miércoles, 13 de febrero de 2013

Científicos exigen una "rectificación inmediata" en las "políticas suicidas" del PP en investigación

El colectivo 'Carta por la Ciencia' consideran que los recortes del Gobierno "llevan a la sociedad a la indignación y a la desesperanza"

EUROPA PRESS MADRID 13/02/2013 13:06 Actualizado: 13/02/2013 13:16

El colectivo 'Carta por la Ciencia' ha exigido a los parlamentarios y políticos "una rectificación inmediata de las políticas que se están implantando" en I+D+i y que, a su juicio, "llevan a la sociedad a la indignación y a la desesperanza". Los científicos han explicado, a través de una carta abierta, que el sistema científico español es "todavía reciente" y es la actual generación la primera que ha tenido un desarrollo profesional con medios vagamente equiparables a los de los países más avanzados.

"La diferencia es que, en esos países se han sucedido varias generaciones que han podido desplegar su potencial y crear un sistema científico y técnico sólido. Sin embargo, en España, esa generación, que cuenta con una elevada edad media, ve amenazado su relevo, por el bloqueo del acceso a una situación estable de los jóvenes investigadores y por el creciente desinterés por los estudios científicos y técnicos, ante las nulas expectativas profesionales", ha apuntado. En su opinión, esta situación "llevará a España al colapso" y "no hay mucho tiempo para la reacción". En este sentido, ha señalado que todos los trabajadores de la investigación sufren estos problemas en Universidades, OPIs y Centros Tecnológicos.

Por ello, ha animado a la comunidad científica a "expresar con contundencia el rechazo a las políticas suicidas del Gobierno" y a que exijan al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, a que asuma sus responsabilidades políticas por la "desastrosa estrategia adoptada". "El Ejecutivo ha demostrado que la desaparición de la Investigación en el organigrama ministerial ha supuesto, de facto, la destrucción paulatina del sistema de I+D+i español". Como ejemplo, el colectivo ha señalado la aprobación, el pasado 7 de febrero, de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020 y del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 que, a su juicio, supone una nueva muestra de "la falta de ambición y compromiso del gobierno con la I+D+i, al plantear como objetivo alcanzar en el 2020 el 2% del PIB, menos de lo que la media de la UE tiene ya hoy".

Del mismo modo, los científicos han apuntado que el Gobierno ha presentado ambos documentos "como fruto del consenso y de la participación social", cuando el hecho es que "las asociaciones científicas y los agentes sociales sólo pudieron hacer sus observaciones sobre un documento ya elaborado". En su opinión, "las acciones del Gobierno definen un modelo que separa a España cada día más de aquellos países que han demostrado que solo con una financiación creciente y sostenida en el tiempo de las actividades de I+D+i es posible avanzar en la construcción de un sistema económico y productivo fuerte y de un modelo social más sólido y coherente".

Consecuencias de los presupuestos

Por otra parte, el colectivo ha denunciado que el Parlamento, a pesar de la "protesta conjunta" que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre en más de 10 ciudades españolas, aprobó, "gracias a la mayoría absoluta del PP", unos Presupuestos con un nuevo descenso en las partidas destinadas a la investigación científica, desarrollo e innovación que la sitúan "en niveles inferiores a 2005". "Es absolutamente falso que la I+D+i ha crecido un 5% en los PGE como anunció el Ministro de Guindos hace unos días", han apuntado.

Los científicos han recordado que las Universidades han visto disminuidos sus ingresos para actividades de investigación, aumentando aún más sus dificultades financieras consecuencia de la asfixia económica de sus Comunidades Autónomas. Por su parte, OPIS y Universidades están sufriendo lo que, a su juicio, es "una sangría continua en sus plantillas, especialmente en el colectivo de los jóvenes".

Del mismo modo, han destacado que el CSIC, ve amenazado su futuro "por un alarmante déficit estructural fruto de los sucesivos recortes". Así, ha apuntado que "diversos programas están siendo cancelados o son convocados con retrasos considerables, e incluso cuando lo son, el Ministerio de Hacienda bloquea lo que Economía ya ha resuelto". "A todo esto, hay que añadir las declaraciones de responsables de proyectos que denuncian las trabas administrativas para su desarrollo, incluso cuando la financiación viene de fondos europeos", ha concluido el colectivo, que ha recordado que también está en peligro la presencia de España en las grandes instalaciones europeas".

