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- El Gobierno catalán ha retirado la renta básica a miles de personas
- Las personas que superan los nuevos filtros tienen que esperar unos diez meses para recibir el dinero
- Sólo en Barcelona existen 1.414 expedientes aprobados a la espera de que la Generalitat pague
Jordi
Mumbrú
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Barcelona
25/10/2012
El debate sobre la independencia en
Cataluña ha eclipsado el resto de informaciones y está
monopolizando la precampaña electoral. Los graves problemas sociales
que sufren miles de catalanes han quedado relegados a un segundo
plano, una situación que favorece al PP y sobre todo a CiU, las dos
formaciones que desde el Gobierno central y la Generalitat han
liderado los recortes sociales más drásticos desde la transición.
Conscientes de esta situación, los
partidos de izquierdas del Parlament, PSC, ERC e ICV, han forzado a
la Diputación Permanente (el órgano que representa a la Cámara
tras su disolución) a reclamar la comparecencia del conseller de
Empresa, Francesc Xavier Mena y del de Bienestar Social, Josep Maria
Cleries, para que den explicaciones sobre uno de los mayores
escándalos del Govern de CiU: el impago de las rentas mínimas de
inserción (RMI), el anterior PIRMI.
Esta ayuda es una paga de entre 105 y
640 euros que reciben las personas en riesgo de exclusión que ya han
agotado el paro y el subsidio por desempleo. Con lo que será la
última sesión en el Parlament, el antiguo tripartito podrá, al
menos por un día, dejar a un lado la discusión sobre la
independencia y entrar de lleno en el debate social. Los políticos
de izquierdas intentarán así arrojar luz sobre uno de los temas que
el Govern trata con más oscuridad. Sólo un dato: los servicios de
comunicación de las consejerías afectadas se niegan a dar la cifra
de las personas que actualmente cobran esta ayuda. Por suerte hay
otras fuentes.
Los recortes sociales llegaron al RMI
en agosto del 2011, justo el mes en que los servicios sociales hacen
vacaciones. El Gobierno decía haber detectado que algunas personas
se estaban aprovechando de la ayuda y que la situación se había
“descontrolado”, según fuentes de la consejería. El Gobierno
decidió dejar de pagar estas ayudas básicas y pidió a los
servicios sociales, que estaban de vacaciones, que advirtieran a los
afectados que si querían seguir cobrando, se tenían que presentar
en sus oficinas. También lo comunicaron por carta a los afectados.
Es decir, aplicaron el criterio de que
todos los casos eran fraudes y que se tenía que demostrar lo
contrario.
Caos
inevitable
El orden que pretendía encontrar la
Generalitat se convirtió en caos: miles de familias sin recursos se
quedaron sin la única ayuda que recibían; las pocas oficinas de
servicios sociales que quedaban abiertas no daban abasto porque,
además de estar bajo mínimos, no habían recibido ningún aviso
previo y los funcionarios de guardia no sabían qué responder.
Tras retirar todas las pagas, el
Gobierno miró con lupa los casos más sospechosos y retiró el
subsidio a 4.500 personas o familias, que estaban viviendo en el
extranjero o que no habían notificado el cambio de domicilio, dos de
los requisitos para cobrar la ayuda. A principios de agosto de 2011,
había 32.000 expedientes aprobados, algunos de los cuales eran de
familias enteras.
Ese mismo mes, el Gobierno, con la
ayuda del PP, aprobó una ley para aumentar el filtro de las personas
que tienen derecho a cobrar la RMI. Se calcula que con el nuevo
filtro han quedado fuera de la ayuda unas 6.000 personas que antes
tenían derecho a percibirla.
Los problemas no terminan aquí: tras
anular 4.500 expedientes que se consideraban fraudulentos y endurecer
el filtro para ahorrarse la ayuda de 6.000 afectados más, han
llegado los retrasos en los pagos. Después de que una persona o
familia supere el nuevo filtro, tiene que esperar unos diez meses
para recibir la paga. Esta situación es grave si se tiene en cuenta
que para pasar el filtro hay que demostrar que se carece de “los
medios necesarios para atender las necesidades básicas de la vida”
y haber estado 12 meses sin que nadie de la familia “haya percibido
unos ingresos superiores a la prestación de la RMI”.
De esta manera, antes de cobrar esta
ayuda, una familia en riesgo de exclusión puede estar hasta 22 meses
sin ningún ingreso.
1.414
casos congelados sólo en Barcelona
La negativa de la Generalitat a
informar de los casos abiertos obliga a buscar otras fuentes
oficiales. El Ayuntamiento de Barcelona, en respuesta a una pregunta
de ICV, reconoció que sólo en Barcelona existen 1.414 expedientes
aprobados a la espera de que la Generalitat pague. Cabe recordar que
un expediente puede significar una familia entera, con niños
incluidos.
