martes, 1 de mayo de 2012

EL REAL DECRETO PONE EN PELIGRO LA SALUD DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA

Cinco claves para leer la reforma sanitaria

El autor se pregunta por qué el Gobierno ha decidido destacar los efectos de la reforma sobre la inmigración irregular cuando afecta a personas desempleadas con independencia de su origen.

PABLO RODRÍGUEZ
JUEVES 26 DE ABRIL DE 2012. NÚMERO 173

Protesta en un centro sanitario de Tarragona. Foto:
Meloinvento
1.- La mejor defensa, un buen ataque

No parece casual el empeño del Gobierno por centrar el debate de las modificaciones al Sistema Público de Salud en la pérdida de derechos de las personas migrantes irregulares. Frases como las vertidas por la ministra de Salud, Ana Mato diciendo “la tarjeta sanitaria es para los españoles” o del consejero de Sanidad de Castilla la Mancha, José Ignacio Echániz “no hay que olvidar que la sanidad gratuita ha sido fundamental para fomentar el efecto llamada. Mucha gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria garantizada", o el propio portavoz de los populares en el Congreso, Alfonso Alonso con su “el sistema sanitario no puede ser un coladero de inmigrantes”, ponen el foco sobre ese sector minoritario y desprotegido, pero fundamentalmente con escaso respaldo social. Las intervenciones de los partidos mayoritarios de la oposición parecen colaborar con la estrategia… ¿se habrán puesto de acuerdo para defender los mismos intereses?

Está claro, el Gobierno quiere que las miradas se desvíen hacia la población migrante y el éxito que ya está teniendo esa estrategia tiene dos fundamentos: A) desviar la atención sobre el real cambio y ataque a todo el sistema de salud. B) encontrar mayor respaldo en una idea muy instalada socialmente de que la población migrante es quien hace uso y abuso de los beneficios públicos como salud, educación, coberturas sociales, etc. Y en un clima de crisis como la imperante, para muchos sectores precarizados lo de “los españoles primero”, tiene un fuerte calado. Atacando la población migrante, el Gobierno ha encontrado la mejor defensa a su proyecto.

Pero veamos los números reales de la población migrante para ver la relevancia que la medida tiene en este sector: a fecha 1 de enero de 2012 había en España un total de 408.142 extranjeros no regularizados, pero de esa cifra 306.477 serían ciudadanos de la UE que no se han inscrito en el Registro, a los que habría que añadir otros 13.481 de ciudadanos de países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Esto significa que solo habría según estas cifras 88.184 ciudadanos potencialmente incursos en la infracción del art. 53.1.a) de la Ley de Extranjería, es decir sin papeles.

Esto significa que el 79 por ciento de esas personas “irregulares” tienen un derecho inalienable de registrarse como ciudadanas comunitarias mediante una simple tramitación administrativa, y por ende dejarán de ser “sin papeles”. Apenas un 10 por ciento quedarían totalmente excluidas, una cifra que aunque siempre importante porque hablamos de personas, no parece justificar que el debate se centre en este punto. Parece que por primera vez más que usar la migración como chivo expiatorio, el Gobierno quiere vendernos “gato por liebre”.

2.- La tarjeta a los españoles

¿Y la salud?: en la misma línea de análisis, la exaltación de un supuesto patriotismo desvía la atención de los reales alcances de las modificaciones al sistema de salud, a la mera disposición de la tarjeta sanitaria por una cuestión de nacionalidad y/o “papeles”; cuando en realidad muchas personas españolas o migrantes “con papeles”, igual no podrán disponer del derecho a una cobertura de salud según sean sus circunstancias laborales y/o particulares.

El Art. 3 del Real Decreto 16/2012, tras desarrollar los supuestos para ser consideradas personas “seguradas” establece que “en aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriormente establecidos, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente”. Es decir, habrá personas que pese a su “regularidad administrativa” e incluso su nacionalidad española, también quedarán excluidas del sistema sanitario público.