¡Fuera políticos de las eléctricas!

Entrada de blog por Julio Barea - febrero 13, 2013

El ex presidente del Gobierno y ex presidente del Consejo de Participación de Doñana, Felipe González es actualmente consejero de Gas Natural Fenosa. El pasado mes de enero esta empresa lograba sacar adelante un proyecto de extracción y almacenamiento de gas en las inmediaciones del Parque Nacional. El ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien durante su mandato privatizara la actual Endesa, ahora es consejero de la eléctrica. La ex vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, apenas dos meses tras dejar su cargo ficha como consejera de esta misma empresa. Y la lista podría hacerse mucho más larga con nombres como Manuel Marín ex presidente del Congreso y Ángel Acebes ex ministro en las filas de Iberdrola.

Es evidente que muchos cargos públicos terminan trabajando en empresas del sector energético cuando abandonan la política. Con este panorama de excargos públicos a sueldo del oligopolio energético, parece poco probable que ningún Gobierno vaya a legislar en su contra. Todo lo contrario, parece que es el premio para cuando terminen su carrera política, si claro está, antes se han portado como se espera de ellos.

El ejemplo más reciente y que seguramente no será el último, el pasado viernes se aprobaba el Real decreto Ley 2/2013, cuyo objetivo anunciado pretende ser “proteger a los consumidores en un contexto de crisis económica y garantizar, al tiempo, la sostenibilidad económica y la estabilidad de ingresos y costes del sistema eléctrico, con el objetivo de no generar déficit de tarifa en 2013”. La consecuencia “real” del mismo, nuevo regalo a las cinco grandes empresas eléctricas y hundir aún más, si cabe, a las energías renovables, frenando el desarrollo de nuevos proyectos y recortando drásticamente sus ingresos.

Los últimos escándalos financieros y de corrupción hacen necesario un cambio en la clase política. Si realmente existe el compromiso de fomentar la transparencia por parte de partidos y políticos, deben entre otras modificar la Ley de Incompatibilidades para impedir que personas que han ejercido cargos públicos puedan acabar trabajando en las grandes empresas energéticas. Y viceversa.

Es necesario recordar que España ha tenido en el periodo de octubre 2011 a octubre 2012 un déficit de 45.696 millones de euros en la balanza energética exterior. Seguimos gastando miles de millones de euros en comprar combustibles fósiles todos los años (para generar electricidad y para el transporte), y sepultando bajo una losa nuestra independencia energética, de la que España es inmensamente rica, las tecnologías renovables. Este es el negocio del oligopolio, que cada año aumenta su balance de beneficios, a costa del bolsillo, la salud y el medio ambiente del resto de ciudadanos. Y lo grave es que lo hacen jugando con una baraja marcada. El contexto de crisis económica en el que estamos inmersos es también una crisis de valores morales que deberemos superar para lograr un futuro diferente.

Julio Barea (@juliobarea) campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

Nadie se responsabiliza ante la UE por años de contaminación en las rías

  • Una delegación del Parlamento europeo comprueba sobre el terreno las numerosas quejas ciudadanas por la degradación del mar
DAVID REINERO Santiago de Compostela 13 FEB 2013


Con un recorrido por la ría de Vigo y una inspección de las retrasadas obras de la depuradora de la ciudad iniciaron ayer varios diputados europeos una visita a Galicia. Quieren comprobar cuánta razón tienen los ciudadanos que en los últimos años han protestado ante la Eurocámara por la deficiente calidad ambiental de las rías. Para ello, visitarán hoy las de O Burgo y Ferrol y elaborarán un informe con el que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidirá si pide que la UE actúe contra España por maltratar espacios protegidos.

