- Se les imputaba un delito contra altos organismos de la nación por instar a rodear el Congreso de los Diputados, pero el magistrado estima que "no hay delito"
- Siete de los ocho han prestado declaración este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
- El octavo, Antonio López, no ha acudido a la cita alegando "objeción de conciencia" porque no reconoce los delitos que se le imputan.
- Decenas de personas se han concentrado en el entorno de la Audiencia Nacional en apoyo a los acusados.
- PDF del auto judicial, en el que se señalan "excesos" en la actuación policial.
VICTORIA
LUNA / MIRENTXU MARIÑO. 04.10.2012 - 14.15h
El
juez de la Audiencia Nacional Santiago
Pedraz ha
archivado este jueves la causa contra los ocho imputados por promover
las protestas
celebradas en pasado 25 de septiembre en
los alrededores del Congreso de los Diputados. A todos se les acusaba
de un delito
contra altos organismos de la Nación por
instar a rodear el edificio parlamentario.
En
el auto por el que el juez ha decretado el archivo de las
diligencias, el magistrado estima que "de lo actuado no
puede decirse que
los hechos sean constitutivos de delito, ni siquiera de los previstos
en el Código Penal contra las Instituciones del Estado".
En
el atestado policial no aparece atribuido el delito contra las
Instituciones del Estado"
En
el atestado policial no aparece atribuido el delito contra las
Instituciones del Estado"
Asimismo,
Pedraz ha hecho constar en el texto que el 28 de septiembre se
recibió en ese juzgado "copia,
que no original",
del atestado policial en el que se describía lo acontecido el 25-S y
en el que se calificaban los hechos denunciados como "resistencia,
desobediencia, atentado a agente de la autoridad y desórdenes
públicos". "No aparece atribuido, pues, el delito contra
las Instituciones del Estado", detalla el juez.
A los ocho se les imputaba un delito
tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que se refiere a
"los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra
clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del
Senado o de una Asamblea
Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando
su normal funcionamiento".
En
el acta no consta alteración alguna del normal funcionamiento en la
sesión del Congreso de los Diputados"
Antes
de tomarles declaración, Pedraz revisó el diario de sesiones del
Congreso de los Diputados para comprobar si se alteró el orden del
pleno el pasado día 25 por la convocatoria Rodea del Congreso. A
este respecto, el auto concluye que "en el acta no consta
alteración alguna del normal funcionamiento en la sesión". "La
larga sesión se desarrolló normalmente. Por tanto, el
delito no pudo cometerse", añade.
Defensa de la libertad de expresión
"Exigir
un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante
la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la
Jefatura v del Estado o abolición de la actual Constitución [...]
en modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no
existe tal delito en nuestra legislación penal, sino porque de
existir atentaría
claramente al derecho fundamental de libertad de expresión",
explica el magistrado.
"No
cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más
que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco
constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de
opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de
actualidad, máxime ante la convenida decadencia
de la denominada clase política",
agrega el auto.
A este respecto y tras declarar, Chema Ruiz, uno de los imputados, perteneciente a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha asegurado que van a seguir manifestándose en los alrededores del Congreso, porque es su "derecho".
A este respecto y tras declarar, Chema Ruiz, uno de los imputados, perteneciente a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha asegurado que van a seguir manifestándose en los alrededores del Congreso, porque es su "derecho".
Críticas y reproches a la policía
Las
referencias a los "excesos"
en la actuación policial"
son constantes en el texto, empezando por una aclaración: "En
ningún modo" el juzgado central de instrucción número uno de
la Audiencia Nacional, del que el juez es titular, "acordó"
aceptar o rechazar competencia alguna respecto a los 35 detenidos por
los incidentes ocurridos en la manifestación, "sencillamente
porque nadie se lo ha planteado".
Es la Policía, dice el juez, la que tiene que poner a los detenidos a disposición del juzgado que corresponda, teniendo en cuenta el delito cometido."Lógicamente, si a ninguno se le imputaba un delito competencia de la Audiencia Nacional habría de ponerlo a disposición del juzgado del lugar en que se hubiere cometido", reitera. Pedraz usa expresiones como "la gravedad aventurada por la Policía no era tal (ocupar realmente el Congreso)".
