Posted
on 16
febrer 2012
Matteo
Guainazzi –
Observatorio
Servicios Públicos ATTAC España
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recortes
en sanidad
|
A la
disminución de prestaciones debida directamente a los recortes
presupuestarios se añaden intervenciones de tipo administrativo que
de hecho merman el acceso de la ciudadanía a la sanidad pública. El
informe de la FADSP analiza en particular:
·
La
disminución
de las plantillas,
a través del aumento del horario de los trabajadores del sistema
sanitario públicos (2,5 horas en Baleares, Madrid, Castilla la
Mancha y Valencia); la reducción de los días de asuntos propios y
la eliminación de los días adicionales por antigüedad (Valencia y
Castilla la Mancha); la disminución de conceptos ligados a las
retribuciones (Galicia, Baleares, Valencia y Castilla La Mancha) la
disminución de interinidades y contratos eventuales; la cobertura de
solo el 10% de las vacantes por jubilación (Galicia); y la reducción
del presupuesto de acción social (Baleares).
·
La introducción
de tasas y copagos,
como la tasa para la renovación de la Tarjeta Sanitaria Individual
(TSI) en Baleares o por extravío en Galicia. En Galicia destaca la
decisión de no otorgar la TSI a las personas que no lleven por lo
menos 6 meses empadronadas en la Comunidad, así como el retiro de
las prestaciones sanitarias a las personas que pierden el derecho a
las prestaciones de la seguridad social por paro prolongado. Una
propuesta para introducir un copago de 1 € en las recetas
sanitarias se encuentra en discusión en el Parlament
de
Cataluña.
·
La reducción
de prestaciones,
como el cierre de los quirófanos de tarde (Galicia, Canarias,
Valencia), la disminución de la atención radiológica y del
servicio de ambulancias (Galicia), el impago a centros privados que
realizan abortos (Castilla La Mancha), o el pago anticipado por la
misma prestación (Baleares).
El
objetivo ideológico fundamental (el desmantelamiento de la sanidad
pública utilizando el pretexto de la crisis) que hay detrás de
estas medidas queda patente por el hecho de que, al mismo tiempo,
muchas CCAA están fomentando la privatización de los servicios
sanitarios, a pesar de la evidencia que la privatización supone un
aumento de los costes para las administraciones y los usuarios,
además de una reducción en la calidad de la atención sanitaria. Se
incrementan los conciertos y las externalizaciones al sector privado
(Canarias), se propician iniciativas de financiación privada para la
construcción de centros sanitarios (Galicia, Madrid, Baleares), se
ponen en marcha Entidades de Base Asociativa en los centros de salud
(Valencia), o –sencillamente y llanamente– se privatizan
hospitales hasta ahora públicos (Castilla La Mancha) o servicios
administrativos (Galicia). En Cataluña la fragmentación del
Instituto Catalán de la Salud en varias empresas autónomas se
interpreta como paso previo a su privatización. En Baleares los
consorcios de empresas constructoras y bancos son los propietarios de
los hospitales de referencia de Mallorca y del futuro en Ibiza, así
como los gestores de todos los servicios no-clínicos, por los que
cobrarán un alquiler a la sanidad pública durante 30 años además
de la hipoteca de los edificios.
Más
allá de la disparidad en las políticas llevadas a cabo por las
diferentes CCAA se identifica un hilo común: apostar por la
insuficiencia económica del sector público frente a la eficiencia
en el uso de sus recursos; por la medicalización frente a la
promoción de la salud y las políticas de prevención; se abandonan
las políticas de incentivación del personal; se privatizan las
partes más rentables del sistema sanitario y se introducen barreras
de acceso a los servicios asistenciales que merman directamente el
principio constitucional del acceso universal.
“Esto
es solo el comienzo del comienzo”,
ha amenazado la Vicepresidenta primera del Gobierno.
