miércoles, 18 de enero de 2017

La Antártida, un lienzo en blanco para estudiar la “élite” de los contaminantes

Fecha:16-01-2017
Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son “la élite” de los contaminantes químicos que se liberan al medio ambiente. Pueden viajar por aire y agua y pasar de un medio a otro, convirtiéndose en una amenaza global. Ahora, un grupo de investigadores españoles analizará su presencia en la Antártida.

La primera evidencia de COP en la región antártica data de los 60, cuando se comprobó la presencia del pesticida DDT (dicloro difenil tricloroetano) en sus ecosistemas, detalla a Efe José Luis Roscales, del departamento de Química Ambiental del Instituto de Química Orgánica General del CSIC, quien estudiará la presencia de estos compuestos en la Antártida dentro del proyecto Sentinel.

Después, han sido varios los estudios que han constatado la presencia de COP en la Antártida, como el publicado en noviembre pasado en la revista Atmosferic Environment por científicos del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (CSIC).

Restos de bifenilos policlorados en la Antártida

En el artículo, los investigadores aseguraban que la atmósfera antártica almacena, entre otros, restos de bifenilos policlorados, que se usaron en el pasado como revestimiento en muchos aparatos eléctricos y que fueron prohibidos hace décadas.
Muchas de las sustancias consideradas hoy COP fueron sintetizadas para ser utilizadas en la agricultura, como el pesticida DDT, o por sus aplicaciones industriales o para productos de consumo.

Estos se caracterizan por una gran persistencia en el medio, una alta toxicidad para el hombre y ecosistemas, incluyendo su carácter carcinogénico y su capacidad para imitar nuestras hormonas (disrupción endocrina); además, los procesos de bioacumulación y biomagnificación les permiten acumularse en organismos a lo largo de su vida y amplificar su presencia a través de la cadena trófica (si un animal come plancton con COP, lo acumulará en su organismo).

Regulados por el Convenio de Estocolmo

El Convenio de Estocolmo, ratificado por 180 países, entre ellos España, aunque no EEUU ni Italia, reguló inicialmente 12 productos químicos, que llamó la “docena sucia“, entre los que estaba el DDT. En 2009 incorporó otros nueve, muchos como familias de compuestos.

El convenio está vivo y ha seguido metiendo sustancias en la lista de COP, como endosulfán en 2011 o hexabromociclododecano en 2013.

Algunos de estos contaminantes orgánicos están totalmente prohibidos, como la aldrina (plaguicida) pero en otros se establecen excepciones en su uso, como en el caso del sulfonato de perfluorooctano, utilizado en determinados dispositivos médicos, o del DDT, usado como insecticida para el control de la malaria.

También se recogerán muestras de sangre de 
pingüinos. Imagen del CSIC.  
Además, el convenio establece las medidas a tomar para minimizar el impacto de aquellas sustancias que no se generan intencionadamente, como las dioxinas y furanos derivados de la combustión a altas temperaturas, detalla el investigador del CSIC.

Precisamente Roscales, junto a Elena Cerro y Mariana Pizarro del CSIC, estudiará la presencia de los COP en el ecosistema antártico.

Mañana parten a la Antártida y estudiarán los COP en el marco de Sentinel, un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad que se desarrolla entre el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) de Barcelona y el Instituto de Química Orgánica General (IQOG) de Madrid. Los investigadores principales son Jordi Dachs (IDAEA) y Begoña Jiménez (IQOG).
El objetivo es mejorar el conocimiento de los mecanismos por los que estos nocivos contaminantes viajan y se acumulan en los ecosistemas polares.

La campaña de muestreo se desarrollará del 19 de enero al 23 de febrero desde la Base Antártica Española Gabriel de Castilla del ejército de tierra, situada en la isla Decepción, y se enmarca en la XXX Campaña Antártica (2016-2017), informa el CSIC en una nota.

Roscales indica a Efe que se recogerán muestras de aire, suelos, sedimentos, de restos de excrementos de aves, plancton o nieve.

