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jueves, 30 de julio de 2015

Atado y bien atado: la Inspección Sanitaria certifica que la actividad privada del Clinic es legal

2015-07-30
Que el "modelo catalán" es diferente del resto del estado es una obviedad, aunque el origen de los consorcios sanitarios es más oscuro, pero lo que es innegable es que en Catalunya, desde el mismo momento de las transferencias sanitarias en 1981, hace ya casi 35 años, partidos politicos de todos los colores han gestionado la sanidad, incluidos los que ahora se intentan confundir en el paisaje de "Catalunya Sí que es Pot", y todos ellos han aceptado el modelo privado preponderante, y ninguno de ellos ha defendido ni siquiera la estatalización de los centros privados (todos ellos mantenidos con fondos públicos). Durante décadas, todos los partidos politicos sin distinción, han ocupado de buen gusto los sillones de los consejos de administración, mientras el modelo se privatizaba cada vez mas y se permitía al sector médico que tuviera interés, trabajar tambien en el sector privado puro. En este sentido, las denuncias, en algunos casos de carácter viral, de los ultimos años sobre una supuesta privatización de CiU, olvidan a propósito las causas profundas del proceso secular de privatización del modelo catalan, y mucho nos tememos, persiguen simplemente intereses personales politicos puros y duros.

LA NOTICIA:
  • La inspección sanitaria da el visto bueno a la actividad privada del Clínic.
  • El Parlament pidió en febrero garantías de que no había desvío de pacientes
  • El debate sobre si los centros públicos deben o no hacer de privados se discutirá a partir de septiembre
La inspección sanitaria a la que se encargó analizar posibles irregularidades en la utilización de recursos públicos en la parte privada del Clínic, Barnaclínic, ha presentado en el Parlament su informe favorable a la entidad. La cámara, a petición de todos los partidos excepto CiU instó al Catsalut a que se inspeccionara la actividad de esta planta privada del Clínic para dirimir si se estaba utilizando recursos públicos en beneficio privado, si se había inducido a algún paciente del hospital a pasar a la parte privada y acerca del sistema retributivo de los profesionales que trabajaban en ambas actividades. La sombra de la duda cayó sobre los profesionales sanitarios y en los gestores del Clínic y su Barnaclínic que llevaba funcionando diez años sin que nadie indagara nada. El malestar empujó a los médicos a pedir amparo al Parlament frente a las acusaciones de algunos grupos parlamentarios.

Según el informe que el departamento de Salut presentó ayer en el Parlament, después de seis visitas de inspección concluye que las instalaciones del hospital no han tenido ninguna restricción en su actividad pública por el uso privado y tampoco se ha encontrado ninguna reclamación por una derivación indebida de la sanidad pública a la privada. En el análisis de todos los pacientes atendidos entre octubre del 2014 y febrero del 2015, 171 personas, 18 de ellos (11%) habían sido atendidos alguna vez en el Clínic público pero, según comprobaron, todos ellos habían firmado un consentimiento libre voluntario e informado de atención sanitaria privada. Y entre los motivos para acudir a Barnaclínic, ninguno alegó que lo hicieran inducidos por un médico.

En cuanto al uso de las instalaciones, dos de las 438 intervenciones realizadas por la privada a lo largo del 2014 se realizaron en horario de mañana sin que la urgencia lo justificara y, según la inspección, en ambos casos comprobaron que el quirófano quedó libre a esa hora. En sus recomendaciones, la inspección cree que el hospital debería atenerse a las recomendaciones generales de la asociación de centros sanitarios CSC (que agrupa a la mayoría de hospitales públicos y sin ánimo de lucro) de que la privada se haga sólo por la tarde, para que quede claramente diferenciada de la actividad principal que contrata el Catsalut. Sobre quién paga al personal que atiende a los pacientes privados, la inspección ha descubierto que nadie del hospital había pedido a la administración que les permitieran esta compatibilidad, algo que prácticamente no ha hecho ningún profesional en Catalunya.

El trámite ya se ha puesto en marcha. También explica con detalle cómo se factura a los pacientes de Barnaclínic todo lo que se usa del resto del hospital, incluido el trabajo de urgencias, de la UCI o de pruebas diagnósticas. El informe de la inspección no entra en el fondo del debate de si es correcto que los hospitales del sistema público tengan actividad privada. Esa cuestión se discutirá en el grupo de trabajo ya creado por petición del Parlament, y que se reunirá en septiembre, en el que participan sociedades científicas, proveedores sanitarios, grupos parlamentarios y el servei Català de la Salut.

Fuente: 

miércoles, 6 de marzo de 2013

Listas de espera a medida de Boi Ruiz


El consejero de Salud Boi Ruiz. 
JOAN SÁNCHEZ
El consejero de Salud, Boi Ruiz, compareció ante el Parlamento a principios de febrero para hacer algo poco frecuente en estos tiempos: dar una buena noticia. Según Ruiz, el número de personas que esperaban para ser operadas de alguna de las 14 intervenciones garantizadas había descendido un 12%. También lo había hecho el tiempo medio de espera, según explicó el consejero, en un anuncio que dejó a la oposición perpleja. ¿Cómo es posible mejorar las listas de espera al tiempo que se aplican unos durísimos recortes? La respuesta es: con trucos contables, presentando solo los datos más favorables y olvidando los peores.

Y algunos datos son negros. El tiempo medio de espera de las personas operadas aumentó un 35,7% en un solo año, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, según la información publicada por Salud días después de la intervención del consejero. En 7 de las 14 operaciones cuyo tiempo de espera máximo está garantizado por ley (seis meses), Salud ha incumplido ese límite. Es el caso de las intervenciones de prótesis de rodillas y cadera, con un efecto muy importante sobre la calidad de vida de los pacientes, el tiempo medio de espera ha sido de 9,7 y 7,6 meses, respectivamente. La espera para la operación de varices ha aumentado un 50%... 

La publicación de estos datos ha estado rodeada de polémica. El aumento de las listas de espera desde la aplicación de los recortes es un quebradero de cabeza para el departamento, al tratarse de uno de los efectos más visibles del tijeretazo. Quizás por ello Salud decidió en la última actualización semestral dar un dato nuevo. En lugar de publicar el tiempo medio de espera de los pacientes ya operados —que ha aumentado para las 14 intervenciones—, hizo público otro parámetro: el tiempo medio de espera de las personas pendientes de ser operadas, este mucho más favorable, ya que en diciembre había descendido para todas las operaciones una media del 15,9%.

