miércoles, 11 de abril de 2012

El euro nunca estuvo en peligro

abr 11

Artículo publicado por Vicenç Navarro, 11 de abril de 2012

Este artículo critica la postura ampliamente generalizada en círculos económicos, incluidos progresistas, que asumen que las políticas fiscales de austeridad han sido necesarias en los países de la Eurozona para salvar el euro.

Existe una impresión generalizada de que estuvimos al borde de que el euro desapareciera y de que la Unión Europea se desmembrara. Josep Oliver, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, y uno de los economistas a los que leo en El Periódico siempre con gran interés y, a menudo, como ahora, con desacuerdo, repite esta percepción en un artículo “Los Estados Unidos de Europa”, publicado en tal rotativo el último 01.03.12, señalando que parece que estamos saliendo del peligro de colapso del euro y desmantelamiento de la UE, pero tenemos que ir todavía con mucho cuidado y cautela porque estamos lejos de haber salido de la crisis actual.

Del artículo parece deducirse que, según el profesor Oliver, la causa de que nos estemos alejando del precipicio se debe a las políticas de rectitud fiscal, promovidas por el gobierno de la canciller Angela Merkel y aplicadas a todos los otros países. Parecería, pues, que el Profesor Oliver atribuye lo que considera una mejora a la política de ortodoxia fiscal que nos ayuda a salir del atolladero en que nos encontramos. Últimamente el Profesor Josep Oliver ha indicado su apoyo a las políticas de recortes de gasto público, aún cuando ha protestado por la manera indiscriminada e injusta de tales recortes.

Con el gran respeto que le tengo al profesor Oliver, tengo que indicar que estoy en profundo desacuerdo con él. Soy consciente de que esta lectura de la realidad es la más común, pero ello no la hace más creíble o certera. En primer lugar, el euro nunca estuvo en peligro. Si hubiera estado en peligro, hubiera caído en picado el valor de tal moneda, cosa que no ha ocurrido. Aunque se devaluó frente a otras monedas, como el dólar estadounidense, el euro jamás bajó más en el valor que tenía cuando se estableció (ver mi artículo “El euro no está en peligro. El bienestar de la población sí que lo está”. El Plural. 26.12.11). En realidad, el descenso del euro fue un cambio positivo para la economía real productiva, pues facilitó la mejora de las exportaciones a zonas que comercializan con los países de la Unión Europea. El que la banca y el establishment europeo clamaran que había que implementar políticas de austeridad a fin de salvar al euro, no quiere decir que el euro estuviera en peligro. La Banca y el Banco Central Europeo (BCE) perdieron credibilidad desde hace mucho tiempo.

En cuanto al descenso de los intereses de la deuda pública, ello tiene poco que ver con las políticas de austeridad. El hecho más importante que ha ocurrido para explicar tal bajada no es la reducción del déficit del Estado español, sino la decisión del Banco Central Europeo de comprar deuda pública española en los mercados secundarios. Esta decisión ha sido la que ha determinado la bajada de tales intereses. En realidad, el nivel de los intereses es modificable y depende de causas políticas. Contra lo que el profesor Oliver indica, no son los mercados financieros los que determinan el nivel de los intereses de la deuda pública. Este nivel es más una variable política que económica. Y puede modificarse fácilmente mediante la intervención del BCE. 

Éste, que es en la práctica un lobby de la banca, modula sus intervenciones con el objetivo de alcanzar lo que desea, como la privatización de los servicios, la desregulación de los mercados laborales, la eliminación de los convenios colectivos y otras medidas que, en realidad, tienen poco que ver con la fortaleza del euro, y mucho que ver con los intereses empresariales de la banca y otros elementos del capital financiero. Baste sólo con leer las declaraciones del Presidente del BCE, Mario Draghi (que había sido Vicepresidente del Banco Goldman Sachs) a la revista Wall Street Journal  (24.02.12) en el que, con toda claridad y contundencia, indica que “la Europa Social es inviable”, señalando que la era de la Europa Social ha terminado. Todas las condiciones que el BCE está poniendo a España para que intervenga es que reduzca más y más el Estado del Bienestar, instrucciones que el gobierno Rajoy está cumpliendo a pies juntillas. Creerse que bajar tal gasto público hará recuperar “la confianza de los mercados” es de una ingenuidad que queda claramente en evidencia con lo que está ocurriendo en España. Por desgracia, pocos fuimos los autores que denunciamos estas políticas fiscales cuando se presentaron como la solución a la gran recesión. Hoy, los hechos nos han dado la razón. Sería de desear que economistas como Josep Oliver, que sin lugar a dudas piensan en sus propuestas mejorar la calidad de vida de las clases populares, se dieran cuenta de ello lo más pronto posible.