La delegación está formada por el conservador francés Philippe Boulland, la liberal austriaca Angelika Werthmann y la verde letona Tatjana Zdanoka, a los que acompañan como simples invitados varios eurodiputados españoles. Tras reunirse en Santiago con los conselleiros de Medio Ambiente, Agustín Hernández, y Mar, Rosa Quintana, el conservador Boulland optó por la diplomacia. Recordó los varios “procedimientos de infracción” abiertos en los últimos años por la UE contra España por el estado de las rías y aseguró que los problemas surgen de “un desarrollo económico legítimo pero que se tiene que equilibrar con un desarrollo sostenible”. El eurodiputado dijo haber obtenido “respuestas a muchas de las preguntas” que formularon, elogió los “ingentes esfuerzos realizados por la Xunta” y aseguró que “las cosas están bien encaminadas y se percibe una mejora”.

Aunque el poder de la Comisión de Peticiones es limitado, la agenda de su visita ha sido modificada varias veces por supuestas presiones políticas, y sus conclusiones no se conocerán hasta mayo, tras las alegaciones que presenten ciudadanos y Administraciones, la Xunta lleva días preparándose para lo peor con declaraciones y notas de prensa elogiando sus propios esfuerzos. Ayer el conselleiro Hernández habló de “avances” y “planes de futuro”, pero reconoció que la delegación le ha solicitado más datos técnicos. Otras fuentes presentes en la reunión indicaron que la Xunta deberá justificar también las inversiones realizadas en los últimos años.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, optó por el triunfalismo y tras asegurar el lunes que la ciudad enfoca el problema de forma “brillante” y está construyendo el “mejor sistema de tratamiento de aguas del mundo”, ayer rechazó “lecciones medioambientales de nadie” ya que “a defensa del medio ambiente, al alcalde de Vigo no le gana nadie”. Pese a estas declaraciones de Ayuntamiento y Xunta —el Gobierno central, responsable último ante la UE, guarda silencio—, son varios los puntos de toda Galicia en los que no se puede mariscar o está prohibido el baño por la elevada contaminación de las aguas sin que sucesivos gobiernos locales, autonómicos y estatales —de PP, PSOE o BNG— hayan sabido encontrar soluciones.

SQM. SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE. DOCUMENTACIÓN BÁSICA.

Existe. La Sensibilidad Química Múltiple existe. O el Síndrome de Sensibilidades Químicas Múltiples, o la Intolerancia Ambiental ¿Idiopática?. Y no solo son reales, sino que además está documentado, incluso por organismos oficiales. Esta entrada solo pretende ser una breve muestra.

Quizás, como documento inicial debemos citar el capitulo 13 CONDICIONES DEL ENTORNO de la Enciclopedia de la Salud de la OIT, en que Mark R. Cullen define la Multisensibilidad Química, y es significativa la introducción en que señala "Desde el decenio de 1980 se conoce un nuevo síndrome clínico en medicina medioambiental y del trabajo, caracterizado por la aparición de diferentes síntomas tras la exposición niveles reducidos de sustancias químicas artificiales, aunque todavía no existe una definición ampliamente aceptada. Este trastorno puede afectar a individuos que han sufrido un solo episodio o episodios repetidos de un accidente químico, como una intoxicación con un disolvente o un pesticida. Posteriormente, muchos tipos de contaminantes medioambientales presentes en el aire, los alimentos o el agua pueden provocar una gran variedad de síntomas a dosis inferiores a las que causan reacciones tóxicas en otras personas".

También a nivel a nacional existe literatura científica especializada. Y así el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en la NTP 557: Intolerancia ambiental idiopática (IAl): sensibilidad química múltiple (SQM) y fenómenos asociados, redactada por el biólogo Jordi Obiols, viene a afirmar que la intolerancia ambiental idiopática se define (Sparks, 2000) como "un trastorno adquirido con síntomas recurrentes múltiples, relacionado con múltiples factores ambientales tolerados por la mayor parte de las personas y que no se explica por ningún trastorno médico o psiquiátrico". Lo más importante de esta definición es que su amplitud es mayor que la del síndrome de SQM (y la de enfermedad ambiental, EA), denominaciones a las que debería sustituir, aunque con sus variantes aún se siguen empleando, y trata, además, de centrarse en otros padecimientos, con etiquetas difíciles de establecer, reconocidos en pacientes que refieren síntomas que ellos atribuyen a exposición ambiental, como el "síndrome del edificio enfermo" y el "síndrome de la Guerra del Golfo".

