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Abuelo, anciano PIXABAY
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(EUROPA PRESS)
La Asociación de Gerentes y Directoras
de Servicios Sociales alerta de que en 2017 podrían morir 36.000
personas en situación de dependencia, que actualmente se encuentran en
lista de espera para recibir la prestación a la que tienen derecho
por ley, por la "falta de financiación" del Sistema de
Atención a la Dependencia.
Esa organización ve "muy
preocupante" en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para este año "mantenga esta inhumana situación por una
evidente falta de financiación del sistema" y señala en un
comunicado que el año pasado 40.647 personas fallecieron el año
pasado sin percibir ninguna prestación, una media de 111 al día.
Según los últimos datos oficiales,
335.201 personas en situación de dependencia están en lista de
espera y a esta organización le resulta "preocupante" que
más de una tercera parte de ellas (36%, es decir, 121.588 personas)
son dependientes con Grado II o III --dependientes severos y grandes
Dependientes--.
Los directores y gerentes de Servicios
Sociales apuntan que en 2016 se redujo la "lista de espera en
36.017 personas (saldo neto)", a lo que "evidentemente
contribuyen los fallecimientos" de personas en espera de recibir
atención.
Esta entidad pide recuperar los
"crueles recortes" de 2012, incrementando en 480 millones
de euros el Programa Presupuestario 231I Autonomía personal y
atención a la dependencia, que, según recuerda, se trata de un
"compromiso incumplido" de Ciudadanos y Partido Popular en
el acuerdo de investidura (medida 57 del documento '150 compromisos
para mejorar España', con una dotación prevista de 440 millones).
Según los responsables de esta
asociación, aumentar la financiación estatal "permitiría
disminuir la lista de espera en cerca de 90.000 personas, y se
generarían más de 20.000 empleos 'ex novo' en un año".
Además, apuntan que con 480 millones de euros de incremento de gasto
público se recuperarían de manera directa 191 millones en el mismo
ejercicio presupuestario (casi el 40%).
"Si la aportación estatal fuese
del 50% del total del gasto público en Atención a la Dependencia,
como establece la ley, y manteniendo la aportación autonómica de
2016, se aseguraría la plena atención a las 335.000 personas que
actualmente están lo que se conoce como Limbo de la Dependencia",
aseveran.
