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viernes, 3 de mayo de 2013

Rajoy, cruel con los débiles, asesta un hachazo de muerte a los dependientes andaluces

Con este recorte del PP de 1.108 millones en ayudas se deja caer un derecho para 183.000 dependientes andaluces

ELPLURAL/ANDALUCÍA | 03/05/2013

Susana Díaz: “Nos hemos sorprendido porque 
tras el Consejo de Ministros no se informó 
de nada y ayer, un día de fiesta, se conocen 
los recortes en un documento remitido por el 
Gobierno a la Unión Europea  
La consejera andaluza de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha denunciado hoy que el Gobierno está “dejando caer” con sus recortes presupuestarios el derecho de los dependientes a la aplicación de esta ley, y ha criticado el fondo y la forma en que ha dado a conocer el último ajuste presupuestario.

Los recortes de Rajoy se conocen en un día de fiesta

En declaraciones a los periodistas, Díaz ha rechazado de esta forma el hecho de que las medidas decretadas por el Gobierno para “ahorrar” en dependencia, que comenzaron el año pasado, suponen la pérdida para el sistema de 1.108 millones de euros, según los cálculos que el Ejecutivo ha comunicado a la UE. “Nos hemos sorprendido porque después del pasado Consejo de Ministros no se informó de nada y ayer, un día de fiesta, se han conocido los recortes a través de un documento que el Gobierno ha remitido a la UE”, ha indicado.

No son formas”, según Susana Díaz

La consejera ha esgrimido que “no son las formas” y que se necesita “más transparencia” para este tipo de decisiones, aunque no ha dudado en señalar que lo que hay de fondo es que el Gobierno está “dejando caer un derecho que es la aplicación” de la ley de Dependencia, lo que en Andalucía supone dar cobertura a unos 183.000 usuarios. ”Rajoy ya dijo el pasado noviembre que la Ley de Dependencia era inviable y cada una de las decisiones que está tomando vienen a corroborar esta afirmación con la que cerró la campaña de las elecciones generales”, ha criticado.

Aumentará el copago para dependientes con escasos recursos

En la práctica esos decretos supondrán una reducción de más de 800 millones de euros que se sumarían a los 1.100 que ya ahorrará el gobierno con la aplicación de los recortes del año pasado. Por eso la Junta entiende que esta reducción es inasumible. Jesús Huertas, director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía alerta del aumento del copago para dependientes con escasos recursos.

Dificultades para la Junta

El gobierno ha pasado de pagar el 50% de la factura de la ley de dependencia en 2007 a pagar el 26%. Así que la Junta tiene cada vez más difícil hacerse cargo de la cuenta. Nuevo capítulo de una ley que tuvo la mala suerte de nacer el mismo año que la crisis.

jueves, 18 de abril de 2013

Tribunal UE equipara enfermedades que conlleven "limitaciones" a discapacidad

EFE - Bruselas 11/04/2013

El Tribunal de Justicia de la UE estableció hoy que las enfermedades de larga duración que conlleven limitaciones físicas, mentales o psíquicas puedan considerarse como una discapacidad, y que por tanto los trabajadores que las padezcan tengan derecho a medidas como la reducción de la jornada laboral.

En una sentencia dictada hoy, el Tribunal precisó el concepto de "discapacidad" y señaló que los empleadores deben tomar "medidas de ajuste" como la antes citada para permitir que las personas discapacitadas puedan acceder al empleo o mantener su puesto de trabajo.

La Corte de Luxemburgo se pronunció así sobre el litigio iniciado por el sindicato de trabajadores danés HK Danmark, que interpuso demandas de indemnización para dos trabajadoras por su despido mediante el procedimiento de "preaviso abreviado", contemplado por la legislación laboral danesa.

Esta normativa dispone que un empleador puede poner fin a un contrato de trabajo con un preaviso de un mes, si el trabajador en cuestión ha estado de baja por enfermedad, manteniendo su remuneración, durante 120 días en los últimos doce meses.

HK Danmark afirma que las dos trabajadoras tenían una discapacidad y que sus respectivos empleadores debían haberles propuesto una reducción del tiempo de trabajo, ya que sus bajas por enfermedad eran consecuencia de sus discapacidades.

El tribunal danés competente remitió el caso a la Corte de Luxemburgo para que precisara el concepto de discapacidad, y para que aclarara si la reducción de jornada puede considerarse como una medida de ajuste razonable y si la ley danesa relativa al preaviso abreviado para el despido es contraria al Derecho de la Unión.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia señala que el concepto de "discapacidad" debe interpretarse "como la condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable o incurable que acarrea una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas".