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La resistencia pasiva y convocar manifestaciones por Internet podrán suponer penas de cárcel

Desalojo de 'indignados'
La Policía Nacional desaloja a varios 'indignados' de las inmediaciones del Congreso de los Diputados en mayode 2011. (Juan M. Espinosa / EFE)
  • El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado en el Congreso las reformas del Código Penal en las que trabaja junto a Ruiz Gallardón.
  • Ha anunciado que se incluirá como "delito de integración en organización criminal" concertar concentraciones violentas, por ejemplo, por Internet.
  • Las penas podrán ir de uno a cinco años de prisión.
  • El Gobierno penará los disturbios callejeros con dos años de cárcel.


La reforma del Código Penal que pretende llevar a cabo el Gobierno incluirá como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa grande e introducirá entre "las modalidades de acometimiento" (ataque violento dirigido contra un policía) las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos, según detalló en el Congreso el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Entrar en establecimientos públicos se considerará un agravante

Además se considerará como agravante la comisión de conductas violentas cuando estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones y se incluirán como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso.

También será delito convocar concentraciones violentas por Internet.

Las penas actuales

El Código Penal español establece, para el delito de atentado a la autoridad, penas de prisión de uno a seis años. La pena será la máxima posible -de cuatro a seis años y multa de seis meses- si la autoridad en cuestión es un político o un juez.

Con la reforma, quedará penada tanto la resistencia activa -considerada atentado a la autoridad siempre que se emplee la fuerza o la intimidación grave contra los agentes-, como la pasiva-sentarse en el suelo, negarse a moverse-. Además, la ley recogerá expresamente el lanzamiento de objetos peligrosos entre las "modalidades de acometimiento" o formas de llevar a cabo la acción.

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal ya dedica un apartado específico a los desórdenes públicos como tales (Capítulo III del Título XXII sobre los delitos contra el orden público), señalando penas de entre tres meses y cinco años de cárcel para quienes los cometan. Este punto ya incluye como agravante el hecho de que las acciones se cometan en grandes concentraciones de gente donde puedan producirse avalanchas humanas o reacciones similares.

Los desórdenes públicos ya están contemplados en el Código Penal

Jorge Fernández Díaz quiere incluir entre los tipos penales la convocatoria de concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales (Facebook, Twitter).

A partir de ahora, participar, promover o colaborar en estos hechos en Internet se considerará un delito de integración en organización criminal (tipificado en el Capítulo VI) similar a una banda de narcotraficantes o de atracadores, por ejemplo. Según el Código Penal vigente, para que esto ocurra deben darse los supuestos de que al menos dos personas formen un grupo más o menos estable con un reparto de funciones cuyo fin último sea cometer delitos o reiteración de faltas.

Según la legislación actual, recaerán sobre los autores penas de prisión de dos a cinco años si el fin fuera la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos. Fernández Díaz quiere cortar de raíz, según sus palabras de este miércoles, la "espiral de violencia" que comienza con "conductas incívicas".

El ministro cree que la violencia comienza con "conductas incívicas"

En la Red ya existen foros y páginas web en las que personas o colectivos violentos vinculados a clubes de fútbol o facciones ideológicas extremistas quedan' o se retan con el único objetivo de pelearse en la vía pública.
Interior no ha aclarado si el objetivo de la reforma son estas acciones o si quiere incluir en ellas cualquier manifestación o concentración que acabe de forma violenta aun cuando haya sido convocada con objetivos pacíficos al amparo del derecho de reunión contenido en el artículo 21 de la Constitución Española, como las que vienen realizando los colectivos vinculados amovimiento 15-M.

"Guerrilla urbana"

"Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de comunicación", detalló Fernández Díaz.

