Las
revistas cobran al autor por la revisión y al cliente por conocerla
Libre acceso a la ciencia pública
Londres rompe las reglas del juego y obliga a difundir gratis los estudios pagados con dinero estatal La medida beneficiará desde 2014 a lectores de todo el mundo.
El País, Madrid
Walter Oppenheimer / Emilio de Benito Londres / Madrid
Libre acceso a la ciencia pública
Londres rompe las reglas del juego y obliga a difundir gratis los estudios pagados con dinero estatal La medida beneficiará desde 2014 a lectores de todo el mundo.
El País, Madrid
Walter Oppenheimer / Emilio de Benito Londres / Madrid
Saber
es poder y en ciencia ese conocimiento solo se demuestra de una
manera: publicando. Pero este proceso introduce un factor ajeno a la
investigación en sí y quien la financia: las editoras de revistas.
Por ejemplo, si un investigador descubre una molécula, lo primero
que hará será enviar el trabajo a una publicación científica.
Solo entonces dejará que sus colegas sepan cómo ha hecho sus
trabajos y sus resultados. Y estos tendrán que pagar, en muchos
casos, una cuota de suscripción a la revista correspondiente si
quieren leer el artículo. La editora correspondiente no solo se
encarga de llevar al papel el trabajo. También aporta un valor
añadido: la revisión por otros científicos independientes del
resultado. Es lo que da garantía y lo que hace que unas
publicaciones sean más prestigiosas que otras. Y algo por lo que
también cobran.
Pero
Internet ha cambiado esto. Igual que con la prensa generalista, hay
webs, de prestigio creciente, que ya permiten el acceso abierto a
todo lo que publican. Y se plantea un caso que hasta hace poco no se
discutía: ¿por qué una editorial se beneficia de un trabajo que ha
contado con financiación pública? Esta pregunta ha animado la
controversia, y el movimiento por un libre acceso gana adeptos.
El
mayor empuje lo ha dado el Gobierno británico, que acaba de decidir
que, dentro de dos años, todos los estudios científicos publicados
que hayan sido subvencionados con dinero público deberán ser de
acceso gratis para todo el público, sean de donde sean y se dediquen
a lo que se dediquen. La decisión, que sigue casi al pie de la letra
las recomendaciones elevadas en junio por un grupo de expertos
encabezados por Janet Finch, es consecuencia de la creciente
oposición en medios científicos al negocio de algunas publicaciones
con sus trabajos.
Los
artículos son la medida de calidad de los trabajos de investigación
Sin
embargo, la medida no está exenta de polémica. Especialmente por el
hecho de que el Gobierno se ha decantado por el llamado sistema oro,
por el que los autores publican de forma abierta e inmediata en
Internet todos los artículos cuando salen en la revista. Algunos
científicos se inclinan por el llamado sistema verde, por el que los
autores publican sus trabajos en una revista científica y pasado un
tiempo archivan una versión en la institución para la que trabajan
para su uso público.
Con
el sistema por el que se decanta el Gobierno británico, sin embargo,
no se cierra completamente qué opción se va a elegir. En los
próximos dos años, universidades y editores negociarán acerca del
precio a pagar por la publicación en la revista y de otros tipos de
suscripciones que “deberían tener en cuenta las implicaciones
financieras del cambio a publicación en abierto y revistas híbridas,
de la extensión de las licencias y de los cambios resultantes en los
ingresos que reciben los editores”.
Es
decir, las universidades seguirán pagando a las revistas
especializadas, pero a diferencia de lo que ahora ocurre, las
revistas no podrán obligar al público a pagar por acceder a su
lectura. En la actualidad, las revistas que tienen más impacto
académico son precisamente aquellas que no tienen una política de
acceso abierto a su contenido.
Las
revistas cobran al autor por la revisión y al cliente por conocerla
El
Gobierno estima que a la larga las universidades ahorrarán dinero
con esta fórmula, aunque eso puede depender de los acuerdos que
alcancen con las revistas. En la actualidad, las universidades
destinan unos 255 millones de euros al año a pagar por la
publicación de artículos de sus científicos. Pero ha causado
decepción que el Gobierno decidiera que los 64 millones anuales que
va a costar el periodo de transición tengan que pagarse con el
dinero público ya asignado a la ciencia. Este aspecto —que se paga
por publicar— ha sido bien recibido por editores como el de Nature.
Un portavoz señaló a EL PAÍS que “da la bienvenida” al
proceso, aunque urgió a los organismos oficiales británicos a que
aclaren “cómo van a repartir los fondos” para ello.
“Suprimir
los actuales pagos para acceder a la lectura de los artículos de
investigaciones financiados con dinero público va a tener enormes
efectos económicos y sociales”, declaró el ministro británico de
Universidades y Ciencia, David Willetts. “Va a permitir a los
académicos y al mundo de la empresa desarrollar y comercializar sus
investigaciones de manera más fácil y pregona una nueva era de
descubrimientos académicos”, añadió.
La
paradoja es que mientras el resto del mundo podrá acceder gratis a
los trabajos científicos pagados por los contribuyentes británicos,
estos tendrán que seguir abonando por los publicados en otros
países. En opinión de Willetts, sin embargo, la iniciativa va a
acelerar el debate sobre el acceso gratuito a los trabajos
científicos que ya hay en EE UU y la UE. Además, algunos
científicos creen que el problema actual de la ciencia no es lo que
cuesta la suscripción a una revista (209 euros al año a Nature;
25,75 euros por un artículo en The Lancet), sino que para publicar
hay que pagar. Eso hasta en las revistas gratuitas, como PLOS, que
lidera el movimiento desde 2000. “Si se quiere mantener el rigor en
la selección, hay unos costes”, afirma María Gasset,
vicepresidenta adjunta del área científico-técnica del CSIC y
editora de PLOS. Ella no cobra por su trabajo en la revista, pero los
autores deben aportar unos 1.300 euros para publicar, ya que hay que
pagar a los maquetadores, infógrafos, los programas... etcétera.
La
idea del acceso abierto gana adeptos. Como destaca Alicia Fátima
Gómez, responsable de la biblioteca del Centro Nacional de
Investigaciones Cardiológicas (CNIC), la UE lleva años promoviendo
el acceso abierto. España no está, al menos en teoría, al margen.
La Ley de Ciencia de 2011 recoge en su artículo 37 el fomento de la
“difusión en acceso abierto”. El modelo español es del tipo
verde, dando un plazo a las revistas tradicionales para que exploten
la información antes de la obligatoriedad de poner a disposición
universal y gratis los artículos en un repositorio de Internet. El
problema, admite Gómez, es que ese sistema “cuesta mucho”. Hay
que crear las bases de datos de artículos y hacerlas accesibles de
una manera ordenada. El CNIC estudia crear una con dos organizaciones
afines, el Carlos III y el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO).
Hay
otro inconveniente. Como se explicaba al principio, para los
científicos lo importante es publicar en una revista de impacto. Y,
de momento, estas son, en general, las de pago. “Actualmente, es
imposible seguir todo lo que se escribe sobre un tema”, dice
Gasset, y, en ese caso, seguir las publicaciones punteras es una
garantía. Aunque eso también está cambiando. Precisamente hoy la
revista BMC Medicine publica un artículo en el que afirma que el
impacto de las publicaciones de pago y gratuitas se está igualando.
Claro que BMC es de las últimas, así que son datos a confirmar.
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