regeneración (el plazo dado por la Justicia venció en febrero de 2013). Los últimos datos disponibles indican que Fertiberia facturó 1.264 millones de euros en 2012. Lloret admite que la Junta tiene competencias para suspender la actividad de una empresa en determinadas condiciones pero estima que no se han alcanzado esas condiciones en esta fase.

La empresa no ha escatimado recursos para retrasar ese momento. El primer proyecto que presentó en la Junta fue “un Power Point”, dice Lloret. Después, presentó un “avance del plan de regeneración” en inglés que la Junta está valorando. La multa, asegura, la tendrá que pagar con o sin plan de regeneración.

Por otra parte, la Junta concedió a Fertiberia en 2013 la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un permiso de actividad que, según Lloret, sirve para maniatar más a la empresa, ya que dicha autorización contempla el cumplimiento de las resoluciones judiciales, incluida por tanto la obligación de la compañía de presentar un estudio de regeneración de la zona contaminada. No obstante, para Aurelio González Peris, presidente de la Asociación Mesa de la Ría, una de las plataformas ciudadanas que lucha por la descontaminación de la zona, la AAI a Fertiberia fue un cheque en blanco para que la compañía siguiera operando sin más, obviando las irregularidades que a su juicio estaba cometiendo.

Hasta la Comisión Europea llegó a sacar los colores a España en 2010 con un “apercibimiento final” con el que esta alta institución llegó a advertir al Gobierno español que “la naturaleza no es un vertedero”. El expediente abierto por “infracción del Derecho Comunitario en materia de tratamiento y vertido de residuos industriales” dejaba poco margen al Gobierno español: obligaba a las autoridades a correr para evitar que el asunto llegase al Tribunal de Luxemburgo.

Los científicos siguen investigando

Pero el mayor problema medioambiental aún latente de España permanece a escasos 200 metros de las primeras viviendas de Huelva. Entre tiras y aflojas políticos, el vertedero industrial se extiende a lo largo de 120 hectáreas de terreno de la marisma de Mendaña, entre Huelva y la ría, y asciende hasta a 25 metros de altura en algunos puntos (la concesión del Gobierno establecía un máximo de tres metros de altura). Junto a los fosfoyesos conviven 7.000 toneladas de cenizas procedentes de un accidente que ocurrió en una planta de Acerinox en Cádiz hace diez años (y que fueron transportadas hasta Huelva), y cenizas de pirita de una planta de inertización de las empresas Egmasa Albega y Befesa (Grupo Abengoa). Estos nuevos vertidos son consecuencia de que Fertiberia ha estado subarrendando su extensa área de vertidos a otras empresas.

Informes científicos (CSIC, la Universidad de Huelva, los laboratorios franceses CRII-RAD, el Consejo de Seguridad Nuclear) y médicos (Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva) han arrojado resultados preocupantes o al menos han aconsejado precaución ante la posible peligrosidad de los vertidos para la salud. El estudio del Juan Ramón Jiménez, en concreto, detectó concentraciones significativas del elemento radiactivo Celsio 137 en las uñas de 37 trabajadores que operaban en los alrededores y que suponían el 40% de los analizados. El estudio examinó también a trabajadores de otras zonas de España con resultado negativo. La propia representante de los vecinos de Pérez Cubillos padece hipotiroidismo, un mal que los vecinos reconocen como frecuente en el barrio, al igual que el cáncer, y que creen se debe a la cercanía de la montaña de residuos. Pero el miedo lleva a algunos incluso a no moverse porque piensan que, si se remueve la montaña, las consecuencias para su salud serían peores. “Mejor que la dejen como está”, dice un dependiente de la tienda de Luisa. El mismo que cuenta cómo ve pasar cada poco tiempo a vecinos en camilla camino del hospital.
Los residuos están al lado de viviendas. ROBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ 