El indicador informa de cuánto llevaban esperado en diciembre de 2012, cuando se hace esa foto fija, los pacientes pendientes de operación, en comparación con los pacientes que esperaban una operación en diciembre de 2011. Es una medida cuestionable para valorar las listas de espera. “Ese parámetro es un futurible, que en todo caso te indica cómo puede evolucionar el problema. Es el otro parámetro el que refleja la realidad, lo que ha sucedido de verdad”, argumenta Marian Rodríguez, de la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS), el grupo que descubrió la estratagema. Solo después de la denuncia de la PARS en un blog, Salud modificó la primera versión del documento e incluyó el segundo parámetro. 

Un 2011 “anómalo”

La consejería defiende que ha priorizado la intervención de las personas que llevaban más tiempo en la lista y que ha conseguido disminuir la cantidad de pacientes que esperan una operación. Después de un 2011 “anómalo”, el número de pacientes que esperan una operación es de 70.800, unos 9.700 menos que el año anterior, defendió el departamento. Para Josep Vendrell, portavoz de Sanidad de ICV, la situación sigue siendo “muy grave”. “Exigimos al consejero que comparezca de forma inmediata para explicar si hubo voluntad de maquillar esos datos”, declaró Vendrell. La exconsejera de Salud, Marina Geli, mostró su sorpresa por la utilización de ese nuevo parámetro y pidió “claridad” al departamento en las informaciones que publica. “Han quitado de la página web el histórico de las listas de espera”, denunciaron tanto Geli como los miembros de la PARS.

sábado, 27 de octubre de 2012

La Generalitat abandona a los más pobres

  • El Gobierno catalán ha retirado la renta básica a miles de personas
  • Las personas que superan los nuevos filtros tienen que esperar unos diez meses para recibir el dinero
  • Sólo en Barcelona existen 1.414 expedientes aprobados a la espera de que la Generalitat pague
Jordi Mumbrú - Barcelona
25/10/2012

El debate sobre la independencia en Cataluña ha eclipsado el resto de informaciones y está monopolizando la precampaña electoral. Los graves problemas sociales que sufren miles de catalanes han quedado relegados a un segundo plano, una situación que favorece al PP y sobre todo a CiU, las dos formaciones que desde el Gobierno central y la Generalitat han liderado los recortes sociales más drásticos desde la transición.

Conscientes de esta situación, los partidos de izquierdas del Parlament, PSC, ERC e ICV, han forzado a la Diputación Permanente (el órgano que representa a la Cámara tras su disolución) a reclamar la comparecencia del conseller de Empresa, Francesc Xavier Mena y del de Bienestar Social, Josep Maria Cleries, para que den explicaciones sobre uno de los mayores escándalos del Govern de CiU: el impago de las rentas mínimas de inserción (RMI), el anterior PIRMI.

Esta ayuda es una paga de entre 105 y 640 euros que reciben las personas en riesgo de exclusión que ya han agotado el paro y el subsidio por desempleo. Con lo que será la última sesión en el Parlament, el antiguo tripartito podrá, al menos por un día, dejar a un lado la discusión sobre la independencia y entrar de lleno en el debate social. Los políticos de izquierdas intentarán así arrojar luz sobre uno de los temas que el Govern trata con más oscuridad. Sólo un dato: los servicios de comunicación de las consejerías afectadas se niegan a dar la cifra de las personas que actualmente cobran esta ayuda. Por suerte hay otras fuentes.

Los recortes sociales llegaron al RMI en agosto del 2011, justo el mes en que los servicios sociales hacen vacaciones. El Gobierno decía haber detectado que algunas personas se estaban aprovechando de la ayuda y que la situación se había “descontrolado”, según fuentes de la consejería. El Gobierno decidió dejar de pagar estas ayudas básicas y pidió a los servicios sociales, que estaban de vacaciones, que advirtieran a los afectados que si querían seguir cobrando, se tenían que presentar en sus oficinas. También lo comunicaron por carta a los afectados.

Es decir, aplicaron el criterio de que todos los casos eran fraudes y que se tenía que demostrar lo contrario.

Caos inevitable

El orden que pretendía encontrar la Generalitat se convirtió en caos: miles de familias sin recursos se quedaron sin la única ayuda que recibían; las pocas oficinas de servicios sociales que quedaban abiertas no daban abasto porque, además de estar bajo mínimos, no habían recibido ningún aviso previo y los funcionarios de guardia no sabían qué responder.

Tras retirar todas las pagas, el Gobierno miró con lupa los casos más sospechosos y retiró el subsidio a 4.500 personas o familias, que estaban viviendo en el extranjero o que no habían notificado el cambio de domicilio, dos de los requisitos para cobrar la ayuda. A principios de agosto de 2011, había 32.000 expedientes aprobados, algunos de los cuales eran de familias enteras.

Ese mismo mes, el Gobierno, con la ayuda del PP, aprobó una ley para aumentar el filtro de las personas que tienen derecho a cobrar la RMI. Se calcula que con el nuevo filtro han quedado fuera de la ayuda unas 6.000 personas que antes tenían derecho a percibirla.

Los problemas no terminan aquí: tras anular 4.500 expedientes que se consideraban fraudulentos y endurecer el filtro para ahorrarse la ayuda de 6.000 afectados más, han llegado los retrasos en los pagos. Después de que una persona o familia supere el nuevo filtro, tiene que esperar unos diez meses para recibir la paga. Esta situación es grave si se tiene en cuenta que para pasar el filtro hay que demostrar que se carece de “los medios necesarios para atender las necesidades básicas de la vida” y haber estado 12 meses sin que nadie de la familia “haya percibido unos ingresos superiores a la prestación de la RMI”.

De esta manera, antes de cobrar esta ayuda, una familia en riesgo de exclusión puede estar hasta 22 meses sin ningún ingreso.

1.414 casos congelados sólo en Barcelona

La negativa de la Generalitat a informar de los casos abiertos obliga a buscar otras fuentes oficiales. El Ayuntamiento de Barcelona, en respuesta a una pregunta de ICV, reconoció que sólo en Barcelona existen 1.414 expedientes aprobados a la espera de que la Generalitat pague. Cabe recordar que un expediente puede significar una familia entera, con niños incluidos.

Ricard Gomà, el concejal de ICV que logró que al menos la cifra de afectados de Barcelona saliera a la luz, ha explicado a eldiario.es que el equipo de Artur Mas está incumpliendo la ley ya que “un Gobierno puede endurecer las condiciones de acceso pero no puede dejar de pagar los casos reconocidos”. Para Gomà, se trata del “recorte más cruel, sólo equiparable a la decisión del PP de dejar a los inmigrantes sin sanidad pública”.

Fuentes de la consejería de Empresa explicaron que se ha destinado una partida de 130 millones de euros para esta paga y recordaron que no se puede destinar ni un euro más porque “Madrid obliga a cumplir con el déficit”. Hasta ahora, en los presupuestos se destinaba una partida similar pero si se tenía que aumentar, se hacía, ya que se consideraba una ayuda primordial.