Por otro lado, el juez critica la actuación posterior de la Brigada Provincial de la Policía, que —según dice— no puede ahora —"sorprendentemente"— imputar a cinco de los detenidos delito alguno o hacer nuevas valoraciones de los hechos ante la Audiencia Nacional, ya que los arrestados dependen exclusivamente del juzgado de instrucción de Madrid, que debe ser quien decida sobre la competencia.
"De ninguna forma, la unidad policial puede 'sustraer' unos hechos concretos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado para que otro juzgado conozca de ellos, pues constituye claramente un exceso en las funciones propias de la policía judicial", afirma. Pedraz ha sido informado este mismo jueves de esto y lo hace constar en el auto.
"Objeción de conciencia"
De
los ocho acusados, siete han prestado declaración ante el juez en la
sede de la Audiencia Nacional desde las 11 de la mañana.
El
octavo, Antonio López, no ha acudido a la cita con el magistrado
alegando
"objeción de conciencia" y
porque no reconoce los delitos que se le imputan, aunque sí que ha
ido a las puertas del tribunal. Es miembro de la plataforma En Pie!
—una de las convocantes del 25-S— y del sindicato SAT.
López,
jornalero de Granada que fue identificado también el pasado 15-S, ha
explicado a los periodistas congregados en la calle Prim de Madrid
que asumiría
una posible detención,
si así lo decretaba el juez, pero que si era multado no pagaría la
sanción. Por otro lado, habló de la querella que ha presentado
contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes: "Ahora
los que imputamos somos nosotros", ha añadido.
Por su parte, Doris Benegas, otra de las imputadas, ha dicho al salir de la Audiencia Nacional que deberían ser los parlamentarios los que "escuchen a los ciudadanos" y que la causa contra ella y los otros ocho manifestantes no tenía mucho sentido. Uno de los presentes en la sala donde han declarado los siete imputados ha relatado que Benegas "ha dejado sin palabras en dos ocasiones" al fiscal.
Los imputados han contestado, uno a uno, al juez que ellos no pretendían alterar el funcionamiento del Congreso de los Diputados ni impedir el paso a sus instalaciones de los diputados, han explicado a la salida.
Por su parte, Doris Benegas, otra de las imputadas, ha dicho al salir de la Audiencia Nacional que deberían ser los parlamentarios los que "escuchen a los ciudadanos" y que la causa contra ella y los otros ocho manifestantes no tenía mucho sentido. Uno de los presentes en la sala donde han declarado los siete imputados ha relatado que Benegas "ha dejado sin palabras en dos ocasiones" al fiscal.
Los imputados han contestado, uno a uno, al juez que ellos no pretendían alterar el funcionamiento del Congreso de los Diputados ni impedir el paso a sus instalaciones de los diputados, han explicado a la salida.
Pancartas y consignas de apoyo
Mientras
se producían las declaraciones, en el entorno de la Audiencia
se
concentraron varias decenas de ciudadanos que
intentaron acompañar hasta allí a los acusados para mostrarles su
solidaridad. No obstante, agentes de policía los retuvieron a la
altura del paseo de Recoletos, una manzana más abajo, y no los
dejaron acercarse a las puertas, en la calle Prim.
Los
manifestantes portaban pancartas en las que podían leerse lemas
como: "Los de dentro del Congreso sí atentan contra el Estado"
o "Dejar impunes a banqueros y corruptos es atentar contra el
Estado", a la vez que coreaban consignas como
"No
estáis solos" o
"No tenemos miedo". Cuando los imputados abandonaron la
Audiencia, los congregados estallaron en aplausos.
El
auto concluye con que la resolución no es firme y contra la misma
cabe recurso de reforma y apelación. El juez tiene pendiente además
responder
a la inhibición cursada
por la juez de instrucción de Madrid
Rosario Espinosa relativa
a los desórdenes provocados por los
35 detenidos en las inmediaciones del Congreso
el día de la protesta.
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