F. BALSELLS - Barcelona - 29/10/2011
La
repulsa a las declaraciones del consejero de Salud, Boi Ruiz sobre el
"carácter privado" del derecho a la sanidad se extiende.
La sección española de la ONG Amnistía Internacional (AI) ha
enviado una carta al consejero para recordarle que la sanidad pública
es un deber incuestionable del Estado. "El derecho al más alto
nivel posible de salud es un derecho recogido en numerosos
instrumentos internacionales de derechos humanos", subrayó en
la misiva, que la organización hizo pública ayer. "España ha
firmado los convenios internacionales donde se incluye este derecho,
por lo que está obligada a cumplirlo", añade AI.
La
carta responde a las declaraciones de Ruiz del pasado martes en la
que afirmó que "no hay un derecho a la salud porque esta
depende del código genético de la persona y de sus hábitos".
Estos factores convierten la salud en "un bien privado que
depende de cada ciudadano y no del Estado", señaló el
consejero en defensa de los recortes que lleva a cabo su
departamento, de casi 1.000 millones de euros. El discurso de Ruiz
también contradice los principios de organizaciones contra la
Organización MUndial de la Salud (OMS), que defiende el papel de la
red sanitaria como un factor determinante clave del estado de salud
de una población.
AI,
por su parte, recordó a Ruiz que como gobernante está obligado "a
asegurar un número suficiente de servicios públicos y centros de
atención, procurar que estos sean accesibles a todas las personas y
garantizar un servicio de calidad". Una calidad que debe
salvaguardarse con independencia de la situación económica. "Las
obligaciones en materia de derechos humanos ni se extinguen ni se
atenúan en tiempo de crisis económica", concluye AI.
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