Con la ausencia de las ayudas sociales públicas, todo el peso ha recaído sobre las entidades del tercer sector. Cáritas Diocesana es una de las más importantes. La responsable de Programas y Servicios en Barcelona, Mercè Darnell, ha seguido muy de cerca la polémica de la RMI ya que su entidad se ha visto obligada a ofrecer más servicios.

“Cada vez hay más desigualdades sociales y la pobreza dura más tiempo y es más intensa”, explica. Darnell considera “pura demagogia” hacer creer que hay personas que no tienen trabajo porque no lo están buscando: “Si no tienes casa porque te han embargado y tus hijos pasan hambre, ¿cómo te vas a apuntar a un curso de formación que además no sirve para nada?”, se pregunta Darnell. “Si hemos pasado del 5% de paro al 30% no es porque la gente ha dejado de buscar”, razona la experta, que denuncia que ante esta situación de más necesidad es cuando se están reduciendo las ayudas.

Sin piso ni ingresos

Algunos de los ejemplos que pone Darnell se pueden encontrar en la cola del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que acaba de centralizar sus oficinas en el Poblenou de Barcelona. Es el caso de Bahija, de 45 años, que ha venido a la nueva oficina acompañada de sus dos hijas. Ella estaba en Marruecos en agosto del 2011 y le retiraron la ayuda.

Desde entonces intenta recuperarla pero no lo ha conseguido. Sus hijas, escolarizadas en Cataluña, cuentan que a mediados de septiembre les echaron de casa por no pagar el alquiler y que ahora viven en casa de unos amigos. No tienen ni piso ni un solo ingreso. Algo parecido le pasa a Mimoun Lamiarrd, de 37 años y origen marroquí. En agosto pidió permiso para ir a Francia a buscar empleo pero no logró encontrar nada porque su documento sólo le permite trabajar en España, donde lleva 16 años.

Durante su breve etapa en Francia dejó de cobrar la ayuda pero desde que ha vuelto no ha logrado recuperarla. “Cuando me la concedieron la otra vez, tardaron cinco meses en pagarme”, explica con resignación. Mientras hablamos suena el teléfono de Luz Marina, su acompañante de 27 años. Ella es una enfermera colombiana. La conversación telefónica le cambia la cara. Él sonríe porque ya sabe de qué se trata. Le han dicho que sí, que mañana empieza a trabajar en Acciona, en el puerto de Barcelona.

Muchos de los inmigrantes consultados coinciden en que desde los servicios sociales les han dicho que ya se ha acabado el trabajo en España y que regresen a su país. Quien coincide con este argumento es Joaquín González, que sufre una minusvalía del 65%. La asistenta social le aseguró que hasta que el Estado reconociera su minusvalía y aprobara su Pensión no Contributiva de Invalidez le pagarían la Renda Mínima pero no ha sido así: “Al final han tardado cinco meses en responderme, pero ahora me dicen que si me la han concedido ya puedo estar contento y que los atrasos no los voy a cobrar porque no hay dinero”, lamenta.

Darnell, desde Cáritas, tiene muy presente casos como los de Joaquín. “Hay personas con disminuciones o con enfermedades mentales no diagnosticadas o mujeres maltratadas que muy difícilmente van a encontrar trabajo. No les podemos culpabilizar de no encontrar trabajo porque no lo hay”. Darnell considera “claramente insuficiente” el dinero que la Generalitat destina en los presupuestos a la RMI. Si el objetivo es evitar la exclusión, no se está cumpliendo. Muchas personas excluidas no están cobrando ninguna ayuda.

lunes, 30 de abril de 2012

Represión Antidemocrática

Artículo publicado en El Plural, por Vicenç Navarro. 30 de abril de 2012.

Este artículo critica las propuestas realizadas por el Ministro de Interior del Gobierno Español y el Conseller de interior del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de criminalizar los actos de resistencia pasiva, incluidas las sentadas, señalando que tales medidas estimularán la violencia que en teoría quieren prevenir. En realidad, tales medidas lo que intentan es debilitar e incluso eliminar los movimientos de protesta hacia las políticas públicas que están imponiendo a la población, sin tener un mandato popular para llevarlas a cabo.

Una de las características de la escasa conciencia democrática de las instituciones llamadas representativas en España es la manera como responden a la legítima protesta y agitación social que está ocurriendo frente a las políticas sumamente impopulares impuestas a la población y, muy en especial, a las clases populares. Y digo impuestas, porque ninguna de las políticas llevadas a cabo por los partidos gobernantes en España (y en Catalunya) que están generando tales protestas estuvieron en sus programas electorales.

Un tanto semejante ocurrió durante el gobierno Zapatero anterior, aunque éste no recurrió a la represión que están ahora desarrollando los gobiernos PP y CiU en España (y Catalunya). Según las últimas noticias, el gobierno del Partido Popular está preparando una propuesta legislativa considerando como delito cualquier forma de resistencia, incluyendo la pasiva, tal como una sentada. Estas medidas están orientadas a atemorizar a los colectivos, sean éstos el naciente movimiento 15-M, sea el movimiento sindical, sean los movimientos de protesta frente a los desahucios, o sean lo que fuera, que critican y denuncian las medidas impopulares. Tales delitos serán castigados con penas largas de prisión. Tales medidas son antidemocráticas y reflejan el tic autoritario y represivo de las derechas españolas (y catalanas) herederas del régimen dictatorial anterior en el que era práctica común este tipo de represión.

En realidad, la resistencia pasiva es un comportamiento democrático que ha hecho progresar la propia democracia. Cuando la anciana negra, Rosa Parks, se resistió en EEUU a moverse y desplazarse al asiento posterior del autobús, en un Estado del sur segregacionista, inició un proceso de resistencia pasiva que cambió, para mejor, la calidad de la democracia estadounidense, estableciéndose así el movimiento de los derechos civiles, liderado por Martin Luther King, hoy considerado un héroe nacional en aquel país. Tal movimiento estaba basado en la resistencia pasiva y en la desobediencia civil. Su coherencia, su ejemplaridad, la razón de su causa y su comportamiento no violento, jugaron un papel determinante en conquistar la simpatía y el apoyo popular, forzando así una respuesta y un cambio de enormes proporciones. Y hoy continúan en EEUU, casi en bases diarias, gran número de movilizaciones, basadas en resistencia pasiva, para defender causas que merecen una protesta a instituciones, leyes o comportamientos antidemocráticos que son rechazados por las clases populares. Uno de los últimos casos es el movimiento de los sindicatos, apoyados por amplios sectores de las clases populares que rodearon el Parlamento del Estado de Wisconsin para protestar las leyes del gobernador Scott Walker, perteneciente al Tea Party que, en sus medidas represivas antagonizó a la gran mayoría de la ciudadanía de aquel Estado, hasta tal punto que en un referéndum se está pidiendo la dimisión de tal gobernador. Todos estos movimientos son comportamientos democráticos y parte del proceso de participación popular.

