jueves, 7 de febrero de 2013

Más de 60 medicamentos han aumentado de precio tras haber sido desfinanciados por Mato

Los farmacéuticos denuncian que la industria fija un "doble precio" en varios productos desde que se aprobó el 'medicamentazo' del Ministerio de Sanidad y que el coste para el ciudadano llega incluso a duplicarse en algunos casos

EUROPA PRESS Madrid 06/02/2013 22:06

El Constitucional suspenderá esta semana el euro 
por recetaen Madrid. EFE.
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha denunciado que la industria farmacéutica está fijando un "doble precio" para algunos medicamentos en función de si estos cuentan con financiación pública o no, lo que hace que el coste para el ciudadano pueda incluso duplicarse en determinados casos.

Esta práctica viene amparada por el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que impulsó la ministra del ramo, Ana Mato, el pasado mes de abril, al introducir la figura del precio "notificado".

Esto permite a los laboratorios fijar para un mismo medicamento un precio de venta al público "notificado" que puede diferir del autorizado para su financiación, ya que en estos casos el Ministerio de Sanidad tiene legimitidad para controlar y fijar el precio.

Por el momento, este doble precio ya está afectando a un total de 20 medicamentos incluidos en la desfinanciación que Sanidad puso en marcha el pasado mes de septiembre, ya que en cerca de un centenar de casos se establecían excepciones de modo que, para determinadas indicaciones, sí se podía mantener su financiación.

El problema, según denuncia la patronal de los farmacéuticos, es que en algunos casos el coste para el paciente ha aumentado hasta un 100% en función de si la indicación cuenta con financiación o no.

"El coste para el paciente ha aumentado hasta un 100%", denuncian los farmacéuticos

Esto sucede con el Romilar, que cuando está prescrito para la tos persistente se financia y cuesta 1,34 euros (en comprimidos), 2,9 euros (en jarabe) y 2,05 euros (en gotas). En cambio, para otras indicaciones o en caso de venta libre su precio asciende a 2,69, 5,81 o 4,09 euros respectivamente.

Otros fármacos cuyo precio también varía en función de su financiación son el Duphalac en sobres (que pasa de 4,78 a 7,81 euros), el TosidrinViscofresh (2,03 ó 3,04 euros), el (2,2 a 3,2 euros) o el Emportal (3,12 a 4,32 euros).
Sin embargo, según alerta FEFE, esta situación podría extenderse "a todo el mercado", lo que a su juicio constituiría una "catástrofe" para los ciudadanos que no dispongan de recetas del SNS.

La situación podría extenderse a todo el mercado farmacéutico, alerta FEFE

Además, también constituye un problema para las oficinas de farmacia ya que "adquieren estos medicamentos a un precio muy superior y solo pueden ser compensadas a posteriori, en el caso de que demuestre que los han dispensado en recetas del SNS".

Esto constituye también un perjuicio para estos establecimientos y para el sector de la distribución, de ahí que pidan un sistema de compensación que evite que "la oficina de farmacia financie los diferenciales de precio a la industria".

Más de 60 medicamentos, al alza

Por otro lado, FEFE también ha informado de que ya hay 62 medicamentos de los 417 que Sanidad desfinanció en septiembre que han subido sus precios, al pasar a formar parte de un mercado competitivo de precios libres.

Los que más han subido son el Mucibron, que ha aumentado su precio un 199,5% y ha pasado de costar 2,06 a 6,17 euros; la Cloperastina Normon (un 189% más, de los 1,73 a 5 euros); el Motosol y el Mucosan (un 183% más, pasando de los 2,06 a 5,85 euros); el Daflon (un 131% más, de 4,4 a 10,18 euros). Otros que también han subido son la Acetilcisteina Normon (un 110%, de 2,15 a 4,53 euros), el Fortasec (un 100%, de 1,89 a 3,78 euros) o el Aciclovir (un 97%, pasando de 7,31 a 14,47 euros).

La patronal considera "perfectamente legítima" esta subida de precios y apuntan que "la venta de algunos de ellos se puede resentir al existir otras alternativas de precio menor".