Algunos científicos creen que aún falta trabajo por hacer y ya se están poniendo manos a la obra. Jesús de la Rosa está inmerso en un estudio sobre la calidad del aire en el entorno de la zona de los vertidos. Este científico explica que los fosfoyesos “llevan asociados múltiples elementos, entre ellos uranio, que es un radiactivo presente en la naturaleza”. Aunque es muy prudente, De la Rosa ha observado que los procesos de evaporación de las aguas ácidas pueden favorecer la concentración de estos elementos. Recalca que el estudio no arroja aún ninguna conclusión y subraya que no se debe considerar el uranio de antemano como un elemento siempre peligroso, aunque admite que trabaja “por el bien de la sociedad”, tratando de despejar cualquier duda sobre la alta, baja o nula peligrosidad de estos elementos. De la Rosa hace hincapié en que hacen falta más estudios en la zona ya que, según dice, con los últimos avances científicos, “cada vez es más fácil saber cosas nuevas”. Opinión que comparte Carlos García Izquierdo, uno de los investigadores del informe del CSIC, quien cree imprescindible “seguir ahondando en estudios que sirvan como base para acometer un proyecto de recuperación de la zona”.

Movilización de la sociedad onubense

El problema se trata a diario en las formaciones políticas y asociaciones locales. El coordinador general de Izquierda Unida de Huelva, Pedro Jiménez, afirma que a su formación y a la plataforma en la que se integra, Recupera tu Ría, no le basta con presionar a Fertiberia, aunque reconoce que la primera que “tiene que aportar es la empresa, y después las Administraciones”. Pero pone el énfasis en que la solución salga del consenso de instituciones y vecinos implicados, una lista que incluye 22 organismos, públicos y privados.

El Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad su propuesta de crear un órgano de participación para la búsqueda de soluciones conjuntas. Es decir, más reuniones a la vista. Asegura que desde el principio el objetivo de la empresa es hacer pasar como plan de regeneración “una cubierta vegetal de 30 centímetros de espesor con adelfas y otras plantas”, pero nunca acometer un plan para descontaminar y llevarse las tierras acumuladas, o sea, plantar sobre los residuos. Jiménez aporta una nueva versión del viejo lema “quien contamina paga”: “Quien contaminó al amparo del empleo, que regenere amparándose en el empleo”, dice.
Aurelio González Peris asegura que algunos partidos “están abusando de este conflicto para alimentar sus confrontaciones políticas”, si bien la asociación Mesa de la Ría, que preside y que surgió en el seno del Colegio de Abogados de Huelva, se constituyó como partido político y llegó a obtener un concejal en las últimas elecciones municipales. A su juicio, “Gobierno y Junta juegan a arrojarse la responsabilidad de tomar las decisiones”.

La importancia del empleo

Para gran parte de la sociedad onubense, el plan de regeneración va más allá de la seguridad sanitaria. Es una oportunidad de crear empleo en tiempos de crisis. Según Aurelio González, “durante décadas Huelva capital ha renunciado a las posibilidades económicas del turismo porque se nos vendió el empleo que generaba la industria”, dice. Actualmente, las empresas del Polo representadas en la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) aportan el 8% de la riqueza generada y proporcionan entre 8.000 y 10.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Pero, pese a que a escasos kilómetros hay playas casi paradisíacas como Punta Umbria, El Rompido o Cartaya, Huelva capital ha permanecido aislada del boom turístico español de los años 70, ya que fue en 1964 cuando se inauguró el polo químico, en el que operan compañías como Cepsa, Tioxide, Fertiberia, Ercros y otras muchas.

Ni Fertiberia ni el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han respondido a la solicitud de información cursada por La Marea. Sí lo ha hecho de manera indirecta el gerente de la Asociación de Empresas Químicas, Básicas y Energéticas (AIQBE) de Huelva, Juan Manuel Díaz del Valle, quien se ha remitido a unas recientes declaraciones que hizo a la Cadena SER, en las que afirma que la sentencia que pesa sobre Fertiberia “no es por una infracción medioambiental” sino por un “procedimiento administrativo”, y achaca parte de la responsabilidad a la falta de entendimiento entre la Administración central y la Junta de Andalucía, presionadas por grupos ecologistas y otros colectivos, aunque admite “algo de responsabilidad de la empresa”.