E incluso el Ministerio de Sanidad ha elaborado, con la colaboración de los más prestigiosos expertos médicos en la materia el conocido como SQM, DOCUMENTO DE CONSENSO. No han sido pocas las páginas y discusiones a que ha dado lugar dicho documento, pero, a pesar de todas las quejas que pueda suscitar, como mínimo supone la aceptación oficial de la existencia de la enfermedad.

Y, aún podemos ir más allá y recopilar algunos trabajos de carácter médico recientes, como pueden ser el trabajo de María Alarcon Sensibilidad Química Múltiple: Diferencias epidemiológicas, clínicas y pronósticas entre las de origen laboral y no laboral, avalado por instituciones tan prestigiosas como la UPF, el Hospital Clínic de Barcelona, y tutelado por profesionales del prestigio médico de Joan Benach o Santiago Nogué.

Y, entre los estudios médicos más clásicos, deben ocupar un lugar destacado el conocido trabajo de los doctores Fernàndez Solà y Nogué Xarau denominado Sensibilidad Química Múltiple y Ambiental, realizado en el marco de una intensa investigación en las Unidades de Toxicoloogía y Fatiga Crónica (SFC) del Hospital Clínic de Barcelona.

Incluso cabe mencionar al prestigioso neumólogo del Servei de Neumologia del Hospital Vall d´Hebron de Barcelona, el doctor Ramon Orriols, en su conocido trabajo Sensibilidad Química Múltiple en que manifiesta"....No obstante, la SQM es una enfermedad crónica y en muchas ocasiones invalidante para el paciente. Es imprescindible que se trate su problema con comprensión, interés y seriedad.Tratamientos conductuales, psicoterapéuticos y la mejora de aspectos cognitivos en la evaluación del olor se han mostrado útiles en determinados pacientes".

Este ha sido un simple repaso entre aquellos documentos, de carácter oficial, en que se define la SQM, se caracteriza y se analiza incluso su etiología.
Acabo esta entrada como la empecé. La SQM EXISTE, está presente, y quienes han enfermado nos están avisando del entorno tóxico en que vivimos. Quizás esas personas enfermas actúen como "centinelas" -la expresión no es mía, se la robo a Judith-, y quizás cuando queramos reaccionar sea tarde.

Más información en:




IU lucha por el reconocimiento de la sensibilidad química como enfermedad

El responsable provincial del Área de Salud de IU LV-CA, Juan Manuel Arazola, muestra su satisfacción por la iniciativa que ha llevado a cabo Izquierda Unida en el Parlamento Europeo que ha reclamado a la Comisión Europea que la sensibilidad química múltiple y la hipersensibilidad electromagnética se reconozcan en los sistemas sanitarios de los países miembros de la Unión como enfermedades oficiales. Esta iniciativa la ha llevado a cabo el parlamentario europeo de Izquierda Unida, Willy Meyer, tras haber mantenido varios encuentros con la organización Altea-SQM que reivindica este reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas afectadas por estas enfermedades y que trasladaron a Meyer la necesidad de tomar iniciativas en la Unión Europea al respecto.

Arazola destaca que el trabajo que están desarrollando Meyer y Altea “debe servir para que las personas que padecen estas enfermedades tengan la posibilidad de ser tratadas adecuadamente y de que puedan llevar a cabo una vida normal y saludable”.

En concreto, Willy Meyer se ha dirigido por escrito a la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Comisión Europea para hacer que estas enfermedades se incluyan en la Clasificación Internacional de Enfermedades y en las respectivas listas de enfermedades profesionales que tiene cada estado miembro de la UE. En este sentido, Meyer explicó que “actualmente estos problemas de salud suelen ser negados y se llegan a diagnosticar como problemas psicológicos lo que provoca que los enfermos se encuentren en una situación de completa indefensión y doble sufrimiento, ya que además de padecerlas se ven tratados por los sistemas de salud públicos como enfermos mentales sin serlo”.

