ago 13 2013
El anuncio del Consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, de la adjudicación definitiva de la gestión de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas) y del Sureste (Arganda) a Ribera Salud, así como el del Henares (Coslada) a BUPA S.A., augura, para EQUO Madrid, un “otoño caliente” con nuevos conflictos en la Sanidad. EQUO Madrid denuncia que el anuncio de estos cambios en el mes de agosto, a pesar de que se iniciarán en septiembre, responde a una estrategia de distracción de Fernández-Lasquetty para seguir beneficiando a empresas y, por tanto, a intereses privados, en lugar de a los usuarios de la Sanidad. En este sentido, Inés Sabanés, co-portavoz de EQUO Madrid, advierte de que “para garantizar el negocio de las empresas privadas, el Gobierno regional va a someter la Sanidad a un caos, siguiendo con la temeridad de la privatización, que responde a un proceso plagado de irregularidades y de opacidad”. “Es un proceso bajo sospecha, con múltiples denuncias. Y, ahora, las prisas del Consejero y del Gobierno muestran, una vez más, su prepotencia y su sumisión a las empresas privadas del sector”, añade.
EQUO Madrid recuerda a la ciudadanía que puede reclamar su adscripción a hospitales públicos. En este sentido, Sabanés advierte que “según la propia ley regional sobre libertad de elección, se deberá contemplar un sistema que permita que los pacientes asignados a estos hospitales puedan cambiar a los de gestión pública”.
Investigación y Auditoría Sanitaria
Ante las “irregularidades y opacidad” del proceso de privatización de la Sanidad madrileña, EQUO Madrid requiere una investigación sobre si existen relaciones entre la empresa previsiblemente adjudicataria de varios hospitales – ‘HIMA San Pablo’ y especializada en turismo sanitario – y los intereses del ex consejero Manuel Lamela, en el mismo sector.
Por otro lado, EQUO insiste en la urgencia de una Auditoría Sanitaria, para que la ciudadanía conozca los efectos y riesgos de las adjudicaciones, así como las relaciones que han existido entre el Gobierno regional, las adjudicatarias y las constructoras.
EQUO ya informó a la Fiscalía, el pasado mes de febrero, de hechos que están siendo finalmente investigados, pese al nulo interés de ésta en indagar sobre un tema que está generando gran alarma social y la oposición de sectores profesionales y ciudadanos.
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