Y esto con un agravante. El Estado español no suele destacarse por su velocidad y mucho menos por el cumplimiento de plazos en cuanto a la elaboración de reglamentos se refiere. Entonces ¿qué pasará con esa limitación de ingresos?, ¿cómo se fijará las base de ingresos temporalmente y hasta tanto salga un reglamento?, ¿quedará en manos de la persona instructora de la solicitud? Parece que las circulares internas cobrarán, como en casi toda la administración pública, más fuerza que la propia ley. A modo de ejemplo, solo decir que la reglamentación de la Ley de Asilo, o del funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), llevan un atraso de más de dos años. Tendremos que estar a la expectativa.

3.- El remedio y la enfermedad

Otro de los hilos en los que el Gobierno ha centrado su defensa es en que “ninguna persona se le dejará sin el derecho a recibir atención médica”, ya que podrán asistir a los servicios médicos de urgencia. Y aquí otra vez el doble rasero: por un lado servicios colapsados que obligarán a quien pueda a buscar una cobertura privada (¿el objetivo final de esta reforma?), y por otro tras este discurso (como ya vimos falso) de todas las personas migrantes a urgencias, otra vez recaerán las culpas de las deficiencias del sistema contra este colectivo.

Pero debemos ir más allá, el disponer solo de la cobertura de urgencias significa tener que pagar la medicación en forma íntegra, y el alto coste de los medicamentos con la precariedad extendida hará que muchas personas no puedan seguir sus tratamientos o cuidados necesarios para su curación. Esto significa en esencia tres cosas:

A) Las personas infectadas de enfermedades de gravedad, caso HIV, tuberculosis y otras similares, estarán condenadas a una agudización de su estado de salud que cuando sea atendida, quizá pueda ser tardío para su propia vida.

B) El no poder tratar la enfermedad en muchos de los casosterminará en la necesidad de una hospitalización, y a nadie escapa que resulta mucho más económico atacar la enfermedad desde su raíz que los tratamientos posteriores y el propio internamiento.

C) En caso de enfermedades infecto contagiosas no tratadas, los riesgos de contagio al resto de la ciudadanía son potencialmente mucho mayores, y por ende el tan achacado “gasto médico” puede llegar a cotas mucho mayores que las que se dice, se intentan reducir.

4.- Enfermedad de unas, enfermedad de todas

Quitar el derecho a la salud a un sector importante de la población nos afecta a todas las personas que vivimos en esta sociedad. Afortunadamente no somos compartimentos estancos, interactuamos, viajamos en transporte público, compartimos espacios en una sociedad que aunque aún presa del impulso individualista de las sociedades de consumo, en el contexto actual cada vez necesitará más de relacionarse, de formar grupos de solidaridad, y en ese interactuar los riesgos de contagio al haber potencialmente más agentes transmisores, será mucho mayor.

5.- Un principio sin fin

La pérdida de estos derechos ha comenzado por algunos sectores, pero nadie puede asegurarnos hasta donde llegarán. Afectan de una forma u otra, directa o indirectamente, y la historia de siempre –y también la más reciente, por ejemplo con la reforma laboral- demuestra que esto puede ser solo un comienzo, y no reaccionar ahora tal vez convierta en tardío los esfuerzos de frenar esta locura cuando intenten ampliarla en apenas unos meses.

¿Ciudadanos o asegurados?


Los que están en contra del estado de bienestar nunca desaprovechan una buena crisis”. Naomi Klein. The shock doctrine: the rise of disaster capitalism. 2008.

La semana pasada el Gobierno hizo pública la norma que regula las medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (Real Decreto-Ley 16/2012). Al margen de sus implicaciones en cuanto a recortes y limitación de derechos, esta introduce un cambio sustancial en los fundamentos de nuestro sistema sanitario: la sustitución del “ciudadano” por “el asegurado” (en genérico), en cuanto a sujeto con derecho a la asistencia sanitaria. ¿Era necesario semejante cambio para ejecutar las medidas de ahorro? No lo parece. Y como es difícil suponer que los inteligentes ministros del gobierno hayan cometido la torpeza de realizar tal sustitución simplemente por error, no es aventurado pensar que dicha modificación sustancial pueda ser el primero de una serie de cambios en el sistema nacional de salud de mayor trascendencia.