La sensibilidad química múltiple y la hipersensibilidad son enfermedades que aún no están recogidas como tales en la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, la comunidad científica está realizando descubrimientos y avances en su detección que pueden servir para que dejen de ser diagnosticadas como si fuera el síndrome de fatiga crónica, lo que sucede en muchos casos, y se puedan diagnosticar como las enfermedades de que se trata, tal y como Izquierda Unida ha reclamado

De este modo, las personas que padecen estas enfermedades podrían ser tratadas adecuadamente, como reivindica Altea, e incluso se podrían aplicar normas para hacer que no estén sometidas a los niveles de contaminación electromagnética y química que soportan actualmente y así se garantice el derecho a una vida saludable a toda la población.

Marea blanca por la sanidad, por los derechos humanos, por la salud

Primero dio argumentos Gaspar Llamazares (presentando unas Jornadas en las que participó Dempeus per la Salut Pública) y poco después Joan Benach. Especialmente interesante es la difusión de este Memorandum en el que la Plataforma PROU RETALLADES, para Catalunya, declara que la igualtat, la solidaritat i l’equitat social, signes d’identitat col∙lectiva”. Una muestra de que la equidad está en fase de disolución lo dio ayer el periodista Oriol Güell en El Pais al descubrir, para Catalunya, los planes del desmantelamiento de la sanidad pública en un impresionante trabajo de investigación y denuncia del documento redactado por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PWC) donde se incluye una lista de empresas susceptibles de participar en la privatización —Capio Sanidad, Grupo Ribera Salud, USP, HM Hospitales…  

Por mi parte, en ACTUA, (Debate:2012 – coordinado por Rosa María Artal) hace ahora justamente un año denunciaba que no se trata de sólo una estafa local… la estrategia mundial de la privatización de los servicios públicos sigue las recomendaciones el FMI, el BM y la OMC. Empezó con la debilitación y fragmentación del sector público, y se fomentaron los organismos autónomos -fundaciones, consorcios- para aumentar la opacidad y escapar a controles. Tarea a la que se aplicaron, en España y Catalunya, tanto el PP como el PSC y CIU. La maniobra, ahora, puede llevar a su infeliz término, ayudada por la “externalización” de la provisión de servicios a empresas de “empresarios” compañeros de los pupitres de la corrupción, que se enriquecen con prácticas ilegales -como las de Ramon Bagó o Arturo Fernández.

Es evidente que si la sanidad no fuera un sector tan necesario como potencialmente rentable, no existiría el ansia privatizadora. Ya en el 2006 la OMS denunciaba que bajo la excusa de buscar ayuda financiera en el sector privado, se encarece todo el proceso de inversión pública e impide cualquier ahorro real. En un sentido parecido alertaba el sociólogo Frédéric Pierru, rechazando los efectos perversos de las medidas de “corresponsabilidad financiera” de la ciudadanía, el modelo de “llave en mano”, la introducción de competencia entre hospitales, o la proliferación de indicadores de ejecución. 

Se podrían dar muchos más ejemplos y testimonios, pero todo se resume en que en el proceso de privatización dejan de funcionar los mecanismos de control; se imponen fórmulas empresariales ajenas y se produce una sistemática y dolorosa degradación de las condiciones de trabajo. La participación social en salud se convirtió, con demasiada frecuencia, en mera pantomima al tiempo que aumenta la capacidad determinante de las grandes empresas aseguradoras, farmacéuticas, biomédicas. Y aunque ya había precedentes en Catalunya, es preciso tener presente que fue el gobierno de José María Aznar quien se encargó de sentar las bases para la privatización de la sanidad. El instrumento legal fue la Ley 15/97, que a poco de aplicarse ya dio lugar a mala gestión demostrada, prácticas poco transparentes y despilfarro, como denuncia repetidamente el Tribunal de Cuentas.

