18-09-2011 - Fotografías: Gustavo San Miguel
Una manifestación ha recorrido este domingo desde las 19.00 horas el centro de Madrid desde Cibeles hasta la Puerta del Sol con el lema 'Banqueros y políticos: 'Sacad vuestras manos de los Servicios Públicos'.
Los manifestantes han portado pancartas y han gritado consignas, especialmente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a quien acusan de "especular" con los servicios públicos. No obstante, las críticas se han extendido al resto de formaciones políticas con mensajes como "los recortes para los de las Cortes".
En un ambiente festivo y con la defensa de la Educación y la Sanidad pública como principal bandera -los convocantes han sido varias plataformas en defensa de estos servicios como CAS Madrid, Plataforma Matusalén, Soy Pública, así como los grupos de trabajo del movimiento 15M-, los manifestantes han protestado por lo que consideran el "proceso de deterioro y privatización" de estos servicios.
Según señalan estas plataformas, "los servicios públicos de los países occidentales están en el punto de mira de los mercados" y "el objetivo es privatizar las partes rentables y transformar el resto en sistemas de beneficiencia".
En este sentido, aseguran que este proceso "no tiene colores políticos", ya que "está siendo realizado y cuenta con la complacencia de todos los partidos parlamentarios, y con el apoyo de organizaciones y sindicatos subvencionados".
Además, las diferentes plataformas explican que su sostenibilidad "depende de las decisiones políticas (de qué impuestos y quiénes los pagan y de lo que se dedica a gastos superfluos)". Subrayando que el gasto social público en relación al PIB español "está seis puntos por debajo de la media europea", comentan que "no sólo no habría déficit sino que sobraría dinero para gastos sociales" si se hubieran seguido otras políticas respecto a los ingresos y los gastos del Estado.
Entre los ingresos, aducen a "reformas sucesivas del Impuesto sobre la Renta para que paguen menos los que más tienen", la reducción del Impuesto de Sociedades, la creación de las SICAV "para las grandes fortunas que sólo tributan al 1 por ciento", la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y la no persecución "eficaz" del fraude fiscal, "el más alto de la UE, que impide ingresar 90.000 millones de euros al año.
"Dinero hay, y sobra. Que se destine a satisfacer necesidades sociales o a engordar parásitos, no depende de qué partido gobierne, sino de qué clase esté en el poder", critican, para apuntar posteriormente una serie de exigencias a los poderes públicos. En primer lugar, la derogación de la ley 15/97 para la "vuelta a manos públicas de los centros privatizados o de gestión indirecta", la "supresión paulatina de conciertos educativos y sanitarios" y la imposibilidad de vender patrimonio de la Seguridad Social o la cesión de suelo público a empresas privadas.
Además de mostrar el rechazo al copago, también piden el fin de las desgravaciones fiscales para los seguros sanitarios privados y la enseñanza privada o concertada, así como un pacto que "excluya el ánimo de lucro en todos los servicios públicos". También rechazan los "despidos" de interinos, el Bachillerato de Excelencia, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, y por último los "topes constitucionales en el gasto social público".
De esta forma, continúan las movilizaciones del movimiento de los indignados, que tuvo su impulso inicial tras la manifestación del pasado 15 de mayo convocada por Democracia Real Ya, y que desembocó días después en una acampada, ocupando durante varias semanas la Puerta del Sol.
En un ambiente festivo y con la defensa de la Educación y la Sanidad pública como principal bandera -los convocantes han sido varias plataformas en defensa de estos servicios como CAS Madrid, Plataforma Matusalén, Soy Pública, así como los grupos de trabajo del movimiento 15M-, los manifestantes han protestado por lo que consideran el "proceso de deterioro y privatización" de estos servicios.Según señalan estas plataformas, "los servicios públicos de los países occidentales están en el punto de mira de los mercados" y "el objetivo es privatizar las partes rentables y transformar el resto en sistemas de beneficiencia".
En este sentido, aseguran que este proceso "no tiene colores políticos", ya que "está siendo realizado y cuenta con la complacencia de todos los partidos parlamentarios, y con el apoyo de organizaciones y sindicatos subvencionados".Además, las diferentes plataformas explican que su sostenibilidad "depende de las decisiones políticas (de qué impuestos y quiénes los pagan y de lo que se dedica a gastos superfluos)". Subrayando que el gasto social público en relación al PIB español "está seis puntos por debajo de la media europea", comentan que "no sólo no habría déficit sino que sobraría dinero para gastos sociales" si se hubieran seguido otras políticas respecto a los ingresos y los gastos del Estado.
Entre los ingresos, aducen a "reformas sucesivas del Impuesto sobre la Renta para que paguen menos los que más tienen", la reducción del Impuesto de Sociedades, la creación de las SICAV "para las grandes fortunas que sólo tributan al 1 por ciento", la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y la no persecución "eficaz" del fraude fiscal, "el más alto de la UE, que impide ingresar 90.000 millones de euros al año.
"Dinero hay, y sobra. Que se destine a satisfacer necesidades sociales o a engordar parásitos, no depende de qué partido gobierne, sino de qué clase esté en el poder", critican, para apuntar posteriormente una serie de exigencias a los poderes públicos. En primer lugar, la derogación de la ley 15/97 para la "vuelta a manos públicas de los centros privatizados o de gestión indirecta", la "supresión paulatina de conciertos educativos y sanitarios" y la imposibilidad de vender patrimonio de la Seguridad Social o la cesión de suelo público a empresas privadas.Además de mostrar el rechazo al copago, también piden el fin de las desgravaciones fiscales para los seguros sanitarios privados y la enseñanza privada o concertada, así como un pacto que "excluya el ánimo de lucro en todos los servicios públicos". También rechazan los "despidos" de interinos, el Bachillerato de Excelencia, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, y por último los "topes constitucionales en el gasto social público".
De esta forma, continúan las movilizaciones del movimiento de los indignados, que tuvo su impulso inicial tras la manifestación del pasado 15 de mayo convocada por Democracia Real Ya, y que desembocó días después en una acampada, ocupando durante varias semanas la Puerta del Sol.
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