El vandalismo callejero quedará equiparado a la 'kale borroka'

El ministro ya había avanzado su intención y la del ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, de endurecer las penas por desobediencia a la autoridad tras registrarse incidentes durante las protestas contra los recortes de los estudiantes valencianos o los ocurridos en Barcelona durante la huelga general del pasado 29 de marzo. El vandalismo callejero quedará así equiparado a la 'kale borroka'.

En su intervención, de este miércoles, el ministro lamentó que, "por desgracia", estos actos no suceden sólo en Barcelona. "No hay que responder desde el Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana pero tampoco recurrir al buenismo jurídico".

Fuente

Pescado libre de contaminación

El mercurio, un metal neurotóxico de efectos severos sobre nuestra salud, está presente en el organismo de los españoles en una proporción que multiplica diez veces los niveles medios encontrados en ciudadanos de Alemania, Estados Unidos y Canadá, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III publicado en abril de 2011. El trabajo apuntaba como principal causa del problema a la elevada ingesta de pescado de mar -45 kilos por persona y año, más del doble de la media europea- y a la indudable contaminación de los mares y organismos marinos. Por ello, la Agencia Española para la Seguridad Alimentaria ha recomendado a embarazadas y niños no comer pez espada y atún, aunque otras especies salvajes de gran tamaño –como caballa gigante, aguja, pargo alazán, tiburón o blanquillo- también presentan elevados niveles de compuestos mercuriados. Y no son los únicos casos de “pescado contaminado”.
Filete de panga procedente de una piscifactoría vietnamita. Hay indicios que contienen niveles altos de contaminantes.
El pasado mes de febrero, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Granada descubría que el parásito de la anisakiasis está presente en más de la mitad de los jureles y estorninos (especie similar a la caballa) que se capturan en las aguas del norte de Marruecos. La Organización de Consumidores y Usuarios, por su parte, ha desaconsejado en varias ocasiones el consumo de panga vietnamita y perca del lago Victoria –ambos, peces baratos que se sirven en muchos comedores escolares- por la presencia de pesticidas y metales pesados en partidas de estos peces criados de forma intensiva. Y también son numerosos los casos de salmón contaminado con PCB´s o microorganismos patógenos que nos han sobresaltado en los últimos años.
La gran cantidad de pescado que se extrae de los mares y océanos comporta la destrucción de los caladeros.  
Del problema de salud pública que representa hoy el consumo de pescado sin garantías apenas hemos empezado a hablar en nuestro país, pero empiezan a salir iniciativas de acuicultura española produciendo pescado tanto de agua dulce como marino cien por cien ecológico. Una de las certificaciones para la acuicultura marina es la de Friend of the Sea. En España esta certificadora ha otorgado su sello al caviar de esturión de piscifactoría, así como a productores de mejillones, lubina y dorada.  En el país hay otras iniciativas de acuicultura biológica aunque no son fáciles de encontrar y que comercializan pescado certificado, aunque mayoritaramente va a la restauración y no a los mercados convencionales. Recordemos también que en los productos de pesca marina conllevan una elevada huella ecológica y podemos buscar el sello de la certificación MSC (Marine Stewarship Council) en productos pesqueros como las latas de atún.

Una de estas granjas acuícolas bio certificadas y que ofrece producto directamente al consumidor es Naturix Acuiculture, situada en la ribera del Alto Tajuña. Esta piscifactoría cría y engorda truchas alimentadas con pienso ecológico que lleva harina de pescado, aceite de pescado procedente de pesquerías sostenibles y harinas de cereales ecológicos, y, aparte, se alimentan de insectos durante el verano y de otros organismos que aporta el agua del río. De esta manera garantizan un alimento altamente saludable que satisface la demanda creciente de los consumidores por productos libres de tóxicos. También satisface la demanda de esos consumidores de alimentos “bío” que demandan dieta de pescado.
Truchas de piscifactoría bio.
El consumo de carne y pescado es uno de los debates sociales que deberían acometerse cuanto antes. No sólo porqué se comen en exceso sino también por la necesidad nutritiva real de estos productos alimentarios frente a los vegetales y sobre todo por la forma industrializada la cual comporta prácticas mayoritariamente cruentas y de sufrimiento para los animales.