Ricard Gomà, el concejal de ICV que
logró que al menos la cifra de afectados de Barcelona saliera a la
luz, ha explicado a eldiario.es que el equipo de Artur Mas está
incumpliendo la ley ya que “un Gobierno puede endurecer las
condiciones de acceso pero no puede dejar de pagar los casos
reconocidos”. Para Gomà, se trata del “recorte más cruel, sólo
equiparable a la decisión del PP de dejar a los inmigrantes sin
sanidad pública”.
Fuentes de la consejería de Empresa
explicaron que se ha destinado una partida de 130 millones de euros
para esta paga y recordaron que no se puede destinar ni un euro más
porque “Madrid obliga a cumplir con el déficit”. Hasta ahora, en
los presupuestos se destinaba una partida similar pero si se tenía
que aumentar, se hacía, ya que se consideraba una ayuda primordial.
Con la ausencia de las ayudas sociales
públicas, todo el peso ha recaído sobre las entidades del tercer
sector. Cáritas Diocesana es una de las más importantes. La
responsable de Programas y Servicios en Barcelona, Mercè Darnell, ha
seguido muy de cerca la polémica de la RMI ya que su entidad se ha
visto obligada a ofrecer más servicios.
“Cada
vez hay más desigualdades sociales y la pobreza dura más tiempo y
es más intensa”, explica. Darnell considera “pura demagogia”
hacer creer que hay personas que no tienen trabajo porque no lo están
buscando: “Si no tienes casa porque te han embargado y tus hijos
pasan hambre, ¿cómo te vas a apuntar a un curso de formación que
además no sirve para nada?”, se pregunta Darnell. “Si hemos
pasado del 5% de paro al 30% no es porque la gente ha dejado de
buscar”, razona la experta, que denuncia que ante esta situación
de más necesidad es cuando se están reduciendo las ayudas.
Sin
piso ni ingresos
Algunos de los ejemplos que pone
Darnell se pueden encontrar en la cola del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), que acaba de centralizar sus oficinas en el Poblenou
de Barcelona. Es el caso de Bahija, de 45 años, que ha venido a la
nueva oficina acompañada de sus dos hijas. Ella estaba en Marruecos
en agosto del 2011 y le retiraron la ayuda.
Desde entonces intenta recuperarla pero
no lo ha conseguido. Sus hijas, escolarizadas en Cataluña, cuentan
que a mediados de septiembre les echaron de casa por no pagar el
alquiler y que ahora viven en casa de unos amigos. No tienen ni piso
ni un solo ingreso. Algo parecido le pasa a Mimoun Lamiarrd, de 37
años y origen marroquí. En agosto pidió permiso para ir a Francia
a buscar empleo pero no logró encontrar nada porque su documento
sólo le permite trabajar en España, donde lleva 16 años.
Durante su breve etapa en Francia dejó
de cobrar la ayuda pero desde que ha vuelto no ha logrado
recuperarla. “Cuando me la concedieron la otra vez, tardaron cinco
meses en pagarme”, explica con resignación. Mientras hablamos
suena el teléfono de Luz Marina, su acompañante de 27 años. Ella
es una enfermera colombiana. La conversación telefónica le cambia
la cara. Él sonríe porque ya sabe de qué se trata. Le han dicho
que sí, que mañana empieza a trabajar en Acciona, en el puerto de
Barcelona.
Muchos de los inmigrantes consultados
coinciden en que desde los servicios sociales les han dicho que ya se
ha acabado el trabajo en España y que regresen a su país. Quien
coincide con este argumento es Joaquín González, que sufre una
minusvalía del 65%. La asistenta social le aseguró que hasta que el
Estado reconociera su minusvalía y aprobara su Pensión no
Contributiva de Invalidez le pagarían la Renda Mínima pero no ha
sido así: “Al final han tardado cinco meses en responderme, pero
ahora me dicen que si me la han concedido ya puedo estar contento y
que los atrasos no los voy a cobrar porque no hay dinero”, lamenta.
Darnell, desde Cáritas, tiene muy
presente casos como los de Joaquín. “Hay personas con
disminuciones o con enfermedades mentales no diagnosticadas o mujeres
maltratadas que muy difícilmente van a encontrar trabajo. No les
podemos culpabilizar de no encontrar trabajo porque no lo hay”.
Darnell considera “claramente insuficiente” el dinero que la
Generalitat destina en los presupuestos a la RMI. Si el objetivo es
evitar la exclusión, no se está cumpliendo. Muchas personas
excluidas no están cobrando ninguna ayuda.
