viernes, 31 de agosto de 2012

REFLEXIONES SOBRE LA RENTA BÁSICA.



Miguel Luis Jiménez Atencia
Comisión Constituyente Frente Cívico-Somos Mayoría Málaga

     La Renta Básica (RB) la podemos definir como la remuneración económica a la que cada ciudadano tiene derecho por el mero hecho de ser ciudadano. Se trata pues de un derecho universal, similar al derecho al voto y tendría derecho todo ciudadano, mayor de 18 años, independientemente de su nivel de renta, raza, sexo o religión.

     Un paso intermedio en el camino hacia la RB es el Subsidio por Desempleo Indefinido en el tiempo (SDI). Este sería una RB que se perdería en el momento en que el ciudadano obtuviera un trabajo o unas rentas determinadas. Esta primera etapa en la consecución de la RB, presentaría determinadas ventajas: permitiría un mayor margen temporal para la búsqueda de los recursos económicos necesarios para la RB, sería una forma efectiva de determinar el salario mínimo interprofesional, ya que si este Subsidio por desempleo Indefinido (SDI) es de 1000€/mes, nadie trabajaría en nada por menos de esta cantidad y además, sería una forma de erradicar los núcleos de pobreza y exclusión social de muchos ciudadanos y al haber más dinero en circulación, la actividad económica en todos los sectores se vería incentivada.

     Pero en el momento en que se trata el concepto de Renta Básica, los detractores siempre se lanzan al ataque de esta idea esgrimiendo, básicamente, dos argumentos:
  • 1.- Con una RB o SDI nadie trabajaría.
  • 2.- La implantación de la RB o SDI es inviable económicamente.

     Sin embargo, lo que subyace a este argumentario, como veremos a continuación, son más razones de tipo ético que de tipo económico. Al final, el razonamiento nos lleva a ver si es ético romper el lazo que une los conceptos de trabajo y retribución. ¿Es posible que exista una retribución sin haber trabajo? Ésta, es, en última instancia, la pregunta a la que debemos responder.

     Técnicamente, la respuesta es clara: SI. Hoy en día, una persona, debido a la evolución tecnológica que han experimentado los medios de producción, es capaz de producir para varios miles de personas. Muchos expertos auguran que, en un futuro cercano, la inmensa mayoría de los medios de producción se encontrarán automatizados, siendo la intervención humana ínfima. En este escenario, si no hay retribución económica sin trabajo, tampoco existirá consumo, con lo que el sistema entrará en crisis. Por otro lado, está la vertiente ética en la que se basan los dos argumentos anteriores: sin necesidades económicas nadie trabajaría o no es posible dar derechos sin obligaciones o se crearan sociedades de vagos y holgazanes que vivirán como parásitos de una sociedad que les alimenta gratuitamente.

     Vamos a rebatir este argumentario clásico con datos concretos.

1.- Con una RB o SDI nadie trabajaría:

     Son varios los ejemplos que podemos encontrar en diferentes partes del planeta donde la implantación bien de una RB o bien de SDI no ha supuesto un incremento de los datos de paro como determinados creadores de opinión quieren hacernos creer. Igualmente no se han creado sociedades sin valores al existir derechos sin obligacioines. Por un lado tenemos un interesante ejemplo en los propios EEUU. En el estado de Alaska, en los años 60, Jay Hammond, alcalde de Bristol Bay, un pequeño pueblo de pescadores, observó como los grandes ingresos derivados de la industria pesquera no repercutían en la localidad que los propiciaba. De hecho, muchos de los habitantes de Bristol Bay en la década de los 60 eran pobres. Ante esto, propuso la creación de una tasa del 3% sobre la industria pesquera. Con este dinero se creó un fondo cuyo propietario eran todos los ciudadanos de Bristol Bay. 
Posteriormente, Jay Hammond fue elegido Gobernador de Alaska y en 1986, separó el 50% de los Royalty derivados de las explotaciones petrolíferas y creó otro fondo de inversión. Cada persona residente en Alaska, de cualquier origen, raza, sexo o edad, tiene el derecho a recibir anualmente un dividendo social cuyo monto es variable en función del rendimiento obtenido por el Permanent Fund Dividend Application, el organismo gestor. En 2006, el dividendo fue de 1.106.96 dólares anuales para una población entorno a los 700.000 habitantes.