Para considerarse como discapacidad, dichas limitaciones deben ser "de larga duración" e impedir "la participación plena y efectiva" de la persona en la vida profesional "en igualdad de condiciones con los demás trabajadores".

El Tribunal precisa que el concepto de "discapacidad" no implica necesariamente la exclusión total del trabajo o de la vida profesional, en contra de lo que alegaban los empleadores en ambos asuntos.

La sentencia añade que los empresarios han de adoptar medidas de ajuste "adecuadas y razonables" para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, tomar parte en él o progresar profesionalmente, como por ejemplo una reducción de la jornada laboral.

No obstante, son los jueces nacionales los que deben determinar si en un caso concreto la reducción de tiempo de trabajo "supone una carga excesiva para los empleadores".

En cuanto a la legislación danesa que contempla el despido en casos de bajas de larga duración, el Tribunal estima que esta disposición puede desfavorecer a los trabajadores discapacitados y suponer una diferencia de trato indirecta por discapacidad.

Por tanto, considera que esta normativa sería contraría al derecho comunitario si a la hora de aplicarse no se tienen en cuenta "datos relevantes" sobre la situación de los trabajadores con discapacidad.

Fuente: 

lunes, 8 de abril de 2013

El copago obliga a discapacitados a pedir adelantos para comprar fármacos

08.04.13 – 01:14 - E. BROTONS | ALICANTE.

«La situación es ahora mismo caótica». Así define la patronal de los centros especiales de empleo para discapacitados de la Comunitat el momento por el que están pasando por los impagos, por el retraso en recibir las subvenciones por parte del Consell, los recortes y con peticiones, cada vez más, de trabajadores que con salarios de unos 700 euros y familiares en el paro no pueden hacer frente al gasto mensual del copago farmacéutico. «Algunos centros pueden adelantarles, pero otros no porque no tienen», afirma el presidente de la Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Agevalcee), Juan José Serrano.

El panorama es desalentador. Actualmente, estos centros todavía no han recibido del Consell las subvenciones de 2012 y que supone un ingreso de cerca 20 millones de euros.

Actualmente, hay 124 centros especiales en activo en la Comunitat con 4.000 trabajadores discapacitados. Desde hace poco tiempo los responsables se han quedado «sorprendidos» por las peticiones de adelanto de nóminas para hacer frente al pago de medicinas desde que se implantó el artículo 160 de la Ley 10/2012 de 21 de diciembre, que establece el copago farmacéutico, ortoprotésico y ayudas técnicas para las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

Según el presidente de la patronal, al principio empezaron a detectar casos aislados, pero ya no es así y se ha ido extendiendo. «He hablado con otros centros y les está pasando lo mismo; el copago está afectando», señala Serrano, quien en su centro, de una plantilla de 180 trabajadores entre un 15% y 20% piden adelanto de nóminas y en centros entre de treintena y 40 trabajadores, suelen solicitarlo hasta un 10%.

«Hasta ahora cuando pedían que les adelantásemos era para otros gastos como recibos de luz y cosas muy puntuales, pero ya son muchos para medicinas y suelen solicitarlo la última semana del mes porque ya no pueden continuar comprando», añade.

jueves, 10 de enero de 2013

La consellera de Bienestar Social se resiste a fijar compromisos de pagos atrasados

Sánchez Zaplana asegura que en estos momentos trabaja con Hacienda para afrontar la deuda con el Cermi, Cocemfe y plataformas de dependientes

10.01.13 - 01:06 - E. P. | ALICANTE.

Protesta de dependientes para exigir el pago 
de las ayudas.:: J. SIGNES
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, señaló ayer que su departamento irá comunicando a los colectivos, personas y entidades que dependen de Bienestar Social, «de qué manera se van a efectuar los pagos pendientes de 2012 y 2013». Los datos «los iremos proporcionando conforme sea necesario», apuntó.

Sánchez Zaplana , que se expresó de esta manera tras la reunión de trabajo mantenida ayer con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, indicó que trabajan de forma «coordinada» con la Conselleria de Hacienda y que «sobre la mesa están los pagos pendientes del año pasado», del que se ha realizado a finales de ejercicio uno «importante con algunos colectivos» que ha sumado casi 120 millones. De esta manera, sostuvo que, junto con Hacienda, trabajan para «atender los pagos y acuerdos» que desean alcanzar con plataformas de dependientes, el Cermi o Cocemfe, para esa sostenibilidad del sistema de dependencia. «Se trata de dar un paso tras de otro», apostilló.

