16 Febrero 2011
Categorías: Serveis Públics
85 lecturas
La idea de cobrar por receta o visita al médico toma fuerza ante el fantasma de nuevos ajustes – El sistema está en marcha en Francia y Alemania – El gran riesgo es extender la desigualdad
Emilio de Benito – El País.
Al sistema sanitario español le aprietan las costuras. Instaurado hace 25 años, y tras el revulsivo que supuso la descentralización que acabó en 2003, arrastra un déficit que ronda los 10.000 millones de euros. Gratuito y casi universal, supone el 6,2% del PIB español. Con esos números, el objetivo de ahorrar es una constante. Y, periódicamente, llegan las propuestas de implantar un copago o tique moderador: que los usuarios paguen una cantidad simbólica, por ir al médico o al hospital, o que participen en gastos como la comida que se les da cuando están ingresados.
La idea no es nueva. Ya en 1991 el informe abril lo sugirió, pero nadie se ha atrevido a aplicarlo. El lunes pasado, en una entrevista a EL PAÍS, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, volvió a mencionar la idea: “En este momento, a 31 de enero de 2011 [el copago], no está en la agenda inmediata, por más que se utiliza en muchos países. No será en este momento, pero es algo que habrá que reconsiderar en el futuro”, dijo. La declaración encendió las alarmas en el Gobierno. Al día siguiente el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, le desmintió. El ahorro que representa el copago “es muy escaso” y “no merece la pena”, dijo.
También la ministra de Sanidad es tajante. “La postura del Gobierno sobre este asunto no es una postura dogmática, ni siquiera ideológica. Es una postura después de haber estudiado el modelo sanitario de otros países europeos y de ver si merece la pena o no introducir una medida que recaiga directamente en el bolsillo de los ciudadanos en función, no ya de su renta, sino de si necesitan más la sanidad o no. Y en eso no estoy de acuerdo por varias razones: primero, porque no ahorra lo suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema. En segundo lugar, porque puede producir un riesgo serio de inequidad, ya que un ciudadano que tenga que pagarse una radiografía y que tenga problemas económicos puede dejar de hacérsela”.
Debe de ser una de las pocas propuestas sanitarias que despierta unanimidad en los partidos mayoritarios. La exministra de Sanidad y secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, es tajante en su rechazo: “Rotundamente, no”, dice cuando se le pregunta. “Los ciudadanos ya pagan la sanidad con sus impuestos”, afirma. “Lo que se necesita son reformas estructurales, para las que ya están las dos hojas de ruta: la ley de ordenación de las profesiones sanitarias y la de cohesión y calidad [ambas se aprobaron siendo ella ministra]“, afirma.
IU va más allá. Su único diputado, Gaspar Llamazares, que es además presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y médico, cree que las declaraciones como las del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, “no son gratuitas ni improvisadas”. “Por el contrario, el equipo económico del Gobierno, con la vicepresidenta segunda Salgado al timón [también exministra de Sanidad], realizan manifestaciones de estas características de forma intencionada y en momentos puntuales de la crisis económica”, añade. “Pretenden marcar así el rumbo a otros Ministerios, como el de Sanidad, sin importarles tampoco ignorar al Congreso de los Diputados, que ya ha rechazado en esta legislatura esta fórmula por unanimidad, tras una iniciativa registrada por Izquierda Unida. Y esa unanimidad, por supuesto, incluyó el voto de los diputados socialistas”.
El mismo día 2, el grupo parlamentario IU-ICV-ERC presentó una proposición en la que se afirma que el Congreso de los Diputados reitera su “rechazo de la introducción de fórmulas de copago (euro, tique, etcétera) por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, al entender que afectarían gravemente a principios básicos del derecho constitucional a la salud, como la accesibilidad, la universalidad y la gratuidad de la atención integral de salud sin aportar, a cambio, avances significativos en la organización de la demanda y mucho menos en la financiación del Sistema Nacional de Salud”.
Los mismos argumentos son los repetidos por organizaciones como el Foro Español de Pacientes o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública. Pero detrás de esta postura firme, se atisban fisuras. Prueba de que hay una corriente favorable, aunque no lo suficientemente fuerte como para imponerse, ha sido el debate en Cataluña. El melón del copago lo abrió en 2004, durante la primera legislatura del tripartito, la consejera de Salud, Marina Geli. Ya entonces se hablaba de que la época de vacas gordas había tocado fin y que la endeudada sanidad catalana (2.900 millones de euros) necesitaba de “sacrificios individuales”, que se vaticinaban añadidos a la implantación del céntimo sanitario por litro de gasolina. Semanas después, el Gobierno catalán rectificó y aseguró que “nunca impondría” el sistema de copago para financiar el sistema. Pero no había pasado ni un mes cuando Geli anunció que estudiaría el pago de un euro por visita para regular la demanda. Un grupo de sabios consultado por la Generalitat lo descartó. Tanto cambio de opinión responde, en parte, a la disparidad de opiniones en el seno del tripartito. La idea se retomó y se volvió a rechazar en 2008 entre presiones de oposición y pacientes. Con la llegada de Convergència i Unió al poder, el actual consejero, Boi Ruiz, sostiene que no es el momento. “Son medidas a tomar en su momento, pero no ahora”, dijo ante el Parlamento, y defendió que no se puede exigir un sobrecoste a colectivos como los parados o los jubilados.