Cameron pide perdón por el mayor escándalo sanitario en Reino Unido

  • Entre 400 y 1.200 personas murieron por negligencias “espantosas” en cuatro años
Sonia Burnhill perdió a su marido en el hospital de Staffordshire en 2009. /
CHRISTOPHER FURLONG (GETTY
El primer ministro británico, David Cameron, ha pedido hoy disculpas públicas por las negligencias “verdaderamente espantosas” que se tradujeron en la muerte innecesaria de centenares de pacientes en uno de los hospitales públicos del Reino Unido. Su comparecencia ante la Cámara de los Comunes se ha producido poco después de la difusión de las conclusiones de una investigación sobre el maltrato sistemático a los pacientes de un centro sanitario de Staffordshire (centro de Inglaterra), privados en algunos casos incluso de agua y alimentos, y que se tradujo en una inusual y altísima tasa de bajas mortales entre 2005 y 2008.

El personal del servicio de sanidad pública (NHS, en sus siglas inglesas), es decir, los médicos, enfermeras y gestores, deberá afrontar sanciones penales si encubren sus errores o los de sus colegas en el trato que dispensan al paciente, según las recomendaciones de la investigación dirigida por el abogado especialista en negligencias médicas Robert Francis. Las cifras de mortalidad registradas por el hospital en aquel periodo superaron las previsiones estadísticas entre 400 y 1.200 personas y, si bien resulta imposible establecer que habrían sobrevivido con mejor atención y tratamiento, sí se ha confirmado que cuando menos fueron víctimas de una gestión que primaba “la consecución de objetivos económicos por encima de la calidad del servicio”.

El escándalo mayúsculo, que saltó a la palestra en 2009, ha sido objeto desde entonces de cinco investigaciones que se saldaron con una crítica a los patéticos estándares hospitalarios, el abandono voluntario de algunos de sus gestores y ninguna sanción expresa. Y ello a pesar del tremendo relato de los horrores de cómo las recepcionistas determinaban quién era o no aceptado para su ingreso, de la falta de formación de las enfermeras para usar los equipos o la inexperiencia de algunos médicos a los que se encomendaron pacientes en estado crítico. Tanta era la dejadez, que a veces la bandeja con el almuerzo o la cena era depositada fuera del alcance del paciente que yacía en la cama.

Un informe concluye que el hospital de Staffordshire primó lo económico

La presión de los familiares de esos pacientes maltratados, exigiendo un examen en profundidad del sistema para buscar soluciones y dirimir responsabilidades, ha forzado esta última encuesta oficial que el Partido Conservador prometió en su programa electoral y Cameron hizo efectiva en cuanto ocupó Downing Street. Su resultado, sin embargo, conforma un catálogo de nada menos que 290 recomendaciones que se resumiría en el establecimiento de un código más férreo de conducta, el reforzamiento de los controles del personal y, como explicó el primer ministro, la creación de un cuerpo de inspectores para velar por unos centros sanitarios “limpios seguros y en los que se cuide a los pacientes, no de meros espacios de gestión burocrática”. Se apunta a los errores de gestión, desde los máximos responsables hasta la base, pero no habrá mayores consecuencias más allá de la severa censura.

Si bien es cierto que el caso no puede imputarse directa o únicamente a la mengua de los recursos económicos que el NHS viene encajando en los últimos años — porque el trato inhumano a aquellos pacientes carece de toda justificación — también debe subrayarse que ese contexto idílico que ambiciona Cameron aparece muy difícil en los actuales tiempos de recortes drásticos. Las recomendaciones con las que se ha saldado el veredicto sobre el hospital de Staffordshire, y que el Gobierno quiere aplicar en todos los centros del sistema, suponen un alivio para los responsables del Departamento de Sanidad, que temían la demanda de otra costosa reforma del NHS que finalmente no deberá ejecutarse. Porque esa declaración de buenas intenciones que contiene la enésima investigación del caso no se centra en la exigencia de un personal cualificado y suficiente numéricamente (lo cual significa inversión en la sanidad pública), sino que pone el acento en el comportamiento individual de cada trabajador independientemente de las condiciones laborales. Y estas, a tenor del gasto sanitario del próximo presupuesto del Gobierno, no parecen nada halagüeñas. El personal sanitario afrontará sanciones penales por ocultar errores