El equipo de Andrés Barbosa, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, recopilará muestras de sangre de pingüinos y un equipo de la Universidad de Barcelona (proyecto Distantcom) lo hará de invertebrados de los fondos marinos.

Fotografía de archivo unos tubos de ensayo. 
EFE/Alberto Jiménez
Todas las muestras serán luego analizadas en los laboratorios de IQOG y del IDAEA.

Sentinel, que también estudiará la influencia de los COP en las comunidades bacterianas marinas, parte de la hipótesis de que la Antártida, y específicamente la parte norte de la Península Antártica, es una región centinela para la identificación de los contaminantes químicos que tienen el potencial de ser dispersados a nivel mundial.

“La Antártida ofrece una oportunidad muy interesante para identificar qué sustancias químicas tienen ese comportamiento de ser transportadas globalmente“, según el investigador del CSIC, quien afirma: “el continente ártico es un lienzo en blanco para estudiar estos componentes, élite de los contaminantes químicos, ya que refleja la huella química que dejamos a escala global”.

En la Antártida, continúa, no hay fuentes directas destacables de COP, aunque recientemente algunos estudios han identificado las bases científicas y la actividad turística como fuentes locales de algunos COP, por eso los investigadores también van a tratar de evaluar su propia huella allí.

La supuesta ‘alergia’ al wifi, en el banquillo

Un tribunal de Lleida decide si otorga la invalidez permanente a una mujer que alega electrosensibilidad, enfermedad no reconocida de gran discusión científica

IÑIGO DOMÍNGUEZ Lleida 14 ENE 2017
Rosa C.T., de espaldas, afectada por electrosensibilidad, conversa con la doctora Carmen 
Valls, ante el tribunal de Lleida, donde ha testificado como perito a su favor en el juicio celebrado este 
jueves. JAVIER MARTÍN  
Alergia’ al Wi-fi es una expresión coloquial para la denominada electrohipersensibilidad, con las siglas EHS, la presunta intolerancia a las ondas electromagnéticas de las conexiones inalámbricas y otros aparatos. La cuestión exige aún más matización porque ni siquiera hay acuerdo en que esta ‘alergia’ exista, que esas ondas produzcan ese efecto. La gran mayoría de la comunidad científica, la Organización Mundial de la Salud y el comité de expertos de la UE lo niegan, dicen que no está probado. Lo tratan directamente como un cuento chino. Por el contrario, algunos científicos creen que no es así y manejan una creciente documentación, si bien desdeñada por el resto de sus colegas. Es un asunto de enorme hostilidad mutua. Lo que es indudable es que hay gente a la que le pasa algo, sufre síntomas que algunos médicos atribuyen a esa razón y, esta es la realidad, acaba llegando a los tribunales. Como la mañana de este jueves en el Juzgado de lo Social número 1 de Lleida, donde Rosa C.T., una funcionaria administrativa de la Generalitat solicita una pensión por incapacidad permanente, después de tres años de baja. La Seguridad Social, que ya ganó un primer juicio, se opone a su reclamación.

La sala está vacía, solo hay dos familiares y un conocido, pero es un caso con más trascendencia de lo que parece. Ya hubo una sentencia el año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, por primera vez en España, reconoció una incapacidad total por electrosensibilidad a un empleado de una empresa de telecomunicaciones. Este es el segundo caso, que lleva el mismo abogado, Jaume Cortés, del Colectivo Ronda, y una nueva sentencia reforzaría las razones de estos afectados. Y también haría poner el grito en el cielo a casi toda la comunidad científica.
SENTENCIAS A FAVOR DE ELECTROSENSIBLES DESDE 2011