Esta unanimidad contra el copago contrasta con lo que sucede en otros países. En 2004, con Jacques Chirac en la presidencia de la República, Francia impuso el copago sanitario en las consultas médicas. A partir de entonces, los franceses pagan un euro cada vez que acuden al médico, al especialista, se hacen un análisis o una radiografía. La medida tenía dos objetivos: concienciar a la población de que la medicina pública debía usarse con moderación y aliviar algo las exhaustas arcas de la Seguridad Social francesa. Hay pocas excepciones a esta medida. Solo se libran los afectados por una enfermedad de larga duración, los que sufren una baja laboral permanente, los titulares de una pensión por invalidez, los jubilados o las mujeres embarazadas a partir del sexto mes.
En su tiempo, las asociaciones de pacientes -muy poderosas en Francia-, los consumidores y los sindicatos médicos se opusieron con fuerza a este copago. Igual que ahora en España, por cierto. Con el tiempo, aquella medida pionera se ha revelado como la primera de una serie de pequeños recortes en la sanidad pública francesa. “Aquello fue el principio”, recuerda el periodista especializado en asuntos médicos Cyril Dupuis. Es cierto: ya con Nicolás Sarkozy como jefe del Estado, se han producido modificaciones: desde 2008 cada francés debe pagar también 50 céntimos de euro por cada medicamento, cada visita al fisioterapeuta, y para los médicos de enfermería. También tienen que pagar 50 céntimos para el transporte al hospital o al centro médico. Nunca, en cualquier caso, el usuario debe pagar más de 50 euros al año.
Francia no está sola. El copago rige para servicios proporcionados por la asistencia pública, como por ejemplo la consulta de un médico especializado (dermatólogo, ortopeda, etcétera). Y es eje central de la reforma que se aprobó en noviembre pasado. Hasta entonces, el paciente pagaba un 10% del servicio, que suele corresponder a un mínimo de cinco y un máximo de 10 euros. El pago del servicio vale para tres meses, en los que el paciente puede acudir a la misma consulta las veces que quiera sin pagar más. Esta suma, sin embargo, puede ahora ser aumentada por las mutuas, según sus necesidades. “El problema es que esos costes ulteriores los tendrá que soportar únicamente el empleado sin participación alguna del dueño de la empresa”, añade Karl Lauterbach, experto en sanidad del Partido Socialdemócrata, en la oposición, quien condena además la reforma por ser demasiado poco transparente.
El Gobierno defendió la reforma en particular porque permitía ahorrar y porque permitiría bajar los precios de los fármacos. “Esta ley hará el sistema sanitario mejor y más justo”, argumentó el ministro de Sanidad Philipp Rösler.
Quizá la postura que mejor defina lo que piensan los políticos sea la de otro exministro, Bernat Soria, que ha presentado un informe sobre el sistema sanitario patrocinado por el laboratorio Abbott. Soria, como sus excompañeros, recuerda que “el copago ya existe” en los medicamentos, que los trabajadores en activo pagan en parte (el 40% si están en el régimen general de la Seguridad Social). Por eso cree que si se implanta, “sería un repago, un pago adicional e individualizado”. “Parece más razonable plantear una gestión más eficiente y la corresponsabilidad de todos los agentes, por ejemplo, reforzando la figura del personal sanitario”.
Hasta aquí, todo en línea. Pero Soria matiza todo esto con un “de momento”. Lo mismo que dijo el secretario de Estado de Hacienda -”no será en este momento”- o el consejero catalán Boi Ruiz. O subyace en las opiniones de Ana Pastor o Leire Pajín, cuando dicen que “antes” hay muchas cosas por hacer. Lo que no está claro es qué pasará después. Seguro que se vuelve a hablar de copago.
Con información de Clara Blanchar (Barcelona), Antonio Jiménez Barca (París) y Laura Lucchini (Berlín)
Fuente: http://www.attacmallorca.es/2011/02/16/el-copago-sanitario-ya-esta-en-los-impuestos/
sábado, 19 de febrero de 2011
Afectada de electrosensibilidad cuenta su día a día
Actualidad
Afectada de electrosensibilidad cuenta su día a día
15/02/2011 12:33:56
Afectada de electrosensibilidad cuenta su día a día
15/02/2011 12:33:56
Publicado por
Dori Fernández
en
2/19/2011 02:18:00 p. m.
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
0
comentarios
Etiquetas:
Electrohipersensibilidad,
Noticias
Mislata mantiene su órdago a Conselleria: sanidad pública y fuera de Manises
Los vecinos de Mislata mantienen el pulso con la Conselleria de Sanidad. Si esta emitía un comunicado el pasado lunes asegurando que el Hospital Militar había incrementado sus atenciones un 150% entre 2009 y 2010, los vecinos han insistido en la “deficiente atención sanitaria” y el “desmantelamiento” de los recursos del Vázquez Bernabeu y han exigido la salida inmediata del área de salud de Manises y la dimisión del conseller de Sanidad, Manuel Cervera.
