martes, 28 de febrero de 2012

CIG denuncia S. Social da el alta a una mujer con 15 dolencias diagnosticadas

28-02-2012 / 13:30 h EFE

El sindicato CIG ha denunciado hoy mañana que una mujer "con más de 15 dolencias" diagnosticadas ha sido dada de alta por la Seguridad Social a pesar de que los especialistas recomendaron que evitase la realización de esfuerzos y la conducción de vehículos.

La mujer, Belén Rodríguez, sufre al parecer cinco hernias, fibromialgia, escoliosis, artrosis generalizada, hipotiroidismo, depresión y otras enfermedades a consecuencias de las cuales debe tomar diariamente nueve tipos de medicinas diferentes.

Desde el año 2008 la mujer tiene reconocida una situación de incapacidad permanente total que le obligó a dejar su trabajo en un almacén de piensos y a encadenar bajas en los posteriores empleos que desempeñó.

Actualmente, la mujer percibe una prestación de 400 euros.

"La suya es una lucha contra las incongruencias de un sistema no le quiere reconocer la situación de incapacidad permanente absoluta", ha afirmado la CIG en un comunicado.

Rodríguez afirma sentirse desesperada y dispuesta a emprender movilizaciones.

"Si tengo que ir todos los días a las puertas del INSS con una pancarta, allí estaré", ha asegurado.

Cómo eludir un compromiso con la ciudadanía y que parezca lo contrario

Este ejemplo, dice poco del compromiso de la Junta de Andalucía con la ciudadanía y con el medio ambiente, pero mucho de las buenas relaciones del Gobierno andaluz con las empresas y sus intereses privados.

Tras un año, 2011, cargado de incumplimientos e irregularidades de Befesa en el vertedero de Nerva llega el momento de hacer balance. Así, en resumen, contamos dos incendios, un cierre cautelar, un traslado de residuos ilegales italianos vertidos sin tratar, incumpliendo la legislación y las condiciones del contrato, y una imputación por presunto delito contra el medio ambiente de su director.... En fin, suficientes infracciones de la autorización administrativa como para que se le retira. Pero no, en lugar de actuar, la Junta de Andalucía ha concedido a la empresa un nuevo permiso, que lejos de ser más restrictiva, debilita las exigencias ambientales...”A ver si así la incumplís menos, ¿no?”.

Este ejemplo, dice poco del compromiso de la Junta de Andalucía con la ciudadanía y con el medio ambiente, pero mucho de las buenas relaciones del Gobierno andaluz con las empresas y sus intereses privados. ¿Tanto como para superponerse al interés público?.

Befesa debe estar contenta porque a pesar de haber tenido un año catastrófico se lleva a casa una ampliación de 15 años y unas modificaciones en su autorización que les facilitará el trabajo de aquí en adelante. Sin embargo, se estarán lamentando: “Ay, si nos lo hubiesen concedido antes... Ahora no estaríamos enfrentándonos a una imputación por presunto delito contra el medio ambiente, o no nos estarían investigando por verter residuos peligrosos sin tratar...”.

Porque varias de las modificaciones han ido dirigidas a contrarrestar las imprudencias de Befesa al ponerse la legislación ambiental por montera. A lo que la Junta de Andalucía vuelve a hacer gala de su política ambiental, esa del ¿qué es ilegal?, pues ¡legalicémoslo!”. Y todos a bailar al ritmo de la pandereta. Y escuchando un sonido de fondo de que la nueva autorización recoge "todas las garantías y requisitos de control" y que "se ha dado un paso hacia la transparencia y la buena gestión"... Bailemos.

¿Para cuándo una política ambiental que se comprometa con eso, con el medio ambiente?.

Greenpeace es muy claro en sus demandas para las próximas elecciones en Andalucía: “Es imprescindible que el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía incorpore una serie de acciones sin las cuales no es posible que una sociedad avance hacia un modelo económico sostenible. La acción política del Gobierno andaluz debe adoptar principios, actitudes, conductas y actuaciones que busquen implicar más a los ciudadanos en los acontecimientos sociales y poner término a los problemas de legitimidad democrática a los que se enfrentan en la actualidad los Gobiernos”.

¿Se compromete alguien?

Sara del Río (@saradrio), responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace

El verdadero motivo por el que engordamos

PoMonica De Haro Salud y bienestar – lun, 27 feb 2012 07:57 CET

Los crecientes índices de obesidad y diabetes en los EEUU han sido el motivo principal para iniciar otra investigación sobre los factores desencadenantes de estas dos 'epidemias' mundiales, y las evidencias sugieren que el responsable es un nuevo agente hasta ahora desconocido: los productos químicos.