Ni que decir tiene que la ultraderecha estadounidense que controla el Partido Republicano –el Tea Party- quiere criminalizar estos actos, como también ocurre en España. Pero lo que en realidad se intenta con estas prohibiciones es estimular la violencia que desacredite a tales movimientos. La prohibición y criminalización de actos de resistencia pasiva, como sentadas, deja como única alternativa la resistencia activa, lo cual es lo que se intenta al prohibir la resistencia pasiva. Los movimientos de protesta, sin embargo, no deben caer en esta trampa. La violencia es profundamente reaccionaria en este contexto, pues rompe la simpatía popular hacia los movimientos de protesta, como el 15-M. Es la mejor manera de desacreditar el movimiento de protesta. En cualquier movimiento de protesta, ésta gana si cuenta con la simpatía primero, y con el apoyo y complicidad después, de la mayoría de la ciudadanía, hecho que está ocurriendo en España, y del que las derechas son plenamente conscientes, pues lo que desean antes que nada es desacreditar tal movimiento, y para conseguirlo llegarán a extremos que recordarán la dictadura, que también criminalizó tales actos.

Frente a este ataque a los derechos civiles, existe la necesidad, por mera salud democrática, de movilizarse. Muestra de la enorme incoherencia (algunos la llamarán, con razón, hipocresía) de los llamados liberales en España (que se autodefinen como los grandes defensores de los derechos individuales), es que están ahora callados frente a la enorme violación de los derechos civiles de los ciudadanos que representan las propuestas del Ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, y del Conseller de Interior responsable de la policía autonómica catalana, Felip Puig.

Ahora bien, toda la experiencia histórica muestra que fracasarán. Su intento de represión no es la supuesta violencia de los manifestantes, sino las ideas y causas que éstos representan. Indicador de ello es que su propio lenguaje, que define a sus adversarios (“enemigos”) como “anti-sistema” (considerándose a sí mismos como los defensores del sistema democrático) ignora que es el establishment (al cual sirven el Ministro Fernández Díaz y el Conseller Puig) el que está mostrando claramente que no se adhiere a las reglas democráticas, pues impone políticas que no estaban en sus programas electorales. En realidad, son tales manifestantes (paradójicamente llamados anti-sistema) los que están defendiendo a la democracia. Si el intento del establishment fuera el de controlar la violencia, utilizarían, al menos, el término “anti-violentos”.  En lugar de ello, hablan de los elementos “anti-sistema” como el enemigo a eliminar. Es un indicador más de su nula conciencia democrática. Hoy, en una situación económica y social intolerable, el ciudadano que no está indignado es que es parte del problema y no de la solución. Y el que no está en la calles es que no tiene conciencia democrática.


martes, 17 de abril de 2012

La Sanidad de Mas llega a los tribunales

RECORTES SANITARIOS: LA LUCHA POR LO COMÚN

La Sanidad de Mas llega a los tribunales
  • Denuncia penal contra la plana mayor sanitaria de la Generalitat Una plataforma contra los recortes considera que cuatro altos cargos de Salud del Govern de CiU legislan contra el acceso universal a la salud.
  • Sospechas sobre las listas de espera y los conciertos La denuncia señala que la mayor demora de las intervenciones y la reestructuración del sistema catalán de salud benefician a la privada.
PABLO ELORDUY Y DIEGO SANZ PARATCHA (REDACCIÓN)
LUNES 16 DE ABRIL DE 2012. NÚMERO 172

SILBATOS CONTRA MAS. Las
protestas contra los recortes han
juntado a profesionales y
usuarios / Foto: Albert Garcia.
En abril de 2011, el president de la Generalitat catalana, Artur Mas, anunciaba un recorte del gasto sanitario de mil millones de euros. El objetivo de este plan de choque era “que Catalunya no termine como Grecia” y el encargado de llevar a cabo el tajo era Boi Ruiz, consejero del Departamento de Salud de la Generalitat. Un año después, al plan de Mas le ha salido una denuncia.

El 21 de marzo, la Plataforma de Afectadas por los Recortes Sanitarios (PARS) presentaba ante la Fiscalía Superior de Catalunya, un escrito conforme al artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (PDF) en el que se relatan hechos que la PARS considera infracciones del artículo 542 del Código Penal. Este artículo tipifica el delito en el que incurre aquella persona que, en el ejercicio de la función pública, impida conscientemente “el ejercicio de derechos cívicos” a una persona. Las personas que firman la denuncia entienden que dentro de esos “derechos cívicos” se encuentran los “principios rectores de la política social y económica” que salvaguarda la Constitución española.

Según este escrito, “los responsables de Salud del actual Gobierno de Catalunya, pese a que las leyes les obligaban a tutelar un derecho fundamental, han emprendido un decisivo desmantelamiento de la sanidad pública, primando los intereses sanitarios privados sobre la asistencia pública”.

Siempre según los denunciantes, el consejero de Salud, Boi Ruiz, Roser Fernández Alegre, secretaria general de Salud, Josep María Padrosa, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), y Manel Prat, presidente del Consejo de Administración del Institut Català de la Salut –ICS, el organismo con mayores competencias asistenciales de Catalunya–, han limitado el acceso efectivo a la asistencia sanitaria universal y de calidad a la ciudadanía, con la pretensión de favorecer a grupos sanitarios privados.

Ya se conocen los primeros efectos de los recortes promovidos por la Consejería de Ruiz.Más de 3.700 empleados del sector se han visto afectados por Expedientes de Regulación deEmpleo, se han cerradomás demil camas (plazas hospitalarias) de las aproximadamente 4.000 que hay en toda Catalunya y las listas de espera crecieron casi un 25% en los dos primeros trimestres de 2011.

También se conocen las respuestas a esta situación: los cortes de tráfico, las manifestaciones, los encierros y ocupaciones de Centros de Atención Primaria (CAP) han goteado en toda la Comunidad. Con estas protestas, protagonizadas por sindicatos sanitarios pero también por usuarios contra los recortes, se ha conseguido la reapertura de tres plantas cerradas en el Hospital de Bellvitge. También mediante la movilización ciudadana se pretende conseguir la reapertura del CAP de La Rambla de laMarina. Cristina, de la Comisión de Salud del 15M Barcelona y trabajadora del sector público sanitario, explica a este periódico que a finales de enero más de 150 personas procedentes de los colectivos de defensa de la salud de Catalunya se reunieron en lo que se llamó la Trobada de Sanitat para poner en común las experiencias de casi un año de luchas en contra de la gestión liberal de este servicio público.