Las primeras recomendaciones del Parlamento europeo sobre exposición a ondas electromagnéticas son de 1999 y en 2011 el Consejo de Europa pidió reducirlas con especial atención a niños y jóvenes, así como prestar “particular atención a las personas electrosensibles”, creando áreas libres de Wi-fi. En Suecia está reconocida la discapacidad por este motivo y países como Suiza e Israel tienen legislación mucho más estricta que la UE. La primera sentencia europea al respecto fue en 2015, enFrancia: con polémica en el mundo científico, un tribunal reconoció una pensión de 800 euros a una mujer que decía padecer electrosensibilidad. Años antes, el Tribunal Superior de Justicia Europeo no concedió la incapacidad a un funcionario español de la UE en Bruselas, porque la enfermedad no estaba reconocida oficialmente, pero sí consideró los síntomas y le otorgó una indemnización.
En España la primera resolución fue en 2011, a favor de Minerva Palomar, la actual presidenta de la asociación española de afectados, Asociación Electrosensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS). Luego siguieron otros fallos, media decena, aunque la electrosensibilidad no era nunca la única dolencia, estaba combinada con otras. En julio de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la primera sentencia que reconocía la pensión a un trabajador de una empresa de telecomunicaciones debido exclusivamente a esta causa. El juicio de Lleida, a la espera de sentencia, debe decidir si hará realidad la segunda. Pero de todas maneras ya hay más casos en los tribunales.

En Lleida la interesada no está en el juicio porque, asegura su esposo, se pondría mal enseguida en este lugar lleno de Wi-fi: “Dolor de cabeza, sensación de ahogo, confusión mental y dificultad para concentrarse, boca seca, fatiga…”. Además vive el juicio con mucho nerviosismo. Lleva seis años con esto. “Todo empezó en 2011 cuando cambió de oficina y comenzó a sentirse mal, sin saber por qué”, explica. Rosa alega que no puede ni coger el autobús, pues tiene Wi-fi, ni entrar casi en ningún sitio y ha acabado durmiendo en el comedor, el lugar más aislado de la casa.“Busqué el piso con ella, casi usándola casi como un sensor, viendo si se ponía mal o no, porque basta con que llegue el Wi-fi del vecino”, comenta su marido.

La Generalitat ha hecho de todo para ayudar a la empleada, admite su abogado. Haciendo reformas, cambiándola de puesto, pero no hay manera. “Fuera de áreas con ondas está bien, esa es la cuestión, por la razón que sea. Para hacer un estudio bueno necesitas mucho dinero y los afectados son cuatro, a nadie le interesa. Yo solo pido que al menos les comprendan y les reconozcan la incapacidad”, resume Cortés. "Hace años el amianto no era malo, hasta que después de unas décadas empezó a morir gente".

El médico le decía a esta mujer que lo suyo no era nada y, al final, que padecía ansiedad, la conclusión más frecuente en estos casos, que a menudo acaban derivados a psicólogos y psiquiatras. Es algo que desespera a los interesados, porque se sienten incomprendidos, como si se lo inventaran o, en el mundo laboral, como si solo quisieran la baja. El mundo científico no disimula su incomprensión, aun reconociendo el drama humano. “Hay que decir las cosas con claridad: todos los estudios bien hechos, que son los que valen, coinciden en que la probabilidad de efectos adversos es muy pequeña”, afirma Francisco Vargas, médico epidemiológico y director científico del Comité Científico Asesoren Radiofrecuencias y Salud (CCARS), entidad de referencia en asesoramiento sobre los posibles efectos de las radiofrecuencias en la salud. El Ministerio de Sanidad ha concluido que la exposición a ondas por debajo de los niveles establecidos “aunque pudiera inducir alguna respuesta biológica en condiciones experimentales, no está demostrado que pueda implicar efectos nocivos para la salud”.

Vargas opina que la primera sentencia española del año pasado está “muy mal fundamentada” y que el juez “no se molestó en investigar mucho”. En aquella ocasión el reclamante contó con un informe de un especialista del hospital de Guadalajara. Vargas cree que una nueva sentencia en esa línea en Lleida “sería un gran error, un fracaso del conocimiento científico y de la capacidad de valorar pruebas”, pues a partir de ahora podría bastar con cualquier experto que presente un informe favorable. Corrobora que, por su experiencia, en muchos casos el origen de los síntomas es un trastorno psicológico, a veces diagnosticado.