Por otro lado, destacó la apuesta de su departamento por alcanzar un «gran pacto social» con los colectivos que dependen de esta Conselleria, que sirva para «escuchar, coordinar y consensuar» las reivindicaciones de este sector, para plasmarlas en iniciativas parlamentarias, así como crear mesas sectoriales.

Este pacto social consiste en «escuchar las reivindicaciones de los colectivos, la patronal y los servicios que gestionan la discapacidad, la enfermedad mental, escuchar a las familias, a los dependientes y, si es posible, crear mesas sectoriales o la fórmula que se vea», apuntó la consellera.

«Si es posible, que creo que sí aunque va a ser un trabajo complicado, queremos conseguir un gran pacto social con los sectores, fundamentalmente con el sector de la dependencia y la discapacidad», subrayó.

Escuchar y consensuar

Sánchez Zaplana recalcó que «algo que nos están reivindicando desde el primer momento es que se les escuche, que se atiendan sus reivindicaciones y que las iniciativas que vayamos a llevar al Parlamento valenciano sea escuchándoles y coordinándose con ellos, colectivos, familias y gestores de servicios». Así, resumió que el objetivo es «escuchar, coordinar y consensuar».

En cuanto al encuentro que mantuvo ayer con el jefe del Consell, Sánchez Zaplana explicó que le informó de los «objetivos y líneas maestras del equipo de la Conselleria para este año» y que Fabra pidió «cercanía».

viernes, 14 de diciembre de 2012

Los pacientes que usen prótesis, sillas de ruedas y muletas pagarán de 20 a 40 euros al mes

Una persona con discapacidad física en una silla de ruedas. (ARCHIVO)
EP. 14.12.2012 - 12.31h

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha fijado la aportación que tendrá que pagar el usuario para acceder a la cartera suplementaria de prestación ortópreotesica ambulatoria entre 20 y 40 euros para rentas menores de 100.000 euros, según el borrador de la orden.

Si ayer se anunciaba el coste de los traslados en ambulancia, en esta prestación se incluyen, entre otros, las sillas de ruedas, las plantillas y los audífonos. Así, en dicha orden que espera ser discutida con las comunidades autónomas para su aprobación en el Consejo Interterritorial del próximo 20 de diciembre, se establece que el usuario pagará un 10% del precio de oferta del producto en los subgrupos de aportación reducida, con un límite máximo de 20 euros al mes por prescripción.

Ateniendo a la norma, aprobada mediante un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en este grupo se incluyen las prótesis externas donde se contemplan, entre otras, los audífonos, las prótesis de mano, prótesis de mama o prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos; un grupo de sillas de ruedas (manuales, recambios y eléctricas); y de ortesis, ortoprótesis especiales y renovación de los componentes externos de implantes quirúrgicos. 

Quedarán exentos de aportación los afectados de síndrome tóxico; los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas

Para los restantes productos, entre los que se encuentran las muletas, las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros, tendrán que pagar un 50% del precio de oferta del producto con un límite de 40 euros por prescripción.

Del mismo modo, las personas con renta inferior a 100.000 euros se les cobrarán un 40% del precio de oferta del producto, con un límite máximo de 30 euros por prescripción; asimismo, para los pensionistas el pago será un 10% del precio de oferta del producto, con un límite máximo de 30 euros por prescripción.

Para rentas superiores de 100.000 euros el borrador no establece un límite mensual ni un porcentaje a pagar, sin embargo el Real Decreto, actualmente en vigor, establece que tendrán que abonar hasta un 60% del precio de oferta del producto los usuarios, sin especificar tampoco el límite máximo de aportación.

Atendiendo al RD, quedarán exentos de aportación los afectados de síndrome tóxico; los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas; los parados de larga duración y los discapacitados contemplados en el sistema especial de prestaciones sociales y económicas.

Por otra parte, la orden establece que en el caso de que un usuario requiera varios productos de tipos diferentes con el fin de obtener una determinada prescripción final, todos ellos se indicarán conjuntamente constituyendo a todos los efectos una única prescripción.

Prestar o alquilar

El objeto de esta norma, que es el primer borrador que se ha sometido a informe del Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica y que aún puede ser modificado, es regular la prestación ortoprotésica suplementaria, teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto aprobado noviembre, era según señalaba Sanidad "conseguir una mayor eficiencia y homogeneidad en la prestación".