Las líneas degenerativas son fáciles de discernir porque se acaba por crear un neo-lenguaje en el que se aceptan como propios conceptos “de mercado”: se habla de clientes (no de pacientes, ni de sus derechos ni sus necesidades), se razona en términos de coste-beneficio privado –nunca social–, sin admitir que la privatización de la salud y las desigualdades que provoca son altamente inmorales. Por ejemplo, en la Francia de Sarkozy, las desigualdades en salud se ciernen en especial sobre las personas inmigradas. En lo más duro de la crisis, se denegó el acceso al sistema público de seguridad social específico para inmigrantes no regularizados a una tercera parte de sus beneficiarios (entre 150.000 y 300.000 según las estimaciones). No tardó Ana Mato, la infausta ministra de sanidad española, en copiar el modelo. La estafa que nos presentan como crisis incrementa la marginación, rompiendo o haciendo desaparecer las redes de apoyo de las personas en situación más débil. Crea una sociedad de personas más solas, más aisladas, con menos derechos, más enfermas…. su exclusión de la sociedad entra en fragrante contradicción no sólo con los derechos humanos, sino con una aplicación racional de las políticas de salud pública.

Argumentos para la acción: La sanidad pública no es el problema, es la solución.

La crisis que comenzó en 2008 se ha convertido en la gran coartada de una estafa continuada contra la mayoría de la población, y es, de hecho, una ofensiva de la lucha de clases que está ganando una minoría privilegiada. El dinero de nuestros impuestos que debería garantizar los servicios públicos básicos es arrebatado por el capital financiero, o se invierte en proyectos contrarios a los intereses de la población, o desviado por los corruptos hacia paraísos fiscales. Se desatienden necesidades básicas mientras se pervierte y privatiza la enseñanza y la salud públicas, y se deterioran o frenan servicios sociales básicos contra la exclusión social como las rentas de inserción y las ayudas a la dependencia. Los “planes de austeridad” son un fraude y un mecanismo perverso de redistribución regresiva de la renta. El sufrimiento cotidiano de millones de familias al borde de la supervivencia son ejemplos de los estragos aterradores de esta crisis. Los determinantes sociales de la salud encienden todas las señales de alerta.

¿Quiénes son los responsables? Si se esconden en el anonimato o bajo nombres de grandes empresas los responsables económicos, los políticos deben dar la cara. Ya basta de ocultarse detrás de “los mercados”. Fueron elegidos para representar nuestros intereses, y ninguna votación masiva con juegos de mayorías relativas les excusa para cambios de fondo y sentido de sus programas, ni para ser complacientes con la corrupción, ni consentir retrocesos de civilización que cuestan sufrimientos y vidas.

¿Quién se lleva la peor parte? En todo el mundo occidental, millones de familias han perdido su hogar o están en proceso de desahucio. Los sistemas de pensiones privadas de muchos países dejan a personas mayores en la pobreza, mientras desaparecen los ahorros familiares de los países más golpeados por la estafa de la crisis. La tasa de paro ha llegado tan alto que incluso desde las altas instancias de la CEOE reniegan de su validez (Joan Rosell) mientras se incrementa día a día la precariedad en el trabajo y la vida, las pérdidas de derechos laborales, la perversa contraposición de estos con los derechos de ciudadanía, los intentos de culpabilización múltiples sobre las personas -en especial las más desprotegidas: enfermos y enfermas crónicas, personas con discapacidades.

Por ello hay que que actuar entendiendo la Salud como un derecho vital, como una categoría que va más allá de la ausencia de enfermedad. Hay que actuar para construir una sociedad más participativa, con un ejercicio más democrático de las responsabilidades políticas y un mayor control efectivo sobre las mismas.

Hay que actuar reclamando un gran debate social abierto y políticamente vinculante, con la máxima transparencia, con acceso a los datos y a los criterios de evaluación existentes para poder corregir actuales los sesgos economicistas y devolver sentido y humanidad a las políticas de salud.

Hay que actuar para no enfermar, levantando la mirada y poniéndose en pie para darnos cuenta de que no estamos solos en la voluntad de un cambio global. La salud se sitúa ahora en el epicentro de la lucha entre economía y política, entre las instrucciones del neoliberalismo y los derechos y necesidades de las personas. En tiempos de estafa social como los que vivimos, hay que prestar atención a los determinantes de salud de cada país o territorio, y actuar para conseguir una globalización solidaria y en positivo.

Hay que actuar transformando. Comprometerse a favor de la salud pública y de una sanidad mejor no es una lucha aislada: cobra sentido en una dinámica global, integrada y cada día más fuerte, en todo el planeta, por otro mundo posible.