El estudio, realizado por investigadores de la Comunitat Valenciana y liderado por el catedrático de Fisiología, Ángel Nadal, del Instituto de Bioingeniería y CIBERDEM de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, se ha publicado en Plos ONE.

Los resultados de la investigación relacionan la exposición al componente plásticos BPA con el desarrollo de la obesidad y la pre-diabetes.

La exposición a una cantidad minúscula de estas sustancias sintetizadas (que se utilizan en todo, desde pesticidas a botellas de agua), pueden alterar nuestras hormonas.

Esta interferencia puede activar las células grasas, haciéndolas 'engordar' aún más, o provocar un error de interpretación haciendo que el páncreas segregue un exceso de insulina, una hormona que regula el metabolismo de la grasa y los carbohidratos.

El bisphenol A, más conocido como BPA, está entre los compuestos analizados (se fabrican unas cinco millones de toneladas al año); se trata de un producto químico presente en los plásticos y en los revestimientos que también puede encontrarse en los envases de algunos alimentos.


Según la FDA y el Instituto Nacional de Toxicología, estudios recientes dan motivos de preocupación sobre los efectos potenciales del BPA en el cerebro, el comportamiento y la próstata de fetos, bebés y niños.

Por otro lado, diversos trabajados publicados en revistas científicas han asociado el bisfenol A con problemas para la salud, que abarcan desde un mayor riesgo de cáncer de mama hasta complicaciones cardiovasculares, pasando por trastornos endocrinos.

Por este motivo, un grupo de científicos internacionales de Reino Unido, EEUU e Italia piden que se prohíba el bisfenol A, una sustancia presente en muchos plásticos como en los biberones y en otros envases de alimentos.

El Catedrático de Fisiología Ángel Nadal, experto en el BPA de la Universidad Miguel Hernández (Elche), reconoce que es "difícil"   establecer una relación causal, pero afirma que se han demostrado los efectos tóxicos del compuesto en ratones.

El problema está en que no se pueden realizar estudios en humanos, "excepto epidemiológicos", porque no sería ético. No obstante, según los trabajos realizados en animales, considera que: "si se consume en el embarazo, cuando el feto crezca, tendrá más riesgo de ser obeso y de sufrir dolencias cardiovasculares".

Nadal recomienda usar el principio de precaución y aunque preferiría que se prohibiera el BPA, "porque hay alternativas", apunta que no se debe calentar ni ponerlo en el lavavajillas.

También cree que cuando un envase de plástico pierde su transparencia, el riesgo de migración del BPA es mayor.

La mayoría de los estudios se han realizado en animales pero, en 2008, la prestigiosa revista JAMAcomparó las tasas de diabetes y enfermedad cardiovascular en adultos según los niveles de BPA presentes en la orina. Los resultados demostraban que las personas con niveles más altos de este químico tenían un mayor riesgo de padecer las enfermedades evaluadas.

Según Nadal, el BPA es sólo uno más de un cóctel de 20 disruptores endocrinos comúnmente utilizados en artículos de uso diario, como los ftalatos, la nicotina, la dioxina, el arsénico y el tributilestaño.

Además, la obesidad y la diabetes no son los únicos riesgos que plantean los productos químicos. Los estudios también señalan vínculos con el cáncer, la infertilidad, las enfermedades del corazón y problemas cognitivos.

Fallece una mujer tras frenar Salud la orden de llevarla a un hospital

El SEM impuso por teléfono que la ambulancia condujera a la paciente, de 81 años, al ambulatorio contra el criterio de su médico

Montserrat Grasa, hija de la fallecida, con fotografías de esta. / JOAN SÁNCHEZ 
El teléfono se impuso al criterio del médico. Montserrat Salas, paciente de 81 años diagnosticada con una gastroenteritis, llegó al hospital un día más tarde de lo que ordenó el doctor que la atendió. Ya recostada en la ambulancia, la enferma oyó cómo el conductor recibió un telefonazo que corrigió al médico; el facultativo ordenó que la mujer fuera trasladada al hospital del Mar de Barcelona ante la gravedad de la aparente gastroenteritis que padecía, pero acabó en el ambulatorio de urgencias Pere Camps, un centro con menos medios. Así lo impuso por vía telefónica el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), entidad del Departamento de Salud que gestiona las urgencias y emergencias sanitarias en Cataluña.

