Declaración en la Audiencia Nacional
Agentes de la Policía Nacional identifican a un grupo de simpatizantes de los cinco primeros detenidos por su supuesta implicación en los actos de acoso a diputados del Parlamento catalán el pasado 15 de junio. (EFE/Javier Lizón)
- Este viernes han declarado en la Audiencia Nacional tres de los imputados por acoso a diputados del parlament catalán el pasado 15 de junio en Barcelona.
El
juez Eloy Velasco les ha impuesto comparecencias quincenales; les
imputa un delito contra las altas instituciones del Estado castigado
con penas de cárcel.
Diez
personas han sido arrestadas esta semana por su implicación en los
hechos; los imputados han negado ante el juez que usaran la
violencia.
El
juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto, a
instancias de la Fiscalía,
comparecencias quincenales a tres de los imputados detenidos esta
semana por su presunta implicación en los actos de acoso a diputados
del Parlamento catalán el pasado 15 de junio.
Los
imputados, que han afirmado
que
no emplearon violencia en sus protestas -que
podrían constituir un delito contra las altas instituciones del
Estado-, tendrán asimismo que facilitar la dirección de su
domicilio habitual y un teléfono de contacto. Las declaraciones han
durado unos 45 minutos, pero, según fuentes jurídicas, los
imputados se han negado a contestar a las preguntas de la fiscal y de
la acusación popular.
Los
tres imputados, uno
de los cuales es un cámara que
se encontraba trabajando el día de los hechos, han dicho que su
actuación fue para "protestar por los recortes y la política
económica del Gobierno catalán" y han asegurado que no usaron
"métodos de violencia, coacción e intimidación".
Apoyo en la calle
Las
mismas fuentes han explicado que durante la comparecencia se les han
mostrado las imágenes aportadas por los Mossos d'Esquadra, que
identificaron a 22 personas presuntamente implicadas en los insultos
y zarandeos que sufrieron varios diputados que
pretendían acceder a la Cámara catalana para el debate de los
presupuestos autonómicos, con el que se abría la puerta a los
recortes.
Los
tres imputados se han reconocido en esas imágenes, han indicado las
fuentes, que no obstante han precisado que a los tres jóvenes no
se les aprecia una actitud violenta ni
enfrentamiento o contacto físico con los diputados catalanes, como
ellos mismos han asegurado ante el juez.
Mientras
los detenidos declaraban ante el juez Velasco, otras
cuarenta personasaproximadamente
del movimiento del 15M se han concentrado frente a las puertas de la
Audiencia Nacional detrás de una pancarta que rezaba: "Libertad
detenidas, Puig dimisión".
Los
concentrados gritaban lemas como "Barcelona
no está sola", "libertad de expresión, Policía no
"o"menos
Policía y mas educación", "jo tambe estava al Parlament"
o "Libertad, detenidos por luchar", después de que varios
de ellos hayan sido identificados por los agentes que custodian la
sede de la Audiencia Nacional y les hayan instado a cruzar a la acera
de enfrente de la calle Génova para no obstruir el paso.
"Criminalizar" el
movimiento
Tras
la declaración de los imputados, uno de sus abogados, Benet
Salellas, ha asegurado que estas detenciones y comparecencias ante el
juez responden a una estrategia con el objetivo de "criminalizar"
al movimiento del 15M y se ha preguntado si
se citará también a los diputados supuestamente
agredidos, ya que en ninguna de las imágenes se observan actitudes
violentas.
Velasco
también había citado para este viernes a
otros dos imputados detenidos esta
semana por su presunta participación en el cerco al Parlament, si
bien no han acudido a declarar ya que, según han informado las
defensas de los imputados que han comparecido, no había recibido las
notificaciones.
A
lo largo de esta semana, se ha arrestado al menos a diez personas,
que han sido conducidas posteriormente a comisaría para entregarles
la citación judicial; el jueves, nueve de la decena de imputados que
no habían sido detenidos se
personaron en Barcelona ante
el juez de guardia para evitar así su arresto, pero seis de ellos
fueron detenidos y trasladados a comisaría.
El
juez Velasco imputa a los detenidos un delito contra las altas
instituciones del Estado castigado en el Código Penal con entre tres
y cinco años de cárcel, mientras que el sindicato ultraderechista
Manos Limpias presentó
una querella por estos hechos por
ese mismo delito además de los de sedición y coacciones y amenazas.
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