Díaz del Valle asegura en esa entrevista que la compañía de Villar Mir “está cumpliendo” con la parte de la sentencia que la obliga a presentar un plan de regeneración y añade que si se ha retrasado es porque se trata de un proyecto muy ambicioso. Según el gerente de la AIQBE, el proyecto plantea muchas dificultades de ejecución, como el tratamiento de las aguas ocluidas. Además, defiende, han contratado a una empresa de Florida con experiencia en más de 60 cierres de instalaciones contaminantes.

Mientras, en la calle, en el barrio de Pérez Cubillos, Luisa López reconoce con resignación que el barrio apenas lucha ya por sus derechos. “Con estos niveles de paro, la mayoría de la gente aquí vive día a día para comer, la contaminación es secundaria”, afirma. Aunque los vecinos más afectados apenas tengan fuerzas para protestar, los ciudadanos no se olvidan de que los responsables de este problema deben solucionarlo cuanto antes. En balcones, en bares, en paredes de toda la ciudad aparecen, cada poco, unos carteles amarillos que lo dejan claro: “Fosfoyesos no”.

CASI MEDIO SIGLO DE CONTAMINACIÓN SIN SOLUCIONES

1968. FERTIBERIA INICIA SUS OPERACIONES CON VERTIDOS DE FOSFOYESOS AL CAUCE DEL RÍO TINTO

1995. LA JUNTA DE ANDALUCÍA EXIGE LA “REORDENACIÓN” DE LOS VERTIDOS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO. LOS VERTIDOS PASAN A HACERSE EN TIERRA EN DOS BALSAS.

1998. UNA DE LAS BALSAS DE RESIDUOS SE ROMPE Y VIERTE 50.000 METROS CÚBICOS DE TÓXICOS A LA RÍA.

2003. EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EMITE UNA ORDEN DE CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN DE FERTIBERIA.

2007. TRAS UN RECURSO DE LA COMPAÑÍA, LA AUDIENCIA NACIONAL RATIFICA EN SENTENCIA EL FIN DE LA CONCESIÓN A FERTIBERIA, FIJA DICIEMBRE DE 2012 COMO FECHA LÍMITE DEL CESE DE LOS VERTIDOS Y EXIGE A FERTIBERIA COMENZAR DE INMEDIATO LA REGENERACIÓN DE LOS TERRENOS OCUPADOS POR LAS BALSAS.

GREENPEACE Y LA MESA DE LA RÍA DIVULGAN UN INFORME SOLICITADO POR LA PRIMERA AL LABORATORIO FRANCÉS CRII-RAD, QUE DETECTA RADIACTIVIDAD POR CELSIO 137 EN LA ZONA DE LAS BALSAS.

2008. LA COMUNIDAD EUROPEA EXPEDIENTA A ESPAÑA POR VERTIDOS DE FOSFOYESOS AL RÍO TINTO.

LA COMISIÓN DE INFRACCIONES DE LA D.G. DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA INSPECCIONA LAS BALSAS.

2009. INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA Y DEL HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ ELABORAN UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO QUE DETECTA LA PRESENCIA DE URANIO RADIACTIVO EN EL 44% DE LOS TRABAJADORES METALÚRGICOS DE LA ZONA ANALIZADOS.

2010. LA COMISIÓN EUROPEA ENVÍA UN APERCIBIMIENTO A ESPAÑA POR INFRACCIÓN DEL DERECHO EN MATERIA DE TRATAMIENTO Y VERTIDO DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN HUELVA, EN EL QUE DECLARA QUE “LA NATURALEZA NO ES UN BASURERO”.

2011. EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA LA CONCESIÓN Y CONFIRMANDO EL CESE DE LOS VERTIDOS, ESTO ÚLTIMO YA ACATADO POR LA EMPRESA.

2014. TRES AÑOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA SENTENCIA, FERTIBERIA NO HA CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE REGENERACIÓN DE TODA LA ZONA AFECTADA, QUE SIGUE ALMACENANDO 120 MILLONES DE TONELADAS DE FOSFOYESOS.