El procedimiento de obtención de la prestación ortoprotésica, así como las condiciones de acceso, de indicación, de gestión, de aplicación del catálogo y, si procede, de préstamo, alquiler y recuperación de los artículos, serán determinados por la administración competente en la gestión de esta prestación designada por cada comunidad autónoma.

Para calcular los importes máximos de financiación de los productos ortoprotésicos financiables por el SNS, a cada tipo de producto se le ha asignado un valor de referencia que se ha calculado teniendo en cuenta los precios de venta de cada uno de los productos encuadrados en dicho tipo facilitados por las empresas al Ministerio y los importes financiables de los catálogos más actualizados de las comunidades autónomas, INGESA y mutualidades de funcionarios.

Del mismo modo, inicialmente establece que la orden entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE); el mismo plazo que tendrá Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desarrollar desde su entrada en vigor a aplicación informática que permita a las empresas la comunicación de las solicitudes al Registro a través de la Web de dicho Ministerio.

lunes, 3 de diciembre de 2012

Miles de discapacitados marchan contra los recortes

Decenas de miles de ciudadanos de toda España se reúnen bajo el lema 'SOS Discapacidad - Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo' para exigir al Gobierno que frene "las decisiones políticas de regresión de derechos"

PÚBLICO Madrid 02/12/2012

14.17 h. Luis Callo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), se encarga de clausurar el acto. Para Callo, la siguiente cita ha de ser en Bruselas o en Berlín, hay que "hacer ver a Merkel de que en Europa hay 80 millones de personas con discapacidad y que no se puede asfixiar a un país así porque los paises están formados por un conjunto de personas a las que si aprietas se ahogan".

De izquierda a derecha: Pedro López enfermo de esclerosis múltiple y Narciso Hidalgo, discapacitado tras un accidente de trabajo.

14.06 h. Se dirige ahoa a los manifestantes Yannis Vardakastanis, presidente del Foro Europeo de la Discapacidad. "Os traigo un saludo y la enhorabuena de todas las personas europeas con discapacidad. No estáis solos en esta lucha, somos muchos europeos en la misma lucha. Solo unidos tendremos éxito ante este dificil reto", grita Vardakastanis.

13.58 h. Narciso Hidalgo, 77 años, lleva 25 años postrado en una silla de rueda por un accidente de trabajo. Narciso denuncia la situación en la que la ley de dependencia les deja. "¡Lo que yo he pagado trabajando y pagando impuestos que no me lo quiten unos pocos, qué pasa con nuestro dinero se lo llevan y nunca vuelve!", exclama.

13.48 h. Acaba de iniciarse el acto central. El periodista Juan Antonio Ledesma grita a coro con los asistentes: "¡No nos gustan las tijeras!". Ledesma explica que se trata de un día histórico porque la movilización ha alcanzado los 50.000 asistentes. "Solo pedimos igualdad de derechos", denuncia.

13.38 h. Pedro López, de 48 años, es enfermo de esclerosis múltiple. Procedente de Móstoles, Pedro denuncia que la asociación que habitualmente le provee de aistencia psicológica y fisiológica hace dos años que no recibe el dinero que la Comunidad de Madrid le tenía que dar en subvenciones y no sabe si podrá continuar abierta a causa de estos impagos, informa Alejandro Torrús.

13.32 h. El acto dará comienzo en breves instantes. Los manifestantes gritan, "¡Ni un paso atrás ni un paso atrás!".

13.22 h. UGT asegura que la reforma laboral ha hecho más precario el trabajo de las personas con discapacidad, que cuentan con peores condiciones laborales y un salario menor, y critica que en 2012 la contratación indefinida de este colectivo haya retrocedido un 22 % respecto a la del año anterior, informa EFE.
Fragmento del discurso
13.10 h. En breves minutos comenzará el acto final en el que intervendrá, entre otros, Teresa Perales, nadadora paralímpica española —ganadora de 22 medallas— que leerá un manifiesto. También intervendrá Yannis Vardakastanis, presidente del Foro Europeo de la Discapacidad. El acto será conducido por el periodista Juan Antonio Ledesma, informa Alejandro Torrús

13.02 h. En estos momentos la manifestación comienza a desembocar en la Plaza de Colón donde hay preparado un escenario en el que se leerá el manifiesto final.