Pese a la respuesta ciudadana, la receta expedida por el tándem Mas- Ruiz sigue prescribiendo un progresivo deterioro de la Sanidad. El 1 de junio entrará en vigor el llamado copago, por el que aquellas personas que no cobren la renta mínima de inserción ni una pensión no contributiva deberán pagar un euro por cada receta médica si el medicamento cuesta más de 1,67 euros. A tenor del recorte en Sanidad y Educación anunciado el 9 de abril por el Gobierno de Rajoy, esta medida podría extenderse al resto del Estado español, en opinión de Ramón Serna, de la Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l’Administració de Catalunya. A juicio de este sindicalista, en los tres próximosmeses “se va a modificar un sistema implantado desde hace más de 30 años”.

Conciertos a la privada

Pero el copago no es la única experiencia que ha introducido la Generalitat. Elmodelo concertado, una fórmula que se aplicó a mediados de los ‘80 y que dio entrada en 1995 al ánimo de lucro de las empresas públicas por medio de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, refrendado posteriormente por la Ley estatal 15/97, ha generado un negocio de provisión de servicios en que el control político brilla por su ausencia. Ya en 1998, el diputado del Parlament Joan Ridao alertaba de que “la creaciónde empresas públicas y entes instrumentales escapa del necesario control político y democrático.

Aunque se nutren en buena parte de los recursos públicos y no están sujetas al control y la fiscalización democrática de este Parlamento”. La crisis económica ha acelerado esta tendencia, que va en paralelo al fomento de la sanidad privada por parte de los poderes públicos. Catalunya es, junto a Madrid y Baleares, la autonomía que cuenta con un menor presupuesto sanitario público y, en paralelo, la que mayor número de seguros privados tiene.

No obstante, el traspaso nunca se produce completamente, en primer lugar porque hay pacientes demasiado “caros” para el sector privado, que, aunque ofrece ventajas en cuanto a confort y tiempo de espera a sus usuarios, no puede competir en cuanto a cualificación del personal con los grandes hospitales públicos.

En segundo lugar, el sector privado tiene en el modelo de consorcios un filón que pretende seguir explotando: por este motivo, en diciembre de 2011, el ICS modificó la ley 8/2007 para, entres otras cosas, permitir que este organismo sea “troceado” en empresas, que podrán funcionar con capital privado.

Artículo relacionado:

El presupuesto del Gobierno Rajoy no es bueno para España


Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 16 de abril de 2012

Este artículo analiza los supuestos erróneos que guían el diseño del presupuesto propuesto por el gobierno Rajoy, y que dañarán extensamente tanto la eficiencia de la economía española como la calidad de vida de las clases populares de España.

Juan Torres, entre muchos otros economistas, ha señalado las enormes contradicciones existentes entre las promesas hechas por el Partido Popular, claramente descritas en su programa electoral y en los discursos del candidato Rajoy durante la campaña electoral, y las políticas llevadas a cabo por tal partido una vez en el gobierno. Tales contradicciones no pueden atribuirse a un error de cálculo, sino a una estrategia bien definida de realizar lo que estaban ya preparados para imponer a la ciudadanía española, ocultándolo con promesas que se han convertido en enormes falsedades. Nunca antes durante el periodo democrático, un gobierno había roto con mayor cinismo (y no hay otra manera de definirlo) las promesas realizadas durante la campaña electoral.

Este comportamiento ha alcanzado cotas hasta ahora desconocidas en la vida política de España durante el periodo democrático. La supeditación de la vida pública del país para satisfacer las necesidades partidistas del partido gobernante, ha llegado a niveles desproporcionados, que ha tenido un impacto opuesto al deseado. Retrasar, por ejemplo, la presentación del presupuesto para el día después de las elecciones andaluzas y asturianas, con el fin de ocultar las políticas sumamente impopulares, subestimó dramáticamente la inteligencia de la población española, y muy en especial de las clases populares, hecho que, aún siendo generalizado entre las élites políticas y mediáticas del país, alcanzó niveles democráticamente intolerables para un gobierno. Este retraso en facilitar la información tuvo predeciblemente el impacto opuesto al deseado por el manipulador gobierno Rajoy. La población andaluza y la asturiana se alarmaron al querer ocultárseles el presupuesto, pues muchos concluyeron que sería un presupuesto malo para sus intereses y eso afectó al comportamiento electoral de manera opuesta al deseado.

Tal retraso afectó también muy negativamente a la imagen del gobierno, perdiendo credibilidad internacional, causa, en gran parte, de que la prima de riesgo se disparara ocasionando un problema grave en el pago de la deuda pública española. Este periodo de silencio intentaba compensarlo Rajoy con declaraciones (que suponía, erróneamente, que podrían mantenerse confidenciales) a las élites de la Comisión Europea y del BCE, en las que afirmaba que el programa de reformas sería muy “agresivo” (término utilizado por el Ministro de Economía, el Sr. Luis de Guindos) en contra de los trabajadores, y que le “costaría una huelga general” (como indicó el presidente Rajoy). Estas declaraciones querían tranquilizar a sus superiores, diciéndoles que tuvieran confianza en él, que sería duro con las clases populares. Era el caso extremo de lo que Noam Chomsky llama la guerra de clases unilateral que se convirtió en bilateral a partir de la huelga general (ver su prólogo en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, de Navarro V., Torres, J. y Garzón A.). El gobierno Rajoy es, sin duda, el más agresivo contra la España Social que haya existido en el periodo democrático y sus propuestas presupuestarias tendrán un impacto enormemente negativo para la gran mayoría de la población española.

Veamos los datos. El mensaje que el presupuesto del gobierno transmite es que el gobierno Rajoy quiere dar la imagen de que el mayor problema que tiene España es el elevado déficit público, y que para resolverlo hay que recortar dramáticamente el gasto público, incluyendo el gasto público social (que ya es el más bajo de la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de la UE con un nivel de desarrollo económico semejante al de España). Estos recortes, además de desproporcionados, son indiscriminados, recortando incluso componentes del gasto esenciales tanto para estimular la economía como para resolver el enorme problema del desempleo, que es el mayor problema económico y social que tiene España. Recortar el gasto en infraestructura, I+D y educación, junto con el gasto en formación profesional, es suicida. Y empleo este término con todo rigor, pues tales medidas empeorarán dramáticamente las posibilidades de que la economía se recupere y con ello baje el déficit. La experiencia griega es el caso más claro del error de tales políticas. También muestra una enorme insensibilidad social, recortando gastos en sectores esenciales de ayuda a las familias españolas, como la sanidad y los servicios de dependencia, sobrecargando con ello a las familias (y en España, decir familia quiere decir mujer). Son unos presupuestos antisociales, anti-familias y anti-mujer. Sus medidas antisociales contribuirán al desempleo, pues destruyen empleo en los escasamente desarrollados servicios públicos del Estado del Bienestar (España tiene el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar más bajo de la UE-15). Es un presupuesto hostil al subdesarrollado Estado del Bienestar español, forzando a las Comunidades Autónomas (que gestionan la mayoría de los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar) a unos recortes que no podrán absorber.

