ACUSAN AL INSTITUT CATALÀ
D'AVALUACIONS MÉDIQUES DE "NEGOCIAR"
Beatriz Pérez.- Natividad López Gama
tiene 32 años y, desde el 6 de octubre, duerme en una tienda de
campaña a las puertas del Institut Català d'Avaluacions Médiques
(ICAM) de Barcelona como acto de protesta contra la decisión de este
organismo de darle el alta médica y, así, considerarla en situación
de incorporarse al mundo laboral.
Nati era administrativa contable. "Hace
un año y medio que tuve un ictus cerebral y un trombo en la
cariótida –cuenta--. Hace tres que sufrí un infarto de corazón
por disección coronaria". Además, padece migrañas de más de
cinco días de duración, se olvida de las cosas, tiene problemas
digestivos y, en algunas ocasiones, ha tenido que usar pañal. Debe
visitar al médico entre tres y cuatro veces por semana. El último
año y medio ha subsistido con 300 euros de pensión. "Denuncié
al ICAM porque me mantuvo la baja para no darme la incapacidad
argumentando una "posibilidad de mejora". Por si fuera
poco, en septiembre me dieron el alta", explica la joven, que
acaba de quedarse sin la pequeña ayuda que recibía del
Estado.
"Estoy aquí para protestar por la crueldad del ICAM.
Esto es un drama diario: cada día sale gente llorando. No son
médicos, son verdugos", lamenta Nati. "Sabemos que los
médicos que trabajan en esta institución reciben incentivos y
pluses por dar altas", asegura.
A su lado se encuentra
Verónica Álvarez, de 30 años. Lleva casi dos de baja, con
infecciones constantes de orina al tener una "vejiga
hiperactiva" y padecer una "obstrucción" en la misma.
"Debo sondarme seis veces al día, padezco dolor crónico y he
de tomar una medicación que me deja drogada", explica Verónica,
a quien, pese a todo, el ICAM dio el alta en abril. En lo que va
de año, esta mujer, a la que denegaron la incapacidad en dos
ocasiones, ha estado 11 veces en urgencias.
A los males que estas
personas sufren se les suma, a menudo, la depresión, ante la
ausencia del apoyo que necesitan. Tanto Nati como Verónica la
padecen.
"INTERÉS ECONÓMICO"
El Col.lectiu Ronda,
una cooperativa nacida hace 41 años para defender los derechos de
los trabajadores, ha venido denunciando en los últimos años el
"maltrato" que sufren los enfermos por parte del ICAM,
entidad que depende del Departament de Salut y que se encarga de los
controles de las incapacidades temporales. Miguel Arenas, abogado, es
miembro de Ronda, y a las puertas del ICAM, junto a Nati, condena el
"interés económico" que existe tras las determinaciones
de esta institución.
"Para que Nati consiga la baja, debe
incorporarse al trabajo. Pero ella no está capacitada laboralmente
para ello. Es algo perverso", cuenta este abogado laboralista. A
juicio de Arenas, lo que el ICAM hace es un"seguimiento
sistemático contra la gente que tiene una baja médica". Pero
¿cuál es la motivación que está detrás de todo esto? Miguel
Arenas lo tiene claro: "Entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) y la Generalitat [de la cual depende el ICAM]
se aprobó en el 2013 un convenio [en concepto de control de la
incapacidad temporal de contingencias comunes] de 60 millones de
euros. Una barbaridad". Arenas asegura que en su momento --solo
hay datos hasta el 2013-- el ICAM gastaba anualmente unos cinco o
seis millones --frente a los 60 que ingresó hace dos años--. "Es
decir, un negocio redondo", explica el abogado, quien añade que
en el BOE del 2012 la Generalitat le exigía al Institut Català
d'Avaluacions Médiques un 46% de altas médicas.
La revista
Crític desveló el pasado junio que el ICAM deniega un porcentaje
cada vez mayor de las peticiones de invalidez permanente que le
llegan. Frente a las 5.933 (el 27,39% del total recibido) del 2008,
están las 9.549 (el 40% del total) del 2013. Aunque lo que hace el
ICAM es una propuesta, el INSS --que es quien decide-- siempre le
acaba haciendo caso, recoge Crític.
En opinión de Arenas, tras
este modus operandi se encuentra no solo la privatización progresiva
de la sanidad pública, sino también una "criminalización del
trabajador, que se convierte en sospechoso por sistema". Y
añade: "Catalunya es pionera, en toda España, de este control
excesivo de la incapacidad laboral".
"AHORRAR EN
SUBSIDIOS"
Josep Maria García tiene 44 años y, desde hace
tres lustros, está afectado por el Síndrome de Sensibilidad Central
--fatiga crónica, fibromialgia y migraña--. Debe estar
constantemente con una máscara de carbón activo que filtra el aire.
"No tolero las colonias, el tabaco, el humo de los coches",
cuenta. Hace dos años que acudió al ICAM, donde le dijeron que no
tenía nada. "En el 2013 fui a juicio y conseguí la incapacidad
absoluta, pero la Seguridad Social recurrió y me la rebajaron a la
total", rememora Josep Maria.
La diferencia entre una y otra
es que la incapacidad absoluta determina que al enfermo, que no puede
trabajar, le queda el 100% de la base reguladora. Con la incapacidad
total, le queda solo el 55%, y esta determina que el enfermo sí
puede trabajar, pero en una actividad diferente a la anterior.
"Yo
no puedo siquiera salir a la calle", se queja este hombre. "El
1 de abril de este año aporté al ICAM nuevos informes que
certificaban un empeoramiento de mi salud". Informes que, por
algún motivo, no figuran en la evaluación remitida por este
organismo. "El ICAM oculta los problemas médicos aportados por
profesionales de la salud. Lo hacen para no dar la incapacidad al
enfermo y, así, ahorrarse en subsidios",opina García.
"Atienden a razones económicas, más que a médicas y
humanas".
Como Nati, Josep Maria también denuncia que los
médicos del ICAM "cobran incentivos económicos" por el
número de altas que dan. "Se sabe que el Institut debe cubrir
objetivos", cuenta este hombre, quien aprovecha para denunciar
que los dos guardias urbanos juzgados y condenados por torturas en el caso 4F --el cual se narra en el documental Ciutat Morta-- cobran
paradójicamente una pensión gracias al ICAM, que les concedió la
incapacidad médica.