12.50 h. Unas 30.000 personas marchan por el centro de Madrid para para denunciar la"insostenible situación" de numerosas familias ante los impagos de las administraciones a quienes atienden a los discapacitados. Con banderas blancas y el lema "SOS Discapacidad-Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo", colectivos de toda España que representan a las personas con discapacidad y a sus familias han tomado la calle por primera vez para alertar de la deuda que comunidades autónomas y ayuntamientos mantienen con las entidades que se encargan de atender a los discapacitados y que pone en riesgo el empleo de 15.000 personas.

A la marcha, que ha comenzado este mediodía en la madrileña calle de Goya con un amplio seguimiento, se han sumado personas que han llegado a la capital en 300 autobuses procedentes de distintas ciudades españolas, así como 700 voluntarios que prestan su ayuda a quienes tienen dificultades para caminar o se desplazan en sillas de rueda.

Tras la pancarta con el lema central de la convocatoria, participan en la manifestación, en un ambiente festivo y luciendo lazos azules numerosos discapacitados en sillas de ruedas, invidentes y otras personas con discapacidad, junto a muchas otras que con plenas capacidades que apoyan la reivindicación.

"Por primera vez en la historia, salimos a la calle para que los políticos sepan que estamos al borde del colapso", ha explicado a EFE el presidente del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, quien ha reclamado que la salida de la crisis sea también la solución para el diez por ciento de la población que padece discapacidad.

Esta movilización coincide con la celebración, mañana, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y está previsto que concluya en la Plaza de Colón con la lectura de un manifiesto para exigir al Gobierno que impida la asfixia de los sistemas y dispositivos de promoción y protección de las personas con discapacidad y sus familias.

viernes, 16 de noviembre de 2012

El Consejo de Estado concluye que el euro por receta es inconstitucional

SEÑALA QUE LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS CORRESPONDE SOLO AL ESTADO

El Consejo de Estado concluye que el euro por receta es inconstitucional
El Consejo de Estado lo preside el ex ministro de Sanidad, Romay Beccaría -en el centro- (EFE).
El Consejo de Estado que preside el ex ministro de Sanidad del PP, Romay Beccaría, considera inconstitucional la aplicación del euro por receta en comunidades como Cataluña y Madrid. El órgano asesor del Gobierno se pronunció así en un dictamen emitido el pasado 21 de junio a propuesta del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en el que explicaba sus dudas sobre la constitucionalidad de dicha tasa que, por aquel entonces, solo estaba fijada en Cataluña y que, recientemente, se ha incluido también en Madrid, que lo aplicará a partir del 1 de enero de 2013. El informe (PDF) fue aprobado con el voto particular de los consejeros Teresa Fernández de la Vega, Fernando Ledesma y Enrique Alonso, que, en contra del criterio de la mayoría, no consideran que haya argumentos suficientes para determinar su inconstitucionalidad.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado considera que las Comunidades Autónomas no pueden incidir “ni directa ni indirectamente” en la fijación del precio de los medicamentos que son objeto de financiación pública, por ser ésta cuestión una competencia exclusiva del Estado consagrada en el artículo 149.1.16ª de la Constitución. Por ello, la aplicación de esta tasa, que tanto Madrid como Cataluña han justificado por su "efecto disuasorio", supondría "una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado".

Precisamente por ello –concluye el dictamen, que no es vinculante- no cabe admitir que, en ejercicio de su potestad tributaria, las Comunidades Autónomas impongan gravámenes cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario. Este es precisamente el efecto que provoca la tasa prevista en el artículo 41 de la Ley catalana 5/2012 (el citado euro por receta), cuyo establecimiento tiene una clara repercusión sobre el coste final de los medicamentos o productos sanitarios que se dispensen en el territorio de Cataluña, ya que, como consecuencia de la exacción de este tributo, las personas a las que se prescriba un medicamento en dicho ámbito territorial se verán obligadas a pagar por cada receta un euro más que los restantes usuarios del Sistema Nacional de Salud”.

Rajoy podría pedir su supensión

Para el organismo, la aplicación del euro por receta entra también en conflicto también con las previsiones del artículo 149.1.1, que establece el hecho de que corresponde al Estado la competencia exclusiva para "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales". Y concluyen, así mismo, que en este orden de ideas se funda la Ley estatal 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que, al enunciar los principios generales que la informan, menciona expresamente "la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad" y "la financiación pública del Sistema Nacional de Salud de acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica". El artículo 23 de dicha norma señala también que "todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta Ley en condiciones de igualdad efectiva".

