MAYO 17, 2018
Vicenç Navarro
Catedrático de
Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra
La revista estadounide se The Nation,
que goza de gran prestigio en el mundo intelectual de EEUU por su
rigor y por su actitud crítica hacia la “sabiduría convencional
del país”, publicó un artículo (“How Big Wireless Made Us
Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation”, The
Nation, 29.03.18) de un enorme interés que está causando un gran
debate en aquel y otros países, debate que lamentablemente no se ha
dado en España. En este artículo sus autores, Mark Hertsgaard y
Mark Dowie, detallan cómo la industria de los móviles (cell phones)
ha sistemáticamente menospreciado la evidencia de que los móviles
pueden producir cáncer de cerebro en los seres humanos que los
utilizan. Y documentan que, debido al gran poder de esta industria y
su gran influencia sobre organismos nacionales e internacionales como
el gobierno de EEUU, gran número de los gobiernos de los países de
la Unión Europea, la Comisión Europea e, incluso, la Organización
Mundial de la Salud (OMS), se está minimizando el riesgo que la
utilización de tales móviles tiene para la salud de la población,
y muy en particular para la salud de niños y niñas y
adolescentes (aconsejo la lectura de este artículo, del cual
extraigo la mayor parte de datos presentados en este ensayo).
La historia parece repetirse: recuerden
lo que pasó con el tabaco y con las energías no renovables
Es de sobras conocido que la industria
tabacalera jugó un papel clave en negar primero y trivializar
después la evidencia de los impactos negativos en la salud de la
gente (incluyendo la producción de cáncer de pulmón) al fumar
tabaco. Tal campaña retrasó el reconocimiento de este daño durante
varias décadas, aplazando con ello las medidas públicas de
intervención para disminuir y eliminar el enorme perjuicio causado
por el tabaco en la salud de la población. Una situación semejante
ocurrió con la utilización del carbón, petróleo y gas, cuyas
industrias productivas y distribuidoras negaron (y algunas continúan
negando) que la utilización de tales sustancias estuvieran elevando
el nivel del calentamiento del planeta a niveles alarmantes. En ambos
caso, sin embargo, la evidencia científica acumulada ha ido dando la
razón a los que ya hace años alertaron de los perjuicios que el
consumo de tales sustancias podría generar en la salud del planeta y
de su población. Parece que, según apunta este artículo, algo
semejante podría estar ocurriendo ahora con los teléfonos móviles.
Hay evidencia de que su utilización puede tener efectos nocivos,
incluyendo la generación de cánceres de cerebro en el lado donde se
utiliza el móvil.
Cómo comenzó a notarse que podía
haber un problema con los móviles
La historia comenzó cuando se
introdujeron y se permitió su uso en el mercado estadounidense en
1983. Diez años más tarde, 1993, había seis subscripciones a
móviles por cada 100 habitantes en EEUU. Era el inicio de una enorme
expansión. Fue en este año, sin embargo, cuando un ciudadano
David Reynard llevó a los tribunales a la NEC American Company
alegando que la utilización del móvil había causado a su mujer el
cáncer de cerebro que había adquirido. Cuando el caso apareció en
los medios, incluyendo en la televisión, creó una enorme alarma y
el valor de tales compañías en la bolsa bajó en picado.
Fue entonces que la industria respondió
y creó, dos años más tarde, el Wireless Technology Research
Project (WTR), el centro de investigación más grande (financiado
con 28 millones de dólares) para investigar la seguridad (safety) en
la utilización de los móviles. La creación de tal agencia
privada de investigación fue acogida con grandes reservas por parte
de la comunidad científica, pues es de sobras conocido que cuando
tales institutos de investigación están financiados por las
industrias que se benefician de la venta de los productos analizados
tienen escasa credibilidad, ya que sus estudios casi siempre acaban
avalando los puntos de vista de las empresas que los financian.