En este sentido, llama la atención la escasa atención de los medios de comunicación españoles al proceso de reforma sanitaria realizado recientemente en Reino Unido, cuyo sistema sanitario ha sido una referencia en materia de organización para nuestro propio sistema. Hace un par de meses se produjo la aprobación de la norma básica que regula la reforma en el servicio nacional de salud británico (NHS) promovida por el gobierno conservador de David Cameron (The Health and Social Care Bill) y que supone el primer paso para el desmantelamiento del NHS, modelo de referencia para las política orientadas a establecer o mantener Estados (que no sociedades) de bienestar. El sistema nacional de salud británico se creó en 1946, al acabar la II Guerra Mundial, con el objetivo de garantizar la protección financiera de los británicos en el caso de enfermedad grave y costosa. Sus principios eran muy claros: servicios financiados a través de impuestos, gratuitos en el momento de la prestación, integrales en el rango de los mismos y orientados a mejorar la equidad en el conjunto del sistema. Valores similares también reorientaron la transformación del sistema español reflejada en la Ley General de Sanidad de 1986, así como en normas posteriores del mismo rango ( Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, y Ley General de Salud Pública de 2011). Dichas normas dieron el soporte legal a la transformación de un sistema financiado a través de las cotizaciones de los afiliados a la seguridad social (de origen en la dictadura), hacia un sistema nacional de salud financiado a través de impuestos, en el que el derecho a la prestación lo determinaba el hecho de ser español o extranjero residente en el territorio español.

David Cameron ya inició en Reino Unido un camino parecido al de las autoridades españolas

La aprobación de la reforma Cameron en Reino Unido implica la renuncia del Gobierno británico a su antiguo deber de garantizar la prestación de atención sanitaria integral al conjunto de la población inglesa, introduciendo un mercado “a la americana” que permita la competencia entre proveedores privados. En palabras del profesor Alex Scott-Samuel de la Universidad de Liverpool, en el periódico inglés The Guardian, el NHS pasaría a ser simplemente un “presupuesto” financiado públicamente, y destinado a subcontratar intervenciones sanitarias realizadas por compañías privadas sujetas a las leyes europeas de la competencia. Algo muy en la línea, por cierto, de las recomendaciones del Banco Mundial o de las agencias de rating que acaban de degradar de nuevo a España.

Un prestigioso grupo de investigación en sistemas sanitarios ( Reynolds, Lister, Soctt-Samuel y McKee, de la London School of Hygiene &Tropical Medicine y de las universidades de Coventry y Liverpool), publicó el año pasado un interesante trabajo sobre el proceso de reforma en Reino Unido (Liberating NHS:source and destination of the Lansley reform). En este describen en detalle la estrategia de erosión de los sistemas sanitarios públicos desde los centros de pensamiento conservadores. Uno de sus miembros más influyentes, Oliver Letwin, actual miembro del gobierno británico de Cameron, escribió en 1988 un libro de elocuente título: Privatizar el mundo: teoría y práctica de la privatización internacional, que incluía incluso una guía de 10 páginas para “privatizar bienes públicos en contra de los intereses del electorado”. Entre sus recomendaciones se incluye expresamente utilizar la táctica de la “desinformación”, practicada a través de la justificación de la necesidad de establecer reformas y recortes como medio imprescindible para mejorar los elevados costes del sistema y los deficientes resultados del mismo. Argumentos sin fundamento científico, pero profusamente utilizados (también en España).

Los citados investigadores británicos definían la reforma de Cameron como el tránsito de un modelo financiado por impuestos y basado en los principios de solidaridad (entre ricos y pobres, jóvenes y viejos) hacia un modelo de influencia americana de aseguramiento individual, con acceso a la atención en función de las condiciones del aseguramiento, una hoja de ruta muy similar a la que parece establecer el Real Decreto Ley español. Otro brillante médico general británico, Julian Tudor Hart escribía hace unos años: Lla comercialización de los servicios públicos es un proceso de carácter mundial”. Parece que también a nosotros nos llegó la hora.