Con estos argumentos, el Gobierno de Mariano Rajoy se puede cargar de razones para llevar impugnar ante el Tribunal Constitucional el artículo 41 de ley 5/2012 que fijó el euro por receta en Cataluña y de la norma madrileña que ha incluido esta tasa en los presupuestos de la región. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya mostró recientemente su rechazo a esta medida porque supone, dijo, que los ciudadanos "paguen dos veces" por sus medicamentos. Rajoy abogó por abrir una negociación con Madrid y Cataluña para lograr su retirada, aunque avisó que podría recurrir, finalmente, al Alto Tribunal. El asunto ha reabierto, además, una batalla política con el PP de Madrid y con su presidenta, Esperanza Aguirre, que ha señalado públicamente, que la medida "no contradice ningún principio del Partido Popular". Si el Gobierno decidiese recurrir, el Constitucional podría decretar, ipso facto, la suspensión temporal del euro por receta.

De la Vega no ve argumentos suficientes

El dictamen del Consejo de Estado tiene, sin embargo, tres votos particulares de De la Vega, Ledesma y Alonso, en el que exponen que no ven argumentos suficientes para concluir que la aplicación del euro por receta sea inconstitucional. La ex vicepresidenta del Gobierno señala que "por razones de urgencia no pueden articularse in extenso las razones que en detalle explican esta posición". Entienden, eso sí, que "no es suficiente argumento de que la tasa incida sobre los precios finales de los medicamentos" y señalan que dicha desigualdad también se produce en los cambios introducidos para modificar las tasas judiciales, sin que nadie haya pedido la impugnación de dichas tasas.

martes, 13 de noviembre de 2012

Las medidas de austeridad de Europa comprometen "gravemente" los derechos de los discapacitados

Según un estudio del Centro Europeo de Fundaciones

Servimedia / Madrid- 08/11/2012

Los 80 millones de discapacitados europeos corren un serio riesgo de caer en la pobreza, en la exclusión social y en la discriminación como consecuencia de las medidas de austeridad adoptadas por los gobiernos europeos. Así lo señala un estudio encargado por el Consorcio Europeo de Fundaciones para los Derechos Humanos y Discapacidad del Centro Europeo de Fundaciones, liderado por la Fundación ONCE.

El informe revela cómo "la tan reducida inversión en el bienestar y en los servicios sociales de algunos de los estados miembro está resultando en un desproporcionado incremento en el número de personas con discapacidad que están perdiendo su trabajo, ayudas y accesos a servicios fundamentales".

El estudio se ha llevado a cabo por un equipo de investigadores europeos apoyados por expertos nacionales en seis estados de la Unión Europea y analiza el impacto concreto ?en términos de trabajo, vida independiente, educación, atención primaria y asistencia- sobre los derechos de las personas con discapacidad.

"El estudio claramente demuestra que la crisis económica, junto con las decisiones políticas y sociales tomadas como consecuencia de la misma, están perjudicando seriamente los derechos fundamentales tanto civiles, políticos, sociales como económicos de las personas con discapacidad", advierte Miguel Ángel Cabra de Luna, co-presidente del Consorcio Europeo de Fundaciones sobre Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.

En su opinión, ahora no es el momento de retroceder en el campo de las discapacidades "sino de aspirar a mejorar". "Ello significa colaborar más estrechamente los unos con los otros y buscar vías alternativas y creativas tales como la innovación social y los negocios sociales", añadió.

Según las principales conclusiones del estudio, un 21,1% de personas con discapacidad en la UE corren un riesgo de caer en la pobreza en comparación con aquellas personas sin discapacidad (14,9%).
Asimismo, el informe recoge cómo los ratios de pobreza aumentaron entre el año 2008 y el 2010 en varios países como en Irlanda (+26,16%), Dinamarca (+21,27%), Lituania (+21,01), España (+11,35%), Chipre (+8,11%), Hungría (+6,03%) y Malta (+5,10%).

Además, la supresión, ya sea parcial o total, de servicios sociales se ha denunciado en Bulgaria, Grecia, Hungría, Irlanda, Portugal y Rumanía. Fusiones o reorganizaciones de dichos servicios también han sido denunciadas. Dichos servicios incluyen centros de guarderías, residencias, formación profesional, centros de rehabilitación, guarderías especializadas y colegios.