Pero la mayor incoherencia del presupuesto aparece en el capítulo de ingresos. Es bien conocido que hay tres maneras de reducir el déficit público. Una es estimulando la economía, creciendo económicamente, lo cual este presupuesto no conseguirá. Antes al contrario, este presupuesto aumentará más la recesión. La otra manera es reduciendo el gasto público, que es la vía escogida por este gobierno, medida que será contraproducente, pues al eliminar elementos estimuladores de la economía (consecuencia de la manera indiscriminada en que se han hecho tales recortes), la reducción del déficit será muy limitada (sin excluir su empeoramiento), como muestra claramente el caso griego. Y la tercera manera es aumentando los ingresos al Estado mediante aumento de los impuestos. Pues bien, en contra de lo que se ha publicado, este presupuesto recorta los impuestos en lugar de aumentarlos. Veamos. Las medidas impositivas del gobierno Rajoy se dividen en medidas estructurales, es decir, medidas que durarán muchos años, y medidas coyunturales, es decir, sólo por un par de años o poco más. Ni que decir tiene que las intervenciones más importantes para definir el déficit estructural son las intervenciones estructurales, no las coyunturales. Pues bien, el gobierno Rajoy ha disminuido los impuestos para las rentas superiores y medias, desgravando la compra de la vivienda, y ha bajado las deducciones fiscales por gastos financieros que favorece a las rentas superiores. Querer reducir el déficit estructural y a la vez bajar los impuestos estructurales es una contradicción y un enorme error.

La subida de impuestos del IRPF (que grava sobre todo a las rentas del trabajo) acentúa todavía más la dependencia de los ingresos del Estado de las rentas derivadas del trabajo, con el agravante de que el nivel formal de gravación para las rentas superiores es ficticio, resultado del impacto regresivo de las múltiples deducciones y artimañas legales que quedan permanentes. Y lo que alcanza niveles escandalosos es la política de corrección del fraude fiscal, pues favorece su permanencia y extensión, penalizando a los que no defraudaron a Hacienda y exigiendo tributaciones a los que defraudan muy por debajo de las exigidas al tributante promedio.

Es más, la mayoría del fraude fiscal (72%) en España, según los técnicos de Hacienda, procede de las grandes familias, así como de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y de la banca. A partir de estas medidas de “supuesta corrección del fraude fiscal”, tales grupos serán favorecidos para pagar menos impuestos de lo que pagan la mayoría de contribuyentes al fisco.

La evidencia acumulada es que el presupuesto del gobierno Rajoy es un medio para conseguir los objetivos políticos deseados, que consisten en debilitar al Estado del Bienestar y diluir la protección social. Los objetivos fiscales –la reducción del déficit- son imposibles de alcanzar con este presupuesto, pues la única manera de reducirlo es creciendo económicamente y creando empleo, incluso a base de hacer inversiones destinadas explícitamente a crear empleo, lo cual ni siquiera se considera en este presupuesto.

Una última observación. Soy consciente de que algunos lectores pueden considerar exagerada mi definición del presupuesto Rajoy como el más antisocial que haya existido en España durante la democracia. Invito a tales lectores a que miren los datos. Como bien mostró David Lizoain en su análisis “El disparate presupuestario español”, el gobierno Rajoy intenta reducir el déficit consolidado un 3,2% del PIB. Pero de estos recortes, el gobierno central sólo contribuye en la mitad. La otra mitad la tienen que realizar las CCAA (que como he indicado, son las que gestionan los servicios y gran parte de las transferencias del Estado del Bienestar), cuyo gasto es mayoritariamente social (un 60%). Sus exigencias a las CCAA sólo pueden atenderse con recortes sustanciales de tal gasto que, sin ninguna duda, originarán el debilitamiento del sector público, con el enriquecimiento del sector privado, y muy en particular de los bancos y de las compañías de seguros que han deseado el desmantelamiento del Estado del Bienestar desde años. Lo dijo con toda claridad el Presidente del Banco Central Europeo, el Sr. Mario Draghi, en una entrevista al Wall Street Journal (24.02.12) cuando indicó que el Estado del Bienestar europeo no era viable. Y puso como condición para comprar deuda pública española que se privatizara el Estado del Bienestar, lo cual el gobierno Rajoy está haciendo a pies juntillas. Así de claro.

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sábado, 14 de abril de 2012

¿Cambios en la socialdemocracia francesa y en la española?

abr 13

Artículo publicado por Vicenç Navarro, 13 de abril de 2012

Este artículo analiza la situación de la socialdemocracia francesa y española, comentando críticamente algunas de las posturas que han aparecido publicadas por autores cercanos o pertenecientes a la socialdemocracia española.

Parece que el descontento de la ciudadanía con los instrumentos políticos que históricamente han sido más receptivos a las demandas de las clases populares -tales como los partidos socialdemócratas- están teniendo un cierto impacto en algunos países, provocando la recuperación de parte del ideario político que se había abandonado cuando gobernaban. Uno de los protagonistas del cambio provocado por este descontento popular es el Partido Socialista Francés (PSF). Su candidato François Hollande había sido el candidato “moderado” durante las últimas primarias de tal partido. Su “moderación” había sido la causa de la aprobación y simpatía por parte del establishment mediático en Francia hacia su candidatura, un establishment temeroso de cualquier contagio radical del PSF por parte de las corrientes de izquierda de aquel partido y de fuera de él. Un elemento atractivo del candidato Hollande para tal establishment mediático había sido su abandono de políticas redistributivas. La redistribución no era un concepto con el cual tal político se hubiera encontrado cómodo. Hollande representaba con esta actitud un comportamiento bastante generalizado en gran número de partidos socialdemócratas europeos (ver mi artículo “El abandono de las políticas redistributivas por parte de las izquierdas gobernantes” en www.vnavarro.org, publicado en Sistema Digital. 06.01.12).

