Carlos
Jiménez Villarejo
Asturbulla,
29-10-2011
La
durísima política contra la sanidad pública del Gobierno de CiU
está vaciando el contenido, que creíamos intangible, del Estado
social, lesionando derechos fundamentales de la persona, el de la
asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los
profesionales sanitarios como si de una mercancía se tratara en una
economía de mercado a la que se subordinan los derechos de las
personas. El Gobierno de CiU ataca frontalmente el desiderátum del
preámbulo constitucional cuando propugna "asegurar a todos una
digna calidad de vida" y vulnera de forma reiterada los derechos
a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23
del Estatuto. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la
destrucción de este derecho sin el cual no es posible garantizar el
respeto a la "dignidad humana" y el "libre desarrollo
de la personalidad". Por tanto, estamos ante una crisis de la
política fundada sobre derechos para sustituirla por otra al
servicio de los beneficios económicos, sustitución que conduce
inevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda
clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza.
¿Dónde queda la ciudadanía democrática? Porque es evidente que
los derechos sociales, entre ellos el de la salud, son la condición
de una democracia basada en el pleno reconocimiento de la ciudadanía,
ciudadanía que debe ser una barrera ante políticas antisociales.
La
crisis acentúa la desigualdad social y favorece toda clase de
exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza.
Así
lo proclamó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (ONU)
celebrada en Viena en 1993: "Todos los derechos son universales,
individuales e interdependientes y están relacionados entre sí. La
comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma
global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles
a todos el mismo peso".
Naturalmente,
desde esta perspectiva se derivan automáticamente para todas las
Administraciones unas estrictas obligaciones de respeto, de
protección y de satisfacción, que se traducen en el deber de
disponer de recursos suficientes y garantizar la prestación de los
servicios correspondientes.
Si
la Constitución establece que debe garantizarse que la libertad e
igualdad sean "reales y efectivas" (art. 9.2), puede
afirmarse que los poderes públicos no solo no pueden empeorar los
niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben
actuar avanzando hacia cotas más altas de prestaciones. Es lo que se
llama principio de no regresividad o, mejor, de progresividad.
Es
decir, los derechos sociales pueden entenderse como irreversibles y,
en tal medida, cualquier actuación, por acción u omisión, de los
poderes públicos que limite gravemente su satisfacción está
afectando al derecho básico a la dignidad humana.
Consecuentemente,
el incumplimiento de los poderes públicos de su deber de prestación
en la sanidad puede entenderse como una forma de discriminación,
conducta constitucionalmente prohibida. Exigencias manifiestamente
incumplidas por el Gobierno de Cataluña.
La
violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida en
que constituye, como derecho propio de la ciudadanía, un derecho
cívico, obliga a plantearse la posibilidad de que las decisiones
políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean un
abuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal.
Si así fuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los
perjudicados y la fiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del
Código Penal castiga a las autoridades y funcionarios públicos que
"impidan" a los ciudadanos "el ejercicio de derechos
cívicos", en un precepto que contempla de forma genérica la
violación de derechos innominados que, por su trascendencia personal
y social, merecen una protección mas intensa como es la penal.
Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la
actual significación y alcance de los derechos sociales, el derecho
a la salud merece y necesita una más eficaz protección si queremos
construir una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, está
justificado advertir que una política sanitaria como la actual de
CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso, quienes la
denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además,
protegiendo preventivamente el derecho a la salud de todos los
ciudadanos.
Carlos
Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción.
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