Miguel
Luis Jiménez Atencia.( Frente Cívico Málaga )
Preguntemos
a quién preguntemos, y consultemos las fuentes que consultemos,
todas, indefectiblemente, nos responderán que España es una
Democracia. La población asume, en general, que vive en una
Democracia por el mero hecho de votar. Se constituye la Democracia,
de esta manera, en un objetivo en sí misma donde preguntas cómo:
¿son todas las democracias iguales?, ¿ persiguen todas los mismos
fines? o ¿se sustentan en los mismos principios? quedan silenciadas
u obviadas.
Es,
por ello, que lo primero que deberíamos hacer es definir qué es la
Democracia. Definiciones de democracia hay tantas como autores. Sin
embargo, todas las definiciones contemplan dos principios básicos:
1.- El poder político (la soberanía
nacional) pertenece al pueblo y no a una sola persona ni a un grupo
reducido de personas. Dicho poder es gestionado por los
representantes del pueblo que son elegidos mediante elecciones
libres.
2.-
Todos los ciudadanos, sin excepción , se someten a una ley
fundamental o Constitución.
Montesquieu
estableció que en un Estado, el Poder debía dividirse en tres
esferas independientes, apareciendo así, el Poder Legislativo, el
Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Más recientemente, en el siglo
XIX, apareció otro Poder, el de los medios de comunicación, que se
nos presenta como un corrector de las derivas oligárquicas que
aparecieron en muchas sociedades Democráticas. Hoy día es
inconcebible una democracia sin medios de comunicación. El propio
Vargas Llosas, en su discurso de agradecimiento del Nobel,
reflexionaba sobre el papel imprescindible que desarrollaron los
medios de comunicación en la transición española y cómo en la
actualidad son uno de los pilares fundamentales de los estados
democráticos.
Ahora
que sabemos que es o debiera ser un Estado Democrático, miremos a
nuestra querida España:
España no es una Democracia, ya que
los poderes del Estado están cuestionados en cuánto a su
legitimidad y representatividad. Son muchos los factores que han
contribuido a esta situación pero, desde luego, dos de los que más
peso tienen son la Ley Electoral, que se basa en el Método D'hont, y
las condiciones impuestas por el antigüo régimen en nuestra
Constitución. El método D'hont es una herramienta estadística por
la cual se intenta que el reparto de los escaños sea homogénea y
justa. Sin embargo, como todo método estadístico, el tamaño de
muestreo lo es todo. Es decir, si en vez de tener circunscripciones
electorales muy pequeñas como actualmente, tuviésemos otras
mayores, como las Comunidades Autonómicas o incluso una única
circunscripción, los errores serían mínimos. Sin embargo, con el
actual sistema, la Ley D'hont de facto lo que impone es una
penalización de los partidos minoritarios con voto disperso mientras
se favorece a los partidos mayoritarios y a aquellos que tienen el
voto muy concentrado geográficamente, como los nacionalistas. De
esta manera, se viola otro de los fundamentos de la Democracia: todos
los ciudadanos son iguales ante la ley, artículo 14. Este principio
se rompe ya que todos los votos cuentan, sí, pero unos más que
otros, dependiendo de la circunscripción donde se ejerza el voto.
Por
otro lado, el antigüo régimen impuso una series de condiciones, que
vienen plasmadas en nuestra constitución, cuya legitimidad es,
cuanto menos, cuestionable. Obsérvese como la jefatura del estado
tenía que recaer sobre una Corona que era hereditaria del franquismo
Igualmente,
aunque se define al Estado como aconfesional, se encumbra a la
Iglesia Católica a una situación de manifiesto privilegio; no se
reconocen los derechos de autodeterminación de los pueblos; el rey
como figura inviolable y no sujeta a responsabilidad; etc. Cierto es,
que la Constitución fue aprobada en referéndum por todos los
españoles pero, tal y como afirma el profesor Jerónimo Ríos
Sierra, a la población se le puso en una disyuntiva fatalista, que
invitaba a escoger entre el horizonte democrático que esta
constitución mostraba o el continuismo del franquismo. Es, por ello
que, afirmar que la Constitución es legítima en todos sus extremos
es, cuanto menos, una gran simplificación.
España
no es una Democracia tal como definía Montesquieu, ya que no existe
independencia de los tres poderes del Estado. Esto lo podemos ver,
claramente, con el Poder Judicial, donde los 12 vocales de su máximo
órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, son
elegidos por un sistema de cuotas por los partidos políticos. Esto,
que debería ser un escándalo, se comenta con total normalidad en
los noticieros de nuestro país. Otro ejemplo de la falta de
independencia del Poder Judicial lo encontramos cuando el ejecutivo
indulta unilateralmente a aquellos reos que estima oportuno.
Contémplese el caso del consejero delegado del Banco Santander,
Alfredo Sáenz, indultado por el gobierno Socialista aún cuando el
informe del Tribunal Supremo era contrario. Igualmente, cada vez es
más difícil dibujar los límites entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo ya que, en la actualidad, son un todo, uniforme y
compacto.
