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Crédito
de la fotografía: Food and Drug Administration
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El
escándalo de la reboxetina debería haber encendido todas las
alarmas. Aprobada en muchos países europeos desde finales de los 90,
la reboxetina
es el principio activo de un fármaco para la depresión clínica.
En
año 2010, un grupo de investigadores alemanes publicó
en el British Medical Journal un estudio que demostraba que no
sólo el medicamento era inefectivo, sino que, además, la compañía
farmacéutica había ocultado a la comunidad médica aquellos tests
que le eran desfavorables. De
7 ensayos clínicos contra placebo, 6 mostraban que la reboxetina no
era más eficaz que el placebo. Ninguno de esos 6 estudios fue
publicado en revistas científicas. Además, en los ensayos clínicos
contra otros antidepresivos, la compañía farmacéutica había
eliminado tres cuartas partes de los datos.
(Nota:
el artículo del British Medical Journal que destapó el caso es
gratuito y podéis
leerlo aquí).
Inexplicablemente,
en España la reboxetina sigue siendo comercializada por Pfizer bajo
los nombres “Norebox” e “Irenor” (números de registro 61969
y 63157en
la Agencia Española del Medicamento). La agencia federal que
supervisa los fármacos en los EEUU (conocida por sus siglas, FDA)
nunca aprobó la reboxetina por falta de eficacia probada.
Pfizer
no es la única compañía envuelta en un escándalo de ocultación
de datos científicos. En Febrero de 2010, el
Senado de EEUU publicó un
informe
donde se describe cómo la farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) no
sólo mintió sobre los riegos cardiovasculares de uno de sus
medicamentos contra la diabetes sino que además trató de silenciar
a los científicos que los advirtieron. La
FDA calcula que este fármaco produjo 83.000 infartos entre los años
1999 y 2007. Hace unos meses, GSK decidió declarase culpable ante
los tribunales norteamericanos.
El
caso se remonta a 1999. En varias conferencias científicas
celebradas aquel año, el Dr. John Buse, profesor en la Universidad
de Carolina del Norte-Chapel Hill, comenzó a advertir sobre los
posibles riesgos de la rosiglitazona,
un medicamento que suponía miles de millones de ingresos para GSK.
Tachi Yamada, entonces director de investigación de GSK, envió una
serie de emails
intimidatorios
a Buse, quien decidió cesar sus críticas.
Ben
Goldacre, doctor en Medicina e investigador en la Universidad de
Oxford, explora las razones de algunos de estos fraudes en
un libro que se publicará esta semana en el Reino Unido.
Según Goldacre, la regulación de la industria farmacéutica es
todavía deficiente. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas no
están obligadas a publicar todos los ensayos clínicos que realizan
y por lo tanto, los que se hacen públicos son casi siempre
favorables a sus intereses. Es también una práctica habitual que,
cuando investigadores universitarios aceptan financiación de una
farmacéutica, se les haga firmar un contrato por el cual no pueden
publicar ningún resultado sin el permiso de la compañía. Las
farmacéuticas financian además numerosas revistas y conferencias
médicas.
Al
igual que con la crisis bancaria, abandonar una industria
multibillonaria a las fuerzas del mercado, sin
una regulación adecuada, puede
tener consecuencias nefastas para todos.
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