La predecible respuesta de la industria
del móvil
La experiencia de lo que ocurrió con
el tabaco y con las “energías no renovables” enseñó a las
industrias que, frente a la evidencia científica que cuestiona la
salubridad de sus productos es aconsejable no negar tal
evidencia pero en su lugar señalar que la evidencia no es
suficientemente concluyente. Así, frente a cada estudio que presenta
evidencia que sí que crean alteraciones biológicas como cánceres,
la industria presenta otros tantos que no muestran tal evidencia,
creando así la impresión de que no se puede llegar a una
conclusión. Así, según el artículo, cuando el investigador Henry
Lai analizó 326 estudios realizados entre 1990 y 2005, vio que un
56% mostraban que había un efecto biológico en el usuario como
resultado de la radicación producida por el móvil, pero a la vez
señalaba que un 44% concluyeron que no lo había. Pero cuando Lai
recategorizó los estudios según estuvieran o no financiados por la
industria, dichos porcentajes variaron: un 67% de los estudios
financiados de forma independiente encontraron un efecto biológico,
mientras que tan solo el 28% de los estudios financiados por la
industria llegaron a la misma conclusión. Tal estudio fue replicado
y publicado en la revista Environmental Health Perspectives, la
cual concluyó que los estudios financiados por la industria eran 2,5
veces menos favorables a la tesis de daño que los no financiados por
la industria.
El objetivo de la industria era y es
mostrar que la evidencia del daño que podría causarse no es
definitiva
Ahora bien, lo importante para la
industria es promover la opinión de que la evidencia no es
concluyente. Pero en cualquier caso, cabe resaltar, como señalan los
autores del artículo, que las compañías de seguros no han querido
asegurar a las compañías de producción y distribución de móviles
en cuanto a daños biológicos (cáncer o cambios genéticos)
producidos por los móviles se refiere.
Como bien reconocen los autores del
artículo citado, no hay pruebas definitivas de tal daño. En
realidad, su artículo no está orientado a presentar la evidencia
existente sobre tal daño, sino a cómo la industria del móvil está
oponiéndose a que se informe objetivamente a la población, pues lo
que es fundamental es que se sepa que hay un riesgo frente al cual la
población puede protegerse. Citan así a la Dra. Annie Sasco, la ex
directora de epidemiología para la prevención del cáncer del
Instituto Nacional de Salud e Investigación Sanitaria del Estado
francés, la que ha indicado que “la ausencia de evidencias
concluyentes de que una nueva tecnología pueda tener efectos nocivos
no significa que no haya ausencia de riesgo”. De ahí que, en base
a que exista tal riesgo, Francia haya tomado toda una serie de
medidas para proteger a los grupos más vulnerables como la infancia
y la adolescencia. Y medidas semejantes han sido tomadas en el Reino
Unido.
En EEUU, sin embargo, la enorme
influencia de un grupo industrial (que incluye nombres tan notables
como Apple, AT&T, Motorola, Ericsson, Nokia, Samsung, Sony, GSMA
y Deutsche Telekom) sobre el gobierno federal explica que su agencia
reguladora, la Federal Communications Commission, no haya favorecido
la adopción de medidas correctivas –como ha aconsejado la Academia
Americana de Pediatría-, como la de prevenir el efecto nocivo en los
niños y mujeres embarazadas.
La evidencia es que el móvil puede ser
un factor de riesgo para la sa ud y esto no se comunica
Hoy 95 de cada 100 adultos en EEUU
tienen un móvil, en una industria que solo en 2016 tuvo unas ventas
de 440.000 millones de dólares en el mundo. Y los gobiernos y
organismos internacionales han sido especialmente pasivos en cuanto a
este tema. La Organización Mundial de la Salud clasificó por fin el
móvil como un “posible” carcinógeno humano en 2011, aun cuando
tal organización conocía de esta circunstancia desde mucho antes.
En realidad, había estado estudiando desde 1996 los efectos nocivos
de los campos magnéticos de origen eléctrico, habiendo establecido
para ello el estudio Interphone (financiado con 24 millones de
dólares, de los cuales 4,7 millones venían de la industria de los
móviles). Este estudio había ya indicado que las personas que
hacían un uso muy elevado de los móviles tenían un 80% más de
probabilidades de contraer glioma que los usuarios que los utilizaban
con menor frecuencia.