     Igualmente, resulta muy interesante hablar del caso de Bélgica, donde los parados tienen un Subsidio de Desempleo Indefinido en el tiempo. A dicha remuneración económica tienen derecho aunque no hayan trabajado nunca. Dicha asignación es de 1099€ mensuales. ¿Hay alguien que trabaje en Bélgica? ¿Se ha creado una sociedad de vagos y vividores sin valores? La respuesta la podemos encontrar en sus datos de desempleo y en la productividad laboral. En el año 2011, en pleno apogeo de la crisis económica, la tasa de paro de Bélgica era del 7.2%. Por otro lado, según datos de 2011 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la productividad laboral de Bélgica es de las más altas del mundo. Como vemos, la ruptura del dipolo remuneración-trabajo no ha llevado a una sociedad desestructurada ni de holgazanes, muy al contrario, las personas se encuentran más motivadas en su trabajo, ya que pueden elegir con mayor libertad un trabajo que les gusta. Ello deviene en una mayor productividad y un mayor compromiso con su trabajo.

     Finalmente comentaremos el caso de Suiza, donde recientemente, el gobierno ha publicado en el Boletín Federal del país una propuesta bajo el título: Por un subsidio de base incondicional. Bajo este enunciado, se propone la creación de una asignación mensual, que oscilaría entre 1500 y 2000€, para todos los ciudadanos del país. La financiación de dicha medida vendrá dada por un aumento de los impuestos. Con esta medida, según Oswald Sigg, miembro del comité de la iniciativa "la gente no trabajará menos, sino que lo hará de otra manera, más de acuerdo con sus intereses personales, y los que quieran ganar más, trabajarán más". Por su parte, el economista Samuel Bendahan comenta que a su juicio "la gente trabaja por motivación intrínseca, por motivos sociales y no por dinero", por lo que la incitación al trabajo sería aún mayor gracias a esta prestación. Como podemos observar con estos ejemplos tan esclarecedores, el argumento nº1 en contra de la RB o del SDI queda vacío de contenido.

2.- La implantación de la RB o SDI es inviable económicamente.

     Para ver si una medida como esta es o no inviable económicamente, lo primero que necesitamos saber es de que cantidad económica estamos hablando, es decir, qué partida necesitamos introducir en los presupuestos generales del estado para hacer frente a una medida como esta. Para conocer dicha cantidad debemos fijar qué cuantía mensual se le daría a cada persona y cuantas personas tendrían DERECHO a estas retribuciones ciudadanas.

     Al objeto de estas reflexiones vamos a tomar como cantidad mensual 1000€. Siendo el fin último que todo ciudadano mayor de 18 años tenga derecho a dicha retribución, vamos a plantearlo como una operación en dos fases: primero, como un SDI y posteriormente, como una RB a la que tendrían derecho todos los ciudadanos independientemente de si trabajasen o no. Así pues, en esta primera fase, los beneficiarios serían los parados mayores de 18 años. 
A Junio de 2012, en España teníamos 4.615.269 parados, según fuentes del Ministerio de Empleo. Se asume que, una parte de las personas que están trabajando en condiciones de explotación, con sueldos inferiores a los 1000€/mes, o sencillamente que trabajan en lo que no les gusta, dejarían el trabajo. Es, por ello, que vamos a asumir el doble de parados, es decir 9 millones. Con estos datos, necesitaríamos 108 mil millones de € anuales. Igualmente, debemos considerar que esta cifra es un máximo ya que conforme nadie trabajara por menos de 1000€/mes, todos los empresarios que necesitaran contratar a personal tendrían que hacerlo por más dinero y con mejores condiciones laborales. Además, habría ciudadanos que podrían dedicarse a lo que realmente les gusta y terminarían encontrando su trabajo deseado. 
Por todo ello, estas cifras de paro irían bajando con el tiempo y por lo tanto, el esfuerzo financiero del Estado también. No cabe duda, igualmente, que con más dinero en la calle, la actividad económica aumentaría, el consumo interno subiría y en definitiva, los ingresos del estado por IVA, IRPF, etc, aumentarían en la misma proporción.

     Sin embargo, obviando todo esto, aún nos queda por buscar 108 mil millones de Euros. Según cálculos del Banco Mundial y de la GHESTA (Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda) el fraude fiscal asciende a unos 240 mil millones de €. Esto ya es más del doble de lo que se necesitaría para la implantación del SDI. Por otro lado, según datos de Merryl Linch, en España hay más de 143.000 personas con más de un millón de Dólares en efectivo ( o que rápidamente pudiera hacerse líquido). Igualmente, existe un número indeterminado de grandes fortunas y un grupo de unas 3000 personas con más de 25,000 millones de €. Todos ellos, junto con diversos accionistas atesoran, unos 400 mil millones de €, los cuales se agrupan en las SICAV y cotizan al 1%. Ante tantas cifras, es necesario ponerlas en contexto, estos 400 mil millones de € es lo mismo que tienen los 17 millones de hogares que existen en España. No es necesario decir que un aumento de la presión fiscal sobre las SICAV nos reportaría también ingentes cantidades económicas. Pasar del 1% al 10% supondría un ingreso extra de 36 mil millones de €. La imposición de la Tasa Tobin a las transacciones financieras sería otra importante fuente de ingresos. Según un estudio de la Fundación Ideas, un impuesto del 0,05% de las operaciones llevadas a cabo en España supondrían unos 6300 millones de € anuales.