Julio Carmona, de la Plataforma Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), creada en 2009 y que incluye asociaciones de afectados, considera que como mínimo “con el conocimiento actual habría que aplicar el principio de precaución”, ante el riesgo de futuros casos por una exposición durante años que ahora es imposible de comprobar. Sin datos oficiales, Carmona cita la estimación de la Sociedad Española de Síndrome de Sensibilidad Central (SESSEC), creada recientemente por expertos que defienden la electrosensibilidad: calcula, tomando como referencia estudios de otros países, que la prevalencia en España sería nada menos que de un 5% de la población. Datos que para Vargas son absurdos, no tienen ninguna validez y son meras extrapolaciones sin base científica.

Desde esta plataforma recuerdan que el Parlamento europeo y la Agencia Europea de Medio Ambiente ya se han expresado a favor de tomar precauciones con móviles y Wi-fi y esgrimen más de una veintena de manifiestos de científicos que llaman la atención sobre el asunto a contracorriente. El último en Bruselas, en 2015, con 120 expertos.También impulsan una iniciativa ciudadana europea para pedir una reglamentación proteccionista en este campo, que en España han firmado docentes de las universidades de Alcalá de Henares, Autónoma y Pompeu Fabra de Barcelona, Politécnica de Cataluña y de Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia y Reus. Pero para el resto de la comunidad científica no tienen relevancia. Antonio Hernando, prestigioso catedrático de la Complutense, director del Instituto de Magnetismo Aplicado y miembro de la Real Academia de Ciencias, sentencia: “Yo me fío de quien me fío, no vale cualquier experimento y hay organismos muy respetados reconocidos por todos que son los que cuentan”.

Naturalmente todos los expertos coinciden en que hay que seguir investigando, sobre todo para verificar los efectos a largo plazo, que aún no se pueden saber. Difieren en lo que se debe hacer hasta entonces: esperar porque no hay nada que motive la alarma o tomar medidas ya. Ángeles Trillo, investigadora de Bioelectromagnetismo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, participó en el primer estudio de la UE sobre los efectos de los móviles en células aisladas, llamado Reflex, en 2004. "Fue muy criticado, pero ahora los nuevos multiproyectos de la UE lo están confirmando en parte. El riesgo del móvil es muy relativo y pequeño, pero a largo plazo no se sabe, tiene que pasar tiempo y que haya más estudios", explica. En cuanto a la electrosensibilidad señala que generalmente quien padece esos síntomas "suele presentar sensibilidad múltiple a otros agentes químicos". Afirma que cada vez hay más casos, pero no se sabe a qué médicos dirigirles.

Carmen Valls, doctora de Medicina Interna y Endocrinología, ha participado en esos congresos que dan la alarma sobre la cuestión, y ha testificado este jueves en Lleida como perito del abogado de la afectada. Ante la juez y el abogado de la Seguridad Social ha afirmado que la paciente sufre “electrosensibilidad severa”, que no puede trabajar "en ningún sitio" y aporta una prueba, “novedosa en España”, un estudio que muestra cómo su hormona del sueño, la melatonina, se altera con las ondas electromagnéticas. Valls cree que ya sería un primer paso que el Ministerio de Sanidad se interese por la electrosensibilidad y convoque un comité de expertos, como hizo para la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) en 2011.

Un argumento muy utilizado por los afectados es el de los intereses que tendrían las grandes compañías de telecomunicaciones en ocultar el problema. Sin caer en teorías de la conspiración, la experiencia de Bernardo Hernández Bataller, jurista y miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) que intentó aprobar en este foro un dictamen sobre electrosensibilidad, es que “hay grandes presiones”. El informe no fue aprobado por la oposición de un experto británico. Luego salió a la luz que era asesor de compañías eléctricas. Las asociaciones de afectados lo denunciaron ante el Defensor del Pueblo europeo, que les acaba de dar la razón. Es un asunto complejo. El juicio en Lleida dura media hora. Queda visto para sentencia.

jueves, 12 de enero de 2017

¿Por qué hay que oponerse a cualquier tipo de copago de servicios sanitarios y de medicamentos?