Unas 24 horas después de entrar en el ambulatorio, los médicos ordenaron de nuevo el traslado de la mujer al hospital del Mar para que aclarar por qué una gastroenteritis causaba tantas complicaciones. En realidad, Montserrat Salas padecía una hernia inguinal estrangulada, patología que requería una operación urgente. Horas después de ser intervenida, la mujer murió.

“Quizá tampoco habría sobrevivido si la ambulancia la hubiera llevado a su debido tiempo”, se resigna Montserrat Grasa, hija de la fallecida que agita una esquela de su madre entre los dedos. “Pero el trato recibido y el cúmulo de errores son bochornosos. ¿Cómo corrigen por teléfono lo que manda un doctor en persona?”. El SEM defiende que su actuación responde al protocolo de emergencias. “Se actuó correctamente ante un caso de gastroenteritis”, señala una portavoz. Pero el protocolo no cuenta con posibles errores de diagnóstico. “La patología que había diagnosticado el doctor es una urgencia, no una emergencia”, justifica el organismo. “Y las urgencias deben derivarse al ambulatorio para no colapsar los hospitales. Aunque ello implique corregir al médico”, subraya.

Al otro lado del aparato, el SEM creía tratar una gastroenteritis sin percatarse de que para Salas el tiempo era clave: la hernia inguinal estrangulada implica falta de circulación sanguínea en la zona abdominal y requiere una intervención urgente ante el riesgo de necrosis o muerte intestinal. Pero el protocolo ignoró en este caso la presunta apreciación que realizó el médico en persona. “En teoría era una gastroenteritis, pero mi madre estaba muy mal. No había más que verla”, lamenta la hija. Hasta el médico, recuerda, ordenó que la paciente fuera atendida en un hospital pese a padecer una enfermedad menor. “No teníamos indicación de ninguna complicación”, asegura el SEM.

"Estoy segura de que no llevaron a mi madre al hospital para ahorrar costes”, lamenta la hija"

Por ello, tras una acalorada discusión con el chófer de la ambulancia, un empleado del SEM logró que el vehículo llevara a la paciente al Pere Camps. “Lo siento en el alma, esta mujer debería ir a un hospital, pero me obligan a llevarla a un ambulatorio”, se excusó el conductor a la hija de la paciente, según el relato de Grasa.

“La sanidad pública no puede funcionar así, estoy segura de que no llevaron a mi madre al hospital para ahorrar costes”, lamenta la hija. “Es el mismo protocolo que seguimos desde hace años”, insiste el SEM. “Si ocurriera otra vez, volveríamos a actuar igual”.

El caso incide en las dudas sobre la atención telefónica, uno de los pilares con el que Salud pretende mantener la calidad asistencial. En dos años, el Gobierno de CiU ha recortado unos 1.200 millones de euros los gastos de la sanidad pública. El drástico ajuste ha comportado el cierre de ambulatorios, camas y quirófanos y ha reducido también las horas de servicio que presta cada ambulancia.

Pero el Departamento de Salud defiende que cualquier persona puede recurrir al teléfono de emergencias que presta atención sanitaria de forma ininterrumpida. “No se puede gestionar a una enferma por teléfono”, insiste Grasa. El pasado mes de diciembre, el SEM ya dejó cientos de llamadas desatendidas por falta de personal.

La paciente no podía ni moverse del dolor, por lo que pidieron a un médico que se desplazara al domicilio de la mujer

“Quien hablaba al otro lado del teléfono no sabía que mi madre llevaba días muy enferma”, reseña la hija de la mujer fallecida.

El dolor y los vómitos de Montserrat Salas empezaron el pasado lunes 6 de febrero, pero el ambulatorio diagnosticó en primera instancia una mera gastroenteritis, diagnóstico que después se demostraría erróneo.

De martes a jueves, la mujer siguió vomitando y hasta dejó de ingerir líquidos por la molestia que le ocasionaba. El jueves por la mañana, Grasa requirió el servicio de una ambulancia para ingresar a su madre en el hospital. “Pero el servicio telefónico de emergencias de Salud dijo que debíamos volver al ambulatorio porque la ambulancia debe ordenarla un médico”, recuerda la hija.

La paciente no podía ni moverse del dolor, por lo que pidieron a un médico que se desplazara al domicilio de la mujer. Desde allí, el médico ordenó que una ambulancia llevara la mujer al hospital. “Los vómitos eran de un color muy oscuro y olían extrañamente mal”, detalla la hija. “El médico vio que aquellos continuos vómitos no eran normales”. Pero no el SEM, que a través del teléfono derivó a la mujer a un centro sin medios para verificar el diagnóstico.

“Mi madre... ¿se habría salvado?”, se pregunta la hija sin respuesta posible.