- La instalación masiva de contadores inteligentes desata la polémica entre asociaciones vecinales, que piden su paralización
La gran dificultad para ahorrar energía
en el hogar radica en que los edificios son ineficientes. Por eso, un
cambio de hábitos o la renovación de equipos electrodomésticos no
siempre basta para reducir de manera significativa el consumo. El 95%
de los edificios residenciales y de servicios existentes tienen una
certificación energética por debajo del nivel C, lo que significa
que deben incorporar medidas para mejorar su eficiencia, según datos
del Ministerio de Industria. Las nuevas certificaciones energéticas
de los edificios son obligatorias desde el 2013, y establecen
una escala de la A a la G, de mayor a menor eficiencia. Los últimos
datos en Catalunya (con edificios certificados a partir del 2014)
indican que el 20% tienen categoría A o B, informa el Institut
Català d’Energia.
“Tenemos un parque derrochador de
energía. Los edificios se han hecho sin contar con sus costes
energéticos”, dice Javier García Breva, experto en energía.
García Breva destaca que el 50% del ahorro potencial se da en los
elementos envolventes de la casas (puertas y ventanas, elementos de
protección y aislantes…), mientras que otro 20% se puede conseguir
con un buen uso de los equipos y un cambio de hábitos (cerrar luces,
manejo del agua caliente, termostatos, stand by…).
“Estas son medidas de coste cero”,
destaca. Otros ahorros complementarios se pueden lograr con
dispositivos inteligentes (sensores y aplicaciones para supervisar
los consumos de casa) y soluciones adicionales (radiadores de bajo
consumo, calderas y luces de bajo consumo…).
Directiva comunitaria
Los expertos piden al gobierno que
cumpla la directiva de la UE de eficiencia energética del 2010, cuya
finalidad es lograr edificios de consumo energético casi nulo y
capaces de generar electricidad in situ con fuentes renovables –su
entrada en vigor es a partir del 2018 para los edificios públicos y
a partir del 2020 para los nuevos edificios y las rehabilitaciones–.
Barreras al ahorro
También piden eliminar las barreras
que impiden el ahorro de energía. La subida de la luz del 2013 elevó
un 100% el término fijo de potencia en el recibo de la luz. “Se
paga más por la potencia contratada que por la energía que
realmente se consume, todo lo cual desincentiva el ahorro”, añade
García Breva. Al subir la parte fija del término de potencia, la
capacidad del usuario de incidir en el ahorro con su comportamiento
es mucho menor. “¿Por qué tomar medidas para ahorrar electricidad
si al final me siguen cobrando el término fijo de potencia a un
precio caro?” es el razonamiento que se instala en el usuario.
Autoconsumo, asignatura pendiente
García Breva reclama anular las
medidas que impiden el despegue del autoconsumo con energía
fotovoltaica (incluido el ‘impuesto al sol’ para ciertas
instalaciones) y que los contadores inteligentes sean un instrumento
útil para los consumidores, que le ayuden a saber dónde se gasta la
energía y cómo puede evitarlo, ya que “ahora, sólo son un
instrumentos al servicio de las compañías eléctricas”.
Paralizar la instalación de contadores
Mientras tanto, la instalación de
contadores telegestionables está resultando polémica entre los
movimientos sociales y asociaciones vecinales que piden a la
Generalitat y al Gobierno que paralicen el despliegue, al juzgar que
el proceso actual no beneficia a los consumidores y no les ayuda a
ahorrar energía, entre otras críticas; incluso apuntan que no están
demostrada que no puedan causar daños en la salud.
La Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya (CONFAVC) y la Plataforma Stop contadores
Telegestionables han animado a los ayuntamientos catalanes a seguir
el ejemplo del de Barcelona, que aprobó en un pleno el pasado
viernes la paralización de la instalación a propuesta de la CUP,
con la única oposición de Ciudadanos, que apuntaba la falta de
pruebas científicas que constaten este supuesto perjuicio en la
salud (radiación electromagnética).
Los partidos que votaron a favor de la
paralización se mostraron a favor de instalar contadores
inteligentes pero también señalaron el riesgo del uso
indiscriminado de la información que éstos proporcionan a las
comercializadoras eléctricas. “Este despliegue de contadores
inteligentes debe garantizar que no haya perjuicios ni desde el punto
de vista de la salud ni desde el punto de vista de la privacidad, y
ha de asegurar que se cumple la ley de protección de datos”, instó
Eloi Badia, concejal de Agua y Energia de Barcelona en Comú.
Asimismo, Daniel Mòdol (PSC) recordó que la directiva comunitaria
“persigue que el contador refleje el coste diario de la
electricidad” y que “la bajada de precios, con la entrada de las
energías renovables, no está siendo apreciada por el consumidor”.
Las entidades reclaman el derecho de
los vecinos a solicitar la restitución de los contadores hasta que
se garantice el cumplimiento de la normativa europea, la libre
competencia, la interoperabilidad en la red eléctrica y la
protección de datos.
