Publicado
en Sistema Digital el 31 de octubre de 2012
Todos los datos permiten asegurar que
una gran parte del incremento en el número de suicidios que se viene
dando en España está relacionado con la forma en que se está
gestionando la crisis. Ya he comentado en artículos anteriores y más
extensamente con Vicenç Navarro en el libro ‘Los amos del mundo.
Las armas del terrorismo financiero (Espasa, 2012)’, que en todos
los países en los que se han aplicado políticas de ajuste
neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de
extrañar que ahora se esté produciendo en España. Actualmente,
parece que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios
cada día y que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en
un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con
problemas económicos de diverso tipo originados por la crisis.
Y no hacen falta muchos estudios
científicos para comprobar igualmente que una gran parte de esos
suicidios se relacionan con los desahucios, que en estos momentos
dejan sin vivienda a más de quinientas familias cada día en España.
Ya son bastantes los casos en los que se han producido justo antes de
que las autoridades y la policía procediesen a desalojar a las
familias de sus viviendas en diferentes lugares de España.
Se trata de un verdadero drama que
tiene una responsabilidad muy directa: las autoridades e
instituciones del Estado que hasta el momento no han hecho nada
efectivo para evitarlo. Todo lo contrario, lo han provocado con las
políticas que vienen aplicando e incluso lo facilitan, como esos
jueces que llegan a decretar que los desahucios se lleven a cabo sin
previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria
de los afectados.
El Gobierno actual y el anterior han
dedicado sumas millonarias a salvar y proteger a los banqueros y a
los grandes propietarios, pero no han tomado ni una sola medida
efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de
las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas.
Cambiar las leyes para establecer
medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que
gestionen la reestructuración de la deuda familiar, la disminución
temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro,
quitas familiares, u otras parecidas que podrían evitar los
desahucios no comportan grandes dificultades legales ni supondrían
demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la
demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es
injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan
docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan
extraordinario.
Que los dos grandes partidos se
pusieran de acuerdo en unos pocos días para modificar la
Constitución, y así contentar a los poderes financieros, y no lo
hagan para adoptar medidas de rango muy inferior dirigidas a proteger
a las miles de familias que se quedan en la calle solo refleja que se
trata de dos organizaciones políticas que han perdido el norte para
convertirse en simples piezas de un dominio oligárquico que ya es
insoportable, y que requiere una respuesta social a la altura de su
traición a los principios elementales de la ética, la justicia y el
buen gobierno.
Es incomprensible, y empieza a producir
una rabia inmensa, contemplar día a día a los parlamentarios
ocupados en todo tipo de asuntos pero incapaces de acabar con el
drama. Es desolador comprobar que los jueces no hayan reaccionado ya
cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un derecho que es la
antítesis de la justicia. Es patético e indignante ver a la policía
defender día a día a las autoridades que echan a las gentes de sus
casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear con saña a
las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una vergüenza
comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que tanto
habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar de
sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar
la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara
contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus
fieles de abajo que siempre suelen apoyarlos). Es tremendo que no
salga ni una sola palabra ni un gesto de ayuda del Jefe del Estado,
que se dedica, por el contrario, a defender las políticas que
provocan el paro y la pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los
efectos que están provocando sobre la sociedad y la situación
económica solo para proteger los intereses de los grupos más
poderosos. Es sencillamente insultante, que en lugar de defender a
las miles de personas que sufren, el Gobierno no solo siga aplicando
sin misericordia las políticas que agudizan la crisis, sino que se
dedique a ir indultando semana tras semana a los pocos financieros y
políticos delincuentes que habían sido condenados en los años
anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y un despropósito la
Constitución que declara que “todos los españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero que a la vez no
impide que se produzcan más de medio millar de desahucios diarios.
Cada vez que muere una persona
desesperada por el paro o por la pérdida de vivienda, o a causa del
peor tratamiento que reciben cuando son dependientes o están
enfermas, aumenta algo más la responsabilidad de todas esas
instituciones y personas. No podemos ni debemos aceptar que todo lo
que está pasando en España, el daño tan grande que se le está
haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo
inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se
produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por
eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que
toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y
no solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes.
Tendríamos que dejar de hablar ya de
suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero
crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación
de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello,
son las que lo están provocando. La gente normal y corriente tiene
derecho a defenderse e incluso el deber de levantarse contra los
tiranos.