España
no es una Democracia, ya que la ley fundamental a la que se someten
todos los ciudadanos, la Constitución, es incumplida de forma
reiterada. Es más, existen dos constituciones. Por un lado, los
artículos que benefician a los detentores del poder, los cuales son
cumplidos a rajatabla. Dichos artículos, si no satisfacen al 100%
son modificados, realizando una reforma constitucional “express”
sin someterla a referéndum. Véase, en este sentido, la reciente
modificación del artículo 135, según el cual, los recursos
económicos del Estado satisfarán, en primer lugar, los compromisos
financieros y, después, las necesidades en sanidad, educación,
I+D+I, etc. Por otro lado, tenemos multitud de artículos que son
obviados, tergiversados o violados llanamente. Pondremos sólo
algunos ejemplos:
a) Artículo 1.2: “La soberanía
nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado.”. Son muchos los ejemplos a los que podemos apelar para ver
cómo muchas áreas de la soberanía nacional han sido controladas
por intereses que nada tienen que ver con el pueblo español. Quizás,
el ejemplo más paradigmático sea el de la economía. La Política
Económica del país ya no es decidida por el Poder Ejecutivo, si no
que viene dirigida por Poderes exógenos al país y a sus intereses.
El propio Ejecutivo lo admite cuando asume que la reforma laboral, la
creación de un banco malo, el rescate de la banca , el más que
presumible rescate del país o todo el conjunto de medidas que se
engloban en las llamadas “medidas de recorte”, son decisiones
impuestas por los “mercados”, la UE, el FMI, BCE, etc.
b) Artículo 14: “Los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”
Estimado lector, si ha llegado hasta aquí, entenderá claramente que
este artículo es violado de forma sistemática. La ley electoral
impide que todos los españoles seamos iguales ante la ley, la figura
del rey no es igual ante la ley que la de cualquier otro ciudadano,
dependiendo del lugar de nacimiento las diferencias en la asistencia
Sanitaria son mayúsculas, mientras todos los ciudadanos pagamos
nuestros impuestos el gobierno crea una amnistía fiscal para los
defraudadores, los procesos judiciales son cada vez más caros por lo
que el acceso a la justicia depende de los recursos económicos de
las personas, etc, etc, etc.
c) Artículo 18, sobre el derecho a la
intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Nuestros datos son
mercancía con la que innumerables empresas negocian sin nuestro
consentimiento. Con esta información se crean estrategias de venta,
estudios financieros de riesgo, estudios sociológicos respecto al
consumo, etc. Otro ejemplo paradigmático es el de la red ECHELON.
Esta es considerada como la mayor red de espionaje y análisis de
comunicaciones de la historia y opera a nivel mundial. En junio de
2001, en el marco de la colaboración antiterrorista entre el
gobierno del Sr. Aznar y de George W. Bush, diversos medios de
comunicación, como The Guardian o El Mundo, se hicieron eco del
acceso que se concedió al gobierno Español a la red ECHELON y
CARNIVORE. Es decir, que desde la creación de ECHELON nuestras
comunicaciones están “pinchadas” pero desde 2001 existe un
consentimiento público del Gobierno que además admite que las usas
para sus fines.
d)
Artículo 35.1: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y
el derecho al trabajo [.....]”. Con 4.615.269
parados, no es necesario explicar hasta que punto este artículo es
incumplido. Sin embargo, lo peor es que, lejos de trabajar para
solucionar esta tragedia nacional, los esfuerzos que se llevan a cabo
van justo en el sentido de su perpetuación y de la degradación de
las condiciones de los que tienen trabajo. Basta un análisis de la
última reforma laboral (Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero)
para comprender hasta que punto el derecho al trabajo y de los
trabajadores es menospreciado.
España
no es una Democracia, ya que los medios de comunicación no
desarrollan su labor fundamental de informar, abrir espacios de
debate y formar, en el sentido más extenso de la palabra, a los
ciudadanos. Sin información no hay Democracia, ya que sin
conocimiento no hay libertad para elegir. Los medios de comunicación
tienen dueños. Esto, que es una obviedad, merece ser recordado ya
que desde el mismo momento en que existen propietarios, la empresa
responde en primer lugar a las necesidades e intereses de los
propietarios. Queda pues, el interés general, relegado a un segundo
lugar. Llegados a este punto, es interesante detenernos en ver
quienes son los dueños de los medios de comunicación españoles,
para ello recomiendo la lectura del trabajo de Núria Almirón de la
Universidad Pompeu Fabra y titulada: Grupos
privados propietarios de medios de comunicación en España:
principales datos estructurales y financieros.
En las conclusiones de dicho trabajo podemos leer “ El
análisis de la estructura de propiedad de los grandes grupos (más
de 100 millones de euros de ingresos procedentes de medios de
comunicación) muestra que la propiedad familiar tradicional sólo se
mantiene en los grupos de comunicación veteranos españoles (Godó,
Hola, Planeta, Prensa Ibérica y Zeta). El resto de grupos –tanto
los extranjeros como los grupos españoles de emergencia más tardía
y todos los cotizados en bolsa– muestran una penetración
relevante del capital financiero en su seno”.
Igualmente, es muy interesante ver el gráfico que en
www.esmola.wordpress.com
se
muestra. En resumen, en gran medida, los medios de comunicación en
España son propiedad de los grandes bancos y fondos de inversión.
Su independencia es ,por tanto, cuanto menos cuestionable y su
principio de interés general inexistente. Deberíamos plantearnos
cómo la esfera de la comunicación, el cuarto Poder y pilar
fundamental de la Democracia, está en manos privadas. En cierta
forma es como si el Poder Judicial, el Ejecutivo o el Legislativo
fuesen empresas privadas que cotizaran en bolsa!?
Como
vemos, desde los tiempos de la Transición y hasta el presente, hemos
asistido a un golpe de estado incruento y a cámara lenta, tal y como
nos dice Julio Anguita. La ciudadanía ha sido engañada con la farsa
de las elecciones de un sistema que estaba amañado. La Democracia es
mucho más que votar cada cuatro años como hemos puesto de
manifiesto, pero en la ilusión de las votaciones, nos han robado una
Democracia que nunca terminó de llegar.
Referencias:
Cosntitución Española 1978.
