SEÑALA
QUE LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS CORRESPONDE SOLO AL
ESTADO
El
Consejo de Estado concluye que el euro por receta es inconstitucional
El
Consejo
de Estado
que
preside el ex ministro de Sanidad del PP, Romay
Beccaría,
considera inconstitucional la aplicación del euro por receta en
comunidades como Cataluña y Madrid. El órgano asesor del Gobierno
se pronunció así en un dictamen emitido el pasado 21
de junio a
propuesta del ministro de Hacienda, Cristobal
Montoro,
en el que explicaba sus dudas sobre la constitucionalidad de dicha
tasa que, por aquel entonces, solo estaba fijada en Cataluña y que,
recientemente, se ha incluido también en Madrid, que lo aplicará a
partir del 1 de enero de 2013. El informe
(PDF)
fue
aprobado con el voto particular de los consejeros Teresa
Fernández de la Vega,
Fernando
Ledesma y
Enrique
Alonso,
que, en contra del criterio de la mayoría, no consideran que haya
argumentos suficientes para determinar su inconstitucionalidad.
La
Comisión Permanente del Consejo de Estado considera que las
Comunidades Autónomas no pueden incidir “ni directa ni
indirectamente” en la fijación del precio de los medicamentos que
son objeto de financiación pública, por ser ésta cuestión una
competencia exclusiva del Estado consagrada en el artículo
149.1.16ª de la Constitución. Por ello, la aplicación de esta
tasa, que tanto Madrid como Cataluña han justificado por su "efecto
disuasorio", supondría "una ruptura de la exigencia
constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se
produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del
Estado".
“Precisamente
por ello –concluye el dictamen, que
no es vinculante-
no cabe admitir que, en ejercicio de su potestad tributaria, las
Comunidades Autónomas impongan gravámenes cuya exacción comporte,
en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos
hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto
sanitario. Este es precisamente el efecto que provoca la tasa
prevista en el artículo 41 de la Ley catalana 5/2012 (el citado euro
por receta), cuyo
establecimiento tiene una clara repercusión sobre el coste final de
los medicamentos o
productos sanitarios que se dispensen en el territorio de Cataluña,
ya que, como consecuencia de la exacción de este tributo, las
personas a las que se prescriba un medicamento en dicho ámbito
territorial se verán obligadas a pagar por cada receta un euro más
que los restantes usuarios del Sistema Nacional de Salud”.
Rajoy
podría pedir su supensión
Para
el organismo, la aplicación del euro por receta entra también en
conflicto también con las previsiones del artículo 149.1.1,
que establece el hecho de que corresponde al Estado la competencia
exclusiva para "la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".
Y concluyen, así mismo, que en este orden de ideas se funda la Ley
estatal 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, que, al enunciar los principios generales que la
informan, menciona expresamente "la prestación de los servicios
a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de
igualdad efectiva y calidad" y "la financiación
pública del Sistema Nacional de Salud de acuerdo con el vigente
sistema de financiación autonómica". El artículo 23 de dicha
norma señala también que "todos los usuarios del Sistema
Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias
reconocidas en esta Ley en condiciones de igualdad efectiva".
Con
estos argumentos, el Gobierno de Mariano Rajoy se puede cargar
de razones para llevar impugnar ante el Tribunal Constitucional el
artículo 41 de ley 5/2012 que fijó el euro por receta en Cataluña
y de la norma madrileña que ha incluido esta tasa en los
presupuestos de la región. El presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, ya mostró recientemente su rechazo a esta medida porque
supone, dijo, que los ciudadanos "paguen dos veces" por sus
medicamentos. Rajoy abogó por abrir una negociación con Madrid y
Cataluña para lograr su retirada, aunque avisó que podría
recurrir, finalmente, al Alto Tribunal. El asunto ha reabierto,
además, una batalla política con el PP de Madrid y con su
presidenta, Esperanza Aguirre, que ha señalado públicamente,
que la medida "no contradice ningún principio del Partido
Popular". Si el Gobierno decidiese recurrir, el Constitucional
podría decretar, ipso facto, la suspensión temporal del euro
por receta.
De
la Vega no ve argumentos suficientes
El
dictamen del Consejo de Estado tiene, sin embargo, tres votos
particulares de De la Vega, Ledesma y Alonso, en el que
exponen que no ven argumentos suficientes para concluir que la
aplicación del euro por receta sea inconstitucional. La ex
vicepresidenta del Gobierno señala que "por razones de urgencia
no pueden articularse in extenso las razones que en detalle explican
esta posición". Entienden, eso sí, que "no es suficiente
argumento de que la tasa incida sobre los precios finales de los
medicamentos" y señalan que dicha desigualdad también se
produce en los cambios introducidos para modificar las tasas
judiciales, sin que nadie haya pedido la impugnación de dichas
tasas.
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