     Los paraísos fiscales son otro agujero negro. Según un estudio realizado por James Henry, experto en paraísos fiscales y exjefe economista de la consultora McKinsey, para la organización Tax Justince Network, los millonarios han evadido en el mundo unos 15 billones de €, es decir, unas 15 veces el PIB de España o la suma del PIB de EEUU y Japón. Complices necesarios de dichas evasiones fueron los bancos USB y el Credit Suisse y, como no, Goldman Sachs. Sólo ellos han gestionado 5 de los 15 billones de € (con b de barbaridad). Según la Tax Justice Network, la evasión fiscal en España sería de 107 mil millones de €. Dicha agencia sitúa a España como décima nación con mayores ratios de fugas impositivas.

     Por otro lado, también tenemos los 752 millones de € que deben los Clubs de futbol (que no son otra cosa que empresas privadas) a Hacienda o los 3000 millones de € que se ingresarían si la iglesia Católica pagara el IBI. En fin, ha llegado la hora de hacer la suma :
  • Fraude Fiscal 240 mil millones €
  • Evasión Fiscal 107 mil millones €
  • SICAV 10% 36 mil millones €
  • Tasa Tobin 6,3 mil millones €
  • IBI Iglesia Católica 3 mil millones €
  • Regulación Futbol 0,752 mil millones €
  • TOTAL 393 MIL MILLONES €

     Creo que sobran las palabras. El segundo argumento de inviabilidad económica no solamente es falso, sino que, con estas fuentes de financiación, el estado tendría cuatro veces más dinero de lo que se necesitaría para la implantación del SDI. Para que nos hagamos una idea de la cantidad tan astronómica de la que estamos hablando, según datos del Ministerio de Economía, el presupuesto de España para el año 2012 es de 312 mil millones de €, es decir, con estas medidas se podría, en muy poco tiempo, duplicar el presupuesto nacional. Vemos pues, que los argumentos esgrimidos en contra de la RB o SDI son desmontadas bajo el peso de los datos concretos y de las realidades existentes en otros lugares.

En nombre de la mayoría absoluta

31 de agosto de 2012

El PP está llevando a cabo con inusitada presteza lo que parece un cambio del modelo de Estado en España. Se apoya en la mayoría absoluta que otorgaron a Mariano Rajoy 10.830.693 ciudadanos, el 30,37% del electorado. Conviene recordar que con más porcentaje y más votos, Zapatero no la consiguió en los dos anteriores comicios.

No cabe poner en entredicho la legalidad del Gobierno del PP de acuerdo con nuestras leyes electorales, pero sí preguntarse –a la vista de sus actuaciones– si no está aplicando una mayoría “absolutista” para obtener los fines que persigue. De entrada elude a casi el 70% del electorado que no apostó por Mariano Rajoy. Tampoco da la impresión de pensar en cuántos ciudadanos se inclinaron por él creyendo –en el más estricto sentido de la palabra– que solucionaría la crisis. Lo más grave sin embargo es la torsión del propio concepto de democracia, no solo en actitudes, sino en leyes que se han puesto en vigor.

Un Gobierno democrático ha de atenerse a normas y convenios de mayor rango que los resultados electorales. Para empezar, España es “un Estado social y democrático de Derecho”, según consagra el Artículo 1º de la Constitución. Social, no mercantil. Y por tanto asegura una serie de derechos a los ciudadanos.

El derecho a la sanidad, por ejemplo. Está recogido en la Constitución española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está declarado desde 2010 por la ONU –de la que formamos parte– “Derecho Humano esencial”. Pues desde este 1 de septiembre, el PP deja sin sanidad pública gratuita a más de 150.000 emigrantes y numerosos españoles que no cumplen los requisitos de una salud pagada en virtud de contratos de trabajo.

La reforma laboral tampoco parece ajustarse escrupulosamente a varios artículos constitucionales: el derecho al trabajo (artículo 35), el derecho a la negociación colectiva (artículo 37) o el derecho a la libertad sindical (artículo 28). El Gobierno –y su prensa afín– atacan en particular a los sindicatos.

Por muchos que sean sus errores, su labor también está avalada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23.4: “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. En este sentido, que hayan dejado de ser vinculantes los convenios laborales en las negociaciones colectivas sitúa al trabajador en la indefensión ante el empresario. Agravada de día en día en el país que ostenta el récord de desempleo del mundo desarrollado.