Es urgente y necesario, pues, que la
información que exista sea transmitida a la población y que el
Estado tome las medidas necesarias para proteger la salud de la
población, pues esta es su función más importante. Ni que decir
tiene que el móvil es un instrumento de gran valor y utilidad. Pero
es una responsabilidad esencial que se informe a la población de los
riesgos que puede conllevar, y que los Estados tomen las medidas
pertinentes para prevenirlos. No se trata de prohibir la utilización
de tales aparatos para la mayoría de la población sino que las
empresas que los fabrican informen a la población de los riesgos a
su salud que su utilización implica, y que los Estados establezcan
medidas preventivas para minimizar el daño e incluso evitarlo. Y
esto tampoco se está haciendo.
Pasos que se han estado tomando en
España y en varios países
Una de las instituciones que ha
prestado mayor atención a este tema ha sido la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa. En su resolución 1815 “Peligros
potenciales de los campos electromagnéticos y su efecto en el
medioambiente” de 2011 alertó del peligro del gran incremento de
los distintos grados de los campos electromagnéticos. Y ello incluía
desde Internet hasta los teléfonos móviles. Según la misma
resolución, se deberían averiguar ya los niveles de tolerancia del
cuerpo humano en la exposición a dichos campos, y también los
niveles y grupos vulnerables a tal exposición, indicando ya entonces
lo que la evidencia científica ha señalado repetidamente: los niños
y niñas y adolescentes.
En España, los parlamentos vasco y
navarro han pedido a sus gobiernos que apliquen tal resolución (que
tiene recomendaciones concretas), petición que ha sido desoída. En
2013, el Defensor del Pueblo Vasco también pidió al Departamento de
Salud que implementara medidas para reducir los niveles de emisión
de radiofrecuencias en las escuelas.
El parlamento navarro también pidió
en 2014 la aplicación de la resolución del Consejo de Europa, lo
cual solicitó no solo al gobierno navarro, sino también al español,
pidiendo que se aplicaran tales recomendaciones, hecho totalmente
ignorado por el último también, mostrando su bien conocida
insensibilidad hacia la defensa del usuario y del consumidor. El
Estado español es de los que ha dado menos atención a la prevención
ante riesgos de la salud creados por la utilización de los móviles.
En Francia en cambio, y como indiqué
al principio, el Estado tomó medidas en 2015 que prohibió la
utilización de redes Wifi y teléfonos inalámbricos en los espacios
utilizados para la actividad y descaso de los infantes por debajo de
3 años. Y en 2016 el Estado estableció los límites de exposición
(según la intensidad de los campos electromagnéticos) para la salud
de los trabajadores, sobre todo para las mujeres embarazadas.
En Italia, en 2017, el tribunal
italiano de Ivrea reconocía una relación causal entre el uso del
teléfono móvil y el tumor cerebral (el primer tribunal del mundo en
reconocer este vínculo causal).
En medio del entusiasmo creado por la
revolución digital se están olvidando los costes de toda supuesta
revolución, ocultando a la población los riesgos de los aparatos
realizados y promovidos por tal revolución. Es sorprendente el
silencio de los medios sobre el enorme riesgo que tales instrumentos
aparatos, como los móviles, suponen para la población. En realidad,
podrían tomarse ya medidas que podrían reducir sensiblemente tales
daños. Pero el anteponer los intereses comerciales de las empresas a
los derechos y necesidades humanos está haciendo un daño enorme. La
constante ocultación de información a los usuarios, en muchas
ocasiones en complicidad con el poder político puesto a su servicio,
es una de las causas de que puede que nos enfrentemos a una de las
crisis más importantes en el tiempo que vivimos. Tendría que haber
una movilización popular que forzara a los Estados a tomar medidas
que podrían prevenir tal crisis. Que ello ocurra depende
primordialmente de la voluntad política de los que se llaman a sí
mismos “representantes de la ciudadanía”. Invito a la ciudadanía
a que se movilice para que sus representantes hagan algo, porque no
es un tema menor. Sepa el lector que es probable que sus
representantes, tanto a nivel nacional como europeo, estén ya
recibiendo información para mostrar la seguridad y la falta de
riesgo de lo que venden las empresas. De ahí la urgencia de que
oigan también la voz de la población, que es a la que en definitiva
representan.
