Por
Joan Carles March Cerdà
El
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU exige
la accesibilidad
económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la
salud y
afirma: “Los
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al
alcance de todos (…) incluidos los grupos socialmente
desfavorecidos”.
Las
restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden
implicar para quienes sufran enfermedades crónicas, enfermedades
transmisibles y enfermedades mentales, suponiendo además un riesgo
para la salud de toda la población. Además, los Estados tienen la
obligación de proteger
a los miembros vulnerables de la sociedad,
incluso en épocas de limitaciones graves de recursos, que es cuando
deben redoblar dichos esfuerzos.
Por
una sanidad universal y gratuita.
- 1. SEISIDA promueve una campaña para que todos los profesionales de la salud del ámbito del VIH y el sida que lo deseen se adhieran a través de su página web con el fin de que todas las personas con VIH puedan ser atendidas en España, independientemente de su condición, raza o sexo. En concreto, SEISIDA hace un llamamiento a los profesionales sanitarios que atienden a personas con VIH y sida para que ejerzan su derecho de objeción de conciencia en este ámbito específico. A través de esta iniciativa, SEISIDA no sólo reconoce la importancia de las otras iniciativas puestas en marcha, sino que pretende apoyarlas y extenderlas a otros profesionales sanitarios, ya que la mayoría de objetores pertenecen al colectivo de médicos de atención primaria. SEISIDA ya advirtió de lo que esta situación puede suponer en el ámbito del VIH y el sida. No tratar, así como no diagnosticar, no sólo afecta las personas que son portadoras del VIH. Es una cuestión de Salud Pública y no sólo de igualdad y equidad. Asumir el coste del tratamiento del VIH resulta imposible para la mayoría de las personas que carecen de tarjeta sanitaria y, una persona sin tratar, no sólo atenta contra su salud individual, sino que supone un importante riesgo desde el punto de vista de salud pública debido a que aumenta su capacidad de transmitir el virus a otras personas, con o sin tarjeta sanitaria.
- 2. Otra iniciativa muy interesante es la de Médicos del Mundo
http://www.youtube.com/watch?v=7TRLkkoAvuE con una campaña en el que habla que con la reforma sanitaria entra en vigor una nueva violación de derechos humanos, que vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por nuestro país. Como María, una mujer boliviana de 32 años que dejó a sus hijos en su país y trabaja en el servicio doméstico sin contrato. Al enterarse de que su hijo mayor estaba gravemente enfermo, cayó en una profunda depresión con ideas suicidas, que requiere tratamiento farmacológico, proporcionado por su médico de familia. A partir de mañana no podrá seguir con su tratamiento, cuya medicación no se vende sin receta. O Petru que tiene la misma edad que María. Es natural de Rumanía y padece tuberculosis pulmonar con multirresistencia. Fue atendido en un hospital de Mallorca y sometido a aislamiento respiratorio. No cuenta con recursos económicos para continuar con su tratamiento, ni para combatir la tuberculosis, ni para comprar la insulina que necesita para su diabetes. Esta situación puede implicar además un problema de salud pública por el riesgo de transmisión de esta enfermedad. - 3. Una tercera iniciativa es la de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), que tratan de concienciar a la población general y los profesionales de la salud contra el real decreto ley 16/2012, que limita el acceso a la sanidad en nuestros país a aquellos que tengan sanitaria. Como decía el Presidente de la SEMFYC, Josep Basora, aquí no hay rastro de demagogia: detrás de las leyes, escritas en el inevitable lenguaje frío y neutro, están las historias en caliente de aquellos y aquellas con problemas de salud que experimentan el vértigo de la incertidumbre; detrás de los eufemismos está la tragedia real del paciente joven con una enfermedad crónica que vino un día a nuestro país, que trata hoy de abrirse camino y que no puede aguantarse las lágrimas cuando cuenta que ya está advertido en su centro de que su médico no podrá atenderle en la que debería ser la próxima cita.
- 4. Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC exigen que no se adopten represalias contra el personal sanitario que atienda a personas sin tarjeta sanitaria. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha subrayado que “excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad”.
- En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género en situación de irregularidad, se da la circunstancia de que su centro de salud, adonde suelen acudir tras recibir las agresiones, se convierte en punto esencial para la detección temprana y la identificación de las víctimas. Especialmente grave puede ser la situación de las personas enfermas de tuberculosis o de VIH/SIDA, enfermedad crónica que si no es tratada adecuadamente produce la muerte.
- Amnistía
Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y SEMFYC exigen al
gobierno el cumplimiento
íntegro de sus obligaciones internacionales.
Así lo hizo ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas, que advirtió a España de que la
reforma sanitaria no debe limitar el acceso de las personas a los
servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal. Por
tanto, el gobierno debe revisar de manera urgente los reales
decretos 16/2012 y 1192/2012.
Fuente: http://blogs.publico.es/joan-carles-march-cerda/2012/09/09/no-a-la-violacion-de-derechos-humanos-por-una-sanidad-universal-y-gratuita/
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