Sergio Minué Lorenzo y José Francisco García Gutiérrez son profesores de la Escuela Andaluza de Salud Pública

Las plagas que viajan en las aguas de lastre de los barcos tienen los días contados

Medusa. (ARCHIVO)
  • El cólera, el mejillón cebra, las medusas peineta y las algas tóxicas van de puerto en puerto con los barcos.
  • La OMI estudia una regulación para que sea aplicada antes de 2016.
  • Se utilizarán rayos ultravioletas para desinfectar el agua antes de ser descargada.
  • 15.000 barcos construidos antes de 2009 tendrán que adaptarse a la normativa.
EFE. 29.04.2012

El ir y venir por un mar sin fronteras de plagas como el cólera, el mejillón cebra, las medusas peineta o las algas tóxicas tiene sus días contados. Se pretende acabar con ellas controlando y desinfectando las aguas de lastre que los barcos recogen y vierten indiscriminadamente de puerto en puerto sin control aduanero ni fitosanitario.

La Organización Marítima Internacional (OMI) estudia actualmente la regulación por convenio de un nuevo sistema de gestión de esos vertidos que deberán tomar en cuenta sus 170 países miembros antes de 2016. El objetivo es"desinfectar" el agua arrastrada por grandes buques comerciales, turísticos e industriales para equilibrar su peso en travesía, "ozonizándola" y tratándola con rayos ultravioleta antes de que sea descargada.

Se calcula que el mejillón cebra ha causado daños en EE UU por mil millones de dólares

El método se utiliza con éxito en circuitos de acuicultura y piscifactorías y en plantas de aguas residuales. Así lo explicó el director general del fondo de inversión Blue Orange, Adrien Henri, que apuesta por el proyecto.

La idea, dijo, "fue como sumar dos más dos". Se identificó el problema —la contaminación del agua por agentes invasores, similares a los patógenos de las aguas vertidas— para el que ya había solución. El único obstáculo fue elaborar el acuerdo de colaboración entre los dos socios europeos que desarrollan el proyecto, la francesa Suez Environnement, con mas de 70 años de experiencia en tratamiento de aguas, a través de su filial Degremont, y Redox Maritime Technologies, empresa noruega que encabeza la gestión de limpieza de buques vivero con garantías de seguridad biológica. Se tardó casi un año y medio.

Un filtro para "desinfectar"

Los prototipos del filtro, una especie de tanque o caja que podrá adaptarse a cualquier embarcación, aseguró Henri por teléfono desde París, se fabrican actualmente en Noruega, tanto en plataformas costeras controladas como en grandes embarcaciones.

El proceso de desinfección pondrá freno, ya sea neutralizándolas o directamente eliminándolas, a las especies marinas, algunas microscópicas, que invaden ecosistemas a los que de forma natural nunca habrían llegado.

Henri recordó el conocido caso del mejillón cebra, que desde el mar Negro, en Europa oriental, ha conseguido cruzar el Atlántico y sólo en Estados Unidos se calcula que ha causado daños por mil millones de dólares, entre programas de erradicación y sus efectos sobre especies comerciales autóctonas.

La certificación está pendiente de la OMI, organismo de las Naciones Unidas para la prevención de la contaminación del medio marino por buques e instalaciones portuarias. Como el proceso aún no se comercializa ha frenado la divulgación masiva del sistema, para el que se espera "luz verde" a lo largo de este año.

El nuevo sistema utiliza métodos menos agresivos que el tratamiento químico o la oxigenación

El Convenio Internacional para el control y Gestión de Aguas de Lastre ofrece métodos menos agresivos que los que se utilizan actualmente, como el tratamiento químico o la oxigenación, que atenta contra el ph marino.

El convenio señala que todos los barcos construidos antes de 2009 tendrán que proveerse de un sistema certificado de tratamiento de aguas de lastre (BWT, por sus siglas en inglés), como el que ahora proponen Suez y Redox.

Otras empresas, como la canadiense Trojan Marinex, desarrollan también sistemas similares y compiten por la certificación de la OMI, que no recomendará ningún sistema concreto, sino que avalará los que le parezcan apropiados a sus indicaciones de protección medioambiental. Se estima que unos 15.000 buques tendrán que ajustarse a la normativa

Documental Zona de Sombra (resumen)

by antenes

Breve resumen de las opiniones científicas más importantes sobre la contaminación electromagnética que generan las antenas de telefonía móvil.