Ángeles Maestro *

La nueva Ministra de Sanidad ha anunciado su decisión de ampliar el copago de los medicamentos para los pensionistas que cobren más de 18.000 euros anuales. Utiliza para justificarla argumentos que, no por haber sido esgrimidos por Consejeros y Ministros anteriores, resultan menos vergonzosos.

Se pervierte el sentimiento popular de justicia, “que pague más, quien más tiene”, que tiene su aplicación fundamental en la aplicación de los impuestos directos sobre la riqueza para intentar legitimar – con el mismo argumento - una nueva restricción económica en el acceso a los medicamentos, que, sin duda alguna, abrirá el camino a otras más.

Es una gigantesca trampa que intenta culpabilizar y enfrentar entre si a quienes menos tienen, ocultando el saqueo generalizado de las arcas públicas que se ha producido vía reducción de impuestos a las rentas más altas (el escarnio de las SICAV sigue vigente), amnistías fiscales, el rescate de la banca privada, la evasión de capitales y tantos etcéteras, por no hablar de la miseria de las pensiones o de los incrementos brutales de la explotación que supone la generalización de la precariedad.

Además, el establecimiento de barreras económicas para el acceso a un elemento central del sistema sanitario – al que se accede mediante prescripción facultativa y precisamente cuando se está enfermo, es un crimen cotidiano.

Tras el primer año de entrada en vigor del Real Decreto Ley 28/2012, del gobierno del PP, que cínicamente llevaba por título “de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social”, un estudio realizado en Madrid arrojaba el estremecedor dato (obtenido mediante encuesta y por lo tanto muy inferior al real) de que cerca del 20% de los pensionistas no acudían a retirar de la farmacia los medicamentos prescritos. Resultados semejantes se han obtenido en estudios relativos a la introducción del copago en otros países, con la particularidad de que ese 20% de la población es el que concentra todos los riesgos desde el punto de vista de la salud; es el mismo a quien se desahucia por no pagar el alquiler, el que devuelve los alimentos en la caja del supermercado o a los que hipócritamente se califica de “pobres energéticos”.

El argumento de que la cantidad exigida – un máximo de 8 euros mensuales - es simbólica (¿para quién?) es un insulto para la mayoría de pensionistas (y activos), que con ingresos inferiores a los 600 euros, tiene que decidir entre comer, pagar la luz o retirar los medicamentos.

Pero hay que recordar, para la juventud, o para los desmemoriados, que los discursos destinados a justificar los copagos son añejos.

Quien abrió el debate acerca de la conveniencia de hacer pagar a las personas enfermas por los fármacos que les prescribe su médico fue el Informe Abril Martorell (1991), elaborado a instancias de un ejecutivo del PSOE que gobernaba con mayoría absoluta.

El primer “medicamentazo” fue obra también del PSOE en 1993. La Ministra Ángeles Amador, hoy flamante “consejera” de Red Eléctrica Española, fue quien llevó a cabo por primera vez la exclusión de determinados fármacos de la financiación por la sanidad pública. El segundo de ellos vendría de la mano del PP en 1998. Muchos de los medicamentos eran, y son, de uso frecuente en enfermedades crónicas. Se esgrimieron argumentos confusos y contradictorios. Si no eran eficaces, habría que haberles eliminado del Registro. Si se pretendía favorecer el buen uso de los medicamentos, es injustificable que los excluidos por su dudosa utilidad pasaran a ser objeto de publicidad en medios masivos, con lo que cualquier atisbo de racionalidad desaparecía por completo. Así, se da el caso de que un medicamento como el Frenadol, prohibido en varios países de la UE, es objeto aquí de propaganda masiva.

Los objetivos de ahorro son también falaces. Tras un breve periodo de reducción tras la adopción de las medidas, el gasto farmacéutico vuelve a dispararse. En el caso de la financiación selectiva de medicamentos, se eliminaron los medicamentos más baratos y menos rentables, que fueron sustituidos por otros más convenientes para la cuenta de resultados.

Los objetivos de ahorro son una falacia e incompatibles con el poder aplastante de la industria farmacéutica, a cuyo servicio han estado todos y cada uno de los ministerios y consejerías del Estado español.