Cientos de personas, alrededor de 3.000 según varias fuentes, han vuelto a salir a la calle como hicieran la pasada semana para demostrar su malestar por los incumplimientos de los compromisos de la Conselleria respecto al antiguo Hospital Militar en el que no se han iniciado las obras de reforma y rehabilitación prometidas ni se han implantado las 21 especialidades comprometidas además de que la hacen responsable de la “deficiente” gestión en el área de salud de Manises, a cargo de empresas privadas.Los vecinos, encabezados por los presidentes de las AAVV y por los candidatos a la Alcaldía de las diferentes formaciones políticas así como los representantes sindicales han lanzado un claro mensaje: Mislata no quiere depender de la gestión de empresas privadas a las que, denuncian, sólo les importan los beneficios y “ahorran hasta en el algodón”.
En esta ocasión, el alcalde, Manuel Corredera, ha dclinado la invitación de acompañar al resto de formaciones políticas portando la segunda pancarta de la marcha. El lema, ‘No al Hospital de Manises’ ha sido la causa ya que, como explicaba él mismo a Hortanoticias.com, “el hospital funciona bien aunque es cierto que le puede faltar rodaje”, ha reconocido el primer edil quien ha añadido que no ha oído quejarse a nadie de otros municipios al respecto.
Según el alcalde, la solución no es abandonar el área sanitaria de Manises sino que la Conselleria cumpla con sus compromisos y convierta el Hospital Vázquez Bernabeu en aquello que prometió: un hospital para crónicos, con unidad de corta estancia y 21 especialidades, además de urgencias y urgencias pediátricas.
Preguntado por el plazo de veinte días que dio al secretario autonómico, Luis Rosado, para que solucionara las deficiencias en la atención, sobretodo, respecto a las largas listas de espera, antes de que el PP de Mislata emprendiera medidas, Corredera ha asegurado que tiene conocimiento de que “se está actuando” en ese sentido y ha añadido que espera “ver resultados lo antes posible”.
El citado plazo acaba el próximo jueves y hasta la fecha, Sanidad no ha anunciado ningún plan de choque para reducir las listas de espera. Sin embargo, el primer edil insiste en que habla a diario con Rosado y sabe que están trabajando en ello. La solución, según Corredera, pasaría por contratar más personal.
Precisamente esa es la medida que el portavoz de la Coordinadora de las AAVV de Mislata, Julián Martínez, en la lectura del manifiesto, ha señalado como el origen de todos los problemas de la atención sanitaria que reciben los mislateros, que “las empresas que gestionan el área de salud de Manises no quieren contratar a más personal porque eso supone mayor gasto y menor beneficio”.
Macastre y Buñol se suman a las protestas
En un alegato por la sanidad pública y de calidad, el portavoz de la Coordinadora, convocante de las manifestaciones, ha denunciado el comunicado oficial de la Conselleria de Sanidad por estar plagado de “falsedades” y la ha acusado de intentar confundir a la ciudadanía.
Por ello, ha pedido a los asistentes que vuelvan a secundar la manifestación del próximo jueves y ha anunciado que, la próxima movilización será ante la puerta del Palau de la Generalitat “para que Camps nos escuche desde su despacho”. Según Martínez, las protestas no van a parar aunque se acerquen las elecciones: “vamos a luchar por nuestro derecho a la sanidad con elecciones o sin ellas y llegaremos hasta donde haga falta”.
En ese sentido, ha arengado a los vecinos de Mislata asegurando que ya no están solos porque “el ejemplo de Mislata ha cundido” pues, según ha anunciado, este sábado hay una manifestación contra el Hospital de Manises en Macastre y, la semana que viene, otra en Buñol, ambos pueblos incluidos en el área sanitaria de Manises.© Celia Dubal/Hortanoticias
Fuente: http://www.hortanoticias.com/noticia/602428/Mislata/mislata-mantiene-%C3%B3rdago-conselleria-sanidad-p%C3%BAblica-fuera-manises.html
Publicado por
Dori Fernández
en
2/19/2011 01:58:00 p. m.
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
0
comentarios
Etiquetas:
Noticias,
Sanidad publica
viernes, 18 de febrero de 2011
Protesta de afectadas por la fibromialgia
EN BREVE
ALICANTE
Protesta de afectadas por la fibromialgia
ALICANTE
Protesta de afectadas por la fibromialgia
Según la responsable de la asociación de San Vicente, Victoria Molina, en esta reivindicación están unidas todos los colectivos de la provincia y ya están recogiendo firmas de apoyo que remitirán a la subdelegación del Gobierno.
Molina advirtió que esta afectación la sufren ya entre el 3% y 5% de la población española. Sin embargo, los médicos «no la reconocen como una enfermedad invalidante a pesar de quedarte en la cama» y padecer una minusvalía que impiden llevar a cabo las actividades cotidianas.
Publicado por
Dori Fernández
en
2/18/2011 07:03:00 p. m.
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
0
comentarios
Etiquetas:
Derechos enfermos,
Noticias,
Sanidad publica
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