Como parte de este abandono, Hollande había indicado que estaba en contra de elevar sustancialmente los impuestos de los súper ricos, aduciendo los mismos argumentos que han utilizado los políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) para rechazar tales políticas fiscales. Hace sólo un año, Hollande afirmó, como ha indicado recientemente el ‘Financial Times’ (28.02.12), que estaba en contra de tales medidas “confiscatorias” (el término que utilizó), pues lo único que tales políticas conseguirían sería que los súper ricos se desplazaran a otros países, argumento que el lector habrá leído miles de veces en los medios (muy influenciados por los ricos). Hollande afirmó que quería que los súper ricos pagaran impuestos en Francia y sólo lo conseguiría evitando impuestos confiscatorios.

Pero, mira por donde, durante la campaña electoral Hollande ha cambiado de posición, e informa a todo el mundo, incluidas las clases populares, que gravará los ingresos de más de un millón de euros, con un 75% de tasa marginal. Ni que decir tiene que los súper ricos han puesto el grito en el cielo, como documenta muy bien el artículo de Hugh Carnegy en el ‘Financial Times’ (28.02.12) que he citado en el párrafo anterior. Este grito ha sido apoyado por el candidato conservador-neoliberal, Sarkozy, el cual ha subrayado que tal política fiscal afectaría negativamente al nuevo ídolo cinematográfico francés Jean Dujardin, reciente ganador del Oscar al mejor actor, insinuando que Francia perdería tal tipo de personalidades carismáticas de la cultura francesa si tales políticas fiscales “confiscatorias” tuvieran lugar, ahuyentando el talento y a los súper ricos de Francia. Parece que tal argumento no está teniendo ningún impacto en la población francesa. Según Carnegy, nada menos que entre el 61% y el 65% de franceses aprueban tal medida fiscal, supuestamente “confiscatoria”, lo cual explica que el candidato Hollande lo esté pidiendo ahora, en periodo electoral. Ahora bien, el problema que tiene Hollande es que la población francesa tiene memoria (y la campaña Sarkozy se lo recuerda citando las declaraciones de Hollande en contra de las medidas que ahora apoya). De ahí su grave problema de credibilidad. Ahí está el problema del Partido Socialista Francés y de gran número de los partidos socialdemócratas europeos. El cambio en los partidos socialdemócratas no debe ser sólo de valores y programas, sino también de equipos y personas. Hollande es un personaje político muy vulnerable, pues hoy apoya medidas a las que ayer se opuso.

Esta observación no tiene por qué desmerecer las medidas que ahora apoya. En realidad, éstas significarían, en caso de aplicarse, un cambio muy sustancial de las políticas públicas existentes hoy en Francia y en la mayoría de los países de la Unión Europea. Por primera vez, un dirigente político, con posibilidades reales de salir elegido presidente de un país, propone cambiar las políticas neoliberales de austeridad que dominan hoy en la Unión Europea, poniendo en su lugar políticas de estímulo económico y creación de empleo. Hollande ha cuestionado el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobierno (TSCG), impuesto por el binomio Merkel-Sarkozy, que está desmontando el Estado del Bienestar en los países de la Unión Europea, forzando recortes de gran magnitud en el gasto público, incluyendo gasto público social.

El objetivo central de la banca, dirigida por el BCE y por el binomio Merkel-Sarkozy, es desmantelar la protección social y debilitar al mundo del trabajo, incluso a costa de crear otra Gran Recesión (las políticas del Gobierno Rajoy están también claramente en este sentido). La llamada “crisis de la deuda pública” (una crisis artificial, creada en parte por la banca y el BCE) cuenta a su servicio con las agencias de valoración de bonos, que juegan un papel determinante en la creación de tal crisis. No es mera casualidad que François Fillon, primer ministro del Gobierno Sarkozy, utilizara como máximo indicador de “la falta de rigor” de las propuestas del candidato Hollande, el hecho de que cualquiera de estas agencias de evaluación de bonos les daría un suspenso mayúsculo (Le Journal Dimanche, 15.01.12). El señor Fillon, por cierto, ha sido uno de los oponentes a establecer agencias de valoración públicas europeas que valoraran objetivamente y rigurosamente los bonos públicos de los Estados de la Unión Europea. La falta de credibilidad de las agencias privadas está bien mostrada, incluso por dirigentes de tales agencias, tales como el vicepresidente de Moody’s, que tras dejar la agencia admitió, frente a la comisión del Congreso de EEUU encargada de analizar las causas de la crisis financiera, que los trabajos de tales agencias están orientadas primordialmente a satisfacer los intereses de sus clientes, en lugar de realizar análisis objetivos de la valía de tales bonos. Más claro es imposible decirlo. Y estas agencias, que son utilizadas por el BCE como su indicador de calidad de los productos financieros, son las que están creando el problema artificial de la deuda pública.

LA IMPORTANCIA DE LA VICTORIA DE HOLLANDE

Es importantísimo para la Unión Europea que el binomio Merkel-Sarkozy deje de dominar tal comunidad. La derrota de Sarkozy podría ser un paso en esta dirección, aunque es frustrante que la socialdemocracia alemana esté todavía estancada en el pensamiento neoliberal heredado del Gobierno Schröder, que el Gobierno Zapatero intentó imitar. Ni que decir tiene que existen distintas opciones dentro del Partido Socialdemócrata alemán. Pero el que probablemente sería el sucesor de Merkel, Peer Steinbrück, en caso de que ganara tal partido, ha ridiculizado las propuestas de Hollande, acusándole de “ingenuo”, añadiendo que es más que probable que cambiaría una vez elegido, lo cual, por cierto, no es nada descartable. Serge Halimi, director de ‘Le Monde Diplomatique’, en un artículo titulado “Sacking Sarkozy won’t be enough” en la revista de izquierdas de EEUU ‘Counterpunch’ (03.04.12), señala como Lionel Jospin, que como candidato había criticado el Pacto de Estabilidad (como ahora Hollande critica el TSCG), acabó aceptándolo tras meros cambios estéticos (añadiendo la palabra crecimiento después de estabilidad, sin proveer los instrumentos para poder estimular la economía). La imagen de Hollande, apoyando ahora medidas que ayer criticó, subraya la vulnerabilidad de su credibilidad. El punto clave, sin embargo, no es tanto lo que ahora Hollande (y otros dirigentes de la socialdemocracia) prometen, aunque es positivo que lo prometan, sino lo que harán cuando salgan elegidos presidentes. Dirigentes de todos los partidos (y los partidos socialdemócratas entre ellos) prometen medidas populares que, frecuentemente, luego no llevan a cabo. Que lo realicen o no, dependerá, no de su palabra, promesa, o programa electoral, sino de dos factores. Uno es la fuerza de los partidos a su izquierda. Sin que estos partidos tengan suficiente poder en Francia para influenciar al PSF, el gobierno Hollande no lo hará. Y el segundo factor, incluso más importante que el primero, es la movilización y presión popular por parte de los movimientos sociales y del movimiento sindical. Sin que ello ocurra, el “talante” moderado del señor Hollande predominará si gana las elecciones, por mucho que haya prometido lo contrario.