Lo que importa saber es que son capaces de inventarse cualquier cosa para conseguir los objetivos de los intereses empresariales a los que sirven. A modo de ejemplo valga este hecho que viví en mi época de diputada, precisamente cuando el PSOE intentaba rodear de legitimidad social su primer “medicamentazo”. El argumento usado entonces para neutralizar la resistencia social fue la acusación de fraude masivo en las recetas de pensionistas que los jubilados usaban para obtener medicamentos gratis para toda la familia. Los medios de comunicación masivos se hicieron eco y expandieron el “relato”, sin más fundamentos. CC.OO y UGT lo apoyaron activamente llevando a cabo una “campaña de educación sanitaria” entre sus afiliados, con folletos y charlas destinados a colaborar en la eliminación de dicho fraude. Ante la persistencia de mis preguntas dirigidas a altos cargos del Ministerio en sede parlamentaria acerca de cuales eran los datos que avalaban tales acusaciones de fraude, la respuesta que obtuve fue que tras un estudio realizado sobre decenas miles de recetas en Madrid habían aparecido 25 dudosas.

El copago de medicamentos, que como tantas veces se ha repetido es repago, sirve a un doble objetivo esencial para la gestión empresarial y la privatización de la sanidad pública:
  • Si el 80% del gasto es consumido por el 20% de la población de más edad, enfermos crónicos y personas con escasos recursos, eliminarles del acceso a la sanidad, como muy bien saben las mutuas patronales y las aseguradoras privadas, garantiza el negocio.
  • Hacer pagar por los medicamentos prescritos va eliminando uno de los valores esenciales de la sanidad pública frente a la privada: la gratuidad en el momento de uso.
A estas alturas debería estar perfectamente claro que lo que queda de los servicios públicos está en el punto de mira. Y que todo ataque que preparan va precedido de un “relato”, de un montaje mejor dicho, que carece de cualquier fundamento que no sea favorecer los intereses que representan. Es una guerra de clases que tiene ganadores y perdedores, y el arma más letal es dar crédito a su propaganda, de forma que nuestra fuerza sea preventivamente destruida.

10 de enero de 2017

* Ángeles Maestro es médica, técnica superior de Salud Pública. Fue diputada del Congreso y portavoz de Sanidad por IU. Es miembro de Red Roja


miércoles, 11 de enero de 2017

Revelan presencia de componentes químicos de higiene en la sangre menstrual

EFE / Granada 11/01/2017

Investigadores de la Universidad de Granada han revelado con un nuevo método la presencia en la sangre menstrual de componentes químicos usados en productos de higiene personal, especialmente contaminantes orgánicos que se utilizan en productos cosméticos, artículos para el hogar o fármacos.

Científicos de la Universidad de Granada han desarrollado una nueva y sencilla metodología analítica que permite determinar la presencia en el organismo de contaminantes orgánicos, especialmente parabenos y benzofenomas que se usan en cosméticos, artículos para el hogar y fármacos.

La directora de la cátedra de Investigación "Antonio Chamorro-Alejandro Otero", Enriqueta Barranco, y la ginecóloga Olga Ocón Hernández, en colaboración con miembros con un grupo de investigación de Oncología básica y clínica del Instituto de Investigación Biosanitaria, han desarrollado este estudio.

Ocón ha detallado que la asimilación por parte del organismo de estos compuestos químicos depende de la forma de exposición, aunque ha recalcado que pueden acumularse en compartimentos porque el sistema metabólico excretor no es "completamente efectivo".

La investigación ha buscado la presencia de cuatro parabenos y seis benzofenonas en las muestras de sangre menstrual de 25 mujeres españolas y ha encontrado componentes químicos en todas.

Los resultados obtenidos reflejan que todas las muestras contenían al menos tres de los compuestos, siendo el metilparabeno (96%) y la benzofenona-3 (96%) los más frecuentemente detectados.

"La preocupación en el uso y consumo de productos en cuya composición se encuentren parabenos y benzofenonas deriva de los recientes hallazgos acerca de los efectos adversos en salud que estos compuestos pueden causar actuando como disruptores endocrinos, ya que se ha demostrado que tienen la capacidad de alterar la homeostasis normal del sistema endocrino en los seres vivos", ha señalado Ocón.