Sanidad retrasa la entrada de nuevos fármacos para el cáncer por su precio

Alberto Vigario | 7/02/2013
Ana Mato, ministra de Sanidad.
Foto: Efe

La exigencia de reducir el gasto sanitario en los presupuestos anuales tiene sus riesgos. En la semana en que se conmemora en todo el mundo la lucha contra el cáncer, numerosos profesionales sanitarios y pacientes han denunciado a el Economista Sanidad una situación que viven desde hace tiempo y que ha empeorado en el último año: los nuevos avances en su tratamiento tardan cada vez más en llegar a España y en algunos casos este retraso se acerca ya a los dos años.  

"Hay fármacos contra el cáncer, ya aprobados en Estados Unidos y en Europa, que han demostrado su eficacia y una mayor tasa de supervivencia en los pacientes, que no podemos usar todavía en España porque están parados en el Ministerio de Sanidad a la espera de su autorización", denuncia el doctor Javier Cortés, oncólogo del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y uno de los investigadores españoles más reconocidos internacionalmente en el cáncer de mama.

El doctor Cortés pone el ejemplo de un medicamento actual en cáncer de mama que está teniendo una gran respuesta en las pacientes "lleva ya como un año y medio aprobado y usándose en Estados Unidos y otros países de Europa, y todavía no podemos utilizarlo con nuestras pacientes porque no está aprobado en España", asegura.

La situación del retraso en España en este campo de la medicina no es nueva, aseguran los profesionales, pero lo preocupante es que "los retrasos están yendo a más desde hace un tiempo", afirma este reconocido oncólogo.

El Ministerio alega precios altos

Desde el Ministerio de Sanidad se acusa indirectamente a la industria farmacéutica de esta situación al presentar "precios excesivos para los nuevos tratamientos contra el cáncer", como afirma el director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio, Agustín Rivero, que además avisa de que "si no demuestran ser coste-efectivos no se financiarán por el Sistema Nacional de Salud".

La negociación de estos precios no se diferencia mucho de cualquier acuerdo entre partes. La farmacéutica es la que ofrece un precio de salida y, a partir de ahí, Sanidad analiza los beneficios terapéuticos de cada indicación para, si es coste-efectivo, proponer el precio por el que está dispuesto a financiarlo. "Siempre se negocia hasta llegar a un acuerdo y, si no hay consenso, no se financia. Es un tira y afloja", reconoce el director general de Farmacia del Ministerio.

Sin embargo, en el último año este portavoz de Sanidad reconoce que ha habido dos medicamentos contra el cáncer que "no han superado el listón fijado" por Sanidad y ha sido rechazada su financiación.

Rivero insiste en que el departamento de Ana Mato "apoya la innovación y la introducción de todos los medicamentos contra el cáncer que sean necesarios" pero, como puntualiza, siempre que su coste-eficacia sea "adecuado".

Según el portavoz del Ministerio, los nuevos medicamentos autorizados en Europa vienen con precios "extremadamente gravosos" cuando además, en determinados casos "aportan pequeñas mejoras" con respecto al tratamiento anterior. "Yo entiendo que los precios deben ser altos porque hay mucha investigación detrás, y los ensayos clínicos son muy caros, pero a veces se evalúa el coste-eficiencia y nos parece caro para el sistema" señala el alto cargo de Sanidad.

Desde la industria farmacéutica la situación se ve distinta. Para Felipe Fernández, director de la Unidad de Oncología de Novartis, la realidad hoy en día en España es que teniendo en cuenta los procesos de revisión técnica y evaluación económica, "un paciente oncológico en Europa tarda de media 12 meses más que un paciente en Estados Unidos en acceder a la nueva terapia. Y en España la situación ha empeorado sensiblemente el año pasado", afirma. Para Fernández, "un año o en algunos casos dos años de retraso para un paciente de cáncer es mucho tiempo", señala.