Estamos viendo cercenado el derecho a la justicia con las leyes de Gallardón –que prácticamente reservan los recursos a las sentencias a los más ricos y que han sido protestadas por el propio poder judicial– o la supresión o restricción de los turnos de guardia de oficio en algunas comunidades autónomas. Asistimos atónitos a presiones gubernamentales para adoptar determinada postura como ocurrió para intentar salvar a Dívar. La separación de poderes es consustancial a la democracia
.
Sería prolijo para un artículo enumerar lo que no es sino una actitud. ¿La que expresó en el Congreso de los Diputados el exabrupto de la popular Andrea Fabra? Recortes e incrementos nada inocentes. Copagos, merma de la ayuda a la dependencia y al desempleo, dificultad de acceso a la cultura como si ese valor esencial fuera accesorio, colegios segregados por sexo, discriminación de los alumnos en los comedores según su poder adquisitivo, pavor a las tecnologías de la información en los textos escolares, el aborto, la mujer tutelada de nuevo, lafamilia, la autoridad frente al diálogo… una vuelta al pasado, en definitiva, con fuertes tintes del capitalismo salvaje al uso. Un cambio del modelo social.

El flagrante asalto a las radiotelevisiones públicas que han vuelto a ser “de partido” y con destituciones arbitrarias debidas a la inquina personal de dirigentes del PP, como ha ocurrido con Ana Pastor en TVE. O el de Javier Gállego y su Carne Cruda de Radio 3 (RNE) por ser crítico, libre y brillante como pocos.

Con una gestión económica nefasta hasta límites que ni los más críticos y conocedores de datos podían anticipar, con un país a las puertas de un segundo rescate, en el que todas las cifras económicas se desmoronan y pierden los ciudadanos calidad de vida y derechos en cascada, el PP se desliza por terrenos peligrosos en el modelo de Estado en el que está empecinado.

Y, además, la agenda del presidente como secreto inviolable. Comparecencias parlamentarias –de Rajoy y de todo su equipo– que son sistemáticamente rechazadas por la mayoría absoluta. O la ausencia de auténticas entrevistas periodísticas y ruedas de prensa.
Hemos visto inducir conceptos perversamente erróneos que no parecen basados solo en la ignorancia, al asegurar varios miembros del partido gobernante que “la soberanía popular reside en el Parlamento”, según atestigua el vídeo, por ejemplo, de la ministra Fátima Báñez. Es en el pueblo donde reside, y las Cortes la representan.

Un Gobierno ha de gobernar, pero ¿hasta dónde llegan las prerrogativas de su mayoría absoluta? Si decidiera –que de ningún modo es el caso– abolir la propiedad privada, ¿sería legítimo también? Pues muchas acciones en la línea ideológica del PP asisten al mismo contrasentido.

El ensañamiento con los funcionarios del sector público por ejemplo, está destinado tan solo a privatizar servicios esenciales de este… Estado social que costeamos con nuestros impuestos, en beneficio de unos pocos.

¿Todo vale con las mayorías absolutas? Terribles ejemplos del pasado hacen temer que no. La relajación actual de los valores democráticos o la prioridad del pago a la especulación sobre las necesidades de los ciudadanos dibujan inquietantes escenarios. También se decidió la inclusión de esa prelación en la Carta Magna, sin más trámite, por la mayoría de PSOE y PP, en este caso juntos.

Es la inacción de la sociedad la que posibilita estas conductas desviadas de las que se convierte en cómplice. No basta con acudir a las urnas. Cuando creemos en fundamentos básicos de nuestra convivencia, como es el valor democrático del voto, hay que pensar en sus condicionantes. Nadie como José Luis Sampedro definió mejor lo que nos ocurre, yendo a las auténticas causas de la situación que nos está llevando al abismo:

¿Democracia? Es verdad que el pueblo vota y eso sirve para etiquetar el sistema, falsamente, como democrático, pero la mayoría acude a las urnas o se abstiene sin la previa información objetiva y la consiguiente reflexión crítica, propia de todo verdadero ciudadano movido por el interés común. (…) Se confunde a la gente ofreciéndole libertad de expresión al tiempo que se le escamotea la libertad de pensamiento”.

Vivimos tiempos muy duros que pueden llevar a perversiones indeseables. Leyes y factores por modificar, de forma apremiante ante el cariz de los acontecimientos. Pero cuando se ha incumplido el programa y las promesas electorales, cuando la palabra de Rajoy (y de su equipo) es papel mojado tras la lluvia de los hechos caída sobre él, y cuando asistimos al cambio de un modelo de Estado, lo mínimo que se le puede pedir a un partido democrático es que coteje en las urnas si ésa es la voluntad de la mayoría real y convenientemente informada. Nuevas elecciones. ¿Con este panorama político? Esa es ya otra historia que también habrá que contar.