Así, se ha relacionado la exposición a estos productos tóxicos con un mayor riesgo de sensibilización alergénica, daño en el esperma y endometriosis, entre otras enfermedades.

Hasta el día de hoy, la mayoría de estudios epidemiológicos que investigan la relación entre niveles de exposición humana a contaminantes con efectos en salud suelen usar suero u orina como matriz para realizar la medida de contaminantes.

"Para establecer relaciones con desórdenes menstruales o endometriosis pensamos que sería interesante su medida en sangre menstrual, ya que proporciona una mejor estimación de su contribución al microambiente hormonal uterino, porque la progesterona y el estradiol son hormonas esenciales para el control del ciclo menstrual", ha señalado la investigadora.

Entre las conclusiones de la investigación, Ocón ha apuntado que "plausible" que la exposición humana a este tipo de sustancias afecte a su producción y función, a la regulación del ciclo menstrual y a las características del sangrado.

Guerreras del aire: mujeres que luchan contra los daños de la fumigación

Cada una en su pequeño mundo, en su provincia, se lanzó a combatir a un enemigo letal: las fumigaciones en el campo. Ellas siguen luchando por un ambiente que no enferme a su familia, a todos. Ésta es su historia contada por una periodista que colabora en Para Ti y que acaba de publicar el libro La Argentina fumigada.
Alguna vez, el ambientalista uruguayo Eduardo Gudynas no dudó en caracterizar a los conflictos por el medio ambiente como “luchas de mujeres”. En el caso de las mujeres del campo, en cada pequeña comunidad agrícola de la Argentina se desató hace veinte años (en 1996, con la llegada de los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas) un vendaval químico del que ellas fueron testigos forzosos. Algunas, como Andrea Kloster –de San Salvador, Entre Ríos– tomaron conciencia de que algo no estaba bien cuando notaron que cada vez más vecinos se enfermaban y morían de cáncer, lupus, hipotiroidismo. En el caso de las cordobesas Julia “Chabela” Lindon, Marcela Ferreyra, Norma Herrera y Eulalia “Vita” Aylón, el golpe fue todavía más doloroso. Vecinas del Anexo Ituzaingó, una barriada a media hora de Córdoba capital, todas tenían un familiar enfermo de gravedad. Para algunas fue un nieto nacido con una malformación; para otra, una hija con cáncer a los tres años y, finalmente, un bebé perdido. Para la maestra Ana Zabaloy, hasta hace muy poco directora de la escuela rural Nº 11 de San Antonio de Areco, todo fue claro un día, en plena clase. Allí, al paso de las fumigadoras terrestres por los lotes de trigo y soja que rodean a la escuelita, los chicos se ahogaban, convulsionaban, sangraban por la nariz. Son mujeres muy distintas a las que un flagelo común unió, y también una vocación compartida: luchar por las víctimas de un ambiente enfermo. Se volvieron, todas ellas, guerreras del aire.


ANDREA KLOSTER, LA MUJER QUE HABLÓ. A principios de 2014, la vida de Andrea Kloster (casada, mamá de tres nenas idénticas a ella) era tan diferente que hasta le cuesta recordarla. Será que en sólo tres años, su tranquila vida de esposa y emprendedora (tiene una pequeña empresa de organización de eventos) dio una vuelta campana. “Todo comenzó cuando supe a través de la hija de una enfermera del hospital que ahí estaban pasando cosas terribles. Gente enferma de cáncer, cada vez más joven y hasta chiquitos enfermos de lo mismo”, cuenta. Así fue como no sólo ella, sino también un grupo cada vez más amplio de vecinos supieron que en su calmo pueblito de San Salvador, Entre Ríos, algo malo estaba pasando. Los primeros cálculos, aun siendo caseros, eran inquietantes: entre un tercio y la mitad de la población moría de cáncer. Pensaron entonces que la mejor manera de llamar la atención de las autoridades sería hacer una marcha del silencio. Y, al cabo de unos meses, no hicieron una sino trece: con globos, bajo la lluvia, con carteles. En el medio, el marido de Andrea perdió su trabajo y casi todos los que al principio la acompañaron se fueron yendo. A Andrea ya no la llamaron así sino “la loca”. “La loca Kloster”, para ser más exactos. Finalmente, el pedido de los vecinos (la visita de una universidad pública para que hiciera un estudio en el lugar y les dijera finalmente qué era lo que estaba pasando) sucedió a principios de 2015. Casi un año después estuvieron los resultados. ¿Primera causa de muerte en la ciudad? Las “malignidades”. Esto es, diversos tipos de cáncer. “Lo que le da de comer a la gente es también lo que la está matando”, resumió luego de la presentación de los resultados Andrea, con la misma seguridad de siempre. “La loca Kloster”, después de todo, estaba en lo cierto.