El documento, presentado en el Parlamento Europeo de Bruselas, también recalca que existe una creciente tendencia a privatizar o externalizar los servicios sociales en Grecia, Hungría, Irlanda, Portugal y Rumanía.

viernes, 2 de noviembre de 2012

“Los recortes ponen a los dependientes en dificultades sin precedentes”

  • Médicos y pacientes se unen en un manifiesto contra los ajustes que “añaden más vulnerabilidad a los más vulnerables”

El Consejo Social de la Organización Médica Colegial ha emitido un manifiesto en el que se queja de que los recortes están dejando a los ciudadanos dependientes y discapacitados en una “situación de dificultad sin precedentes”. La situación de crisis que sigue soportando el sistema nacional de salud, se afirma, “añade más vulnerabilidad a las personas más vulnerables”. Los firmantes citan en concreto las últimas decisiones del Gobierno sobre la Ley de Dependencia, como es la reducción en un 15% como mínimo de la paga que reciben los cuidadores familiares por atender a los ancianos. “Esto está teniendo efectos en la calidad de la atención que precisan los beneficiarios así como sus familias”.

 “No podemos admitir que dichos ajustes, en muchas ocasiones indiscriminados, ocasionen merma en la calidad de la asistencia sanitaria y desigualdades en el acceso de la ciudadanía a los servicios y prestaciones sanitarias y sociales básicas, especialmente cuando dichos efectos recaen mayoritariamente sobre los sectores de población más vulnerables e indefensos”, subrayan.

El manifiesto lo suscriben el Consejo General de Colegios Oficiales Médicos, el Foro Español de Paciente, la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.

Las medidas sobre la Ley de Dependencia restan calidad a los beneficiarios y sus familias, dicen

Los firmantes abogan por una “efectiva coordinación sociosanitaria que todavía no se ha consolidado estructural ni orgánicamente en el sistema de salud, lo que incrementa de forma ineficiente los costes de la asistencia sanitaria”. Modificar todo eso, opinan, sería necesario dado el actual perfil mayoritario del paciente que acude a la sanidad española: “paciente crónico, pluripatológico, polimedicado, mayor y, en muchas ocasiones frágil y dependiente”.

Recuerdan que la Constitución consagra el derecho a la salud y reiteran su “compromiso y responsabilidad ética” hacia los pacientes y la sociedad en su conjunto “que emana del contrato social ente la profesión médica y la sociedad”. También se ponen al servicio del Gobierno, del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y de las comunidades autónomas para mantener el modelo sanitario actual, “orgullo y herramienta para la cohesión social”.

jueves, 25 de octubre de 2012

Confirmado: Cospedal cobrará a los padres por cuidar de su hijo dependiente

Cuando ELPLURAL.COM denunció la intención de Gobierno de Castilla-La Mancha de cobrar por las valoraciones de dependencia desmintió rotundamente la información

Confirmado: Cospedal cobrará a los padres por cuidar de su hijo dependiente

CARLOS ISERTE | 24/octubre/2012

ELPLURAL.COM lo denunció el pasado mes de enero y nos llovieron infinidad de críticas y desmentidos. Nueve meses después, nos dan la razón: Cospedal cobrará 30 euros a todos los discapacitados que quieran conocer su nivel de dependencia, 40 si recurren la decisión del tribunal evaluador y, lo que es más esperpéntico, 35 por certificar la idoneidad de los padres que quieran cuidar a su hijo dependiente.

Manifestación de afectados por los recortes a la Ley de Dependencia.
Cuando en enero dijimos que desaparecería el derecho de los ciudadanos a la valoración gratuita de su nivel de dependencia, el Gobierno de la María Dolores Cospedal arremetió contra nuestra información, desmintiendo en numerosas ocasiones la misma. Hoy, la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha critica, en comunicado público, “al mentiroso y cínico consejero Echaniz y su jefa suprema, la señora Cospedal, que da órdenes que están llevando al estrangulamiento por inanición a los dependientes de la región” al saber que el Gobierno del PP aprobará hasta doce nuevas tasas que “asedian” a los más desfavorecidos.

¿Está capacitado un padre para cuidar de su hijo?

El Gobierno que preside la también secretaria general del PP no se fía de los padres, madres y familiares directos de los dependientes que solicitan ayuda ineludible para desarrollar una vida con un mínimo de dignidad, y pone en duda la capacidad de los progenitores a la hora de cuidar de sus hijos, obligándoles a someterse a un prueba de idoneidad que está gravada, cómo no, con 35 euros.

