martes, 21 de marzo de 2017

La Agencia Europea de Medicamentos financiada por los fabricantes de fármacos

Por Miguel Jara

Las agencias reguladoras de medicamentos tienen conflictos de interés que, como hemos publicado en ocasiones, les llevan en demasiadas ocasiones a anteponer los intereses de las industrias a los de las personas. El llamado Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conlleva el traslado de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de Londres a una ciudad de la UE por decidir. Lo interesante es que están publicándose algunos datos que abundan en lo que comento, la cooptación de dicha agencia.

Desde hace muchos años insisto en que el “guardián de los medicamentos” de los europeos y europeas, la EMA (y ocurre algo similar con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), tiene lazos con las diferentes industrias y laboratorios farmacéuticos tan estrechos que le impide hacer bien su trabajo: la aprobación rigurosa de fármacos y productos sanitarios y la farmacovigilancia de los mismos para evitar daños a las personas.

Uno de los principales problemas es que estas agencias no son independientes de las empresas, no están financiadas con dinero público sino que la mayor parte de lo que ingresan es en concepto de tasas que cobran por la revisión de la documentación que las diferentes compañías les presentan para que les aprueben sus productos.

El diario Cinco Días publica que la entidad encargada de supervisar los tratamientos en Europa se “autofinancia” con los 31.414.000 millones de euros que le llegan de los laboratorios farmacéuticos en concepto de solicitud de autorización de cada medicamento. En concreto, en el ejercicio de 2015, narra el diario económico
"tramitó 113 solicitudes de pre-autorización, a razón de una cuota de 278.000 euros por solicitud, según datos de un informe del Parlamento Europeo sobre el funcionamiento de las principales agencias de la UE”.

Desde su creación en 1995, la Agencia ha emitido más de 1.000 autorizaciones para la comercialización de productos farmacológicos, lo que ha obligado a gran parte de la industria farmacéutica y de productos veterinarios a contar con representación de alto nivel técnico en la capital británica o desplazar hasta allí a con gran frecuencia a sus expertos.

Pero ¿cuántos productos sanitarios ha retirado del mercado ese organismo europeo? Yo no conozco la cifra exacta pero, como se dice, podrían contarse con los dedos de una mano. Ya, ya sé que lo normal es que los medicamentos funcionen bien, que no den problemas como para retirarlos pero en los últimos años estamos asistiendo a escándalos sin que se tomen las medidas adecuadas.

Alicia Capilla, portavoz de la Asociación de
Afectadas por a Vacuna del Papiloma (AAVP)
en la sede de la EMA.
El claro conflicto de interés estructural de la Agencia puede explicar cosas como esta: 352 muertes por la vacuna del papiloma notificadas ante la Agencia Europea de Medicamentos y la entidad NO las investiga

Y no solo no hace su trabajo, investigar qué sucede con esa vacuna que el Gobierno de Japón dejó de recomendar hace ya cerca de cuatro años, sino que intenta proteger a sus fabricantes (que también son sus pagadores, claro).

Otro ejemplo es el método anticonceptivo Essure, de la compañía Bayer. Está causando graves daños en todo el mundo hasta el punto de que la agencia de productos médicos de Brasil lo ha retirado del mercado porque en dicho país hay 200 afectadas. En Estados Unidos hay miles de mujeres dañadas por ese aparatito metálico que se inserta en las Trompas de Falopio de las mujeres para esterilizarlas y su agencia, la FDA, no lo retira de la circulación.

Angélica del Valle y Elena Fernández,
coordinadoras de la Asociación de Afectadas
por Essure, en la sede de la AEMPS
En España, calculamos que hay unas 1.000 mujeres con posibles daños y la AEMPS, pese a que reconoce fallos en el sistema, asesorada por la agencia europea, no lo prohíbe.

Hay que contar de nuevo que la FDA tiene un sistema por el cual un laboratorio puede pagar una cantidad extra para que los funcionarios de dicha entidad pública aceleren la revisión de la documentación de un nuevo tratamiento.

Y podríamos poner muchos más ejemplos. Lo que parece claro es que no es buena idea que los órganos reguladores de productos estén financiados por quienes están destinados a ser regulados por esos órganos.