¿CAMBIOS EN LA SOCIALDEMOCRACIA ESPAÑOLA?

Una situación todavía más acentuada de vulnerabilidad de su credibilidad es el caso Rubalcaba en el PSOE. ¿Cómo puede hacer propuestas de cambio cuando él, secretario general del partido socialdemócrata, el PSOE, fue el segundo de a bordo del Gobierno Zapatero hasta hace sólo unos meses? Las medidas tomadas por el Gobierno Zapatero en respuesta a la crisis fueron enormemente impopulares y causaron la mayor derrota electoral que el PSOE haya sufrido desde el establecimiento de la democracia en España. Y el Gobierno Zapatero tenía como la persona más poderosa, después del propio Zapatero, a Rubalcaba, que siempre defendió tales medidas. La falta de recambio en la dirección de tal partido le ha hecho un flaco favor al mismo, pues el Gobierno Rajoy puede responderle, como hace responde constantemente, “¿por qué no hizo usted estas políticas públicas que ahora recomienda cuando usted gobernaba?”. Esta vulnerabilidad la utiliza efectivamente el Partido Popular en casi cada ocasión que recibe críticas de Rubalcaba.

La clara necesidad de un cambio dentro de la socialdemocracia en España y en Europa ha originado una serie de respuestas que advierten del supuesto peligro que la socialdemocracia mire a su pasado e intente recuperar sus “esencias”, término peyorativo que se utiliza para definir las políticas públicas de carácter redistributivo que se han basado en un intervencionismo público acentuado. Así, Soledad Gallego Díaz, en un artículo titulado “¿Hay futuro para la social democracia?” en ‘El País’ (25.03.12), desanima a la socialdemocracia a recuperar sus principios, tales como su énfasis en políticas redistributivas, concluyendo que el renacimiento de la socialdemocracia no puede basarse en el abandono de la Tercera Vía o la Neue Mitte de Gerhard Schröder (que sí que abandonaron tales políticas). Un tanto semejante ocurre en el artículo de José María Maravall titulado “los deberes actuales” (27.03.12), donde tal autor, que en su día fue ministro del Gobierno de Felipe González, aplaude también a Tony Blair y Gerhard Schröder por haberse distanciado de lo que llama despectivamente las “esencias” de la socialdemocracia, lo cual les llevó a una larga estancia en el Gobierno, que Maravall atribuye a la popularidad de sus medidas.

Tales expresiones de admiración responden a un gran desconocimiento sobre la inexistente supuesta popularidad de tales Gobiernos. Como varios autores han documentado (ver mi artículo “El porqué del declive de la Nueva Vía en el socialismo español”, ‘Sistema Digital’, 10.06.11), el Partido Laborista liderado por Blair fue perdiendo apoyo electoral a partir de su primer mandato, cuando abandonó lo que Soledad Gallego Díaz y José María Maravall llaman despectivamente las “esencias” socialdemócratas. Tal partido había conseguido el 33% del electorado en 1997, la primera vez que fue elegido. En 2001, bajó ya al 25%, más tarde, en 2005 al 22% y en 2010 ya colapsó al 19%. La larga permanencia del Gobierno Blair tuvo poco que ver con la popularidad de sus políticas (en realidad, muy poco populares), y mucho con el sistema bipartidista de Gran Bretaña y la enorme crisis del Partido Conservador. Si Gran Bretaña hubiera tenido un sistema proporcional, el Partido Laborista no podría haber continuado gobernando por tanto tiempo. Un tanto semejante ocurrió con el Partido Socialdemócrata alemán, bajo el liderazgo de Schröder. Éste había conseguido alcanzar el 34% del electorado en 1998, para bajar al 30% en 2002, al 27% en 2005 y al 16% en 2010. 
Además, perdió casi la mitad de sus miembros. En realidad, la enorme crisis de los partidos socialdemócratas se basa en su abandono de los principios socialdemócratas entre los cuales la redistribución sustancial de los recursos fue uno de sus principios básicos.

Maravall asume, erróneamente, que el abandono del compromiso redistributivo de los Gobiernos socialdemócratas (diluido con el paso del tiempo) se debe a su compromiso con el principio de universalidad, es decir, con su compromiso con la expansión de los derechos de la ciudadanía o universalización de los derechos. No hay contradicción, sin embargo, entre universalidad y redistribución. En realidad, el primero requiere lo segundo. No puede garantizarse el acceso universal a los servicios públicos del Estado del Bienestar sin medidas redistributivas. La universalización de los derechos sociales, garantizando que todo ciudadano tenga igual acceso a la sanidad, por ejemplo, requiere una redistribución de los recursos. No es por casualidad que los países más desiguales, como EEUU, sean también los que tienen menos universalidad en su acceso a los derechos sociales. El principio básico (que el término “esencia” intenta ridiculizar) de que “cada uno reciba los servicios y recursos según su necesidad –basado en el principio de que cada uno tenga acceso a poder resolver su necesidad-, y ‘de cada uno según su capacidad’ (y los recursos que tenga)”, era tan válido cuando se estableció el socialismo en democracia –la socialdemocracia- como lo es ahora.

Algo parecido ocurre con los derechos políticos. En los países que se consideran democráticos, la universalidad de los derechos políticos está claramente mermada por la existencia de grandes desigualdades. EEUU es un ejemplo de ello. Las enormes concentraciones de la riqueza y su dominio del proceso político violan el proceso democrático.

Basado en estos datos, que son robustos e incuestionables, aconsejaría a aquellos partidos que “recuperaran sus esencias”, abandonadas desde hace tiempo, causando su enorme crisis. Renovar los planteamientos, necesarios para adaptarlos a los tiempos que vivimos, no puede hacerse a base de abandonar lo que la socialdemocracia fue y debería continuar siendo. Es relativamente fácil ver por qué la socialdemocracia está en profunda crisis, como también es relativamente fácil ver qué es lo que debería haber hecho cuando gobernaba y no se hizo. El abandono de sus esencias y su adaptación al neoliberalismo creó una enorme concentración de poder financiero y económico que ha dominado la vida política y mediática de los países, incluyendo España. Es imposible recuperar la democracia sin eliminar tal concentración de poder económico, financiero y mediático existente hoy en España. La realidad de este hecho es evidente. Lo que ocurre es que la socialdemocracia no se atreve a enfrentarse con los poderes fácticos, pues actualmente existe un maridaje entre sus profesionales del poder y estos grupos. Pero esto es materia para otro artículo.

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