¿Puedo ser dependiente?: 30 euros

Pero aquí no queda el despropósito, María Dolores Cospedal, que dice que “los españoles aprueban” los recortes del PP porque han ganado las elecciones en Galicia, también cobrará, como ya anunció ELPLURAL.COM el pasado mes de enero, por el derecho de los ciudadanos a la valoración gratuita de su nivel de dependencia; a partir de ahora costará 30 euros. Aún hay más: el que no esté de acuerdo con la valoración y pida una revisión de la misma, tendrá que abonar otros 40, a los que habría que sumar otros 10 euros si los miembros del tribunal tienen que desplazarse hasta el domicilio del solicitante. La mayoría son grandes discapacitados y tienen seriamente mermadas su capacidad de movimiento.

Medida disuasoria

Tasas que nadie, salvo el PP y su portavoz, la excéntrica Carmen Riolobos, comparte y entiende. Tanto las asociaciones de discapacitados, como el resto de partido políticos, interpretan estas doce nuevas tasas como una medida disuasoria para que los dependientes renuncien a reclaman el derecho que tienen otorgado por ley al comprobar que el uso del mismo les acarreará unos gastos que no pueden costear; si además le añadimos la demora en el pago en el caso de ser aprobada la dependencia por el tribunal, no hay economía familiar que pueda soportar esta situación.

La privatización, acecha

En este sentido, la Plataforma de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha expone públicamente sus sospechas sobre la posibilidad de dejar en manos privadas la valoración del grado de dependencia, que podría correr a cargo de empresas que, según los portavoces de la Plataforma, no son ajenas al entorno familiar del consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz.

Inmigrantes y adopciones

No solo los dependientes están afectados por esta catarata de gravámenes. Según la portavoz del PSOE, Matilde Valentín, el Gobierno de Cospedal ha establecido, además, una tasa de 132,50 euros por la realización de informes de idoneidad en los casos de adopción internacional y otra para la elaboración de informes sobre disposición de vivienda adecuada (9,50 euros) y de arraigo (19,50) para la obtención de residencia de reagrupación familiar de inmigrantes.

Castilla-La Mancha, junto a Madrid y Murcia, todas ellas gobernadas por el PP, son las únicas comunidades que cobran por los certificados de dependencia.

lunes, 23 de julio de 2012

La Plataforma de la Dependencia logra la mayor afluencia de público en una protesta dominical

Este domingo se ha desarrollado en Toledo una nueva concentración convocada por la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha que ha llenado de velas naranjas el centro de la capital regional.


Esta concentración ha tenido la originalidad de haber llenado de velas naranjas la Plaza de Zocodover en memoria de todos aquellos a los que se les ha hurtado los beneficios de La Ley de Dependencia. "Hemos ocupado la concentración con pañales, sillas de ruedas, medicinas, bastones.... para demostrar el discurso canalla de un gobierno que pretende criminalizar a seres humanos con enfermedades gravísimas, en muchos casos terminales, y que han vuelto a demostrar su dignidad, orgullo y honestidad al haber acudido a pesar de todas las dificultades físicas por las que pasan", explican en un comunicado.

En esta concentración, el presidente, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, ha hecho dos denuncias de gran calado político, que demuestran "el ADN político del Gobierno de la Sra. Cospedal":

1.- DENUNCIA DEL HOSTIGAMIENTO Y DE LA VENGANZA Y PERSECUCION POLITICA CONCRETADA EN LA FIGURA DE NUESTRO SECRETARIO, D. TEODORO PEREZ EXPOSITO AL QUE LE HAN REALIZADO UNA NUEVA VALORACION DE SU DEPENDENCIA, REBAJANDOSELA A UN GRADO INFERIOR Y POR TANTO DEJANDOLO FUERA DE CUALQUIER PRESTACION. TODO ELLO A PESAR DE QUE SU SITUACION NO SOLO NO HA MERJORADO SINO QUE TIENE DOS INFORMES MEDICOS QUE ATESTIGUAN DOS NUEVAS ENFERMEDADES, CANCER Y FALTA DE PULSO EN LA VENA FEMORAL.

2.- DENUNCIA DE UNA FILTRACION OBTENIDA DESDE LA PROPIA CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES POR LAS QUE LA CONSEJERIA DE D. IGNACIO ECHANIZ TIENE YA TOMADA LA DECISION DE REBAJAR UN 35% LAS PRESTACIONES DE LOS CUIDADORES FAMILIARES, SOLO A FALTA DE SU APROBACION EN CONSEJO DE GOBIERNO. 

ESTE HACHAZO VA A SER EL MAYOR QUE SE VA A REALIZAR EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. ESTA ES LA MANERA DE PRESERVAR "LOS SERVICIOS SOCIALES BASICOS".