ELLAS MARCHAN. Son cuatro, y tan distintas, que verlas juntas y marchando por la calle el 19 de cada mes ya debería llamarnos la atención. Pero en realidad, lo asombroso de ellas no es lo diferentes que son, sino lo parecidas que las ha vuelto la vida. Son hoy, y desde hace quince años, el Grupo de Madres del Barrio Anexo Ituzaingó, las mujeres que se animaron en 2002 a denunciar que la enfermedad asolaba su barrio, y que también tuvieron el coraje para averiguar de qué se trataba. Marcela perdió a Santiago, su bebé. Vita y Chabela tuvieron nietitos con problemas de salud graves y Norma estuvo a punto de perder a Brisa, su hija, a manos del cáncer cuando todavía usaba pañales. Pero, lejos de quedarse quietas, ellas se movieron más que nunca. Chabela, la más tímida, reconoce que salir a la calle al principio le dio mucha vergüenza, pero ya no. En 2012, la Justicia les dijo que lo que ellas siempre habían afirmado era verdad: el barrio había sido fumigado ilegalmente y hasta la Organización Panamericana de la Salud (OPS) habló en 2008 de un territorio contaminado. Hubo condenas para el dueño del campo y para el fumigador, y en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó el fallo. Pero ellas, que siguen viviendo ahí, no saben aún a qué se están exponiendo realmente. Por eso, para que se hagan los estudios que piden, siguen visibilizando, marchando, yendo a hablar a cuanto colegio y universidad las invite. Y tienen ganas de que nadie más vuelva a pasar por lo que ellas han sufrido.

LA METAMORFOSIS DE ANA. Ana Zabaloy entendió qué era eso de las fumigaciones y el impacto que éstas podían llegar a tener en la salud de todos el día en que, en pleno horario de clases, salió al patio y la ráfaga venenosa de una fumigadora terrestre le dio en plena cara. “Se me durmió por completo. Perdí la movilidad, fue muy desesperante”, cuenta. Por esos días, y a lo largo de algo más de un año, la escuela de Ana fue fumigada cuatro veces, con los chicos y las docentes adentro. Por suerte, en una de esas oportunidades un equipo de investigadores de la Universidad de La Plata llamado EMISA Plaguicidas estaba presente en la escuela, analizando –a pedido de Ana– qué había en el agua, en la tierra, en el aire. Los análisis de laboratorio revelaron que bebían agua contaminada con agroquímicos y que el aire que respiraban en primavera estaba también cargado de agrovenenos. Diseñaron carteles de advertencia y finalmente se habló con las autoridades. Hoy tienen una ordenanza al respecto y también algo más: mariposas, que han vuelto al parque ahora que el aliento letal de las máquinas está más lejos. “Vi el sufrimiento y el nivel de exposición de todos los que vivimos o trabajamos en zonas rurales, y especialmente los niños; por ellos, mis alumnos, fue que alcé la voz. Porque ellos no pueden mudarse o exigir a las autoridades. Están ahí, sin posibilidad alguna de defenderse. Es simple: una vez que ves, ya no podés mirar para otro lado. Y yo vi, y mi vida nunca más fue la misma”, concluye Ana.

texto FERNANDA SÁNDEZ